Por Germán Ayala
Osorio
La
historia del periodismo dirá dentro de muy poco tiempo que varias empresas
periodísticas unieron esfuerzos para deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro.
Ese pacto editorial, político y periodístico implicaba cumplir a cabalidad actividades
como desinformar, mentir, azuzar, alarmar, generar caos, pánico económico, miedo,
rabia e incertidumbres en las audiencias. Sin pretender hacer un balance exhaustivo
de ese macabro plan de la derecha, hay que reconocer que lo han hecho bastante
bien. Baste con recordar las estupideces y mentiras que varios marchantes
expresaron durante las movilizaciones del 21 de abril, para saber que se trata
de frases y lecturas sesgadas salidas de noticieros radiales y televisivos.
Al
tétrico convite llegaron El Tiempo, El Colombiano, El País de Cali y Semana
como medios impresos; se sumaron Noticias Caracol y Noticias RCN y los
programas radiales La FM, Blu Radio, y la W. Es decir, toda una bandola de
medios y periodistas enfocados en desestabilizar al primer gobierno de
izquierda en 200 años de República.
Por
estos días, en la red X vuelve a aparecer la propuesta de algunos petristas y
de ciudadanos molestos con el sinuoso comportamiento informativo de dichas
empresas mediáticas, de imponerles sanciones o de legislar en su contra a través
de una ley mordaza que los ponga en cintura y les impida mentir. A esa idea,
poco democrática, me opongo rotundamente por varias razones a saber: la primera
y más obvia, es que le quedaría muy mal al primer gobierno progresista y de izquierda
presentarle al Congreso un proyecto de ley cuyo objetivo sea limitar las
libertades de prensa y expresión a los medios y periodistas que diariamente atacan
con mentiras la imagen del gobierno de Gustavo Petro. La segunda razón está
atada a las obligaciones que cada ciudadano y ciudadana deben asumir para
actuar en los ámbitos público y privado. Dudar debe ser una actitud de vida,
asumida así por cada colombiano que esté o se sienta afectado directa o indirectamente por
la información entregada por las empresas mediáticas. En particular, dudar de
su clase política, dirigente y por supuesto, de los medios masivos. Y para
hacerlo, deben desconfiar de aquellas empresas mediáticas que hacen parte de
conglomerados económicos que están detrás del plan de medios que la derecha
está ejecutando como forma de hacerle oposición al presidente de la República.
Los
ciudadanos están en la obligación ética de estudiar la historia de su país. De aprender
a examinar y evaluar con criterio a los gobiernos nacionales, regionales y
locales que durante años hicieron todo para convertir a Colombia en uno de los
países más desiguales del hemisferio y en la más fétida cloaca de la corrupción
público-privada. Aceptar como verdad incontrastable lo que dicen los medios
masivos y sus periodistas vedettes, que suelen fungir como estafetas del
régimen de poder, constituye un grave error ciudadano.
Frente
a las mentiras que desde el 7 de agosto de 2022 vienen entregando los medios
aquí señalados, hay que decir que le corresponde al gobierno de Petro salir a
desmentirlos como lo viene haciendo el presidente de la República desde su cuenta
de X. Por supuesto que es insuficiente ese esfuerzo, porque no todas las
audiencias están metidas en esa red social dispuestas a sacar conclusiones de
los enfrentamientos entre Petro y los periodistas que mienten o tergiversan los
hechos. Además, ese ejercicio analítico exige unos mínimos criterios para entender de qué se
tratan los asuntos allí abordados.
Hay
que reconocer que en el manejo de las comunicaciones el gobierno y sus asesores
se han equivocado. Tardíamente se impulsó a RTVC como medio oficial para la
defensa de la imagen gubernamental. El apoyo a medios alternativos ha sido
tibio, a pesar del retiro de millonaria pauta oficial de los medios
tradicionales que hoy hacen oposición política.
La
independencia, autonomía y la credibilidad de la prensa siempre serán motivo de
discusión, dado que todas las empresas mediáticas defienden intereses políticos
y económicos. Es más, suelen fungir como actores políticos lo que hace posible
que los límites entre el activismo político y el ejercicio diario de la libertad
de prensa se tornen difusos para los periodistas y audiencias.
En
sociedades complejas como la nuestra, la responsabilidad de entender la
realidad no se la podemos endosar a unas empresas mediáticas con intereses
económicos y políticos. Cada uno de nosotros tiene la obligación de leer,
estudiar y de sacar tiempo para comprender lo que pasa dentro del país y alrededor
del mundo.
Lo
que tenemos que hacer como ciudadanos es confrontar las versiones y los
discursos de los medios masivos, en particular cuando sabemos que se unieron
para erosionar la legitimidad del primer gobierno de izquierda. Y no se trata
de aplaudir como focas a esta administración. No. Hay que también estar dispuestos a criticar las malas decisiones, los errores y la corrupción en entidades públicas
durante esta administración.
Tener
a un exguerrillero como jefe de Estado ha sido una realidad muy difícil de
asimilar para los periodistas vedettes y en general para la derecha a la que le sirven. El golpe político fue tan fuerte que hoy lideran las acciones desinformativas;
de igual manera lo es para sus patrones, quienes, a partir de presiones editoriales,
fueron llevando a los periodistas a actuar como meros estafetas, en simples
mandaderos, lo que les viene restando credibilidad en sectores de la opinión pública mejor formados y educados.
¿Para
qué pensar en una ley mordaza al periodismo, cuando lo que menos están haciendo
hoy esas empresas es periodismo?
Imagen tomada de la red X.
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