Por Germán Ayala Osorio
Mientras se aclaran los hechos a los que alude el recién defenestrado
embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, es bueno hacer el
ejercicio de comparar lo que hasta el momento es un escándalo, con el ya
cerrado caso del Proceso 8.000 de Samper. Ya el nieto de Turbay Ayala, el mismo
del Estatuto de Seguridad, salió a decir que la legitimidad del gobierno está
en duda, así no haya un proceso judicial abierto, de las dimensiones del 8.000.
Sin duda, estamos ante una acción política coordinada entre sectores de la
derecha más inmoral, y sus empresas mediáticas, con el firme propósito de
deslegitimar al gobierno Petro y por esa vía, paralizar todas las iniciativas
gubernamentales que cursan en el
Congreso.
Este ejercicio no pretende poner en el mismo nivel de
inmoralidad lo dicho por Benedetti y salpica a la campaña electoral que llevó a
Petro a la Casa de Nariño. Por el contrario, busca exponer un elemento clave
que comparten los dos escándalos político-mediáticos. Eso sí, manipulados o no
los audios del nefasto ex embajador, las autoridades deben investigar si
entraron dineros calientes a la campaña Petro presidente. Sobre este último
asunto, el presidente Petro negó categóricamente que se hubiese presentado esa
situación.
Para hallar ese común denominador hay que aludir a las
pretensiones económicas y sociales consignadas en el plan de desarrollo del
gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), bautizado con el atractivo
nombre del Salto Social. Samper Pizano quiso paliar los efectos negativos que
ya dejaban las medidas económicas de corte neoliberal que adoptó su antecesor,
el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994). “Cabe señalar que, aunque el nuevo gobierno fue crítico de la velocidad
con la que la administración Gaviria había realizado la apertura comercial, la
consideraba al mismo tiempo un componente necesario de la reestructuración de
la economía colombiana en la era de la globalización… Se lograron avances en los programas destinados a mejorar la calidad de
la educación y de los servicios de salud. La cobertura de los servicios de agua
y alcantarillado también tuvo una expansión rápida. En todos los casos, la
expansión de la cobertura ha beneficiado fundamentalmente a la población más
pobre” (Ocampo, J.A, 1998).
El régimen comprendió las intenciones del presidente Ernesto
Samper (1994-1998) y usó al derrotado Andrés Pastrana para generar la crisis de gobernabilidad
representada en lo que se conoció como el Proceso 8.000. De esa manera, el
régimen político limitó la capacidad de maniobra del presidente elegido con los
dineros del Cartel de Cali. Por ser considerado un liberal de izquierda, Samper
Pizano soportó la andanada de la derecha pre capitalista inquieta por las
acciones que pretendió acometer el presidente Samper para beneficiar a los más
vulnerables.
Después de más de 20 años de neoliberalismo, la pobreza
aumentó considerablemente, lo mismo que la exclusión y la concentración de la
tierra y de la riqueza en pocas manos. Los gobiernos de Pastrana (1998-2002),
los dos de Uribe Vélez (2002-2010), los de Santos (2010-2018) y el periodo del
obediente Iván Duque Márquez (2018-2022) sirvieron para empobrecer a más
colombianos, así como para aplicar a
raja tabla un modelo de desarrollo agro extractivo insostenible ecológica y
socio ambientalmente. Todos estos gobiernos neoliberales aseguraron un régimen
oprobioso, corrupto y violento, así como la captura mafiosa del Estado y su
consecuente privatización y operación en beneficio de unos pocos.
Los efectos sociales y económicos dejados por la pandemia del
Covid 19 fueron la chispa que dio vida al estallido social. Detrás había un
profundo descontento social por las erradas medidas económicas adoptadas por
todos los señalados neoliberales, pero en particular por el fatuo de Iván Duque
Márquez con su famosa reforma tributaria. Y fruto de ese escenario, emergió la
candidatura de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda. Las propuestas de reforma tributaria,
pensional y al sistema de salud tienen incómodo y molesto a específicos agentes
políticos y económicos del “viejo”
régimen de poder, poco dispuestos a ceder en algo sus privilegios y el control
de las finanzas del Estado. A lo que suma, por supuesto, la insistencia de
Petro de hacer una reforma agraria para cumplir con lo acordado en La Habana
con las Farc-Ep y de convocar a la Corte Penal Internacional (CPI) para que
investigue las denuncias hechas por el confeso paramilitar, Salvatore Mancuso,
que comprometen a ex agentes estatales y empresarios que patrocinaron a los
grupos paramilitares y fueron partícipes de graves violaciones a los DDHH y al
DIH.
Por todo lo anterior, esa derecha inmoral está, desde el 7 de
agosto, buscando la caída de Petro, para frenar así los cambios prometidos en
la campaña presidencial. Esos sectores de poder económico, político y social se
la están jugando toda para frenar los cambios institucionales que se vienen
adelantando desde hace nueve meses.
Así entonces y hasta tanto no haya procesos judiciales y
sentencias condenatorias, el escándalo político-mediático Benedetti-Sarabia no
tiene la misma dimensión moral y ética del Proceso 8.000. Eso sí, persiste, desde
los tiempos de Samper, la resistencia de unos cuantos a que el Estado opere
efectivamente como un Estado social de derecho y como un Estado moderno.
Impedir la consolidación del proyecto político del primer
presidente de izquierda es lo que pretende la rancia la élite política y
empresarial del país. Sus miembros buscan encerrar, debilitar y deslegitimar al
gobierno de Gustavo Petro, para que ceda a sus pretensiones: retirar las
propuestas legislativas y presentar una terna para remplazar a Barbosa que le
brinde garantías de total impunidad a ciertas familias prestantes que están
comprometidas con casos de corrupción como Odebrecht y Reficar, entre otros, y
la violación de los DDHH y el DIH, de acuerdo con las denuncias de Mancuso.
Lo que debe saber el presidente Petro es que el país y mucho
menos el régimen le va a permitir salidas olímpicas como la de Samper cuando
afirmó que cualquier entrada de dineros del Cartel de Cali se habría producido
a sus espaldas. Y mucho menos le va a aceptar que diga, “aquí estoy y aquí me quedo”. De confirmarse la entrada
de dineros “calientes” a la campaña Petro presidente, esa derecha premoderna e
inmoral buscará defenestrar al presidente Petro.
Imagen tomada de Agencia de Periodismo Investigativo
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