“GUERRA” ENTRE ISRAEL Y EL GRUPO PALESTINO HÁMAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El conflicto entre Palestina e Israel tiene visos étnicos, religiosos y territoriales y compromete los tiempos tempranos de creación de la ONU y la operación temeraria y amañada de las potencias que hacen parte del Consejo de Seguridad. No me referiré al origen de las hostilidades y a la ubicación contextual en la convulsionada región. Pondré el foco en la defensa que, a manera de justificaciones, aparecen en quienes optan por apoyar a uno de los bandos, olvidándose de las víctimas que cada bando produce.

Los medios masivos occidentales y numerosos tuiteros y “expertos”, califican la acción bélica del grupo Hamas, como un ataque despiadado contra civiles. Y efectivamente, así fue, de acuerdo con las imágenes que circulan en la red.  Olvidan quienes así leen los hechos, que el Estado de Israel ocupa de tiempo atrás territorio palestino y construyó un enorme muro que dividió a familias palestinas. Además, la enorme muralla viene acompañada de torniquetes para el control de quienes a diario deben pasar por la estructura. Es una forma clara de apartheid, lo que confirma la naturaleza étnica del sempiterno conflicto. Hay allí ejercicios consistentes de violencia simbólica, étnico-cultural y territorial que deben de ponerse de presente para ir más allá de las valoraciones sesgadas que hacen pensar en que hay ataques militares “buenos” y “malos”.

Esos elementos le sirven a Hamas para justificar el feroz ataque, que no es otra cosa que una retaliación a la histórica ocupación territorial, con las circunstancias ya descritas líneas atrás. Se suma a lo anterior, la sistemática violación de los derechos por parte de miembros del ejército israelí a niños y mujeres. Es decir, los mayores riesgos y las consecuencias de la ocupación y de las respuestas de Hámas a la misma, las padecen civiles. Y en mi condición de civil, no puedo apoyar a ningún bando armado, por obvias razones. Pero mi negativa también se da porque al apoyar al ejército israelí o a las milicias de Hámas, estaría legitimando a los Señores de la Guerra (fabricantes y comerciantes de armas), que se benefician de este y de otros conflictos bélicos. El conflicto armado entre Hamas y el ejército israelí es, como el conflicto armado interno de Colombia, un valioso mercado para fabricantes de armas y pertrechos. Lo demás, son justificaciones que solo sirven para confirmar que somos una especie aviesa de la que se puede esperar, siempre, lo peor.

Entonces, viene la feroz respuesta del gobierno de Israel: declara el estado de guerra contra el grupo “terrorista” Hamas, anuncio que pone de presente la vieja relación asimétrica entre un Ejército poderoso como el israelí, apoyado por Estados Unidos y varios países de Europa, contra un grupo armado que no opera como lo hacen las fuerzas militares de Israel. En su acto de retaliación, Israel también asesina civiles (palestinos) y muy seguramente, al igual que Hámas, captura miembros de la población civil, para usarlos como botín en caso de un cese al fuego, con miras a un intercambio humanitario.

Así entonces, antes de defender a uno de los bandos enfrentados, piense en quiénes se benefician económicamente de las hostilidades y a renglón seguido, si Usted es un civil como yo, entonces preocúpese por las víctimas civiles que cada bando está interesado en producir, porque, unos y otros, piensan como guerreros, a los que la vida del otro, poco les importa porque, justamente, siguen órdenes (quizás divinas, del comandante o del líder).

Adenda: Hamas y el Estado de Israel practican el terrorismo, en el entendido en que ambos atacan blancos civiles y generan miedo, dolor y terror en la población civil.

Adenda 2: En medio de las guerras y después de los armisticios, muy pocos piden el cierre de las fábricas de armas y la revisión de las creencias religiosas, cuando Iglesias y religiones, de la mano de tanques y fusiles, justifican los conflictos armados y el asesinato de civiles.

Adenda 3: Habrá paz en el mundo cuando se proscriban las religiones, con todos y sus dioses, y se cierren las fábricas de armas.

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Imagen tomada de EL ESPECTADOR. 

LA PAZ Y EL CAMBIO SE VACIARON DE SENTIDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En términos de generación de víctimas, cualquier colombiano medianamente informado puede confirmar que el largo y degradado conflicto armado interno es una fuente casi inagotable de dolor, desazón e incertidumbre para la población civil que sufre las embestidas de todos los actores armados que participan de las hostilidades. A pesar de varias negociaciones de paz, los esfuerzos de pacificación terminan en desmovilizaciones y procesos de reinserción fallidos o medianamente exitosos, lo que hace posible que hoy, 50 años después, persistan aún, grupos al margen de la ley que creen que la lucha armada y el posterior triunfo “revolucionario”, traerá, inexorablemente, la paz, la reconciliación y el cambio.

Bajo esas circunstancias contextuales, la paz, como concepto e ilusión se va vaciando de sentido por el cansancio que produce su enunciación en boca de unos actores armados y agentes políticos y económicos poco comprometidos con la necesidad de hacer los ajustes institucionales y culturales que enruten al país hacia estadios civilizatorios en donde sea posible que se consoliden la democracia, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, una nación plural y un Estado moderno.

El triunfo del No en el plebiscito por la paz sirvió para ahondar las diferencias entre dos bandos aparentemente irreconciliables: quienes dijeron No, lo hicieron porque le apostaron al fracaso del acuerdo de paz de La Habana por considerarlo espurio; y aquellos que votaron Sí, porque asumieron ese armisticio como un freno a la generación de víctimas civiles, plausible postura ética, mal vista por quienes se expresaron negativamente.

Con la aparición de las esperadas disidencias farianas, la incapacidad institucional (estatal) para implementar lo acordado  y las acciones del gobierno de Iván Duque conducentes a “hacer trizas la paz”, terminaron por vaciar de sentido ese anhelo de pacificar un país que habla de paz, pero que hace todo para que la guerra continúe, porque frases como “paz sí, pero no así”, terminan por exponer las mezquindades y la avaricia de aquellos que invirtieron millonarias sumas de dinero, no para acabar con las guerrillas, sino para provocar un bien calculado éxodo campesino, con la consecuente reconcentración de la tierra por despojo, actividad que contó con la colaboración de paramilitares, ganaderos, militares y empresas agroindustriales. Así las cosas, hablar de paz no solo se torna aburrido, sino insustancial porque los que dijeron No ese 2 de octubre de 2016, se acercaron, ética y moralmente, a las maneras de pensar de guerrilleros y paramilitares.

Después del estallido social y del desastroso gobierno del fatuo, obsecuente e infantil de Iván Duque Márquez, vendría el primer gobierno de izquierda en un país que se acostumbró a las maneras de gobernar de una derecha clasista, racista, machista, retrógrada y homofóbica y neoliberal. Justamente, el cambio, como vocablo e ilusión transformadora lo asentaron quienes agitaron esa bandera en ese sempiterno clasismo, racismo, machismo y homofobia como asuntos que deberían de superarse rápidamente.

Quizás ese sea el error más grande de la izquierda: haber ofrecido un cambio, sin tener en cuenta o mirando de soslayo las complejidades de una sociedad confundida moralmente como la colombiana; así como la consolidación de un régimen criminal y mafioso, atado a un ethos pernicioso que guió y guía aún la vida de millones de colombianos, que les sirvió en el pasado para sobrevivir a través del clientelismo y otras prácticas sociales fruto de precariedades colectivas e individuales en términos de capital social y cultural.

Pensar que es posible cambiar todo lo que ha estado mal en Colombia, en cuatro años, resulta quimérico, ilusorio y de alguna manera, artificioso. Leopoldo Villar Borda, en reciente columna en El Espectador, sostiene que “después de la explosión social, la agitación de la campaña presidencial y la ilusión de un nuevo despertar nacional tras la victoria de Gustavo Petro, Colombia está descendiendo con rapidez por la pendiente de la montaña rusa emocional de la que no sale desde hace mucho tiempo. Además de la polarización, la violencia, la corrupción y las pugnas que han hecho añicos el sistema político, el país sufre un malestar general que pide a gritos una solución de fondo. La sensación prevaleciente es que estamos en un callejón sin salida. Pero, así como en la vida de las personas no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, hasta el país más agobiado puede salir del hueco”.

La Paz y el Cambio cumplieron sus propósitos como eslóganes de campaña, pero aún no logran consolidarse como verbos, condiciones y requisitos para hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”. Buscando la paz llevamos 50 años y aún no se logra pacificar el país; y buscando el cambio, tan solo año y medio como apuesta gubernamental.

Al problema de tener una dirigencia económica y política retrógrada, corrupta e incapaz de coadyuvar a construir nación, se suma el desespero de una sociedad que aún no conecta el cambio con la necesidad de la paz, porque naturalizó un ethos nocivo y la imposibilidad de conectar hechos y circunstancias. Al final, el cambio debe venir orientado de abajo hacia arriba, así la paz siga atada al único camino trazado hasta el momento: de arriba, hacia abajo.

Imagen tomada de Cambio.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ: EL FRENTERO Y COMBATIVO QUE LE HUYE A UN JUICIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá le negara a la fiscalía de Barbosa la inmoral solicitud de preclusión del caso penal al que está vinculado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado, es preciso reflexionar sobre lo que significa moral, ética, política y jurídicamente que un expresidente esté involucrado en unos hechos punibles de la magnitud del fraude procesal y soborno a testigos.

Políticamente, se trata de un golpe al ego de un hombre que se acostumbró a manosear a la justicia y a someter a su voluntad a quienes osaron controvertirlo o enfrentarlo políticamente. Uribe Vélez siempre se presentó como un “hombre frentero, un macho cabrío y combativo”, pero la estrategia de sus abogados, ancorada al compromiso de la Fiscalía de defenderlo pasando por encima de todo el material probatorio que lo incrimina en los hechos punibles, lo viene dejando como un cobarde incapaz de enfrentar al aparato de justicia sin la ayuda de un fiscal general convertido en su títere. En el ocaso de su vida y en camino de convertirse en un carcamal, Uribe Vélez siente que el poder y la admiración que concentró como jefe del Estado se desvanece progresivamente porque hay jueces que le perdieron el miedo, y porque en su trasegar político, jamás se preocupó por cultivar amistades, sino por asegurar complicidades y obsecuentes cómplices.  

Debe ser muy triste llegar a viejo rodeado de abogados entrenados para dilatar procesos, jugando con los vacíos de las normas, cuando pudo, por su condición de expresidente de la República, estar compartiendo espacios con intelectuales y dando clases en universidades de prestigio. O quizás, escribiendo libros. Pero claro, Uribe Vélez no construyó su vida para vivir en medio de esos escenarios, porque desde muy joven los despreció. Por eso quizás siempre odió a los profesores críticos y a la academia que fustigó sus ideas premodernas y neoliberales. Álvaro Uribe Vélez es un patán, un “rufián de esquina”, como lo llamó el entonces presidente Santos, a quien, por el contrario, los escenarios académicos sí le llaman la atención y los valora porque su vida estuvo ancorada a las buenas maneras, a la lectura y al estudio.

El caso de Uribe es el de un hombre básico, enamorado del dinero, de los caballos y rodeado de peones sumisos; sin la riqueza que logró acumular, mal habida, según narrativas periodísticas y sociales, Uribe sería, en esencia, un homúnculo, un hombrecillo, como lo llamó Fernando Vallejo. Ahora, en el crepúsculo de su vida, Uribe Vélez, tercamente, seguirá luchando por mantener a flote su cuestionada honorabilidad, o una probidad que solo se atreven a defender quienes, muy seguramente, se beneficiaron económica y políticamente de una relación cercana con el padre de la temida Seguridad Democrática. Política inspirada en el Estatuto de Seguridad de su referente político, el inefable Julio César Turbay Ayala.

El 1087985 representa muy bien a esa Colombia violenta, alejada de la lectura y de la reflexión. Con ese cuentico de “trabajar, trabajar y trabajar y a Colombia la está matando la pereza”, Uribe Vélez confirma que jamás cultivó el amor por la lectura y la escritura. Su lenguaje, como él mismo, es básico, ordinario y elemental.

Al verlo acorralado por la justicia, se comprende el error mayúsculo de quienes votaron por él, una y otra vez. El yerro se torna mayúsculo porque sus millones de arrepentidos seguidores jamás revisaron su historia y sus amistades; así mismo, jamás analizaron su lenguaje corporal y sus usos particulares de la lengua.

Si sus abogados van a esperar que la fiscalía siga eternamente solicitando la preclusión de su caso, lo único que eso demostrará es el desprecio que sienten por la justicia esos profesionales del derecho y el propio expresidente. Y en un país como Colombia, que un exjefe del Estado exhiba ese nivel de ultraje a la majestad de la justicia y de los jueces, solo agranda el equívoco de quienes votaron y aplaudieron su “obra” de gobierno. Y por supuesto que hace ver diminuto a quien fuera elevado a la condición de Mesías por medios, periodistas, empresarios, futbolistas, rectores de universidades privadas y banqueros.

Cuando Uribe Vélez deje este mundo, no habrá dejado un legado. Por el contrario, dejará, muy seguramente, procesos judiciales abiertos, un ethos a todas luces inconveniente, malicioso y dañino para una sociedad que deviene confundida moral y éticamente.

Por el contrario, si Uribe opta por decirle al fiscal Barbosa que presente el escrito de acusación y se inicie el esperado y reclamado juicio, podrá recuperar algo de ese coraje y de la combatividad que arrancó aplausos de sus áulicos. Acepte ir a juicio, señor Uribe. No enlode más su nombre, porque como van las cosas, Usted será recordado como un falso mesías, un cobarde, una mala persona y un pésimo perdedor.

 Imagen tomada de Youtube. 

URIBE, A JUICIO: ¡POR FIN!

 

Por Germán Ayala Osorio

En el país de las filtraciones de procesos judiciales, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez convocó a los medios para decirle al país que el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de preclusión del caso de manipulación de testigos y fraude procesal en el que está en inmerso en calidad de imputado. Lo curioso del anuncio del expresidiario es que dicha decisión apenas la tomará hoy a las dos de la tarde.

El ladino político antioqueño usa a los medios para victimizarse y por supuesto, para estigmatizar a los magistrados y a los abogados de las víctimas que le descubrieron el plan que junto con el aboganster Diego Cadena, de acuerdo con el sentido de la imputación, diseñó para torcer los testimonios de varios confesos exparamilitares que insisten en que, de parte de Uribe, les ofrecieron dinero para el señalado propósito. Uribe habló de "abogados de izquierda" como si militar en esa orilla ideológica fuera un delito. 

Cierto o no la versión que indica que será llamado a juicio el vulgar caballista, en este largo proceso judicial se confirma la politización de la fiscalía de Barbosa, convertida institucional y operativamente en la defensora de oficio del exjefe del Estado colombiano. Las dos solicitudes de preclusión son una vergüenza para el ente acusador y los fiscales que se prestaron para deslegitimar las pruebas recaudadas por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Si efectivamente el Tribunal Superior de Bogotá niega la preclusión, lo más sensato es que la fiscalía no insista más en la vergonzante actitud asumida de proteger al “rufián de esquina” (así lo llamó el entonces presidente Santos) de los delitos que, de acuerdo con los magistrados de la CSJ, cometió el expresidente y latifundista, Álvaro Uribe Vélez. Claro que la fiscalía puede insistir en la preclusión, actitud que solo serviría para confirmar que Francisco Barbosa fue el títere de Iván Duque, que a su vez, también fungió como el muñeco del temido expresidente, hoy súb judice de la justicia.

Si por el contrario, escenario poco probable, el Tribunal Superior de Bogotá concede la preclusión, entonces estaríamos ante la lamentable constatación del poder intimidante de Uribe y de un evidente enfrentamiento jurídico entre este tribunal y la Corte Suprema de Justicia, e incluso, con el auto de la Corte Constitucional con el que se validó lo actuado por los magistrados de la Sala de Instrucción.

Ya es tiempo de que Uribe deje de manosear a la justicia, victimizarse y sobre todo, de estigmatizar a quienes él ve como sus enemigos políticos, cuando lo que realmente son víctimas de sus maliciosas y temerarias actuaciones. Insisto: después del asesino serial, Pablo Escobar Gaviria, Uribe Vélez es el personaje público que más daño le hace y le sigue haciendo al país. Por eso, en varios sectores de la opinión se escucha el grito, ¡por fin! Con el que se celebra y se guarda la expectativa de que Uribe Vélez sea llevado a juicio y se ha condenado por las conductas punibles que le fueron imputadas.

Imagen tomada de Minuto 30

FRANCISCO BARBOSA: PRECOZ CANDIDATO PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La derecha colombiana está desesperada. La precoz candidatura de Francisco Barbosa y sus últimas acciones jurídico-políticas conducentes a desestabilizar al gobierno de Petro son muestras claras de ese afán. A lo anterior se suma el trabajo de varios medios masivos empeñados en asimilar las circunstancias del Proceso 8.000, con las que rodean el escándalo de la campaña Petro presidente, por cuenta de las declaraciones de su hijo Nicolás. Esta mañana, la FM, del ladino periodista Luis Carlos Vélez, le abrió los micrófonos al artero expresidente Andrés Pastrana Arango para que este estableciera diferencias y similitudes entre el caso de la posible entrada de dineros sucios a la campaña de Petro y el probado ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper presidente.

En el monólogo, Pastrana, llamado presidente por Juan Lozano y otros integrantes de la mesa de trabajo de la FM que decidieron actuar como simples “lagartos”, aprovechó para promocionar su nueva empresa electoral, la Nueva Fuerza Democrática, como alternativa de poder para las elecciones del 29 de octubre. Y lo hizo, además, llamando a sus antiguos compañeros en el partido Conservador, como “Petro conservadores”.

La prematura candidatura del inefable fiscal general arrancó en la pasada asamblea de la ANDI en la que fue aplaudido y ovacionado, al tiempo que le tiraba pullas al presidente Petro. El senador Iván Cepeda le envió a Barbosa un derecho de petición con el objetivo de que le confirme si tiene aspiraciones presidenciales. No era necesario elevar dicha petición, aunque se entiende el propósito del congresista del Pacto Histórico. Lo cierto es que una parte importante del empresariado estaría dispuesto a aportar dinero a la campaña Barbosa presidente. Dentro del listado de aspirantes presidenciales al servicio de la derecha uribizada hacen parte el exministro bombardeador de niños, Diego Molano Aponte y María Fernanda Cabal, cercana a la ultraderecha representada en el partido español, VOX.

Con la apertura de una investigación contra Petro en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Barbosa cumple con el mandado de generar una crisis de gobernabilidad que lleve a Petro a comportarse de la misma manera que lo hizo Ernesto Samper cuando estalló el escándalo del 8.000. Es decir, que Petro se pase los tres años que le quedan, defendiéndose de acusaciones y filtraciones que la fiscalía hace rato empezó a hacer del proceso contra Nicolás Petro que toca, por supuesto, al presidente de la República. La idea, claro está, es que las acciones gubernamentales, esto es, el proyecto político progresista, se detengan al interior del país, para que la narrativa de una “crisis institucional generalizada” legitime el proyecto de la derecha de “recuperar el poder, para salvar al país de la oscuridad”. Ya en la fallida marcha de las antorchas de la ultraderecha se escuchó decir que las antorchas encendidas servirán para salir de las tinieblas en las que está el país, según el relato de varios de los asistentes a la lánguida convocatoria. La intención es clara: ocultar la conexión con las ideas fascistas que mueven a quienes elevaron las antorchas y levantaron sus manos de la misma manera como en su momento lo hicieron Adolf Hitler y Álvaro Uribe. Solo les faltó gritar, ¡ajúa!

Mientras Petro conversa con los “cacaos” sobre un posible acuerdo nacional, los medios corporativos, propiedad de los mismos magnates, hacen ingentes esfuerzos para desestabilizar al gobierno, de la mano del expresidente Pastrana, quien se cree líder de la Oposición y faro moral, cuando un hijo de los mismos Rodríguez Orejuela señaló que su campaña también recibió aportes del Cartel de Cali.

Una vez termine la jornada electoral del 29 de octubre, sabremos si los “cacaos” le apuestan a un acuerdo nacional, o si el presidente Petro cae en la trampa de comportarse de la misma manera como lo hizo Ernesto Samper, gracias en buena medida a las presiones de unos medios masivos que actúan como actores políticos a los que poco les importa la suerte de la Nación, porque lo que les interesa es que sus patrones recuperen lo que Petro les arrebató: el Estado. 

Imagen tomada de Infobae

MINISTRO DE LA DEFENSA PIDE PERDÓN POR FALSOS POSITIVOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón por los crímenes cometidos por miembros del Ejército. “Le pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad de las ejecuciones extrajudiciales. Hoy, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en nombre del Estado, pedimos perdón a las madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, crímenes que nos avergüenzan ante el mundo...”

Los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales son hechos que dan cuenta de la degradación moral en la que cayeron los militares, en un contexto de envilecimiento de todos los actores armados, esto es, militares, paramilitares y guerrillas. Es decir, los tres actores armados entraron en una dinámica sostenida de conversión criminal.

La ceremonia y la solicitud de perdón constituyen actos de reparación que enaltecen la política y le devuelven a la población civil la confianza que se perdió en las fuerzas militares. Eso sí, el acto de contrición debe ir acompañado de una acción institucional cuyo derrotero es claro: eliminar la doctrina del enemigo interno. Justamente, bajo esa escuela se justificaron sistemáticas violaciones de los derechos humanos durante estos largos 50 años de conflicto armado interno. El gobierno de Petro debe cerciorarse del cambio de “cartilla” al interior de las fuerzas armadas, en particular, en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales del Ejército. Tanto Petro como Velásquez saben que, para las elecciones de 2026, la derecha uribista intentará recuperar el poder a través de las candidaturas de Diego Molano, Francisco Barbosa y María Fernanda Cabal. Esta última dijo en 2016, “soy muy crítica con los generales hoy, me parece que son unos vendidos, que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto es (…) Amo a mi Ejército, amo a mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina ¡Qué falta de capacidad de pelear por los principios con los que fueron formados! Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”.

 Que en nombre del Estado se pida perdón por crímenes atroces engrandece a esa forma de dominación de la que muchos gobiernos y presidentes de la República se valieron en el pasado para dar rienda suelta a sus odios e intolerancia. En el marco del degradado conflicto armado interno, sucesivos gobiernos facilitaron y auparon la aplicación, a rajatabla, de esa doctrina militar y estatal, que con el tiempo convirtió al Estado en una organización criminal. Emergió entonces aquella vieja sentencia de la “violencia legítima del Estado”, patente de corso que jefes de Estado y unidades militares usaron para asesinar con vileza, perseguir y torturar a quienes simplemente se atrevieron a pensar distinto en los complejos años 60, 70 y 80.

En las imágenes transmitidas por varios noticieros de televisión se pudo notar la sinceridad del ministro Velásquez, quien asumió la tarea de pedirle perdón a las familias y al país por crímenes que sectores de la derecha naturalizaron para luego negar, aduciendo que los falsos positivos no eran más que una narrativa de la izquierda para enlodar la imagen del “glorioso Ejército” colombiano.

Lo cierto es que bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Estado, de la mano de unidades militares, se convirtió en un cruel y despiadado asesino serial responsable de 6402 probados falsos positivos. Quizás, en lugar del ministro Velásquez, a esa tarima debieron subirse para dar la cara, Juan Manuel Santos, Camilo Ospina y el propio Álvaro Uribe. Santos y Ospina, por haber sido sus ministros de la Defensa; y Uribe, por ser el responsable político y moral de las oprobiosas prácticas que generó la aplicación de su política de seguridad democrática.

Recientemente, el profesor Rodrigo Uprimny dijo en una columna que “Uribe era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y podría entonces haber incurrido en la responsabilidad de mando por esos crímenes por cuanto parecen reunirse los tres requisitos exigidos por el derecho penal internacional: i) tener mando efectivo, y Uribe tuvo siempre un control claro sobre la Fuerza Pública; ii) tener información disponible de que esos crímenes estaban ocurriendo, y lo cierto es que, desde 2004, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó su preocupación por denuncias crecientes y creíbles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército; y iii) no tomar las medidas para evitar esos crímenes. Y Uribe solo reaccionó en octubre de 2008, cuando llamó a calificar servicio a tres generales y 11 coroneles por posible involucramiento en falsos positivos”. Se pueda probar o no la responsabilidad de mando de Uribe Vélez, lo cierto es que durante sus 8 aciagos años de gobierno, el Estado colombiano actuó como un aparato criminal.

Imagen tomada de Latina Network

LAS ANTORCHAS DE LA ULTRADERECHA SEGUIRÁN ENCENDIDAS HASTA NUEVA ORDEN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Aunque deslucida la convocatoria a la marcha de las antorchas que hizo la ultraderecha uribizada, la poco concurrida reunión al norte de Bogotá constituye, sin duda, un acto político con el que se insiste en la vieja, manida y errónea narrativa que señala que hace 7 años, un 2 de octubre, el entonces presidente Santos le entregó el país “alafar”. Pero también puede asumirse dicho encuentro como una advertencia que hacen los asistentes, de que sus convicciones y cercanías a las ideas fascistas siguen vivas en sus corazones, lo que hará que las elecciones de 2026 transcurrirán atadas a odios raciales, ideológicos, políticos y al insuperable clasismo.  

De igual manera, el evento sirvió para enaltecer a generales del Ejército procesados por graves delitos. Los llaman Héroes de la Patria. Se trata de los oficiales de alto rango, Jesús Armando Arias Cabrales y Jaime Humberto Uscátegui, condenados y comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz. Cabrales, por la desaparición forzada y otros delitos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia; y Uscátegui, por la masacre  de Mapiripán (Meta). 

Huelga recordar que el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, sostiene que dicho tribunal de paz es el resultado de una imposición que la entonces guerrilla de las Farc-Ep le hizo al gobierno de Santos, al momento de firmar el acuerdo de paz de La Habana. Mientras que el general Henry Torres Escalante asumió ante la JEP la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) perpetrados por hombres bajo su mando, Uribe Vélez insiste en descalificar al alto tribunal porque, según el expresidente y expresidiario, incentiva a los comparecientes a reconocer delitos que jamás cometieron, a cambio de recibir beneficios jurídicos.

Así entonces, la marcha de las antorchas es el correlato  con el que Uribe y sus áulicos insisten en la tesis negacionista que no solo desconoce la existencia del conflicto armado y de las víctimas, sino que invalida los relatos de oficiales, suboficiales y soldados que en audiencias programadas por la JEP, reconocieron que asesinaron civiles inermes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, en buena medida por la presión ejercida por el ejecutivo (en boca de Uribe), en cumplimiento de los objetivos operacionales de la temida política de defensa y seguridad democrática.

El fracaso de la noche de las antorchas será siempre relativo mientras haya sectores sociales, políticos y económicos que crean a pie juntillas en la idea fascista que los guía y que señala que el país estaría mejor si desaparecieran los indígenas, los afros, los campesinos y claro, la izquierda progresista. Así las cosas, las antorchas de los fascistas seguirán encendidas hasta nueva orden o hasta que se escuchen terroríficas frases como "proceda mi doctor,  proceda, mi general, !ajúa! o, a mi no traiga capturados, delos de baja".  

Imagen tomada de Publimetro

COMUNIDAD MENONITA DE PUERTO GAITÁN: LOS NUEVOS TERRATENIENTES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La lucha por la tierra en Colombia no cesa. Ahora se suman a los actores y factores de acaparamiento, los Menonitas, una comunidad religiosa que ampara su derecho a la tierra, fundada en una relación consustancial con la tierra, justificada en su lectura de la Biblia. 

Su concentración en pocas manos obedece en gran medida a factores agroindustriales, asociados a procesos ciertos de extranjerización o  bancarización de la tierra que, junto  al fenómeno paramilitar, vienen dejando al Estado sin tierra disponible para cumplir con la promesa del gobierno de Gustavo Petro de hacer la reforma agraria con la que el país asegure la soberanía alimentaria, la misma que las políticas neoliberales y la violencia en los campos pusieron en crisis.

A pesar de los esfuerzos del actual gobierno para frenar la deforestación en las selvas, el Estado sigue siendo un testigo inmóvil de la depredación de estratégicos ecosistemas naturales-históricos, por vía de la potrerización y la avanzada de monocultivos diseñados para producir “comida para los carros”: etanol.

Sabíamos de la acumulación irregular de baldíos en la altillanura por parte de empresas nacionales y extranjeras, dedicadas a la siembra de agrocombustibles (palma africana y caña de azúcar). Sobre esos procesos, la Contraloría General de la Nación, en cabeza de Sandra Morelli, publicó un informe en el que están comprometidas empresas como Mónica Semillas, la familia Sarmiento Angulo y los ingenios Manuelita y Rio Paila. Ahora se suma a ese proceso sostenido de apropiación de tierras de la nación, la presencia de comunidades de Menonitas. De acuerdo con las pesquisas hechas por el senador Arias Castillo, estos Menonitas no hacen parte de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia. Por lo anterior, en esta columna se hace referencia en particular, a la comunidad Menonita de Puerto Gaitán (Meta).

En un debate al interior del Congreso, el senador Wilson Arias Castillo señaló que “la mayoría de los menonitas que habitan las colonias en Colombia tienen pasaporte mexicano. Las primeras denuncias por adquisición de tierras se dieron desde 2016, pero conocemos registros de compras de predios de 2017 a 2022. Se dedicaron al cultivo de soya y maíz, principalmente, con inversiones iniciales cercanas a 20 millones de dólares. Entre por lo menos 27 empresas que constituyeron y 177 personas de la comunidad han adquirido 53 predios. Se resalta que la UAF en Puerto Gaitán está entre 1.360 a 1.840 has. Un dato importante a tener en cuenta es que el 75% de las escrituras públicas mediante las cuales adquirieron los miembros de la comunidad menonita fueron realizadas en la Notaría de Puerto López. El restante 25% se hicieron en varias Notarías de Bogotá por más de 15.000 millones de pesos. Todos éstos Notarios fueron nombrados en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez junto con el entonces Ministro Fabio Valencia Cossio quien ha sido señalado por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Varios de estos notarios ostentan numerosos predios a su nombre y realizaron inscripciones de bienes en Puerto Gaitán por valores de más 4.000 millones de pesos”.

Le corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Contraloría General de la Nación e incluso, a la DIAN y a Migración Colombia revisar lo que a cada entidad le compete, sobre la presencia de estas comunidades en el sur del país. De igual manera a la Superintendencia de Notariado y Registro revisar con lupa los procesos de registro de los predios.

El acaparamiento de la tierra en Colombia se hace en función de un modelo económico extractivista y, por lo tanto, insostenible, lo que deja como resultado la pérdida de biodiversidad, salinización de millones de hectáreas por culpa de los procesos productivos asociados a monocultivos, en particular al de la caña de azúcar; desplazamiento forzado de pueblos ancestrales, la potrerización de selvas y llanuras. Permitir que a esos procesos se una la dimensión religiosa que exponen los Menonitas al justificar su presencia gracias a una relación “consustancial” con la tierra es hacer más compleja la tarea de lograr la reforma agraria que el país reclama.

Imagen tomada de Blu radio.

EL DESESPERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Mientras el presidente Gustavo Petro guarda silencio sobre los alcances de las reuniones sostenidas con los llamados “cacaos”, avanzan las campañas de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre y se consolida la polarización ideológica y política en torno a dos ideas opuestas de país: la que representa Petro, asociada a “profundizar la democracia”, quizás en la línea propuesta por Chantal Mouffe y la que representan los grandes ricos y sus alfiles los partidos políticos, atada, por supuesto, a concentrar aún más la riqueza, mantener la captura del Estado por parte de sectores corporativos y familiares y seguir adelante con la depredación de estratégicos ecosistemas naturales históricos.

Patricia Lara, en reciente columna en EL ESPECTADOR, señaló que las reuniones entre Petro y los magnates “…harían parte de la construcción del gran acuerdo nacional. Pero más allá de eso el presidente estaría buscando que se acordara colaborar en un plan para aliviar la inequidad no solo con los cacaos, sino también con otros grandes empresarios que no alcanzan a clasificar como tales, pero sí son muy importantes en la economía nacional”.

Si bien los encuentros entre el presidente de la República y las cabezas de los grandes conglomerados económicos estarían pensados para generar el pacto social o el acuerdo nacional, lo cierto es que el ambiente político-electoral va en una dirección contraria y peligrosa, expresada en un lenguaje hostil en las redes sociales y entre los mismos candidatos, interesados más en conseguir una victoria a como dé lugar, dejando de lado la idea de que efectivamente el país necesita ajustes institucionales y constitucionales, un cambio cultural profundo que proscriba el ethos mafioso y el llamado “uribismo”, y la recuperación del carácter público del Estado.

Como se trata de un juego político, los grandes ricos están esperando los resultados de las elecciones regionales, para ver hasta dónde pueden ceder y aportar para disminuir las inequidades y la pobreza estructural. Si el proyecto político del presidente sufre una contundente derrota, los “cacaos” podrían pararse firmes ante un presidente regional y políticamente debilitado. Si esa es finalmente la actitud de los grandes ricos, entonces el acuerdo nacional quedaría tan solo en una buena intención de las partes.

Los casos de Cali, Bogotá y Barranquilla servirán de termómetro para definir si el acuerdo nacional va o no va. Para las elecciones en la capital del Valle del Cauca, el nuevo alcalde saldrá del enfrentamiento entre la derecha ordinaria y sin linaje de Roberto Ortiz y la derecha perfumada de Alejandro Eder. Es decir, en Cali, la posibilidad de “profundizar la democracia” se desvanece tempranamente. En Bogotá, según las encuestas, la pelea está entre Galán y Bolívar. El primero, es un alfil del “viejo” establecimiento; y el segundo, es la ficha de Petro para insistir en hacer cambios democráticos profundos en la capital del país; y Barranquilla, ya es un caso perdido en relación con cualquier posibilidad de cambiar lo establecido. El Clan Char seguirá manejando su feudo como quiera que representan el carácter feudatario de una familia que hace rato capturó el Estado y liquidó la democracia.

Si, por el contrario, el Pacto Histórico logra victorias importantes en ciudades capitales, en particular en Bogotá y en territorios locales reconocidos por su riqueza ambiental y posibilidades de industrialización del campo, entonces la negociación sí o sí se dará entre los jefes de los emporios económicos y el presidente de la República.

La nula trascendencia en los medios masivos de los alcances de las reuniones entre Petro y los “cacaos” es señal inequívoca de que ambas partes están esperando a ver qué pasa este 29 de octubre. En varias ocasiones el presidente de la República les ha enviado mensajes cifrados y otros directos a los grandes ricos del país; mensajes que dejan claro su obstinación en torno a la intención de “profundizar la democracia”. Las nutridas marchas del 27 de septiembre son una clara “pelada” de dientes del presidente.

Ya veremos qué pasa este 29 de octubre. Cualquiera sea el resultado, lo evidente es que hay desespero en las bases populares porque la promesa de cambio aún no se consolida; y del lado de los poderosos magnates criollos, el desespero aparece porque Petro les frenó el proceso de privatización del Estado, la deforestación de las selvas y lo que quizás más les molesta a los “cacaos”: el no dejarse manosear, como lo hicieron con Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y César Gaviria, asumidos por estos “cacaos” como sus monigotes.

Imagen tomada de Cambio.

INDÍGENAS CONFRONTARON A SEMANA: LA ACADEMIA DEBERÍA DE HACER LO MISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del insuceso protagonizado por los indígenas que irrumpieron temerariamente en las instalaciones de la revista Semana y las reacciones en pro y en contra de dicho evento, propongo al país la conformación de un grupo de académicos para que sus integrantes analicen los discursos periodístico-noticiosos. La idea es cumplan con la tarea de confrontar los hechos más sensibles publicados por medios como Semana, El Tiempo, El Colombiano y El país de Cali; La W, La FM, Blu Radio y los noticieros RCN y Caracol, convertidos todos en actores políticos que vienen haciendo oposición política e ideológica al gobierno de Gustavo Petro.

El actuar político de esas empresas mediáticas se expresa a través de tratamientos editoriales e informativos que, de acuerdo con las arengas de los indígenas que entraron a la fuerza al edificio en el que opera Semana y las críticas que a diario circulan en las redes sociales, devienen con una excesiva carga subjetiva, atados a verdades a medias e incluso, a la publicación de mentiras y falsos testimonios. Hay que decir que una parte de las audiencias reconoce en dichos abordajes noticiosos, un comportamiento tendencioso y politizado de los periodistas que laboran en esos medios masivos.

La conformación de ese grupo de académicos tiene el propósito de confrontar cada noticia e informe periodístico, así como las posturas editoriales que en adelante asuman los periódicos en particular. Para poder hacer la confrontación, los expertos le entregarán al país análisis académicos y periodísticos de los hechos publicados por los medios arriba mencionados.

Los medios masivos sometidos al riguroso análisis editorial e informativo se comprometen a publicar los resultados de los estudios realizados por el grupo de expertos. Confrontar las versiones publicadas por los medios que hoy fungen como actores políticos tiene como objetivo entregarles a las audiencias insumos para que ellas mismas tomen decisiones alrededor de qué medios seguirán consumiendo, de acuerdo con los resultados que arrojen los análisis académicos y periodísticos allegados por el grupo de expertos.

Las audiencias vienen consumiendo lo que publican a diario las empresas mediáticas mencionadas, pero no necesariamente consumen análisis de expertos que señalen en qué se equivocaron los periodistas, en qué momento violaron normas propias del ejercicio periodístico e incluso, cuando cayeron en imprecisiones conceptuales y en mentiras o verdades a medias.

La financiación de ese grupo de académicos puede lograrse con aportes de la propia FLIP, una entidad del Estado y recursos internacionales. La elección de ese selecto grupo de académicos debe hacerse bajo criterios como haber publicado investigaciones propias del análisis de los discursos periodístico-noticiosos, conocer el oficio, haber mostrado rigurosidad conceptual y metodológica en sus análisis, entre otros criterios.

Con lo propuesto aquí no se pretende la creación de un Quinto Poder, como tampoco la de un Tribunal de Ética Periodística, tan solo se busca que ante la enorme y peligrosa confrontación social frente al trabajo diario de la prensa tradicional, quienes critican la labor informativa y quienes creen todo lo que ven, leen y escuchan en programas radiales, prensa escrita y noticieros de televisión, cuenten con insumos que mejoren el nivel de argumentación al momento de confrontar o validar la información noticiosa publicada.

Claro, para entender aquello del 5to poder hay que remitirse al cuarto poder. Dice Ramonet (2004) que “desde hace una quincena de años, a medida que se aceleraba la globalización liberal, ese cuarto poder fue vaciándose de sentido, perdiendo poco a poco su función de contrapoder”.

Aunque los medios masivos colombianos jamás operaron, en estricto sentido, como contra poder de los tres poderes públicos, no se pueden negar cubrimientos periodísticos dirigidos a confrontar las sempiternas mafias que se enquistaron en la justicia, en el ejecutivo y en el legislativo. Famosas fueron las unidades investigativas y las posturas editoriales que hacían tambalear ministros y presidentes. Sigamos con Ramonet. A partir de esa constatación, Ramonet propuso crear un 5to poder ante la evidente incapacidad de los medios y periodistas de controlar a los agentes que, instalados en los tres poderes públicos, iban en contra de la democracia y los derechos humanos.

Baste con recordar que muchos de las empresas mediáticas y periodistas que hoy de manera coordinada atacan a Petro, en el pasado se hincaron ante el poder intimidante del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Noticias Uno y uno que otro periodista optó en ese periodo aciago (2002-2010) a confrontar a quien gobernó con tal mano dura, que el Estado que dirigió Uribe, produjo 6402 víctimas confirmadas por la JEP. Entonces, Ramonet dice que “es necesario, simplemente, crear un quinto poder que nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana… para denunciar el superpoder de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos cómplices y difusores de la globalización liberal”.

Quizás, entonces, somos testigos del nacimiento de un 5to poder en las redes sociales que de manera franca y directa develan los intereses corporativos (económicos y políticos) de medios como los señalados líneas atrás, que fungen hoy como actores políticos y agentes generadores de miedo e incertidumbre en los lectores que aún creen que sus tratamientos periodísticos son objetivos y sobre todo, ciertos, verdaderos o por lo menos, creíbles.

Llámese Quinto poder o Grupo de Análisis, las audiencias necesitan de insumos para tomar decisiones en torno a seguir consumiendo lo que publican los medios tradicionales o, por el contrario, buscar otras fuentes de información que sí aseguren la entrega de información veraz y oportuna y bajo criterios de responsabilidad social.

Imagen tomada de RCN

INDÍGENAS IRRUMPEN EN SEMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

La irrupción de un grupo de indígenas Misak a las instalaciones de la revista Semana sin duda alguna es un hecho de intimidación que bien puede calificarse como violento. Eso sí, esa misma acción no constituye una amenaza contra la libertad de prensa, como tampoco un acto de constreñimiento a los periodistas como lo calificaron políticos como De la Calle Lombana y el uribista pura sangre y nieto del inefable expresidente Julio César Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay. Este último dijo a Semana que “la libertad de prensa está en riesgo en Colombia. Indígenas entran a la fuerza a SEMANA. Este es el resultado del lenguaje violento de Petro en contra de los medios y periodistas que no lo aplauden ciegamente”.

Sin duda alguna, exageran quienes hacen esa lectura del violento reclamo que hicieron los indígenas al periodismo de Semana y en general a la labor informativa de medios como El Tiempo, El Colombiano, El País de Cali; la FM, Blu radio y la W, así como noticieros de televisión como Caracol y RCN, convertidos de tiempo atrás en instrumentos políticos y mediáticos de la derecha colombiana, al servicio de la élite que hoy le hace oposición al gobierno de Gustavo Petro. Reclamo que tiene que ver con un sistemático proceso de estigmatización de la lucha popular, de la izquierda democrática y de la constante publicación de noticias falsas o de tratamientos periodísticos sesgados ideológicamente.

Insisto en que la libertad de prensa jamás se puso en riesgo porque en ningún momento se impidió la labor informativa y se detuvieron “las rotativas” como podría suponerse cuando de verdad se afecta el libre ejercicio de informar, bien por parte del Estado o por la acción intimidante de un grupo de terroristas o en este caso, por un grupo numeroso de indígenas Nasa. Por el contrario, los indígenas le dieron un hecho noticioso que ya Semana usó para victimizarse internacionalmente y sobredimensionar la incursión y de paso, usarlo para descalificar al gobierno. Usarán la acción de los indígenas para insistir en la narrativa, falsa por demás, que señala que Petro es un dictador porque los confronta desde su cuenta en la red X. 

En lo que hay que poner el foco es en las motivaciones de los representantes de los pueblos indígenas que por estos días hacen presencia en Bogotá, porque participaron en las marchas del 27 de septiembre, en apoyo al gobierno. Y el foco es claro: Semana, junto a los  medios arriba mencionados, estigmatizaron y descalificaron a los indígenas calificándolos de borregos y sugiriendo su cooptación por parte del gobierno, lo que supone el abandono de una lucha histórica de estos pueblos ancestrales por su autonomía territorial y alimentaria.

La intrusión de los indígenas se da en respuesta a la violencia discursiva ejercida contra ellos por parte de la revista y en particular por quien funge como la directora: Victoria Eugenia Dávila de Gnecco. Desde esta tribuna rechazo la acción intimidante de los Misak, y hago un llamado a la familia Gilinski para que le ponga límites a la señora Dávila, porque el ejercicio periodístico que orienta y hace, afecta negativamente la imagen de la publicación, le hace daño al periodismo como oficio y lo que es peor, consolida los enfrentamientos ideológicos y políticos que se acrecentaron durante el estallido social. Semana dejó de ser un referente de revista, para convertirse en un portal amarillista y sensacionalista. Si esa es la apuesta de la familia Gilinski, entonces se confirma que su interés no era mantener el prestigio de la publicación, sino convertirla en un actor político y a sus periodistas en agitadores y estafetas de los sectores de poder social, político y económico que a todas luces le están apostando a que, al gobierno actual, le vaya mal y a todos los sectores populares que eligieron a Gustavo Petro, incluidos a los indígenas. 

Foto de Guillermo Torres, tomada de Semana.

 

CON AMPARO CERÓN: ¿TERNA DE TRES O DE CUATRO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Amparo Cerón está tratando de construir una leguleyada, para torpedear la elección del nuevo fiscal. Insiste la señora, cercana a Néstor Humberto Martínez Neira, en que, al haber sido ternada por el presidente, ese hecho político y de simple carácter administrativo, le otorga el derecho a ser elegida, razón por la que debe ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que asuma la decisión final de su suerte y no el presidente Petro, quien envió hace unos días la nueva terna, de la que, por supuesto, ya no aparece el nombre de la abogada, quien fungiera como la fiscal que llevó el caso de Odebrecht. En lugar de Cerón, el gobierno puso el nombre de Adriana Camargo.

En ejercicio de la potestad presidencial de enviar a la Corte Suprema de Justicia la terna para que este alto tribunal elija a quien remplazará al inefable y controvertido fiscal general, Francisco Barbosa, ahora, Amparo Cerón quiere no solo restarle legitimidad y legalidad al poder que tiene el jefe del Estado de ternar a quienes él cree que tienen la altura moral y ética, así como la formación y capacidad para dirigir la fiscalía general de la Nación, entidad de tiempo atrás capturada por mafias de cuello blanco y uniformes camuflados.

Justamente, el infantil reclamo o la pataleta de la señora Cerón dejan ver su minúscula dignidad al no reconocer que su nombre genera dudas en el gobierno y en sectores políticos y periodísticos, lo que debería de impulsarla a declinar a hacer parte de la exclusiva terna. Pero no. Cerón quiere construir un caso jurídico donde no lo hay, por el solo hecho de extender en el tiempo la elección que deben hacer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es sencillo: para qué insistir en hacer parte de una lista cuando el propio gobierno ya revisó a fondo su trayectoria, la misma que le generó dudas tardías al presidente sobre la independencia de la señora Cerón. Lo que sí hay que reconocer es que el gobierno se equivocó al ternar a la abogada Cerón, pero ese yerro no puede usarse para reclamar un inexistente derecho adquirido.

La lógica sentimental y proto jurídica de Amparo Cerón se desvanece y entra en crisis justamente al momento en el que el presidente Petro envió la nueva terna, potestad que Cerón quiere arrebatarle, cuando dicho poder está garantizado por la Constitución.

Ya veremos en qué queda esta ridícula novela de una abogada que, golpeada en el ego, quiere convertir ese dolor en un hecho jurídico que termine afectando el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación. Se espera que la CSJ no se deje enredar por quien cree, sí o sí, que merece ser fiscal general de la Nación, cuando ya no hace parte del exclusivo listado. Lo mejor es que se resigne y guarde el recuerdo de haber sido ternada, por error.

En un país como Colombia, no es raro encontrar ternas de uno o de cuatro. Las de uno funcionan, cuando de antemano ya está elegido uno de los tres. Ahora, por cuenta de la abogada Cerón, parece que veremos una terna de cuatro.

Imagen tomada de Infobae.