Por Germán Ayala Osorio
Son varias las razones y circunstancias que hacen ingobernable a Colombia. A simple vista se notan las circunstancias culturales que, asociadas a un naturalizado ethos mafioso, impiden que cualquier esfuerzo de cambio en las corruptas prácticas políticas y el ejercicio criminal del poder fructifique en el mediano plazo.
Como sociedad arrastramos una especie de "tara civilizatoria y democrática" que exhiben de tiempo atrás los grupos armados, en especial aquellos que en los años 60 se presentaron como "revolucionarios", pero que terminaron convertidas en estructuras criminales que le hacen el juego a los sectores de poder tradicional que los llevaron a pensar en que era posible tomarse el poder a tiros.
Esa "tara" también es la marca visible que dejan ver los miembros de una élite tradicional rentista, inmoral, pero pacata; esa misma "tara civilizatoria y democrática" es la fuente de su racismo, aporofobia, clasismo y una homofobia de dientes para afuera, porque adentro de sus clanes conviven con todo tipo de experiencias homosexuales que en el fondo avergüenzan a sus más importantes líderes.
Todo lo anterior termina manifestándose en las maneras como operan instituciones estatales que, permeadas por el ethos mafioso y la "tara civilizatoria y democrática", consolidan ideas disímiles alrededor de lo que debe ser el Estado.
La operación de los tres poderes públicos en Colombia hace pensar en que a las dificultades culturales se suman las institucionales, ancoradas a disímiles concepciones del Estado que terminan en una separación de poderes que supera el espíritu de los pesos y contrapesos de la democracia, para terminar en las siempre caprichosas interpretaciones de la Constitución de 1991 de parte de encopetados magistrados que no son inmunes a las "taras civilizatorias y democráticas" que como sociedad arrastramos.
Las altas cortes no actúan siempre como garantes del cambio en las maneras como actúa el Estado y en los resultados de esa operación en materia de de garantía de derechos humanos, justicia ambiental y tributaria, entre otras.
Para la derecha, por ejemplo, el Estado debe estar al servicio exclusivo de los intereses particulares y en particular de los más ricos. Ello explicaría el sentido de recientes fallos de la Corte Constitucional a los que el jurista Rodrigo Uprimny caracteriza como "pro ricos".
"Nuestra Corte Constitucional parece estar entrando en una suerte de era Lochner por decisiones que están dando al traste con la reforma tributaria de Petro, que precisamente buscaba una mayor justicia tributaria. La primera de ellas fue la sentencia C-489/23, que declaró inconstitucional la prohibición de la deducción de las regalías, con lo cual privó al Estado de unos seis billones de pesos anuales, que ahora quedan en manos de las industrias extractivas. Y ahora, según información de prensa, existe un riesgoso empate en la Corte que podría acarrear la caída del impuesto al patrimonio...Pasaríamos así de la vieja Corte, que protegía a los más vulnerables y defendía el Estado social de derecho, a la época Lochner de la nueva Corte: un tribunal que sobreprotege las libertades económicas y la propiedad en desmedro de la garantía de los derechos sociales, con lo cual termina favoreciendo a los ricos y poderosos y minando los esfuerzos de justicia social".
Nadie puede atreverse a desconocer que la violencia política en los territorios rurales, a lo que se suma la inseguridad en las ciudades capitales aportan su grano de arena a la difícil tarea de gobernar del primer presidente progresista en más de 200 años de República. Pero quizás la mayor dificultad para lograr cambiar lo que viene mal en el país está en una división de poderes permeada por los mezquinos intereses de los miembros de una élite rentista que acostumbró al país a que la operación del Estado debe estar orientada exclusivamente al servicio del capital y del enriquecimiento de unos pocos.
No todos los magistrados que llegan a las altas cortes, en especial a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado están alineados con la idea de consolidar en Colombia un Estado moderno, civilizado y una República. Por el contrario, muchos togados llegan a esas instancias de poder con la firme intención de mantener las condiciones históricas de un establecimiento que le apunta a mantener las injusticias ambientales y tributarias.
Así las cosas, olvidémonos de cualquier posibilidad de superar las injusticias ambientales, laborales y la tributarias con una Corte Constitucional que funge más como opositora política del actual gobierno, que como garante de la Carta Política; de igual manera, desechemos cualquier deseo de que algún día Colombia se comporte como una verdadera República.
Imagen tomada de Colombia.com
