Por Germán Ayala Osorio
Si por algo se han caracterizado
los más visibles agentes políticos y gremiales que le hacen oposición al
gobierno Petro
es por el manoseo
de tres conceptos de uso cotidiano en los medios hegemónicos: Institucionalidad,
Dictadura y Democracia. El uso amañado del significado de los señalados
vocablos les ha servido para concebir la narrativa que indica que el presidente
Petro es “un dictador que además de irrespetar y pasar por encima de las
instituciones, acabó con los pesos y contrapesos del régimen democrático, lo
que terminó sumiendo al país en una dictadura tan cruel como las que vivieron
países como Argentina, Chile y Paraguay”. Nada más alejado de la realidad
nacional que el sentido de ese relato construido con el concurso de los medios
masivos que desde el 7 de agosto de 2022 viene actuando como actores políticos que
también le hacen oposición al actual gobierno.
Con la manipulación de esas ideas
políticas la derecha pretende ponerse en un plano moral superior frente al progresismo
y la izquierda para finalmente ocultar que sus más distinguidos miembros en el
pasado reciente, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe
Vélez, rompieron el equilibrio de poderes, instauraron un régimen violento
que superó con creces la violación de las garantías constitucionales y los DDHH
que se dio durante la aplicación del Estatuto de Seguridad implementado por el gobierno
de Julio César Turbay Ayala (1978-1982).
Veamos varios ejemplos para
entender el doble rasero moral y el uso caprichoso de los tres vocablos. Los
miembros de las bancadas en el Congreso de Cambio Radical y el Centro
Democrático se negaron a cumplir la orden de la Corte Constitucional (CC) de
discutir el texto de la reforma pensional para subsanar el vicio de forma que los
magistrados encontraron al revisar el documento aprobado en el Legislativo y
que fue objeto de demandas por parte de agentes políticos del Centro
Democrático. Dicha negativa constituye un claro irrespeto a la Corte
Constitucional como institución y la institucionalidad emanada de las
actuaciones de los togados.
Frente a la actitud claramente
antidemocrática, infantil, reaccionaria y de claro desconocimiento de lo ordenado
por la CC el presidente Petro respondió en estos términos: “Vuelvo a
insistirle a los congresistas de Cambio Radical y Centro Democrático que no
pasen a la historia como los que se opusieron a que las madres de nuestra
patria no tuvieran ningún derecho a pensión o a bono pensional. Piensen
en sus propias progenitoras, ellas son las demás mamás de este país. Colombia
es también una madre. La pensión o el bono pensional generalizado, debe ser el
logro no solo del gobierno, de las bancadas favorables a este objetivo, sino de
la nación entera, incluida la oposición”.
Los congresistas que se negaron a
asistir al Congreso, en el marco de la convocatoria a sesiones extras que hizo
el Gobierno
justifican dicha postura porque consideran que la convocatoria es ilegal. La
revista Semana, como órgano propagandístico del clan Gilinski sostiene que “las
bancadas de Cambio Radical y del Centro Democrático anunciaron que no asistirán
a las sesiones, al considerar que no existen garantías y que el presidente de
la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, estaría incurriendo en nuevas irregularidades”.
Entre los voceros de la derecha que
disfrutan manosear los conceptos está la candidata presidencial Vicky Dávila.
La ficha de los clanes Gilinski y Gnecco descalificó la decisión de los magistrados
de la CC que le ordena al Consejo
Nacional Electoral cesar la investigación en contra del presidente de la
República por la violación de topes durante la campaña electoral, por
considerar que afecta la integralidad del fuero presidencial. La candidata-periodista
dijo en su cuenta de X: “Cuando las mayorías de la Corte Constitucional
están en manos de Petro, las decisiones favorecen a Petro…”. En dónde quedó
el llamado de la señora Dávila a que Petro “respete
las instituciones”, cuando es ella misma, en calidad de candidata
presidencial, que mancilla la autonomía y la sapiencia jurídicas de los magistrados
que le dieron la razón al jefe del Estado: el CNE no es competente para
investigar al presidente de la República.
Foto tomada de El Espectador.
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