Por Germán Ayala Osorio
Alcaldías, gobernaciones y desde la propia Casa de Nariño se destinan millonarias sumas de dinero a las empresas mediáticas a través de la figura de la "pauta publicitaria oficial"; esa pauta debería de servir al propósito político de visibilizar los programas estatales en aquellos programas radiales, medios impresos, agencias de comunicación y publicidad digital, así como noticieros de televisión de gran reconocimiento en la opinión pública. Pero no siempre es así. Se viene utilizando para "seducir" a los periodistas con el objetivo de evitar críticas a las acciones de gobierno.
Esa misma pauta oficial en ocasiones suele convertirse en una forma chantaje que en doble vía compromete la ética de las empresas de información masiva y la legitimidad de los gobiernos locales, regionales y el central que apelan a esa figura para pagar favores periodísticos atados a tratamientos informativos con los que se espera que esas administraciones salgan bien libradas. O también, para posicionar la imagen del mandatario de turno. Por ejemplo, Iván Duque se gastó 20 mil millones de pesos tomados en parte del Fondo de la paz en posicionar su imagen. Al final, una plata perdida porque fue tan desastroso su gobierno, que no había forma de matizar o tapar todo lo que hizo mal este mentecato durante cuatro años.
Esa pauta oficial constituye una forma de corrupción público-privada cuando los hechos noticiables sobre los que las empresas mediáticas ponen el foco, terminan siendo cubiertos periodísticamente para favorecer a una administración en particular, en razón a la cuantía de la pauta oficial recibida. Incluso, cuando alcaldes invitan a específicos periodistas-vedettes y conductores de programas radiales para que "hablen" bien de la ciudad, ese pago millonario podría considerarse como una forma de corrupción.
Resulta a todas luces inconveniente que alcaldías, gobernaciones y la propia presidencia de la República destinen millonarios recursos al pago de pauta publicitaria con la sola intención de "ablandar" al medio de información para que no destaque hechos negativos que ensucien la imagen de los mandatarios.
Urge entonces una reglamentación de la entrega de esos millonarios recursos en pauta oficial. Hay que ponerle topes, incluso, vigilar muy bien su entrega y medir los efectos sociales que genera la pauta oficial cuando es emitida por los medios tradicionales.
Los conglomerados económicos que hoy están detrás de los medios masivos no tendrían porqué recibir dineros oficiales, cuando sus empresas mediáticas tienen un carácter privado. Esto dijo el director de la FLIP: "En Colombia, “el uso indebido de la publicidad oficial es el principal motivo de censura en los medios después de la violencia”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de ese país".
Se equivoca el señor Bock. La pauta oficial no sirve como mecanismo de censura, sino de auto censura, en la medida en que los gobernantes pagan para que los periodistas no saquen información sensible de esas administraciones. Insisto: si detrás de una empresa mediática hay un conglomerado económico, la pauta oficial se tiene que reducir al máximo. Por ello se necesita de una reglamentación que le ponga topes.
Consolidar una relación mafiosa entre el Estado local, regional y nacional con la prensa a través de la pauta oficial afecta negativamente el ejercicio del periodismo y a la democracia misma, pues quien termina engañada es la opinión pública.
Imagen tomada de facebook
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