SALVADAS LAS REFORMAS PENSIONAL Y LABORAL: TRIUNFOS AGRIDULCES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La aprobación de la reforma laboral y los subsanables vicios de trámite que encontró la Corte Constitucional (CC) en el texto de la pensional constituyen triunfos políticos amargos para el gobierno Petro, logrados en gran medida por la presión que ejerció sobre las fuerzas opositoras a dichas reformas el decretazo de la consulta popular. El jefe del Estado, en un nuevo consejo de ministros señaló que “lo que ha salvado la reforma laboral es que decidimos hacer una consulta, sino estábamos enterrados hace tiempo”.

Más claro: las bancadas de oposición en el Congreso y quizás los mismos magistrados de la CC entendieron que era mejor negocio aprobar la reforma laboral casi tal cual como había sido aprobada en la Cámara de Representantes y devolver la pensional para que en el legislativo se subsanen los vicios de forma, que afrontar una consulta popular que bien podría convertirse en un plebiscito que señaría la continuidad del proyecto progresista en el 2026.

La pregunta es: ¿Insistirá Efraín Cepeda en su tarea de torpedear la aprobación de dichas iniciativas? Lo cierto es que los grandes derrotados en la jornada de hoy son los partidos Centro Democrático, Mira y facciones del Conservador, Liberal y Alianza Verde. Quedarán en la memoria del país político las celebraciones de Paloma Valencia y demás congresistas en los momentos en que rompían el quorum y negarse a debatir las propuestas. Al final, el Congreso, como institución, perdió legitimidad y ganó en desprestigio.

Eso sí, en todo este tira y afloje entre los congresistas en oposición y el gobierno Petro se generó el ambiente de polarización política y crispación ideológica que terminó por ahondar sentimientos de animadversión entre las clases sociales, aprovechados muy bien por quienes planearon el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay. Los autores intelectuales del ataque imaginaron muy bien lo que sucedería después de la agresión: se alborotó el clasismo, el racismo y la narrativa expresada en el estribillo escuchado en la Marcha del Silencio: “sin seguridad no hay paz”. Esa arenga empezó a darle un aire de viabilidad electoral a los candidatos y precandidatos interesados en meter miedo para vender seguridad… y ojalá democrática.

Será bajo ese ambiente de animosidad, alimentado por prácticas y los discursos clasista y racista, que los colombianos regresarán a las urnas para decidir si le dan continuidad al proyecto progresista o permiten el regreso de la derecha uribizada que le apostó todo el tiempo a mantener los estados de cosas inconstitucionales en los que deviene el país de tiempo atrás en materia de salud, pensión y trabajo.

De cualquier modo, el país perdió porque las figuras políticas más visibles y los periodistas vedettes “pelaron el cobre”: apelaron a los improperios y a las amenazas para hacerlas pasar como posturas políticas y editoriales legítimas. De esa manera, se negaron a dialogar, a deponer intereses. Y lo que es peor: sembraron odio entre sus seguidores.

El detrás de cámaras de la aprobación de la reforma laboral en el Senado: ¿Qué viene para la conciliación?

VICKY DÁVILA: ¿COACH O CANDIDATA PRESIDENCIAL?

Por Germán Ayala Osorio

 

La candidata presidencial de los clanes Gnecco y Gilinski, Vicky Dávila Hoyos registró ante la autoridad electoral su Movimiento Valientes. Se trata de otra microempresa electoral que fenecerá una vez la contienda electoral termine o quizás antes si sus patrocinadores aceptan que Dávila es una débil candidata y que un eventual gobierno de ella se parecería a la nefasta administración de Iván Duque Márquez.

En el acto de oficialización de su aspiración presidencial señaló que luchará “por un país seguro, justo, por un país unido, ¡por un país valiente! ¡El Movimiento Valientes está aquí, y no nos detendremos! Dios nos protege y nos guía”.

El nombre de Valientes suena ridículo e infantil, propio de una candidata que exhibe un discurso básico, propio de quien suele reducir la complejidad del país y de su historia a consignas efectistas muy parecidas a los titulares y tratamientos amarillistas que caracterizaron su carrera periodística.

Quizás la mayor debilidad de Vicky Dávila esté en su pobreza conceptual, fruto de su poca lectura y la incapacidad para establecer relaciones y lecturas cruzadas de los fenómenos. Además, es obediente, sumisa, racista, clasista, cizañera y arribista.

Si leemos con cuidado la consigna, encontramos que apela a lugares comunes: un país seguro, justo, unido y valiente. Su arenga la acerca más a una “coach política”, que a una candidata presidencial formada y capaz de gobernar a un país complejo como Colombia.  Además de conservadora y goda, Dávila Hoyos suele revolver política y religión, peligroso cóctel ideológico en una sociedad creyente, camandulera y “provida” que niega y conculca los derechos a morir con dignidad, al aborto y al matrimonio igualitario. Esos mismos “provida” legitimaron los 6402 crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Al igual que el candidato Santiago Botero, un Mesías moralizante, la periodista-candidata se presenta como una enviada de Dios, esto es, como una mujer salvadora, quizás la soñada Mesías en un país de Mesías hombres y de machos mesiánicos. Además, ofrece lo mismo que el candidato antioqueño: bala, bala y bala; o mejor, balín, balín y más balín.

Dávila de Gnecco desconoce cómo opera el Estado. Su experiencia periodística es quizás su más negativa experiencia agenciando lo público: fue gobiernista, en particular, siempre defendió a Uribe Vélez y a su círculo de poder. La periodista-periodista siempre fue la estafeta de los agentes más retardatarios del Establecimiento colombiano. Eso sí, con su candidatura gana -descansa-  el periodismo, pero pierde la Política (en mayúscula).

Bajo ese nombre de Valientes, Dávila de Gnecco recogerá firmas para un movimiento ciudadano que, como todos, terminará capturado o sometido a las fuerzas clientelistas de los partidos tradicionales. De resultar electa, Dávila Hoyos gobernará de la mano del uribismo, de Vargas Lleras, Peñalosa y de toda la rancia derecha bogotana. Todos los movimientos ciudadanos por firmas no son otra cosa que una fachada y una estratagema política-electoral de quienes creen posible engañar a los votantes, presentándose como independientes cuando los acompañan los vicios y las prácticas politiqueras que convirtieron la democracia colombiana en una formalidad.

A LA REUNIÓN DE PETRO, CEPEDA Y ALTAS CORTES FALTARON LOS MEDIOS MASIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Encomiable la mediación de la iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal, para que los principales actores políticos del país se comprometan a bajarle a la pugnacidad verbal que terminó escalando la polarización política y la crispación ideológica.

Al almuerzo de trabajo asistieron el jefe del Estado, Gustavo Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, así como la fiscal general, la defensora del pueblo, el registrador nacional, el procurador y los presidentes de las altas cortes.

Previo a la reunión el mensaje de la Curia fue claro y contundente: “Como altas autoridades de las instituciones del Estado colombiano, invitamos a todo el país a valorarnos y respetarnos como hermanos, a desarmar y armonizar la palabra, y a rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”.

Nadie puede oponerse o criticar los buenos oficios de los máximos jerarcas de la iglesia católica. Por el contrario, la invitación a bajarle el tono resulta a todas luces plausible. Más allá de si se logra desescalar el lenguaje, a ese almuerzo debieron asistir los voceros de Fenalco y la Andi, así como los directores de los medios corporativos de información.

En buena medida la hostilidad verbal es responsabilidad de la gran prensa bogotana cuyas directivas optaron por participar de la confrontación política en calidad de actores políticos. Medios como Blu radio, La FM, La W, El Tiempo, El Espectador y Semana; así como los noticieros de televisión RCN y Caracol tomaron partido y se alinearon con los sectores de la derecha que de manera insistente le apostaron a deslegitimar al gobierno Petro e incluso a replicar hechos noticiosos con potencial para generar condiciones de ingobernabilidad.

Aquello de “hacer invivible la República” ha hecho parte de las intenciones y de los tratamientos periodísticos de unas empresas mediáticas que fungen como los aparatos ideológicos de los sectores de poder cuyos privilegios no han sido tocados por el actual gobierno, pero aún así, se oponen a las transformaciones que necesita el tercer país más desigual del mundo: Colombia.

No sé si por ingenuidad o por un exagerado tacto político la Curia dejó por fuera a los propietarios de las empresas mediáticas y a sus directores. En cualquier caso, la ausencia de los voceros de la gran prensa bogotana constituye un error de procedimiento de parte de la iglesia católica.

Es tiempo de que la sociedad colombiana haga consciencia del rol político de los medios masivos de información, en particular el que juegan los medios corporativos también llamados hegemónicos. Sus tratamientos periodísticos cada vez se alejan de la ética periodística, para acercarse a los siempre pérfidos intereses políticos, en particular cuando quienes mueven esos hilos del poder político y económico son responsables de la captura mafiosa del Estado.

La crisis de credibilidad del periodismo, que también es deontológica, debería de llamar la atención de la Curia. Quizás el escalamiento de la violencia verbal al que asistimos de tiempo atrás tiene en el lenguaje periodístico-noticioso, incluida la editorialización de las noticias, a su más perverso aliado.

Imagen tomada de la Silla Vacía. Arranca reunión de Petro, Cepeda y poderes públicos con Iglesia - La Silla Vacía

¿ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE O CAMBIO CULTURAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nuevamente habla el país de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), camino jurídico-político con el cual el gobierno Petro cree posible hacer las reformas que la oposición en el Congreso le impidió; y una vez en ese escenario, apostarle a modificar las instancias institucionales que impiden que los deseos y clamores del constituyente primario se tramiten e impongan sobre las inveteradas lógicas jurídicas en las que se ampara la división de poderes. Justamente, los pesos y contrapesos de la democracia colombiana están permeados por un ethos mafioso que convirtió la separación de poderes en el sistema perfecto para que la corrupción público-privada se naturalizara. Los presidentes ofrecen millonarios contratos a los congresistas para que aprueben sus iniciativas legislativas; mientras que en las altas cortes e incluso en la Fiscalía se negocian investigaciones o sentencias  a través del sistema de elección de los magistrados, incluida la del fiscal general, en los que los congresistas meten sus manos. 

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, consumado enemigo del presidente de la República y ficha del Establecimiento expuso con claridad en dónde está el cerrojo institucional que impide profundizar la democracia: “No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado y el Senado no lo dio”.  Más allá de las razones jurídicas que prohíben al presidente decretar la consulta popular y de las motivaciones políticas que inspiran a Petro a poner en cuestión la validez y legitimidad social de esas reglas de juego, subsiste la creencia de que al derogar las constituciones es posible superar los graves problemas de convivencia que exhibimos como Nación.

Ajustar o derogar la constitución hace parte de las dinámicas sociopolíticas del poder en Colombia, sin que esos nuevos marcos legales hayan servido de mucho para modificar las disímiles formas de violencia que por lustros nos han impedido avanzar como sociedad civilizada. Se trata de un manoseo político e ideológico que no ha servido para transformar a la sociedad.

Al derogar la Constitución de 1886, soñamos en que por fin Colombia transitaría y llegaría a estadios civilizatorios modernos. Pero no fue así. Se avanzó en asuntos ambientales y la protección de los derechos, en particular a la salud, a través de la tutela, la misma a la que han tratado de quitarle poder; nadie niega que la Carta del 91 es garantista, liberal y moderna, pero ¿cuánto de esos cambios legales transformaron a la sociedad?

Los cambios constitucionales están atados a unas taras civilizatorias que van y vienen entre todos los estratos sociales; entre las diferentes nociones alrededor de ideas de a quién debe servir el Estado, qué hacer con la biodiversidad y, sobre todo, cómo proscribir el racismo, la tara civilizatoria y cultural que mejor nos representa como sociedad.

La pugnacidad ideológica y política por la que atraviesa el país es el resultado de la infranqueable distancia que hay entre lo prescrito en el papel constitucional y las necesidades de una sociedad escindida en clases sociales y ad-portas de enfrentamientos callejeros, fruto de lecturas contrarias alrededor del papel que debería jugar el Estado, instancia a la que contratistas, políticos y empresarios siempre llegan con el ánimo de capturarlo o privatizarlo para su propio beneficio. Antes de pensar en una ANC y de promover marchas que para lo único que sirven es para ahondar en la lucha de clases, lo primero en lo que deberíamos de estar pensando es en un profundo cambio cultural que apunte a superar las taras civilizatorias con las que validamos las violencias, naturalizamos la corrupción e invisibilizamos el racismo, la  desigualdad y la pobreza.

petro propone la asamblea nacional constituyente en cali - Búsqueda Imágenes

LAS DIFICULTADES PARA MARCHAR EN SILENCIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el inicio de la Marcha del Silencio, en la capital del país, se escuchó el estribillo “Fuera Petro”, arenga que contradice el sentido de la movilización e imposibilita que el mutismo propuesto sirva para reflexionar sobre las disímiles formas de violencia que naturalizamos en Colombia: la estructural, la simbólica y la discursiva.

No estamos preparados como sociedad para asumir el silencio como una oportunidad para conversar con nosotros mismos; de reflexionar en torno a nuestras creencias y animadversiones alimentadas en muchos casos por el veneno mediático y político, el clasismo, el arribismo y el racismo, factores y circunstancias históricas que fueron llevando al país a este punto de inflexión: la llegada, por primera vez, de un presidente progresista, en una nación de godos retardatarios, de una dirigencia política y económica premoderna, feudal y algunos de sus más visibles voceros, con ideas fascistas. “Dar balín”, “bala es lo que viene”, “se calla o los callamos”, “esos jóvenes no estarían cogiendo café”, “sicario, sicario, sicario” y “ustedes sobran, Senador”, dan cuenta de los altos niveles de intolerancia y odio frente al que piensa distinto.

En tantos años de República hemos dejado de construir dos escenarios fundamentales: el primero, una Nación en donde se practique el pluralismo, en lugar de maldecir nuestra riqueza étnica y esa biodiversidad que no nos merece, vistas estas dos como obstáculos para quienes creen que el desarrollo económico  es para el goce y beneficio de una clase en particular; y el segundo, una verdadera República soportada en la participación, la transparencia, el respeto al diferente y a lo público, que es todo lo que nos interesa a todos.  

No es la vida del senador herido lo que realmente los motivó a proponer la Marcha del Silencio. No. A muchos los alentó el racismo, el clasismo y el miedo a ceder, perder o reconocer los privilegiados lugares de enunciación en los que siempre han vivido. Quienes salieron hoy a marchar y gritaron arengas como aquella de “Fuera Petro” perdieron la oportunidad de revisar su interior.

¿De verdad creen que Colombia está viviendo una dictadura? ¿Recuerdan a Stroessner, a Videla, a Pinochet, entre otros crueles dictadores? O más cercano a nosotros: los violentos gobiernos de la Seguridad Democrática y el Estatuto de Seguridad? Son ese tipo de confusiones conceptuales las que llevaron a muchos a vivir en una burbuja de la que salen por momentos, llevados por los efectistas mensajes de los medios masivos, interesados en que se mantengan los niveles de polarización política y crispación ideológica porque los beneficia como empresas mediáticas. No olviden que el lenguaje periodístico deviene con un carácter moralizante desde el que es posible dividir la sociedad entre “buenos y malos”. Y ya sabemos qué consignas se desprenden de esa peligrosa relación entre Buenos y Malos: “los buenos somos más”, “vamos a recuperar el país y nuestra democracia”.

Para marchar en silencio se necesita una gran dosis de comprensión de los problemas del país, generados muchos de estos por la mezquindad de una élite que desdice de los procesos de mestizaje de la que son hijos. Ese es el origen de las disímiles formas de odiar que hemos aprendido como sociedad premoderna. Y si usted, de casualidad, hace o se considera parte de un grupo social, político y económico privilegiado alineado con el señalado desprecio por afros, campesinas y campesinos, entonces Usted jamás estuvo listo para vivir en sociedad y mucho menos para Marchar en Silencio.

Imagen tomada de la red social X. 

EL TIEMPO NO SE DETIENE CUANDO DE MENTIR SE TRATA

Por Germán Ayala Osorio

 

La llegada del primer gobierno progresista en Colombia sirvió para develar hasta dónde los propietarios de los medios masivos, de la mano de sus periodistas y editores podían estirar la ética periodística. Corrieron tanto la línea de la eticidad del oficio que además de consolidarse como actores políticos, naturalizaron la mentira, la mala leche como herramienta de confrontación ideológica y la intención manifiesta de forjar estados de opinión pública proclives a generar incertidumbres, miedos y animadversión entre agentes de la derecha y la izquierda. Es decir, la prensa hegemónica viene actuando desde el 7 de agosto de 2022 como estructuras políticas en las que, en lugar de trabajar periodistas, laboran activistas políticos.

Bajo esas circunstancias se entiende la actitud asumida por el diario EL TIEMPO de tergiversar los hechos noticiosos, alimentar el odio desde sus tribunas de opinión y lo que es peor, decir mentiras con el propósito de generar pánico económico y preocupación en los colombianos.

El diario conservador[1], en manos de Sarmiento Angulo, mintió al decir que el gobierno estaría contemplando incrementar el IVA del 19% al 26%. Semejante falsedad circuló por varias horas en las redes sociales, en particular en la red X. La reacción no coordinada de varios tuiteros e incluso de periodistas obligó al diario capitalino a reconocer el “error” y ofrecer disculpas. Aunque en la “corrección” publicada El Tiempo reconoce que se trató de un error, todo indica que se trató de una acción deliberada de alguien de la redacción que pretendió afectar la imagen del gobierno Petro y generar rabia en los agentes económicos responsables del IVA y pánico económico.

Esto dijo el periódico del poderoso banquero: “El Tiempo aclara que en una versión inicial de la noticia sobre los anuncios de una eventual reforma tributaria se informó de manera errónea de un supuesto aumento del 19% al 26% del IVA en Colombia, información que no corresponde a lo anunciado por el Gobierno”.

Por supuesto que no se trató de un error involuntario, sino de una acción deliberada, por cuanto el gobierno en ningún momento dijo estar contemplando el incremento del impuesto de valor agregado, IVA.

Lo hecho por El Tiempo es una prueba más de que corrieron la línea ética del oficio, afectando en materia grave la credibilidad del periódico, convertido por Sarmiento Angulo en su más poderosa trinchera ideológica y política desde donde se “dispara” hacia la Casa de Nariño toda suerte de mentiras, pullas y lecturas amañadas de los hechos noticiables.  La frase-lema con la que el diario bogotano se identifica dice que “El Tiempo no se detiene”. Por las mentiras y exageraciones publicadas parece que a la frase-lema hay que sumarle una idea complementaria: “El Tiempo no se detiene cuando se trata de mentir y afectar al gobierno Petro”.

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[1] Cuando perteneció a la familia Santos, en su Manual de Redacción se presentaba como un diario liberal. A partir de la compra por parte del banquero Sarmiento Angulo, esa condición de liberal cambió. Hoy parece defender las ideas conservadoras de los sectores más retardatarios del país.

A PROPÓSITO DE LA MARCHA DEL SILENCIO DEL DOMINGO 15 DE JUNIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Llamar Marcha del Silencio a las movilizaciones que el Centro Democrático convocó para este domingo 15 de junio bien puede obedecer al interés de convertir el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay en un acontecimiento político atado inexorablemente a un proceso de persecución ideológica y política adelantado por la izquierda en cabeza del gobierno Petro.  Más claro: el uribismo busca equiparar su Marcha del Silencio a la ocurrida en Bogotá en 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán Ayala organizó y lideró una movilización bajo ese nombre, en protesta por la persecución política encabezada por el gobierno de Mariano Ospina Pérez en contra los campesinos liberales.

En su informe, la Comisión de la Verdad se refiere en estos términos a la Marcha del Silencio convocada por Gaitán Ayala: “Ante el hostigamiento que vivían los gaitanistas y su impunidad, el 11 de abril de 1947 Gaitán le remitió al presidente Mariano Ospina y al ministro de Gobierno un «Memorial de Agravios». Pero la violencia era tanta que el 7 de febrero de 1948 Gaitán convocó su famosa Marcha del Silencio, probablemente la manifestación ciudadana más multitudinaria de la historia de Bogotá, si se toma en cuenta su tamaño en ese momento”.

Sin duda alguna, dicha pretensión del uribismo es una exageración política e histórica en la medida en que hay circunstancias que hacen pensar que el atentado contra el precandidato conservador Miguel Uribe Turbay pudo ordenarse desde las mismas mesnadas de la derecha para afectar la legitimidad y la gobernabilidad del gobierno progresista que encabeza Gustavo Petro, un caudillo tan popular como lo fuera en su momento el inmolado líder del partido liberal, Jorge Eliécer Gaitán.

Convertida la Marcha del Silencio del 48 en un referente histórico de la violencia política desatada en la época, su escritura entre altas y bajas representa una forma de reconocimiento por su importancia histórica, hasta el punto de que su forma escritural se asemeja a las diferencias que hay cuando se hace referencia a la violencia como práctica sociopolítica y a la Violencia como la etapa sangrienta protagonizada por liberales y conservadores. De allí que no sea lo mismo escribir Marcha del Silencio o Marcha del silencio.

Varios titulares de prensa ayudan a que el objetivo político de esta “nueva” Marcha del Silencio se cumpla. Otros, por el contrario, reducen el sentido de las movilizaciones al hecho criminal en el que está comprometida la vida del senador del Centro Democrático. Veamos algunos ejemplos, que dan cuenta de unas lecturas ambiguas de parte de los editores. Caracol radio tituló así una nota: “Marcha del Silencio por la vida de Miguel Uribe: hora, ciudades y puntos de movilización 15 de junio”.

Entre tanto, W radio le apostó a validar la dimensión histórica que el pretende dar el uribismo. El titular y la bajada dicen: “Marcha del silencio en Bogotá y más ciudades: Fecha, horarios y razones de la manifestación”. “El próximo domingo 15 de junio se llevarán a cabo una serie de manifestaciones en distintas ciudades del territorio colombiano como una muestra de rechazo a la violencia y el terrorismo”. Aunque W radio escribió sin mayúscula la palabra silencio, quizás en un intento por no hacer referencia a la Marcha del 48, en el resumen de la nota periodística aporta a la consolidación de una narrativa catastrofista al momento de señalar que las movilizaciones del domingo se dan en rechazo a la violencia y el terrorismo, como si estas prácticas hicieran parte de un proceso del cual el atentado contra el precandidato conservador deviene con un carácter cruelmente ejemplarizante.

Noticias Caracol y El Colombiano son dos medios que hacen parte de la cofradía mediática que le viene haciendo oposición política al gobierno Petro. Sus titulares son similares. El noticiero privado tituló así una nota: “Marcha del Silencio el domingo 15 de junio: los puntos de concentración en Bogotá y otras ciudades”. Nótese que Caracol Noticias usa la misma nomenclatura con la que históricamente los colombianos recuerdan la movilización ocurrida en Bogotá en 1948. En la “bajada o resumen” del mismo texto informativo se lee que “la marcha es convocada por el Centro Democrático, como rechazo al atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá”. El periódico antioqueño, entre tanto, tituló así su texto informativo: “Marcha del silencio: puntos de concentración y horarios de la manifestación en solidaridad con Miguel Uribe”.

Más allá de las suspicacias que surgen del uso de las mayúsculas al momento de nombrar las movilizaciones programadas para el domingo 15 de junio, lo cierto es que llamar Marcha del Silencio a la jornada de protesta es en sí mismo un acto político cuyo carácter se pretende minimizar e incluso ocultar por las manifestaciones de pesar y las cadenas de oración en favor de la vida del senador atacado.

MALUMA, HIMNO NACIONAL Y LA CANDIDATURA DE JUAN DANIEL OVIEDO

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de semejante berenjenal jurídico-político en el que está el país por cuenta del “decretazo” presidencial, el precandidato uribista, Juan Daniel Oviedo llegó con una “propuesta” que sin duda alguna ayudará por varias horas a bajar un poco la tensión política, por lo menos en las redes sociales convertidas en obscenas trincheras ideológicas desde donde se “disparan” improperios, burlas y amenazas de todo tipo. Oviedo invita desde ya a Maluma para que el 7 de agosto de 2026, durante su posesión, cante el himno nacional.

Con semejante “propuesta” Oviedo entra pisando duro en su camino y deseo de remplazar a Iván Duque Márquez. El país no olvida que Duque invitó a la Casa de Nariño al cantante antioqueño. El saludo fraternal entre Duque y Maluma lo recordaron varios medios: “¡Por fin, hermano!”, fueron las palabras que pronunció el intérprete de ‘Cuatro Babys’ al ver que el presidente de la República se acercaba para darle un caluroso abrazo, a lo que Duque le respondió: “¡Mi admiración, hermano! ¡Siga haciendo música y haciendo país!”.

El país recuerda que Iván Duque fungió más como un DJ que se dejó embolatar de la política y embobar por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su paso por la Casa de Nariño obedeció al mayor error político que la derecha haya cometido en los años recientes. Duque fue pusilánime y es en gran medida responsable de la ocurrencia del estallido social. Su compañera de partido, María Fernanda Cabal lo calificó como “un gordo marica”.

Juan Daniel Oviedo reconoce que no conoce a Maluma, pero que es su “fan y lo sigo en redes sociales, en Instagram, pero nunca he cruzado palabra con él, pero si me parece una nota porque está churrísimo también y que cante el himno nacional el 7 de agosto de 2026”.

Al mal gusto musical de Oviedo se suma su carácter farandulero, que raya con lo ridículo. El país no puede darse el lujo de poner en la Casa de Nariño a un personaje como el exconcejal de Bogotá.

Oviedo es un precandidato presidencial folclórico convencido de que con su imagen de “cocacolo” logrará cautivar a esa parte del electorado cansada de la polarización política y de los enfrentamientos verbales en las redes sociales. No creo que la candidatura de Oviedo prospere. Lo veo más como “mánager” de Maluma, que como jefe del Estado. Incluso, le podría ir bien como conductor de un programa de chismes e incluso presentando Sábados Felices. Por favor, algo de seriedad.

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LA DISCUSIÓN CONCEPTUAL QUE HAY DETRÁS DEL “DECRETAZO” PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El revuelo político y jurídico que desató el “decretazo” presidencial que convoca a la consulta popular abre interesantes discusiones conceptuales alrededor de términos como Estado Social de Derecho (ESD) y Estado de Derecho (ED), democracia representativa y participativa, legalidad y legitimidad, asumidos por el jefe del Estado y la oposición bajo condiciones antinómicas insuperables.

De un lado, la clase política y empresarial dominante ve como un riesgo que el presidente Petro invite al constituyente primario a manifestarse sobre la reforma laboral; entre tanto, las fuerzas progresistas que emergieron de la mano del caudillo popular que encarna Petro y que hace recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, la entienden como una oportunidad y un derecho indeclinable a cambiar esos escenarios de precariedad en el marco de una democracia participativa moral y éticamente superior a la tradición de una democracia representativa ejercida por congresistas-lobistas, presidentes de la República, alcaldes y gobernadores que acuden al voto popular únicamente para consolidar el Estado de Derecho como la única forma de actuación de la organización política que lo precede.

En su alocución desde la Plaza de San Francisco de Cali, ante una multitud de caleños, Gustavo Petro discurrió en torno a las acepciones que existen de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho y de cómo hay sectores de poder que prefieren hablar de la primera nomenclatura y figura jurídico-política porque les permite quedarse cómodamente instalados en la idea de un orden normativo constitucional que de manera taxativa naturaliza las históricas condiciones de pobreza, marginalidad y exclusiones de todo tipo, haciéndolas insuperables y naturales de acuerdo con las condiciones que genera el débil aparato productivo nacional y la división de clases sociales; mientras que Petro optó por hablar de Estado Social de Derecho como posibilidad social y política de superar el penoso lugar que ocupa Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

Asegurar condiciones de vida digna para la gente las asume el gobierno Petro como un imperativo moral, mientras que la derecha que le hace oposición lo entiende como un asalto a la democracia y un quiebre constitucional, a pesar de que el artículo primero de la Constitución política señala que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo  y la solidaridad de las personas que la integran y en el prevalencia del interés general”.

Así entonces, estamos ante de dos visiones irreconciliables alrededor de la operación del Estado bajo los imperativos morales de un Estado Social de Derecho reconocido en la Constitución, pero negado políticamente por quienes a través del tiempo le apostaron a capturar el Estado para su propio beneficio y en desprecio de las necesidades de las grandes mayorías, eso sí, apegados al carácter normativo del Estado de Derecho.

Si el decreto expedido por el presidente Petro y firmado por todos sus ministros es declarado ilegal e improcedente bien por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dichas cortes estarían defendiendo de manera exclusiva y excluyente al Estado de Derecho  y de esa forma negarían el Estado Social de Derecho como el camino expedito para que el Estado colombiano sirva a la “comunidad, promueva la prosperidad general, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación… asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…” tal y como está planteado en el artículo 2 de la carta política.

Volver realidad lo prescrito en la Constitución política tiene hoy enfrentados política e ideológicamente a quienes le apuestan a dejar las cosas como están porque siguen siendo funcionales a los sectores dominantes y a aquellos que creen que es tiempo de cambiar lo que constituye una vergüenza: ¡ser el tercer país más desigual del mundo!

petro en Cali decreta la consulta popular - Búsqueda Imágenes

EFRAÍN CEPEDA DESCONOCE A PETRO COMO COMANDANTE DE LAS FFAA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente del Senado, Efraín Cepeda está jugando con candela. Está a un paso de caer en conductas que bien se podrían tipificar bajo el delito de sedición. Con su intención de reunirse con la cúpula militar y policial, sin la presencia del comandante supremo de las FFAA que es el presidente de la República, Cepeda apandillaría hacia la derecha a generales y almirantes, lo que claramente se puede leer como un intento golpista.

Cepeda, convertido en el más visible y duro contradictor político del presidente Petro, podría estar recorriendo el fangoso camino que lo llevaría a convertirse en el más enconado enemigo de Petro, de la Patria y de millones de colombianos que votaron en el 2022 por el proyecto del cambio.

La respuesta del presidente Petro fue contundente: “No hay reunión con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita es unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama mafia”.

El exabrupto jurídico-político y militar propuesto por Cepeda se da en medio de una escalada terrorista muy bien coordinada y ejecutada por las disidencias de las extintas Farc-Ep. Y también, en medio de llamados a desescalar el lenguaje de odio que el país normalizó desde el plebiscito por la paz de 2016 y que se exacerbó cuando Petro llegó a la Casa de Nariño.

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias le preguntó a Cepeda por su intención de reunirse con el generalato sin la presencia del presidente Petro. El congresista le dice que el “mensaje que usted envía al país es peligroso”.

La insinuación, intención, idea o propuesta del presidente del Senado constituye una forma de violencia política, justificada por Cepeda por la falta de garantías electorales para las campañas de cara a las elecciones de 2026. Además, estaría violando la Constitución Política que en su artículo 189, que dice en uno de sus apartes que al presidente de la República le corresponde "dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República".

Varios medios corporativos que registraron el peligroso y desinstitucionalizante llamado del senador Cepeda ignoraron la gravedad de la insinuación del congresista. Al no confrontarlo por semejante bufido, los periodistas de esas empresas informativas terminan legitimando el llamado a que militares y policías desconozcan la autoridad presidencial, como lo está haciendo Efraín Cepeda. Cuidado senador Cepeda, está jugando con candela. El enemigo no es Petro. Los enemigos del país están en el monte y otros tantos se mantienen agazapados en instituciones públicas (estatales) a la espera de un guiño para desestabilizar al actual gobierno.

Ya Usted aceptó públicamente el rol de “jefe de la banda”: “si es para ser el jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundirlos”. No vaya a convertirse ahora en el jefe de un golpe de Estado. Usted no solo debe desescalar el lenguaje. Quizás deba además de quitarse los guantes, olvidarse de su idea de reunirse con las FFAA para muy seguramente dividirlas. Están en mora los generales y almirantes en rechazar la idea de Cepeda.

efrain cepeda jefe de la banda - Búsqueda Imágenes

NUEVE PARTIDOS DESCONOCEN AL PRESIDENTE PETRO COMO GARANTE ELECTORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El respeto por la democracia, las instituciones y las institucionalidades derivadas es una de las banderas políticas que la derecha ha agitado desde cuando llegó a la Casa de Nariño Gustavo Petro Urrego. Eso sí, evitan recordar que con la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe Vélez se afectaron el equilibrio de poderes y la democracia misma. El país no olvida que aquel cambio en la constitución política se dio gracias a que se compraron los votos de Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.

Sus más visibles voceros insisten con esa proclama a propósito de la decisión presidencial de decretar la consulta popular que, de acuerdo con las interpretaciones de varios juristas, desconoce que el Senado negó ese llamado al pueblo para votar las 12 preguntas que propuso el Gobierno.

Después de los llamados a “bajarle a la pugnacidad política y en particular al lenguaje violento”, a raíz del atentado criminal contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el gobierno Petro convocó a los partidos políticos que le hacen oposición a una reunión para activar la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Los voceros y dirigentes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U, Mira y Centro Democrático, entre otros más, se negaron a participar en dicha convocatoria institucional.

Por el contrario, optaron por reunirse en privado para expresarle al gobierno y al país que “no reconocen al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral”. Semejante actitud política deja ver la incoherencia de los 9 partidos que hoy desconocen al presidente de la República y a su ministro del Interior como figuras institucionales confiables y legítimas para liderar el proceso electoral y garantizar la seguridad de todos y cada uno de los precandidatos presidenciales; se trata de una postura que niega la búsqueda de un diálogo interinstitucional que coadyuve a disminuir la tensión política y la crispación ideológica.

Ante semejante actitud beligerante, el exembajador Roy Barreras exhortó a los partidos políticos a morigerar el lenguaje y evitar ahondar en la polarización política. En su cuenta de X, Barreras señaló: “invito de nuevo respetuosamente a los partidos de oposición a sumarse al propósito nacional de cuidar el lenguaje: la oposición puede expresar que <<no siente garantías>>, están en su derecho, pero nadie en democracia puede decir que <<no reconoce>> la institución presidencial. Prediquemos con el ejemplo. Seamos cuidadosos con las palabras que pueden ser mal interpretadas por quienes no quieren la estabilidad de Colombia, sino llevar al país al caos”.

Invitar al Procurador General de la Nación para que juegue como garante y puente entre los 9 partidos y el Gobierno no minimiza el daño que le infringen a la institucionalidad presidencial y a la comisión electoral misma. ¿Qué sigue? ¿Acaso invitar a que las FFAA desconozcan la autoridad y legitimidad de su comandante supremo, el presidente de la República?

 Sin duda alguna, esas 9 colectividades le dieron un portazo a la reconciliación, pero sobre todo, golpearon con dureza su propia proclama: al final, terminaron por afectar la democracia y sus instituciones. Eso se llama incoherencia política, fruto de la animadversión que les produce ver a Petro en la Casa de Nariño. 

¿EL ATAQUE SICARIAL CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY ES UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

Políticos y medios de comunicación coincidieron en calificar el ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay como un “atentado contra la democracia”. El Espectador abrió su versión impresa con ese titular, fondo negro y la imagen del congresista víctima del niño-sicario.

Sin duda alguna hay que condenar el ataque criminal del que fue víctima el congresista y precandidato presidencial del Centro Democrático (CD), pero decir que se trata de un “atentado contra la democracia” resulta a todas luces una exageración fruto quizás del deseo interior de quienes así lo consideran, de ir sumando opiniones hasta consolidar la narrativa que indique que el camino para enfrentar semejante desafío es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). O simplemente para hacer viable la propuesta de “parar” varias instituciones, entre ellas el Congreso, mientras se recupera de sus heridas el precandidato y se entra en una profunda reflexión colectiva. Ambas acciones van acompañadas de dos ideas: la primera, que “no hay quien gobierne en Colombia” y la segunda, que quien está en la Casa de Nariño es responsable del atentado por su condición de “enemigo” del congresista atacado.

También es posible indicar que el calificativo está inexorablemente atado al sector de poder tradicional que representa Uribe Turbay, lo que obliga a quienes son afines a las ideas de la derecha que él representa, a fustigar el hecho delictivo dándole esa connotación institucional superior que además de efectista, le facilita a quienes por primera vez en la historia les tocó actuar como oposición, a señalar al primer gobierno de “izquierda” como responsable político del atentado. “Le exigimos garantías al Estado y al gobierno Petro” es la consigna que acompaña a la idea de que estamos ante un “atentado contra la democracia”.  Hasta donde se sabe, el país sigue adelante, las instituciones públicas y privadas siguen operando normalmente y no se han cercenado derechos y libertades y mucho menos se declaró una emergencia que nos acerque a lo que vivió el país por cuenta de la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe.

En lo corrido del 2025 van 73 líderes asesinados en el país, pero se trataría, a la luz de la lectura hecha por medios y políticos frente al ataque contra Uribe Turbay, de hechos de violencia política poco relevantes y de una connotación institucional inferior en la medida en que no se afecta la operación de la democracia y de las instituciones que funcionan bajo los principios, protocolos y parámetros reconocidos bajo esa nomenclatura y régimen de poder. Tampoco se habla de “magnicidios” por cuanto las vidas de los líderes caídos no alcanzan el reconocimiento social y político que acompaña la existencia de Miguel Uribe Turbay. Detrás del calificativo en cuestión hay una lectura de clase que no se puede negar y que dice mucho de una sociedad que aprendió de manera temprana que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta de quinta categoría.

Resulta apenas “normal” que miembros de la clase política y las empresas mediáticas no se les ocurra calificar como ataques contra la democracia esos 73 crímenes, dado que el lugar político en el que gravitaron las vidas de los líderes ultimados está alejado de las vanidades del poder bogotano, asociadas por supuesto a la existencia de lo que se conoce como el Establecimiento.

Cuando el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque Márquez fue atacado a tiros, El Espectador tituló así lo ocurrido: “Es un atentado a la democracia”: congresistas tras ataque al presidente Duque.  Se trata de un título de cita diferente al que acompaña la imagen de Uribe Turbay en la “tapa” de la versión impresa del diario bogotano. En esta ocasión es el diario capitalino el que califica de manera directa lo ocurrido, buscando con ello efectos políticos e ideológicos que terminan siendo nocivos para la gobernabilidad y la legitimidad del actual gobierno.

Tapa de El Espectador en su versión impresa. 

¿ES POSIBLE SUPERAR LA POLARIZACIÓN?

Por Germán Ayala Osorio

 

A raíz del atentado sicarial perpetrado en contra del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la prensa hegemónica viene insistiendo en la narrativa con la que se llama a todos los colombianos a “bajarle a la polarización desescalando el lenguaje violento” al que han apelado diversos agentes periodísticos, empresariales y políticos en representación del gobierno Petro y de quienes le hacen oposición. De uno y otro lado apelaron al “sicariato moral” como instrumento deslegitimador y eficaz alimento en procesos de anulación moral y/o eliminación física del adversario.

El llamado de empresas mediáticas como Noticias Caracol podría resultar plausible y sincero si dejaran de invitar a voceros de la derecha a responsabilizar al presidente Petro del atentado, en razón a las maneras como se viene refiriendo a sus contradictores. En su más reciente alocución llamó “ratas de alcantarilla” a quienes justamente están sacando provecho político y electoral del ataque contra el congresista uribista, señalando con el dedo índice al jefe del Estado como incitador a la violencia que hoy tiene entre la vida y la muerte al senador Uribe Turbay.

Junto a esa narrativa emergen llamados a la paz, a la reconciliación, al respeto a la diferencia, al diálogo y a la búsqueda de consensos. Nadie niega que ese es el norte, la salida y el camino para superar los enconados enfrentamientos políticos e ideológicos que se agudizaron cuando llegó a la presidencia el primer presidente de “izquierda” o quizás el más genuino representante del progresismo.

Cuando esos nobles objetivos societales son recogidos y abanderados por el periodismo tradicional suelen quedarse en meros anuncios y con el tiempo se convierten en frases de cajón. Y resulta así porque nadie expone cuáles serían las bases ético-políticas y morales para edificar lo que bien podría llamarse un nuevo amanecer para Colombia. Hace rato el país necesita de un cambio cultural (civilizatorio) que le permita proscribir el ethos mafioso que la sociedad naturalizó y superar las taras que como colectivo arrastramos.

En esta columna propongo elementos que podrían tenerse en cuenta para construir esos pilares y conducir al país hacia estadios civilizados y modernos propios de sociedades que con el tiempo aprendieron a tramitar sus diferencias y conflictos por la vía del diálogo, superando de raíz la doctrina de amigo-enemigo que en Colombia prosperó entre el 2002 y el 2022.

1.   Decirnos la verdad. El primer elemento tiene que ver justamente con reconocer responsabilidades políticas y ojalá judiciales en torno a hechos de corrupción público-privada de especial impacto y recordación pues estos son la base de la actual molestia social y el origen del enfrentamiento ideológico y político entre el gobierno Petro y los sectores de poder tradicional que él llama oligarquía. Lo que ha hecho el presidente de la República es construir un relato moral en el que la izquierda y el progresismo se erigen como los únicos faros impolutos dentro de una sociedad como la colombiana que deviene de tiempo atrás confundida moralmente. Esa visión de Petro está atada a un carácter de supremacía que entra en colisión con los hechos de corrupción que ya tocan a varios de sus ministros y por supuesto que choca con el poder mediático, económico y político acumulado por las élites, los clanes y las familias “dueñas” del país y de sus dinámicas económicas. En este punto es importante que el país conozca los orígenes de las millonarias fortunas de los expresidentes y de personalidades empresariales, incluidos los banqueros sobre los que pesan cuestionamientos y sanciones internacionales.  Se trata de que cada uno pida perdón al país y por esa vía reconstruir la confianza y volverse ejemplo para una sociedad que se quedó sin referentes.

2.   Nuevos liderazgos. Los “ismos” de la política sirven para explicar los procesos continuados de la captura mafiosa del Estado, liderada por quienes asumieron el ejercicio de la política como una forma de hacer negocios y acumular riqueza. Quizás sea tiempo de que los expresidentes se retiren a cuidar sus nietos y a disfrutar de sus fortunas, mal habidas o no. Hay un evidente cansancio alrededor de la vigencia y la injerencia de políticos como los expresidentes César Gaviria, Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, sobre los que pesan graves señalamientos y cuestionamientos ético-políticos y morales. Los 20 años de uribismo son una fuente de polarización ideológica y política y un recurso válido para el presidente Petro en su tarea de imponer la narrativa supremacista que lidera en nombre del cambio.

3.   El oficio periodístico. Al haberse consagrado como actores políticos, los medios de comunicación ajustaron la tarea de informar a los intereses económicos y políticos de sus propietarios. No es posible “bajarle a la polarización desescalando el lenguaje violento” sin que los periodistas y las empresas mediáticas modifiquen sus lógicas informativas. El discurso periodístico-noticioso es por naturaleza moralizante lo que contribuye a que los niveles de crispación ideológica escalen a expresiones y actos de violencia política como el atentado que sufrió el señalado precandidato presidencial. Los primeros que deben desescalar el lenguaje son los periodistas de emisoras como Blu radio, La FM, La W; de igual manera, los más visibles columnistas y reporteros de medios como Semana, El Tiempo, El Espectador, El País de Cali y El Heraldo; los noticieros de televisión RCN y Caracol deben también entrar en una revisión profunda de sus lógicas y maneras de cubrir los hechos noticiables.  

Así las cosas, el nuevo amanecer para Colombia que se intuye del llamado a “bajarle a la polarización política” quedará reducido a acuerdos políticos de corto plazo, la adopción de medidas de seguridad y ofrecimientos de garantías electorales y uno que otro golpe de pecho como el que hizo recién la canciller Laura Sarabia; pero en el fondo, seguiremos odiándonos en las calles y en las esferas de poder político y económico. Por lo pronto, no creo que sea posible bajarle a la polarización política y a los enfrentamientos ideológicos.

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¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY?

 Por Germán Ayala Osorio

 

En el atentado criminal contra Miguel Uribe Turbay hay elementos que hacen pensar en que la planeación del ataque está atada a un grupo de poder interesado en generar caos y desestabilizar al gobierno y por esa vía condicionar las decisiones de los votantes en el 2026: el primero de esos elementos es la participación de un menor de edad como el autor material. Pasó en el crimen contra Carlos Pizarro Leóngomez: su victimario fue un joven de 18 años. Recordemos que el sicario que asesinó al ministro Lara Bonilla tenía 16. El uso de menores de edad hace parte de la estrategia. Si el Estado no cuida la vida del muchacho, quienes lo contrataron intentarán asesinarlo.

El segundo elemento, asociado al primero, tiene que ver con el equipo de seguridad. El presidente Petro en su alocución habló de la necesidad de investigar a sus miembros por los errores que se pudieron haber cometido en la tarea de proteger al precandidato presidencial. La cercanía del victimario al candidato, el arma utilizada, su origen y capacidad de daño hacen pensar en que detrás hay una estructura ilegal con íntimas relaciones políticas.

El tercer elemento está atado a la actual coyuntura política y electoral y al ambiente de polarización. Es posible que desde la extrema derecha se haya ordenado atentar contra la vida del congresista para producir efectos políticos y electorales contrarios a los intereses de la izquierda o el progresismo. ¿Por qué Miguel Uribe Turbay? La respuesta es sencilla: por ser nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, el atentado adquiere una dimensión política superior justamente porque se trata de un hijo del Establecimiento. Además, porque el senador es un férreo defensor de Uribe, de la seguridad democrática y un fuerte contradictor de Petro. El ataque sicarial es visto como un “atentado contra la democracia”, lectura que los autores intelectuales del atentado esperaban que se diera. Aunque quizás esperaban que el país estuviera hablando de un magnicidio.  Uribe Turbay será ascendido a la condición de víctima, lo que lo pone directamente en la carrera presidencial como parte del reconocimiento político y social que recibirá por haber sobrevivido a un atentado de esa naturaleza.

En el corto plazo se afecta la consulta popular y la decisión presidencial de decretarla y en el mediano plazo se enrarecen las elecciones de 2026. Incluso, no se puede descartar que se hagan llamados desesperados a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), escenario en el que la derecha confía para modificar la Carta de 1991 para quitarle el carácter garantista y moderno que desde siempre les molestó. y regresarnos al talante de la Constitución de 1886. Para lograr esos efectos se necesita de una narrativa que con la ayuda de los medios masivos de información se consolide y naturalice: “El gobierno de Petro es responsable del atentado. No hay garantías para el debate político y al frente del Estado está un presidente que escupe odio. Recuperar la Casa de Nariño en el 2026 es el imperativo moral tanto para los que están detrás del atentado criminal, como para los agentes de la derecha tradicional que están pescando en río revuelto”.

Un cuarto elemento emergerá atado a las investigaciones que adelanten las instituciones del Estado, a la hipótesis más consistente y a las primeras declaraciones que dé el joven sicario. Lo más probable es que el país no conozca la verdad, lo que supone no conocer la identidad de los autores intelectuales. Se supone que hay una larga cadena de involucrados que manejan fragmentos de la operación lo que garantiza que los autores intelectuales se mantengan en la sombra. El sector del Establecimiento que conoció del atentado desde ya estará moviendo relaciones y desarrollando acciones en las instituciones previamente infiltradas o capturadas conducentes a desviar o torpedear las investigaciones y la transparencia de estas a pesar de la orden presidencial de actuar con transparencia y diligencia. No se descarta que vengan retaliaciones y otros hechos violentos. Si la sensación de caos disminuye, es posible que se den otros hechos repudiables.

Y como quinto elemento está el trabajo efectista del periodismo bogotano. Desde anoche mismo empezaron a posicionar las intrigas y señalamientos contra el gobierno, lo que minará la confianza ciudadana en el proyecto progresista de cara a “reelegirlo” en el 2026. La polarización política y la crispación ideológica no cesará por cuenta del atentado. Por el contrario, quienes están detrás de la empresa criminal saben muy bien que pueden contar con ese periodismo que divide y que le apuesta a exacerbar los enfrentamientos políticos. Vendrán filtraciones, quizás crímenes al interior de la organización, hipótesis y se seguirá responsabilizando a Petro y al gobierno de lo sucedido. Al final de cuentas, la extrema derecha y la derecha institucional y tradicional comparten el mismo interés: hay que recuperar, como sea, la Casa de Nariño en el 2026. Y las empresas mediáticas también son hijas del Establecimiento, circunstancia que las obliga a mantener viva la polarización política e ideológica.

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ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY: ¿CULPA DE PETRO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Pocas horas después del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial del Centro Democrático (CD), Miguel Uribe Turbay, empresas mediáticas como Noticias Caracol y agentes políticos se dieron a la tarea de crear la narrativa con la que se busca responsabilizar directamente al presidente Petro del ataque sicarial que sufrió uno de sus más enconados detractores políticos.

La polarización política y la crispación ideológica por la que atraviesa el país desde el plebiscito por la paz de 2016 alcanzó el 7 de agosto de 2022, con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, inesperados y violentos niveles de animadversión e intolerancia política, expresados desde todas las orillas ideológicas y sectores de poder. El sicariato moral ha sido la herramienta predilecta para descalificar al adversario político bien por su orientación sexual, el presunto consumo de sustancias psicoactivas, así como cuestionamientos ético-políticos por la pertenencia a poderosas familias y clanes cuestionados por hacer parte del Establecimiento o responsables de millonarios desfalcos al erario, entre otros hechos públicos calificados como inmorales.

Noticias Caracol abrió los micrófonos a Enrique Peñalosa, al expresidente Andrés Pastrana y al presidente del Senado, Efraín Cepeda, para que aportaran sus juicios de valor a la consolidación de la perversa narrativa con la que claramente se busca generar un clima de confusión y crisis de gobernabilidad y legitimidad que podría terminar en un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de la derecha. El ataque sicarial nos devuelve al momento histórico que vivió el país a finales de los años 80 cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Pizarro, Jaramillo y Galán; así como el líder de la UP, José Antequera.

Peñalosa, Pastrana y Cepeda señalaron de manera directa al presidente Petro como responsable político del atentado contra Uribe Turbay por considerar que el jefe del Estado no brinda garantías a la Oposición, estigmatiza y descalifica a sus críticos y porque rompió el equilibrio de poderes con su decisión de decretar la consulta popular.

En lugar de intentar bajarle a la polarización y a la desazón y rabia que ya genera el atentado que sufrió el congresista del CD, el noticiero en mención apeló a un ejercicio periodístico que estimula sentimientos de odio. El lenguaje periodístico lo usó el director de Noticias Caracol para exacerbar el ambiente de crispación, para luego terminar haciendo un llamado a “bajarle” a la violencia verbal desatada entre el Gobierno y la Oposición.

Si se van a establecer responsabilidades políticas por este hecho criminal, los primeros que deberían de hacer un acto de contrición son las empresas mediáticas y sus más visibles periodistas, quienes han aportado en gran medida al intolerante clima político-electoral que se respira en el país. Titulares tendenciosos, tratamientos sesgados y fake news han hecho parte del repertorio mediático.

Personajes como Francisco Santos, María Fernanda Cabal y Efraín Cepeda no dudaron en culpar a Petro del atentado. En sus cuentas de X, la más sórdida de las redes sociales, dijeron lo siguiente, en su orden: “el atentado contra Miguel Uribe tiene nombre propio: @petrogustavo Incendió el país con sus acciones y discursos y esta es la primera consecuencia”. Entre tanto, la precandidata del CD espetó que “no nos van a silenciar ni arrebatar la democracia los violentos. Esto es consecuencia del ambiente de odio y estigmatización que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro contra quienes pensamos distinto”. Y finalmente, el presidente del Senado, enconado enemigo de Petro señaló que “el presidente Petro ha conducido al país a un abismo que jamás imaginamos que volveríamos a enfrentar. Su manera de dividir y señalar interpretada por grupos criminales como una señal que incentiva la violencia”.

Del atentado se desprenden dos teorías: la primera, que indica que el ataque sicarial fue perfectamente planeado por un sector de poder económico y político que sabía que, una vez ocurrida la agresión, la reacción de medios y de la Oposición serviría al propósito de generar caos, una incontrolable crisis de gobernabilidad y evitar que el gobierno convoque a la consulta popular. Y la segunda y quizás la menos probable, señala que se trataría de un ataque sin motivaciones políticas y apenas justificado por razones de odio de parte del sicario.

Pronta recuperación para el precandidato y un rechazo vehemente al trabajo periodístico de Noticias Caracol y a las reacciones de los políticos que, claramente, están pescando en río revuelto.

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CLAUDIA LÓPEZ Y EL FRACKING: COMO DIGO UNA COSA, DIGO LA OTRA

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Al apostarle a la transición energética expresada en negarse a nuevas exploraciones de combustibles fósiles, entre otras medidas, el presidente Petro sacudió a los ambientalistas aletargados y a los amigos de las actividades desarrollistas insostenibles ecológica y ambientalmente como la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos legales e ilegales como la coca, caña de azúcar y palma africana y la gran minería.

A veces con una mirada catastrofista alrededor de una eventual extinción de la humanidad, el presidente Petro enfrentó a los sectores de poder tradicional que jamás valoraron aquello de ser un país biodiverso por ser amazónico y contar con las riquezas del Chocó Biogeográfico.

En medio de una incontrastable crispación ideológica y política provocada en gran medida por su intención de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo, candidatos presidenciales como Claudia López Hernández sumaron un ingrediente más a ese ambiente de polarización: volver a las prácticas extractivistas como el fracking. El uso de esa técnica había sido prohibido en 2023 por “el senado de la república con 62 votos por el sí y 9 en contra, aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones”. Posteriormente, la Corte Constitucional en un fallo histórico de 2024 ordenó hacer una consulta previa para los proyectos piloto de fracking en la región del Magdalena Medio, en particular en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

La candidata presidencial Claudia López “alborotó” las redes sociales y a los ambientalistas con su promesa de hacer fracking si en el 2026 resulta elegida como la primera mujer presidente de Colombia. Suele pasar que los candidatos presidenciales, en escenarios electorales, se comprometen con desarrollar políticas y acciones a pesar de que en el pasado se opusieron a las mismas. Es el caso del fracturamiento hidráulico o fracking, que la exalcaldesa de Bogotá rechazó con vehemencia en el 2017. Quedó en evidencia que la exalcaldesa de Bogotá no tiene convicciones en materia de protección ambiental y ecológica de los ecosistemas. Su incoherencia y capacidad de acomodarse a las circunstancias la convierten en una veleta ideológica con todo y los riesgos que conlleva actuar de esa manera.

Con tal de ganar el apoyo de las empresas interesadas y en capacidad de aplicar dicha técnica para extraer gas, Claudia López desestima los efectos negativos y los riesgos ecológicos y ambientales que produce el fracking. Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera el primer ministro del medio ambiente de Colombia sostiene que “por cada pozo se inyectan al suelo entre 9 y 29 millones de litros de fluidos (lo cual no debería permitirse en regiones con escasez de agua). Y existe el riesgo de que estos, así como los gases del pozo (incluyendo metano y compuestos orgánicos volátiles), migren hacia los acuíferos (aguas subterráneas) y los contaminen, ya sea a consecuencia de una defectuosa construcción de los pozos o a través de las fracturas inducidas en el proceso, y otras vías”.

El principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 no se puede desestimar a la hora de autorizar pilotos del fracking. La institucionalidad ambiental estatal siempre será débil y precaria cuando se juntan los intereses económicos y políticos de agentes de poder que además de negar los efectos del cambio climático, subvaloran los ecosistemas naturales-históricos.

No olvidemos entonces que la polémica promesa de Claudia López se da en medio de una fuerte polarización ideológica y política entre el progresismo y la derecha, a lo que se suman desde ya posturas desarrollistas para intervenir valiosos y frágiles ecosistemas y de esa forma rechazar la transición energética a la que le apostó el actual gobierno. Días atrás, la candidata Vicky Dávila dijo que una vez electa presidenta mandaría a construir una prisión en alguna de las selvas de Colombia, para encerrar allí a corruptos de cuello blanco. Tanto la propuesta de López como la de Dávila se asumen desde una sostenibilidad basada exclusivamente en criterios económicos y políticos, olvidándose de los efectos ecológicos y ambientales que generarían las dos propuestas. Quizás López Hernández  está sufriendo del síndrome de la Chimoltrufia. Y Dávila se está dejando llevar de su ignorancia supina. 

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