Por Germán Ayala Osorio
La verdad es que ya perdí la
cuenta de las marchas acaecidas en los últimos dos años en Colombia. Es en lo
único que nos parecemos a la Venezuela del descriteriado del Nicolás Maduro
Moros. En el hermano país, se han dado innumerables movilizaciones de la Oposición
e iguales respuestas del oficialismo.
La derecha uribizada y hay que
decir, un grupo de inconformes con la gestión del actual gobierno, anuncian,
cuatro días antes, los motivos que los llevará a participar de la movilización.
Y lo hacen en las redes sociales, en particular en la red X, la más grande
caldera ideológica en la que con mayor frecuencia se sube la temperatura de las
disputas y rencillas que terminan en bloqueos, perfilamientos y amenazas de
muerte. Ya una tuitera le tocó salir del país porque sus datos personales
fueron ventilados, después de que un tuitero famoso ofreciera recompensa
económica a quien le entregara esa información privada. Así de grave está la
cosa.
Gritan, a voz en cuello, que
saldrán a marchar para que “vuelva la democracia”, para “recuperar la felicidad”,
para hacer “respetar la institucionalidad” y claro, para rechazar el “desmonte
del mejor sistema de salud del mundo”, y la reforma pensional “que impide que
los jóvenes algún día logren pensionarse”. Todas, lecturas amañadas y sesgadas
de realidades que ameritan un juicioso análisis, en particular, los hechos históricos
y las prácticas institucionales que llevaron a los insostenibles y graves problemas
del sistema de aseguramiento en salud, sometido por congresistas, políticos
profesionales, juntas directivas y presidentes de EPS al más evidente y burdo
saqueo de las finanzas del Estado. Bueno, andan embolatados cerca de 13 billones
de pesos.
La práctica social y política de
hacer un uso parcializado y amañado de los conceptos, lleva a cientos de miles
de marchantes a decir que “vivimos en una dictadura, que perdieron la libertad
y que el comunismo está llevando al país al abismo”. Aunque no se conoce
experiencia alguna de comunismo en el mundo, cientos de ciudadanos, orientados
por reconocidas modelos uribistas, insisten en que ese sistema económico y
político ya funciona en Colombia desde el 7 de agosto de 2022. Lo curioso de
todo es que a nadie han expropiado y mucho menos, el Estado se ha desmontado
como forma de dominación. Es más, el FMI respalda las medidas macroeconómicas
tomadas por el actual gobierno.
Por supuesto que tienen todo el
derecho a salir a protestar y a movilizarse. Lo único que mínimamente se les
pide es que hagan un uso medianamente correcto de los conceptos, pues las
exageraciones y su aplicación amañada a específicas realidades y hechos, para
lo único que sirven es para que los defensores del gobierno los conviertan en
memes que circulan sin control en la red X. No se presten para que se burlen
de su ignorancia, pero, sobre todo, de la expresa manipulación o incomprensión
real de los conceptos.
Lo curioso es que ni esta movilización
del 21 de abril y mucho menos las anteriores, el gobierno del dictador que ven
los uribistas en la Casa de Nariño ha sido declarada ilegal. Es más, los
marchantes de las anteriores regresaron a sus casas sanos y salvos. No se
reportaron jóvenes afectados en sus ojos con tiros de armas traumáticas
disparadas por el Esmad y mucho menos se informó de desaparecidos o torturados.
No. No estamos en los tiempos del Estatuto de Seguridad del mafioso gobierno de
Julio César Turbay Ayala, cuyas relaciones con mafias desclasificó recientemente
el departamento de Estado de los Estados Unidos; o en los de la Seguridad
Democrática de Uribe Vélez y sus 6402 falsos positivos y las persecuciones a periodistas,
magistrados y académicos; o en los de la “Paz con Legalidad” del único títere al
que volvieron presidente de la República: Iván Duque Márquez, quien usó la fuerza
letal de las fuerzas estatales para enfrentar el estallido social. Duque violó
los derechos humanos, como lo hicieron Uribe y Turbay Ayala. Fueron regímenes
violentos, pero no podemos hablar, en estricto sentido, de dictaduras como las
que soportaron uruguayos, paraguayos, argentinos y chilenos, países del Cono Sur.
Como imagino que no serán capaces
de mirar esos hechos del pasado reciente de su propio país porque los
compromete en su (des) juicio electoral y político, entonces por lo menos acérquense
a las realidades vividas en países del Cono Sur, con las dictaduras militares
que se instauraron en Chile, con el criminal Pinochet Ugarte; o en Argentina,
con los asesinos de Videla y Galtieri; o en Paraguay, con Stroessner… Quizás
así aprendan qué es eso de vivir en dictadura.
Todas esas “serias motivaciones”
se dan en medio de la auto defensa que el expresidente y expresidiario Álvaro
Uribe Vélez emprendió en la misma caldera y algunas universidades, con motivo
del llamado a juicio por los graves delitos de manipulación de testigos y
fraude procesal. Entonces, el político antioqueño habla de “persecución política
en su contra” por haber defendido con “amor a la Patria y evitado la llegada
del comunismo”.
Imagino que saldrán a marchar sus
defensores de oficio, para quienes siempre será el “presidente eterno” y el
Gran Colombiano”. Que los miembros del Centro Democrático defiendan al dueño de
esa empresa electoral, vaya y venga. Pero que lo hagan ciudadanos asalariados,
solo se puede explicar por lo que vengo señalando en esta columna: porque
arrastran graves problemas en la comprensión de los conceptos, pero, sobre
todo, porque ignoran la historia política del país. Les bastaría con revisar
las actuaciones de Uribe cuando fungió como director de la Aerocivil, puesto allí
por el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala. Esa es quizás la génesis
de los problemas judiciales que afronta hoy Uribe y los que como sociedad venimos
afrontando con la naturalización del ethos mafioso. Ahora, si van a salir con
la disculpa de hacer ejercicio, procuren no contestar preguntas o gritar arengas
como “abajo la dictadura, queremos vivir en democracia; por la defensa las
instituciones, fuera Petro”.
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