Por Germán
Ayala Osorio
Sucedió de
nuevo: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no eligió a la nueva fiscal general
de la nación. En un contexto de presiones sociales y políticas y de denuncias
periodísticas que ponen en tela de juicio la honorabilidad de Martha Mancera,
las magistradas y magistrados del alto tribunal votaron y al final ninguna de
las ternadas logró los votos suficientes para ser designada fiscal general de
la nación. El voto en blanco volvió a triunfar.
El mecanismo
de votación interna resulta caprichoso y permite que sobre los togados caigan
toda suerte de sospechas y lecturas suspicaces. ¿Qué es lo realmente sucede? ¿Las
candidatas aún no logran convencer a los y las magistradas o es que hay
lobistas furtivos que ejercen presión con el objetivo de dilatar la decisión
para favorecer a la pareja Barbosa-Mancera?
Sin duda alguna,
el aplazamiento se entiende como un mensaje al presidente Petro y a quienes se
movilizaron hoy exigiendo a la CSJ que eligiera a la fiscal general: no se
aceptan presiones políticas y mucho menos, exigencias.
Volverán el 22 de febrero a reunirse para tratar de sacar adelante la elección. De no
hacerlo, la señalada y cuestionada Martha Mancera quedará al frente de la Fiscalía
más desprestigiada que haya existido en el país, desde que fue creada en 1991. Recordemos que Barbosa se va del cargo el 12 de febrero. Estamos hablando de una fiscalía que bien puede superar a las escandalosas
administraciones de Luis Camilo Osorio y Néstor Humberto Martínez Neira.
Lo que llama
la atención es que de poco o nada han servido los informes que periodistas
serios vienen publicando, en los que exponen hechos pútridos e impúdicos en los
que aparece el nombre de Mancera, la actual vicefiscal.
Es de público
conocimiento que, a raíz del agrio enfrentamiento institucional y personal
entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal saliente, Francisco Barbosa
Delgado, el gobierno en pleno presiona a la CSJ para que adopte cuanto antes la
elección y evitar que Mancera, mano derecha de Barbosa, siga al frente de una
Fiscalía cuestionada y señalada de estar capturada por clanes políticos,
mafiosos y por el Clan del Golfo. La politización de la Fiscalía es evidente.
Baste con señalar dos casos: las 3 veces que el ente acusador solicitó la
preclusión del caso Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal
y la no apertura de investigación contra Sarmiento Angulo, después de que
reconociera ante las autoridades americanas, haber cometido actos de corrupción
en la construcción de la Ruta del Sol 2.
Tanto las
denuncias de golpe de Estado hechas por el presidente Petro, que circulan en
Estados Unidos y España, entre otros países y los graves señalamientos en
contra de Mancera y Barbosa, solo sirven para que la mala imagen del Estado
colombiano y la de sus connacionales se extienda y se confirme. Si a la CSJ le
importara lo que sucede con una Fiscalía politizada y capturada por mafias de
todo tipo, revisarían las denuncias periodísticas de medios como la revista
Raya, Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén en las que señalan las
relaciones mafiosas que, según aquellos, tendrían Mancera y Barbosa con
organizaciones al margen de la ley.
En últimas,
las marchas y concentraciones masivas de hoy 8 de febrero tienen un valor
ético-político importante en la medida en que se está rechazando la corrupción y
la captura mafiosa del ente investigador. Ese genuino clamor social debería de
ser suficiente para que la CSJ evite dejar a Mancera al frente de la Fiscalía.
Prolongar en
el tiempo la elección del remplazo de Barbosa acrecentará el malestar social,
las rencillas políticas y el alto nivel de crispación política e ideológica que
desde ya convierten a las elecciones de 2026 en un delicado escenario en el que
bien pueden aparecer peligrosas circunstancias y hechos políticos: por ejemplo,
el de la reelección de Petro, la irrupción de un Bukele de las huestes de la extrema
derecha que estaría detrás del golpe blando y por supuesto, los efectos
jurídico-políticos que muy seguramente provocarán las actuaciones de la nueva
fiscal general de la Nación en contra de los poderosos agentes políticos y
económicos que Barbosa y Mancera vienen protegiendo de tiempo atrás. Será que hay temor en aquellos agentes de poder ante la llegada de una fiscal decente?
Adenda: rechazo los actos violentos en contra de la sede de la CSJ. Así no.
Imagen tomada de Semana.com
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