MALUMA, HIMNO NACIONAL Y LA CANDIDATURA DE JUAN DANIEL OVIEDO

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de semejante berenjenal jurídico-político en el que está el país por cuenta del “decretazo” presidencial, el precandidato uribista, Juan Daniel Oviedo llegó con una “propuesta” que sin duda alguna ayudará por varias horas a bajar un poco la tensión política, por lo menos en las redes sociales convertidas en obscenas trincheras ideológicas desde donde se “disparan” improperios, burlas y amenazas de todo tipo. Oviedo invita desde ya a Maluma para que el 7 de agosto de 2026, durante su posesión, cante el himno nacional.

Con semejante “propuesta” Oviedo entra pisando duro en su camino y deseo de remplazar a Iván Duque Márquez. El país no olvida que Duque invitó a la Casa de Nariño al cantante antioqueño. El saludo fraternal entre Duque y Maluma lo recordaron varios medios: “¡Por fin, hermano!”, fueron las palabras que pronunció el intérprete de ‘Cuatro Babys’ al ver que el presidente de la República se acercaba para darle un caluroso abrazo, a lo que Duque le respondió: “¡Mi admiración, hermano! ¡Siga haciendo música y haciendo país!”.

El país recuerda que Iván Duque fungió más como un DJ que se dejó embolatar de la política y embobar por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su paso por la Casa de Nariño obedeció al mayor error político que la derecha haya cometido en los años recientes. Duque fue pusilánime y es en gran medida responsable de la ocurrencia del estallido social. Su compañera de partido, María Fernanda Cabal lo calificó como “un gordo marica”.

Juan Daniel Oviedo reconoce que no conoce a Maluma, pero que es su “fan y lo sigo en redes sociales, en Instagram, pero nunca he cruzado palabra con él, pero si me parece una nota porque está churrísimo también y que cante el himno nacional el 7 de agosto de 2026”.

Al mal gusto musical de Oviedo se suma su carácter farandulero, que raya con lo ridículo. El país no puede darse el lujo de poner en la Casa de Nariño a un personaje como el exconcejal de Bogotá.

Oviedo es un precandidato presidencial folclórico convencido de que con su imagen de “cocacolo” logrará cautivar a esa parte del electorado cansada de la polarización política y de los enfrentamientos verbales en las redes sociales. No creo que la candidatura de Oviedo prospere. Lo veo más como “mánager” de Maluma, que como jefe del Estado. Incluso, le podría ir bien como conductor de un programa de chismes e incluso presentando Sábados Felices. Por favor, algo de seriedad.

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LA DISCUSIÓN CONCEPTUAL QUE HAY DETRÁS DEL “DECRETAZO” PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El revuelo político y jurídico que desató el “decretazo” presidencial que convoca a la consulta popular abre interesantes discusiones conceptuales alrededor de términos como Estado Social de Derecho (ESD) y Estado de Derecho (ED), democracia representativa y participativa, legalidad y legitimidad, asumidos por el jefe del Estado y la oposición bajo condiciones antinómicas insuperables.

De un lado, la clase política y empresarial dominante ve como un riesgo que el presidente Petro invite al constituyente primario a manifestarse sobre la reforma laboral; entre tanto, las fuerzas progresistas que emergieron de la mano del caudillo popular que encarna Petro y que hace recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, la entienden como una oportunidad y un derecho indeclinable a cambiar esos escenarios de precariedad en el marco de una democracia participativa moral y éticamente superior a la tradición de una democracia representativa ejercida por congresistas-lobistas, presidentes de la República, alcaldes y gobernadores que acuden al voto popular únicamente para consolidar el Estado de Derecho como la única forma de actuación de la organización política que lo precede.

En su alocución desde la Plaza de San Francisco de Cali, ante una multitud de caleños, Gustavo Petro discurrió en torno a las acepciones que existen de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho y de cómo hay sectores de poder que prefieren hablar de la primera nomenclatura y figura jurídico-política porque les permite quedarse cómodamente instalados en la idea de un orden normativo constitucional que de manera taxativa naturaliza las históricas condiciones de pobreza, marginalidad y exclusiones de todo tipo, haciéndolas insuperables y naturales de acuerdo con las condiciones que genera el débil aparato productivo nacional y la división de clases sociales; mientras que Petro optó por hablar de Estado Social de Derecho como posibilidad social y política de superar el penoso lugar que ocupa Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

Asegurar condiciones de vida digna para la gente las asume el gobierno Petro como un imperativo moral, mientras que la derecha que le hace oposición lo entiende como un asalto a la democracia y un quiebre constitucional, a pesar de que el artículo primero de la Constitución política señala que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo  y la solidaridad de las personas que la integran y en el prevalencia del interés general”.

Así entonces, estamos ante de dos visiones irreconciliables alrededor de la operación del Estado bajo los imperativos morales de un Estado Social de Derecho reconocido en la Constitución, pero negado políticamente por quienes a través del tiempo le apostaron a capturar el Estado para su propio beneficio y en desprecio de las necesidades de las grandes mayorías, eso sí, apegados al carácter normativo del Estado de Derecho.

Si el decreto expedido por el presidente Petro y firmado por todos sus ministros es declarado ilegal e improcedente bien por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dichas cortes estarían defendiendo de manera exclusiva y excluyente al Estado de Derecho  y de esa forma negarían el Estado Social de Derecho como el camino expedito para que el Estado colombiano sirva a la “comunidad, promueva la prosperidad general, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación… asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…” tal y como está planteado en el artículo 2 de la carta política.

Volver realidad lo prescrito en la Constitución política tiene hoy enfrentados política e ideológicamente a quienes le apuestan a dejar las cosas como están porque siguen siendo funcionales a los sectores dominantes y a aquellos que creen que es tiempo de cambiar lo que constituye una vergüenza: ¡ser el tercer país más desigual del mundo!

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EFRAÍN CEPEDA DESCONOCE A PETRO COMO COMANDANTE DE LAS FFAA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente del Senado, Efraín Cepeda está jugando con candela. Está a un paso de caer en conductas que bien se podrían tipificar bajo el delito de sedición. Con su intención de reunirse con la cúpula militar y policial, sin la presencia del comandante supremo de las FFAA que es el presidente de la República, Cepeda apandillaría hacia la derecha a generales y almirantes, lo que claramente se puede leer como un intento golpista.

Cepeda, convertido en el más visible y duro contradictor político del presidente Petro, podría estar recorriendo el fangoso camino que lo llevaría a convertirse en el más enconado enemigo de Petro, de la Patria y de millones de colombianos que votaron en el 2022 por el proyecto del cambio.

La respuesta del presidente Petro fue contundente: “No hay reunión con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita es unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama mafia”.

El exabrupto jurídico-político y militar propuesto por Cepeda se da en medio de una escalada terrorista muy bien coordinada y ejecutada por las disidencias de las extintas Farc-Ep. Y también, en medio de llamados a desescalar el lenguaje de odio que el país normalizó desde el plebiscito por la paz de 2016 y que se exacerbó cuando Petro llegó a la Casa de Nariño.

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias le preguntó a Cepeda por su intención de reunirse con el generalato sin la presencia del presidente Petro. El congresista le dice que el “mensaje que usted envía al país es peligroso”.

La insinuación, intención, idea o propuesta del presidente del Senado constituye una forma de violencia política, justificada por Cepeda por la falta de garantías electorales para las campañas de cara a las elecciones de 2026. Además, estaría violando la Constitución Política que en su artículo 189, que dice en uno de sus apartes que al presidente de la República le corresponde "dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República".

Varios medios corporativos que registraron el peligroso y desinstitucionalizante llamado del senador Cepeda ignoraron la gravedad de la insinuación del congresista. Al no confrontarlo por semejante bufido, los periodistas de esas empresas informativas terminan legitimando el llamado a que militares y policías desconozcan la autoridad presidencial, como lo está haciendo Efraín Cepeda. Cuidado senador Cepeda, está jugando con candela. El enemigo no es Petro. Los enemigos del país están en el monte y otros tantos se mantienen agazapados en instituciones públicas (estatales) a la espera de un guiño para desestabilizar al actual gobierno.

Ya Usted aceptó públicamente el rol de “jefe de la banda”: “si es para ser el jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundirlos”. No vaya a convertirse ahora en el jefe de un golpe de Estado. Usted no solo debe desescalar el lenguaje. Quizás deba además de quitarse los guantes, olvidarse de su idea de reunirse con las FFAA para muy seguramente dividirlas. Están en mora los generales y almirantes en rechazar la idea de Cepeda.

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NUEVE PARTIDOS DESCONOCEN AL PRESIDENTE PETRO COMO GARANTE ELECTORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El respeto por la democracia, las instituciones y las institucionalidades derivadas es una de las banderas políticas que la derecha ha agitado desde cuando llegó a la Casa de Nariño Gustavo Petro Urrego. Eso sí, evitan recordar que con la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe Vélez se afectaron el equilibrio de poderes y la democracia misma. El país no olvida que aquel cambio en la constitución política se dio gracias a que se compraron los votos de Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.

Sus más visibles voceros insisten con esa proclama a propósito de la decisión presidencial de decretar la consulta popular que, de acuerdo con las interpretaciones de varios juristas, desconoce que el Senado negó ese llamado al pueblo para votar las 12 preguntas que propuso el Gobierno.

Después de los llamados a “bajarle a la pugnacidad política y en particular al lenguaje violento”, a raíz del atentado criminal contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el gobierno Petro convocó a los partidos políticos que le hacen oposición a una reunión para activar la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Los voceros y dirigentes de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U, Mira y Centro Democrático, entre otros más, se negaron a participar en dicha convocatoria institucional.

Por el contrario, optaron por reunirse en privado para expresarle al gobierno y al país que “no reconocen al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral”. Semejante actitud política deja ver la incoherencia de los 9 partidos que hoy desconocen al presidente de la República y a su ministro del Interior como figuras institucionales confiables y legítimas para liderar el proceso electoral y garantizar la seguridad de todos y cada uno de los precandidatos presidenciales; se trata de una postura que niega la búsqueda de un diálogo interinstitucional que coadyuve a disminuir la tensión política y la crispación ideológica.

Ante semejante actitud beligerante, el exembajador Roy Barreras exhortó a los partidos políticos a morigerar el lenguaje y evitar ahondar en la polarización política. En su cuenta de X, Barreras señaló: “invito de nuevo respetuosamente a los partidos de oposición a sumarse al propósito nacional de cuidar el lenguaje: la oposición puede expresar que <<no siente garantías>>, están en su derecho, pero nadie en democracia puede decir que <<no reconoce>> la institución presidencial. Prediquemos con el ejemplo. Seamos cuidadosos con las palabras que pueden ser mal interpretadas por quienes no quieren la estabilidad de Colombia, sino llevar al país al caos”.

Invitar al Procurador General de la Nación para que juegue como garante y puente entre los 9 partidos y el Gobierno no minimiza el daño que le infringen a la institucionalidad presidencial y a la comisión electoral misma. ¿Qué sigue? ¿Acaso invitar a que las FFAA desconozcan la autoridad y legitimidad de su comandante supremo, el presidente de la República?

 Sin duda alguna, esas 9 colectividades le dieron un portazo a la reconciliación, pero sobre todo, golpearon con dureza su propia proclama: al final, terminaron por afectar la democracia y sus instituciones. Eso se llama incoherencia política, fruto de la animadversión que les produce ver a Petro en la Casa de Nariño. 

¿EL ATAQUE SICARIAL CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY ES UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

Políticos y medios de comunicación coincidieron en calificar el ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay como un “atentado contra la democracia”. El Espectador abrió su versión impresa con ese titular, fondo negro y la imagen del congresista víctima del niño-sicario.

Sin duda alguna hay que condenar el ataque criminal del que fue víctima el congresista y precandidato presidencial del Centro Democrático (CD), pero decir que se trata de un “atentado contra la democracia” resulta a todas luces una exageración fruto quizás del deseo interior de quienes así lo consideran, de ir sumando opiniones hasta consolidar la narrativa que indique que el camino para enfrentar semejante desafío es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). O simplemente para hacer viable la propuesta de “parar” varias instituciones, entre ellas el Congreso, mientras se recupera de sus heridas el precandidato y se entra en una profunda reflexión colectiva. Ambas acciones van acompañadas de dos ideas: la primera, que “no hay quien gobierne en Colombia” y la segunda, que quien está en la Casa de Nariño es responsable del atentado por su condición de “enemigo” del congresista atacado.

También es posible indicar que el calificativo está inexorablemente atado al sector de poder tradicional que representa Uribe Turbay, lo que obliga a quienes son afines a las ideas de la derecha que él representa, a fustigar el hecho delictivo dándole esa connotación institucional superior que además de efectista, le facilita a quienes por primera vez en la historia les tocó actuar como oposición, a señalar al primer gobierno de “izquierda” como responsable político del atentado. “Le exigimos garantías al Estado y al gobierno Petro” es la consigna que acompaña a la idea de que estamos ante un “atentado contra la democracia”.  Hasta donde se sabe, el país sigue adelante, las instituciones públicas y privadas siguen operando normalmente y no se han cercenado derechos y libertades y mucho menos se declaró una emergencia que nos acerque a lo que vivió el país por cuenta de la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe.

En lo corrido del 2025 van 73 líderes asesinados en el país, pero se trataría, a la luz de la lectura hecha por medios y políticos frente al ataque contra Uribe Turbay, de hechos de violencia política poco relevantes y de una connotación institucional inferior en la medida en que no se afecta la operación de la democracia y de las instituciones que funcionan bajo los principios, protocolos y parámetros reconocidos bajo esa nomenclatura y régimen de poder. Tampoco se habla de “magnicidios” por cuanto las vidas de los líderes caídos no alcanzan el reconocimiento social y político que acompaña la existencia de Miguel Uribe Turbay. Detrás del calificativo en cuestión hay una lectura de clase que no se puede negar y que dice mucho de una sociedad que aprendió de manera temprana que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta de quinta categoría.

Resulta apenas “normal” que miembros de la clase política y las empresas mediáticas no se les ocurra calificar como ataques contra la democracia esos 73 crímenes, dado que el lugar político en el que gravitaron las vidas de los líderes ultimados está alejado de las vanidades del poder bogotano, asociadas por supuesto a la existencia de lo que se conoce como el Establecimiento.

Cuando el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque Márquez fue atacado a tiros, El Espectador tituló así lo ocurrido: “Es un atentado a la democracia”: congresistas tras ataque al presidente Duque.  Se trata de un título de cita diferente al que acompaña la imagen de Uribe Turbay en la “tapa” de la versión impresa del diario bogotano. En esta ocasión es el diario capitalino el que califica de manera directa lo ocurrido, buscando con ello efectos políticos e ideológicos que terminan siendo nocivos para la gobernabilidad y la legitimidad del actual gobierno.

Tapa de El Espectador en su versión impresa. 

¿ES POSIBLE SUPERAR LA POLARIZACIÓN?

Por Germán Ayala Osorio

 

A raíz del atentado sicarial perpetrado en contra del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la prensa hegemónica viene insistiendo en la narrativa con la que se llama a todos los colombianos a “bajarle a la polarización desescalando el lenguaje violento” al que han apelado diversos agentes periodísticos, empresariales y políticos en representación del gobierno Petro y de quienes le hacen oposición. De uno y otro lado apelaron al “sicariato moral” como instrumento deslegitimador y eficaz alimento en procesos de anulación moral y/o eliminación física del adversario.

El llamado de empresas mediáticas como Noticias Caracol podría resultar plausible y sincero si dejaran de invitar a voceros de la derecha a responsabilizar al presidente Petro del atentado, en razón a las maneras como se viene refiriendo a sus contradictores. En su más reciente alocución llamó “ratas de alcantarilla” a quienes justamente están sacando provecho político y electoral del ataque contra el congresista uribista, señalando con el dedo índice al jefe del Estado como incitador a la violencia que hoy tiene entre la vida y la muerte al senador Uribe Turbay.

Junto a esa narrativa emergen llamados a la paz, a la reconciliación, al respeto a la diferencia, al diálogo y a la búsqueda de consensos. Nadie niega que ese es el norte, la salida y el camino para superar los enconados enfrentamientos políticos e ideológicos que se agudizaron cuando llegó a la presidencia el primer presidente de “izquierda” o quizás el más genuino representante del progresismo.

Cuando esos nobles objetivos societales son recogidos y abanderados por el periodismo tradicional suelen quedarse en meros anuncios y con el tiempo se convierten en frases de cajón. Y resulta así porque nadie expone cuáles serían las bases ético-políticas y morales para edificar lo que bien podría llamarse un nuevo amanecer para Colombia. Hace rato el país necesita de un cambio cultural (civilizatorio) que le permita proscribir el ethos mafioso que la sociedad naturalizó y superar las taras que como colectivo arrastramos.

En esta columna propongo elementos que podrían tenerse en cuenta para construir esos pilares y conducir al país hacia estadios civilizados y modernos propios de sociedades que con el tiempo aprendieron a tramitar sus diferencias y conflictos por la vía del diálogo, superando de raíz la doctrina de amigo-enemigo que en Colombia prosperó entre el 2002 y el 2022.

1.   Decirnos la verdad. El primer elemento tiene que ver justamente con reconocer responsabilidades políticas y ojalá judiciales en torno a hechos de corrupción público-privada de especial impacto y recordación pues estos son la base de la actual molestia social y el origen del enfrentamiento ideológico y político entre el gobierno Petro y los sectores de poder tradicional que él llama oligarquía. Lo que ha hecho el presidente de la República es construir un relato moral en el que la izquierda y el progresismo se erigen como los únicos faros impolutos dentro de una sociedad como la colombiana que deviene de tiempo atrás confundida moralmente. Esa visión de Petro está atada a un carácter de supremacía que entra en colisión con los hechos de corrupción que ya tocan a varios de sus ministros y por supuesto que choca con el poder mediático, económico y político acumulado por las élites, los clanes y las familias “dueñas” del país y de sus dinámicas económicas. En este punto es importante que el país conozca los orígenes de las millonarias fortunas de los expresidentes y de personalidades empresariales, incluidos los banqueros sobre los que pesan cuestionamientos y sanciones internacionales.  Se trata de que cada uno pida perdón al país y por esa vía reconstruir la confianza y volverse ejemplo para una sociedad que se quedó sin referentes.

2.   Nuevos liderazgos. Los “ismos” de la política sirven para explicar los procesos continuados de la captura mafiosa del Estado, liderada por quienes asumieron el ejercicio de la política como una forma de hacer negocios y acumular riqueza. Quizás sea tiempo de que los expresidentes se retiren a cuidar sus nietos y a disfrutar de sus fortunas, mal habidas o no. Hay un evidente cansancio alrededor de la vigencia y la injerencia de políticos como los expresidentes César Gaviria, Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, sobre los que pesan graves señalamientos y cuestionamientos ético-políticos y morales. Los 20 años de uribismo son una fuente de polarización ideológica y política y un recurso válido para el presidente Petro en su tarea de imponer la narrativa supremacista que lidera en nombre del cambio.

3.   El oficio periodístico. Al haberse consagrado como actores políticos, los medios de comunicación ajustaron la tarea de informar a los intereses económicos y políticos de sus propietarios. No es posible “bajarle a la polarización desescalando el lenguaje violento” sin que los periodistas y las empresas mediáticas modifiquen sus lógicas informativas. El discurso periodístico-noticioso es por naturaleza moralizante lo que contribuye a que los niveles de crispación ideológica escalen a expresiones y actos de violencia política como el atentado que sufrió el señalado precandidato presidencial. Los primeros que deben desescalar el lenguaje son los periodistas de emisoras como Blu radio, La FM, La W; de igual manera, los más visibles columnistas y reporteros de medios como Semana, El Tiempo, El Espectador, El País de Cali y El Heraldo; los noticieros de televisión RCN y Caracol deben también entrar en una revisión profunda de sus lógicas y maneras de cubrir los hechos noticiables.  

Así las cosas, el nuevo amanecer para Colombia que se intuye del llamado a “bajarle a la polarización política” quedará reducido a acuerdos políticos de corto plazo, la adopción de medidas de seguridad y ofrecimientos de garantías electorales y uno que otro golpe de pecho como el que hizo recién la canciller Laura Sarabia; pero en el fondo, seguiremos odiándonos en las calles y en las esferas de poder político y económico. Por lo pronto, no creo que sea posible bajarle a la polarización política y a los enfrentamientos ideológicos.

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¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY?

 Por Germán Ayala Osorio

 

En el atentado criminal contra Miguel Uribe Turbay hay elementos que hacen pensar en que la planeación del ataque está atada a un grupo de poder interesado en generar caos y desestabilizar al gobierno y por esa vía condicionar las decisiones de los votantes en el 2026: el primero de esos elementos es la participación de un menor de edad como el autor material. Pasó en el crimen contra Carlos Pizarro Leóngomez: su victimario fue un joven de 18 años. Recordemos que el sicario que asesinó al ministro Lara Bonilla tenía 16. El uso de menores de edad hace parte de la estrategia. Si el Estado no cuida la vida del muchacho, quienes lo contrataron intentarán asesinarlo.

El segundo elemento, asociado al primero, tiene que ver con el equipo de seguridad. El presidente Petro en su alocución habló de la necesidad de investigar a sus miembros por los errores que se pudieron haber cometido en la tarea de proteger al precandidato presidencial. La cercanía del victimario al candidato, el arma utilizada, su origen y capacidad de daño hacen pensar en que detrás hay una estructura ilegal con íntimas relaciones políticas.

El tercer elemento está atado a la actual coyuntura política y electoral y al ambiente de polarización. Es posible que desde la extrema derecha se haya ordenado atentar contra la vida del congresista para producir efectos políticos y electorales contrarios a los intereses de la izquierda o el progresismo. ¿Por qué Miguel Uribe Turbay? La respuesta es sencilla: por ser nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, el atentado adquiere una dimensión política superior justamente porque se trata de un hijo del Establecimiento. Además, porque el senador es un férreo defensor de Uribe, de la seguridad democrática y un fuerte contradictor de Petro. El ataque sicarial es visto como un “atentado contra la democracia”, lectura que los autores intelectuales del atentado esperaban que se diera. Aunque quizás esperaban que el país estuviera hablando de un magnicidio.  Uribe Turbay será ascendido a la condición de víctima, lo que lo pone directamente en la carrera presidencial como parte del reconocimiento político y social que recibirá por haber sobrevivido a un atentado de esa naturaleza.

En el corto plazo se afecta la consulta popular y la decisión presidencial de decretarla y en el mediano plazo se enrarecen las elecciones de 2026. Incluso, no se puede descartar que se hagan llamados desesperados a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), escenario en el que la derecha confía para modificar la Carta de 1991 para quitarle el carácter garantista y moderno que desde siempre les molestó. y regresarnos al talante de la Constitución de 1886. Para lograr esos efectos se necesita de una narrativa que con la ayuda de los medios masivos de información se consolide y naturalice: “El gobierno de Petro es responsable del atentado. No hay garantías para el debate político y al frente del Estado está un presidente que escupe odio. Recuperar la Casa de Nariño en el 2026 es el imperativo moral tanto para los que están detrás del atentado criminal, como para los agentes de la derecha tradicional que están pescando en río revuelto”.

Un cuarto elemento emergerá atado a las investigaciones que adelanten las instituciones del Estado, a la hipótesis más consistente y a las primeras declaraciones que dé el joven sicario. Lo más probable es que el país no conozca la verdad, lo que supone no conocer la identidad de los autores intelectuales. Se supone que hay una larga cadena de involucrados que manejan fragmentos de la operación lo que garantiza que los autores intelectuales se mantengan en la sombra. El sector del Establecimiento que conoció del atentado desde ya estará moviendo relaciones y desarrollando acciones en las instituciones previamente infiltradas o capturadas conducentes a desviar o torpedear las investigaciones y la transparencia de estas a pesar de la orden presidencial de actuar con transparencia y diligencia. No se descarta que vengan retaliaciones y otros hechos violentos. Si la sensación de caos disminuye, es posible que se den otros hechos repudiables.

Y como quinto elemento está el trabajo efectista del periodismo bogotano. Desde anoche mismo empezaron a posicionar las intrigas y señalamientos contra el gobierno, lo que minará la confianza ciudadana en el proyecto progresista de cara a “reelegirlo” en el 2026. La polarización política y la crispación ideológica no cesará por cuenta del atentado. Por el contrario, quienes están detrás de la empresa criminal saben muy bien que pueden contar con ese periodismo que divide y que le apuesta a exacerbar los enfrentamientos políticos. Vendrán filtraciones, quizás crímenes al interior de la organización, hipótesis y se seguirá responsabilizando a Petro y al gobierno de lo sucedido. Al final de cuentas, la extrema derecha y la derecha institucional y tradicional comparten el mismo interés: hay que recuperar, como sea, la Casa de Nariño en el 2026. Y las empresas mediáticas también son hijas del Establecimiento, circunstancia que las obliga a mantener viva la polarización política e ideológica.

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ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY: ¿CULPA DE PETRO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Pocas horas después del atentado del que fue víctima el precandidato presidencial del Centro Democrático (CD), Miguel Uribe Turbay, empresas mediáticas como Noticias Caracol y agentes políticos se dieron a la tarea de crear la narrativa con la que se busca responsabilizar directamente al presidente Petro del ataque sicarial que sufrió uno de sus más enconados detractores políticos.

La polarización política y la crispación ideológica por la que atraviesa el país desde el plebiscito por la paz de 2016 alcanzó el 7 de agosto de 2022, con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, inesperados y violentos niveles de animadversión e intolerancia política, expresados desde todas las orillas ideológicas y sectores de poder. El sicariato moral ha sido la herramienta predilecta para descalificar al adversario político bien por su orientación sexual, el presunto consumo de sustancias psicoactivas, así como cuestionamientos ético-políticos por la pertenencia a poderosas familias y clanes cuestionados por hacer parte del Establecimiento o responsables de millonarios desfalcos al erario, entre otros hechos públicos calificados como inmorales.

Noticias Caracol abrió los micrófonos a Enrique Peñalosa, al expresidente Andrés Pastrana y al presidente del Senado, Efraín Cepeda, para que aportaran sus juicios de valor a la consolidación de la perversa narrativa con la que claramente se busca generar un clima de confusión y crisis de gobernabilidad y legitimidad que podría terminar en un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de la derecha. El ataque sicarial nos devuelve al momento histórico que vivió el país a finales de los años 80 cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Pizarro, Jaramillo y Galán; así como el líder de la UP, José Antequera.

Peñalosa, Pastrana y Cepeda señalaron de manera directa al presidente Petro como responsable político del atentado contra Uribe Turbay por considerar que el jefe del Estado no brinda garantías a la Oposición, estigmatiza y descalifica a sus críticos y porque rompió el equilibrio de poderes con su decisión de decretar la consulta popular.

En lugar de intentar bajarle a la polarización y a la desazón y rabia que ya genera el atentado que sufrió el congresista del CD, el noticiero en mención apeló a un ejercicio periodístico que estimula sentimientos de odio. El lenguaje periodístico lo usó el director de Noticias Caracol para exacerbar el ambiente de crispación, para luego terminar haciendo un llamado a “bajarle” a la violencia verbal desatada entre el Gobierno y la Oposición.

Si se van a establecer responsabilidades políticas por este hecho criminal, los primeros que deberían de hacer un acto de contrición son las empresas mediáticas y sus más visibles periodistas, quienes han aportado en gran medida al intolerante clima político-electoral que se respira en el país. Titulares tendenciosos, tratamientos sesgados y fake news han hecho parte del repertorio mediático.

Personajes como Francisco Santos, María Fernanda Cabal y Efraín Cepeda no dudaron en culpar a Petro del atentado. En sus cuentas de X, la más sórdida de las redes sociales, dijeron lo siguiente, en su orden: “el atentado contra Miguel Uribe tiene nombre propio: @petrogustavo Incendió el país con sus acciones y discursos y esta es la primera consecuencia”. Entre tanto, la precandidata del CD espetó que “no nos van a silenciar ni arrebatar la democracia los violentos. Esto es consecuencia del ambiente de odio y estigmatización que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro contra quienes pensamos distinto”. Y finalmente, el presidente del Senado, enconado enemigo de Petro señaló que “el presidente Petro ha conducido al país a un abismo que jamás imaginamos que volveríamos a enfrentar. Su manera de dividir y señalar interpretada por grupos criminales como una señal que incentiva la violencia”.

Del atentado se desprenden dos teorías: la primera, que indica que el ataque sicarial fue perfectamente planeado por un sector de poder económico y político que sabía que, una vez ocurrida la agresión, la reacción de medios y de la Oposición serviría al propósito de generar caos, una incontrolable crisis de gobernabilidad y evitar que el gobierno convoque a la consulta popular. Y la segunda y quizás la menos probable, señala que se trataría de un ataque sin motivaciones políticas y apenas justificado por razones de odio de parte del sicario.

Pronta recuperación para el precandidato y un rechazo vehemente al trabajo periodístico de Noticias Caracol y a las reacciones de los políticos que, claramente, están pescando en río revuelto.

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CLAUDIA LÓPEZ Y EL FRACKING: COMO DIGO UNA COSA, DIGO LA OTRA

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Al apostarle a la transición energética expresada en negarse a nuevas exploraciones de combustibles fósiles, entre otras medidas, el presidente Petro sacudió a los ambientalistas aletargados y a los amigos de las actividades desarrollistas insostenibles ecológica y ambientalmente como la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos legales e ilegales como la coca, caña de azúcar y palma africana y la gran minería.

A veces con una mirada catastrofista alrededor de una eventual extinción de la humanidad, el presidente Petro enfrentó a los sectores de poder tradicional que jamás valoraron aquello de ser un país biodiverso por ser amazónico y contar con las riquezas del Chocó Biogeográfico.

En medio de una incontrastable crispación ideológica y política provocada en gran medida por su intención de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo, candidatos presidenciales como Claudia López Hernández sumaron un ingrediente más a ese ambiente de polarización: volver a las prácticas extractivistas como el fracking. El uso de esa técnica había sido prohibido en 2023 por “el senado de la república con 62 votos por el sí y 9 en contra, aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones”. Posteriormente, la Corte Constitucional en un fallo histórico de 2024 ordenó hacer una consulta previa para los proyectos piloto de fracking en la región del Magdalena Medio, en particular en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

La candidata presidencial Claudia López “alborotó” las redes sociales y a los ambientalistas con su promesa de hacer fracking si en el 2026 resulta elegida como la primera mujer presidente de Colombia. Suele pasar que los candidatos presidenciales, en escenarios electorales, se comprometen con desarrollar políticas y acciones a pesar de que en el pasado se opusieron a las mismas. Es el caso del fracturamiento hidráulico o fracking, que la exalcaldesa de Bogotá rechazó con vehemencia en el 2017. Quedó en evidencia que la exalcaldesa de Bogotá no tiene convicciones en materia de protección ambiental y ecológica de los ecosistemas. Su incoherencia y capacidad de acomodarse a las circunstancias la convierten en una veleta ideológica con todo y los riesgos que conlleva actuar de esa manera.

Con tal de ganar el apoyo de las empresas interesadas y en capacidad de aplicar dicha técnica para extraer gas, Claudia López desestima los efectos negativos y los riesgos ecológicos y ambientales que produce el fracking. Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera el primer ministro del medio ambiente de Colombia sostiene que “por cada pozo se inyectan al suelo entre 9 y 29 millones de litros de fluidos (lo cual no debería permitirse en regiones con escasez de agua). Y existe el riesgo de que estos, así como los gases del pozo (incluyendo metano y compuestos orgánicos volátiles), migren hacia los acuíferos (aguas subterráneas) y los contaminen, ya sea a consecuencia de una defectuosa construcción de los pozos o a través de las fracturas inducidas en el proceso, y otras vías”.

El principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 no se puede desestimar a la hora de autorizar pilotos del fracking. La institucionalidad ambiental estatal siempre será débil y precaria cuando se juntan los intereses económicos y políticos de agentes de poder que además de negar los efectos del cambio climático, subvaloran los ecosistemas naturales-históricos.

No olvidemos entonces que la polémica promesa de Claudia López se da en medio de una fuerte polarización ideológica y política entre el progresismo y la derecha, a lo que se suman desde ya posturas desarrollistas para intervenir valiosos y frágiles ecosistemas y de esa forma rechazar la transición energética a la que le apostó el actual gobierno. Días atrás, la candidata Vicky Dávila dijo que una vez electa presidenta mandaría a construir una prisión en alguna de las selvas de Colombia, para encerrar allí a corruptos de cuello blanco. Tanto la propuesta de López como la de Dávila se asumen desde una sostenibilidad basada exclusivamente en criterios económicos y políticos, olvidándose de los efectos ecológicos y ambientales que generarían las dos propuestas. Quizás López Hernández  está sufriendo del síndrome de la Chimoltrufia. Y Dávila se está dejando llevar de su ignorancia supina. 

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¿SON PRESIDENCIABLES ALEJANDRO GAVIRIA URIBE Y SANTIAGO BOTERO JARAMILLO?

 

Por Germán Ayala Osorio

En la cumbre 59 de Asobancaria se presentaron 7 “presidenciables” ante el público y frente a tres periodistas que prometieron un debate que al final no se dio por el formato elegido. Cayeron, como en otras oportunidades, en el error de hacer preguntas complejas para responder en un minuto y cerraron el “debate” con otras pensadas más para “corcharlos y comprometerlos” hacia futuro.

Haré referencia a las intervenciones de dos de los siete precandidatos presidenciales: Alejandro Gaviria Uribe y Santiago Botero Jaramillo. El primero, exrector de la universidad de los Andes, subdirector del Departamento Nacional de Planeación durante el gobierno de Uribe, exministro de Salud de Santos y exministro de Educación de Petro. Gaviria habla como académico, pero actúa como un político tradicional.

El segundo, empresario antioqueño, admirador del expresidente Uribe Vélez y auto proclamado enviado de Dios para salvar al país. Botero llegó vestido con una sudadera en la que se leía “Dios es mi socio” y en la camiseta, “Confío en Dios” como respaldo a la “revelación divina” que lo puso en el escenario electoral. Botero se expresa como un típico paisa camorrero y enredador. A leguas se le nota que arrastra vacíos conceptuales alrededor de qué es el Estado moderno, los pesos y contrapesos de la democracia. Su “habladito” paisa lo acerca más a un vendedor callejero y lo aleja del talante deseado de un candidato presidencial.

Gaviria Uribe se definió en la señalada convención bancaria como un liberal y humanista. Coherente con su auto definición, respondió que no reestablecería relaciones diplomáticas con Israel de resultar electo presidente de la República. Poco creíble resulta esa promesa si revisamos su tibia postura frente a las prácticas genocidas perpetradas por Israel contra el pueblo palestino asentado en la franja de Gaza.

El país recuerda cuando se atrevió a fustigar al ejército israelí por un ataque a un hospital. Luego de ser confrontado por un vocero del gobierno de Netanyahu, Gaviria escribió en su cuenta de X: “Estimado embajador, reaccioné a la información de la prensa global que señalaba a Israel como el causante de la explosión. Con la nueva información que se ha conocido, reconozco que fue un señalamiento apresurado. Procedo a borrar el mensaje inicial. Reitero el llamado de muchos sobre la urgencia del respeto a la población civil, los derechos humanos y los trabajadores de la salud”.

Como humanista deja mucho que desear si se tiene en cuenta que jamás tomó distancia del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe, por las 6402 víctimas de los mal llamados “falsos positivos”.

Señaló que tiene dudas sobre el talante democrático del presidente Petro a raíz de la decisión de decretar la Consulta Popular, vista por el exministro y otros de los “presidenciables” como una afrenta a la institucionalidad democrática y un rompimiento del equilibrio de poderes.

Entre tanto, Botero Jaramillo dijo que sí reestablecería relaciones con Israel de llegar a la Casa de Nariño. La postura asumida por el empresario antioqueño es coherente con su idea de la seguridad. Mientras que en otras partes del mundo e incluso en el país se habla de seguridad humana, Botero reduce el complejo asunto a dar “balín” a todos los que se atrevan a protestar y afectar la movilidad y los derechos de los demás en esos escenarios en los que hay colisión de derechos. “Sin justicia no hay seguridad, nadie va a invertir en un país riesgoso. Vamos a tocar la constitución y hacer reformas a la justicia para darle dientes a las fuerzas militares y a la policía… salirnos de una cantidad de convenios que tienen secuestrada a la justicia… y poder volver a Colombia similar al Salvador. La paz la volvieron un negocio de bandidos”.

Santiago Botero estaría dispuesto a imponer seguridad y garantizar justicia sin tener en cuenta los derechos humanos. La réplica que le hizo Gaviria a su propuesta de “dar balín” (es decir, bala, bala y bala) acercó al empresario paisa a los terrenos en los que suelen moverse los chafarotes y machos cabríos premodernos como Uribe que se olvidó de los derechos humanos. Frente a los procesos de paz, Botero se mostró alejado de cualquier posibilidad de dar continuidad a esos intentos por lograr la paz a través de la negociación política. Lo que se traduce en el regreso a los tiempos de la seguridad democrática de su admirado expresidente Uribe Vélez.

Gaviria no es un humanista. Esa es la pose con la que quiere vender su candidatura. Es un neoliberal consumado y un cómplice político del manejo irresponsable que hicieron las EPS de la integración vertical. Entre tanto, Botero es un paisa bravucón y uribista que cree que es posible gobernar este país con los vacíos conceptuales que rápidamente exhibió en el señalado escenario de Asobancaria.

 

¿LA CONSULTA POPULAR POR DECRETO CONVIERTE A PETRO EN DICTADOR?

 Por Germán Ayala Osorio

Decretar la realización de la consulta popular tal y como lo anunció el presidente Petro produjo en la derecha una reacción política, de la mano de la prensa hegemónica, en la que se advierten lecturas apocalípticas atadas a una bien pensada manipulación de conceptos como democracia, institucionalidad, equilibrio de poderes, fractura o rompimiento institucional y la que no podía faltar: dictadura.

Se rasgan las vestiduras los expresidentes Santos, Uribe y Duque, beneficiados todos de la más burda fractura del equilibrio de poderes que haya sufrido el sistema político en Colombia: la reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez. Olvidan los tres que el “cambio del articulito” de la Constitución en el Congreso se hizo de manera ilegal y tramposa por la probada compra de los votos que hizo el gobierno Uribe a los congresistas Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.

El expresidente y expresidiario Álvaro Uribe se fue lanza en ristre contra Petro y Santos. Esto dijo en su cuenta de X, el “Señor de las Sombras[1]”: "El Petrosantismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el gobierno Petro al Congreso”.

La reacción de Juan Manuel Santos, antiguo aliado del político antioqueño se dio en este sentido: “En otra oportunidad le responderé a Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama petrosantismo, que no existe, y sobre el supuesto quiebre constitucional con el acuerdo de paz, que tampoco existió porque todo fue avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”.

Con el uso del adjetivo posesivo “nuestra”, pareciera que el expresidente Santos hiciera referencia a la democracia de ellos, es decir, a la de los tres expresidentes y a la de todos aquellos actores económicos, sociales y políticos que financiaron sus campañas políticas y legitimaron sus mandatos presidenciales manchados de ilegalidad e ilegitimidad por lo acontecido con la reelección, así como por los efectos negativos que dejó la aplicación de la política de seguridad democrática y la violenta represión que en el marco del estallido social lideró Iván Duque Márquez.

¿En dónde quedaron las chuzadas del DAS y el agrio enfrentamiento de Uribe con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las investigaciones que adelantaron los togados contra los congresistas amigos de los paramilitares, quienes finalmente le hicieron campaña a Uribe? Y cómo olvidar el intento de Uribe de quedarse otros cuatro años más, para completar 12. Hay que recordarles que con ponencia negativa del magistrado Humberto Sierra Porto se logró frenar el tercer periodo de Uribe Vélez. Lo que vivió el país entre 2002 y 2010 fue un “embrujo autoritario”, tal y como lo llamó La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

En uno de los informes se lee: “A nivel del régimen político, lo que se puede observar, desde la posesión del presidente, es la concentración del poder en el Ejecutivo; tanto que dentro de su estrategia mediática “regaña” a todos sus funcionarios, incluyendo los altos mandos militares, como una muestra de que las fallas están en la ejecución de las políticas y no en sus planteamientos centrales. El presidente aparece claro y cierto sobre lo que está proponiendo, liberándose así de toda responsabilidad; simultáneamente se presenta una fuerte tendencia a subvalorar y descalificar las otras ramas del poder público: la Legislativa y la Judicial”.

Lo que si va quedando claro es que la idea de democracia pasa primero por los intereses de los expresidentes Santos, Uribe y Duque, representados en su compromiso con la defensa de esa parte del establecimiento colombiano que ve como un peligro las reformas sociales presentadas por Petro a consideración del Congreso y del pueblo. Los tres expresidentes prefieren la democracia procedimental y formal que opera en el país de tiempo atrás, y les parece riesgoso cualquier intento por profundizarla en favor de los sectores marginados de la sociedad.

Poner a Petro en el mismo nivel de dictadores como Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay; los Castro en Cuba, Pinochet en Chile, Daniel Ortega en Nicaragua; y no podía faltar la referencia al régimen venezolano en cabeza de Nicolás Maduro Moros resulta exagerado pues el control de legalidad que hará la Corte Constitucional del decreto está garantizado. Eso sí, quienes hablan de dictadura en Colombia, a raíz de la polémica decisión del presidente Petro, evitan referirse al régimen que consolidó Bukele en El Salvador, quien se hizo reelegir a pesar de que la reelección continua está prohibida en la constitución de ese país.

Entre Petro y Uribe quien más se acercó a consolidar un violento y dictatorial régimen de poder fue el expresidente antioqueño. Baste con recordar y volver a ver el video en el que habla Godofredo Cínico Caspa para entender las diferencias.

Imagen tomada de ¿Se unieron contra Petro? Santos invita a Uribe a “defender la democracia” por consulta popular de Petro

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[1] https://www.lanuevaprensa.com.co/uribe-el-asesino-que-nos-puso-la-mafia-2/biografia-no-autorizada-de-alvaro-uribe-velez-el-senor-de-las-sombras-capitulo-1-el-misterio-de-los-aviones-fantasma-202010251225?tztc=1

 

VICKY DÁVILA PROPONE CONSTRUIR UNA CÁRCEL EN PLENA SELVA

Por Germán Ayala Osorio

 

En el afán por ganar simpatizantes, likes o por el fragor de las disputas ideológicas y políticas en las redes sociales, los candidatos presidenciales suelen hacer propuestas irrealizables, estúpidas, irracionales o traídas de los cabellos. Pues bien, la candidata de los clanes Gnecco y Gilinski, Victoria Eugenia Dávila de Gnecco, más conocida como Vicky Dávila, propone construir una cárcel en la selva para encerrar en esta a los corruptos de cuello blanco.

Vicky Dávila lanzó la estólida propuesta en medio de un enfrentamiento verbal con el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Daniel Quintero. Esto dijo la señora de Gnecco: “Vamos a construir una cárcel en la selva, de las más modernas, para llevar a todos los corruptos. Muchos funcionarios de su gobierno terminarán allá y si a usted lo condenan por su proceso de corrupción, también irá allá. Entiendo por qué le toca alabar a la Fiscal Camargo, como hizo con Barbosa. Porque tiene miedo, porque tiene rabo de paja al estar IMPUTADO. Conmigo habrá justicia. En la SELVA haremos El Centro de Reclusión para Corruptos (CRC). El sitio adecuado para los bandidos de cuello blanco y los politiqueros ladrones. Será construido en los primeros 12 meses de gobierno”.

La señora Dávila no es precisamente una mujer leída capaz de comprender desde el pensamiento crítico y el enfoque de sistemas las complejidades del país. Proponer construir un penal en un ecosistema boscoso va en contravía de los compromisos ambientales que asumió el Estado colombiano, entre los que se encuentran proteger justamente selvas como la Amazonia y las que aún subsisten en el Chocó Biogeográfico. Mientras que el mundo habla de cambio climático, la candidata uribista le apuesta a afectar negativamente un ecosistema frágil y estratégico para el mundo y por supuesto para el país y ciudades como Bogotá que acaba de salir de un racionamiento de agua, justamente porque los “ríos voladores” están desapareciendo de la mano de los procesos de intervención humana insostenibles en selvas y páramos.

En su afán por auto proclamarse como un “faro moral” anticorrupción, la periodista candidata desecha las luchas que dieron los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos para que fuera cerrada la cárcel en la isla Gorgona. Lo más probable es que Vicky Dávila desconozca la historia de la isla prisión, la misma que muchos la compararon con lo vivido en la famosa ergástula Alcatraz, en los Estados Unidos. En la isla prisión Gorgona se violaron los derechos humanos y se afectó el ecosistema con la construcción del famoso penal y la presencia de los reclusos y los guardianes. En 1984 fue cerrada de manera definitiva.

El bufido lanzado por Dávila de Gnecco se explica porque ella está alineada – ¿o alienada? – con las ideas libertarias del presidente de Argentina, Javier Milei, quien hace parte del extenso grupo de negacionistas del cambio climático. Qué bueno sería que los ambientalistas reaccionaran frente a la “propuesta” de Vicky Dávila. Quizás le hagan entender que su idea es irracional, estúpida e irresponsable. Por este tipo de proposiciones es que su candidatura cada vez se hace más inviable. El país no se puede dar el lujo de llevar a la Casa de Nariño a quien propone exabruptos como el de construir una cárcel en plena selva.

 

 

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CONSULTA POPULAR POR DECRETO: MÁS LEÑA AL FUEGO

Por Germán Ayala Osorio

Con la decisión del presidente de la República de decretar la Consulta Popular el debate que hasta el momento había sido estrictamente político e ideológico, se transforma en uno de carácter jurídico y constitucional que va más allá de lo normativo. De este ya participan los expresidentes de la Corte Constitucional que el gobierno dice que consultó para preparar y justificar el decreto y los juristas que consideran que el jefe del Estado no puede, jurídicamente, decretar la Consulta Popular.

También entran en el debate los deseos y las aspiraciones presidenciales de llevar al país hacia estadios de modernidad a través de la comprensión amplia del concepto de democracia, superando la formalidad con la que opera en el país desde el nacimiento de la República, y de la consolidación de la soberanía popular como un principio democrático rechazado y manipulado electoralmente por todos los sectores involucrados en esta discusión. De un lado, hay un evidente miedo a que el constituyente primario adopte decisiones con efectos económicos y políticos; y la excesiva confianza de que el pueblo sabrá tomar las mejores decisiones. Para ambos lados, equivocarse es una posibilidad latente.

Entra el país en un complejo escenario de discusión conceptual en el que aparecen dos fenómenos o líneas de acción: de un lado, la juridización de la política, entendida como la “dimensión jurídica del poder político, lo que es igual, el trámite jurídico de los problemas sociales y políticos” (Villegas, 2014, p. 168), y la irrupción del progresismo constitucional o aspiracional asumido por García Villegas como “la justiciabilidad de los derechos sociales y que por eso se requieren Constituciones aspiracionales, aunque riñan con los principios de maximización de la economía y con la seguridad de los derechos de propiedad”.

La primera lectura atada a la juridización de la política la expuso el reconocido jurista Rodrigo Uprimny. En reciente texto, el exmagistrado de la Corte Constitucional sostiene que “mientras no haya una decisión judicial anulando la votación de la consulta popular, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes”.

Mientras tanto, el gobierno Petro expresamente se alinea con el progresismo constitucional en el que por encima de lo normativo se pone la necesidad de escuchar al constituyente primario frente a una reforma laboral que claramente expone a dos Colombia: de un lado, la que insiste en que dignificando la vida de los trabajadores a través de pagos justos, la economía del país gana; y la otra Colombia que desde la avaricia y en ocasiones desde un espíritu retardatario y feudal se insiste en mantener la precarización laboral como una condición acorde con las condiciones naturales del aparato productivo del país y el mercado que les es funcional electoral, social y políticamente a la élite tradicional.

Por supuesto que al decretar la Consulta Popular el gobierno Petro desestima lo actuado por el Senado, acción que será recogida por la prensa opositora como un síntoma propio de dictaduras populares o caudillistas. Y en ese mismo sentido, el Senado, de la mano de su presidente Efraín Cepeda, despreció la soberanía popular y con ella la posibilidad de que el constituyente primario como nunca sucedió adopte decisiones de política laboral. En el fondo y más allá del debate conceptual que se viene, el país entrará en un debate entre la legalidad y la legitimidad de una aspiración social que el presidente Petro, en su condición de caudillo popular, decidió acoger como una de las tantas formas de enfrentar a lo que él llama la “vieja oligarquía”. Es decir, decretar la consulta popular aumentará los niveles de crispación ideológica y política y quizás los miedos de Petro, quien, en su alocución, habló nuevamente de una orden ya dada para asesinarlo o sacarlo de la Casa de Nariño y no precisamente a sombrerazos. 

TRATAMIENTOS PERIODÍSTICOS SESGADOS DE LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA CAMARGO Y VELÁSQUEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

Las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público de Guatemala en contra de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón y el embajador en el Vaticano Iván Velásquez Gómez constituyen un innegable hecho noticioso que activa en las empresas mediáticas dos elementos claves para su ejercicio informativo: el interés de informar sobre el hecho noticioso sobreviniente y el criterio editorial con el cual se hará el cubrimiento.

En su emisión de las siete de la noche el noticiero privado Caracol Noticias abrió con el suceso noticioso, lo que resulta perfectamente explicable desde el punto de vista del interés social y político que despierta la orden de captura contra dos altos funcionarios del Estado colombiano.

En la nota emitida, Caracol Noticias dejó ver con claridad que su política editorial sigue anclada a la decisión de sus directivas de afectar la imagen del Gobierno Petro y por supuesto la trayectoria pública de la fiscal general y del exministro Iván Velásquez; en particular la del actual embajador en el Vaticano porque en el pasado, cuando fungió como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia fue el responsable de las investigaciones que el alto tribunal adelantó contra por lo menos 50 congresistas con vínculos con los grupos paramilitares. Además, Velásquez es odiado por el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y su círculo de poder más cercano. De ahí que los medios que defienden a Uribe y a todo lo que huela a uribismo, asumen al embajador como "su propio enemigo". 

Volvamos al cubrimiento noticioso hecho por el referido noticiero de televisión. El tratamiento periodístico-noticioso resultó tendencioso y desafortunado en la medida en que obviaron lo dicho por dos expertos que consultaron en la sección que se conoce como Caracol Ahora, y que se emite horas antes de la emisión central. Se trata de los abogados Pedro Alejandro Carranza y Juan Pablo Estrada. En particular, Carranza explicó con amplitud los alcances y los problemas de legitimidad y aplicabilidad de las órdenes de captura emitidas por la fiscalía de Guatemala. Habló de un desconocimiento de la fiscalía guatemalteca de cómo funciona el sistema internacional e interamericano del que son parte Guatemala y Colombia.

Las dos fuentes consultadas desestimaron los efectos de las órdenes de captura internacional contra Camargo y Velásquez porque las actividades desarrolladas en territorio guatemalteco se hicieron bajo el amparo y respaldo de la ONU, en el marco de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). Bajo esas circunstancias y de acuerdo con los expertos, los dos exmiembros de dicha Comisión contarían con inmunidad, lo que dejaría sin efectos la orden judicial.

Si bien el Noticiero Caracol, en la mencionada nota de su emisión central entregó elementos contextuales para entender la decisión judicial, no recogió en la misma lo expresado por las dos fuentes en el espacio de Caracol Ahora. Se trata de una decisión editorial (política) acompañada de un tratamiento espectacular con el que claramente se buscó ensuciar la imagen del gobierno y por ese camino los nombres de los dos funcionarios.

Al consultar el portal[1] de Caracol Noticias las dos fuentes consultadas en la sección Caracol Ahora, dirigida por el presentador Pablo Arango, tampoco aparecen. Eso sí, el titular responde a la lógica noticiosa, atada por supuesta a la ya señalada intención editorial: Guatemala ordena la captura del exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo.

Suele pasar que cuando lo dicho por los expertos consultados va en contravía del enfoque preestablecido por el periodista o sugerido por el editor general e incluso por el director de emisión, esas interpretaciones y lecturas de los hechos se desestimen o se editan para no afectar el sentido de la narrativa que se quiere imponer. Lo expresado por Carranza claramente no le sirvió al jefe de emisión que quiso darle un tratamiento espectacular y rimbombante a unas órdenes de captura que muy seguramente no prosperarán, pero que si podrían afectar las relaciones diplomáticas entre de los dos países. Horas después, el gobierno de Guatemala rechazó la decisión de la fiscalía. 

El mismo tratamiento periodístico-noticioso hizo El Espectador[2], en una nota publicada en su portal, bajo el titular Guatemala ordena captura de exministro Iván Velásquez y fiscal Luz Adriana Camargo. En la bajada, resumen o sumario se lee: “El Ministerio Público de ese país señaló que el exministro y la fiscal, cuando eran investigadores en ese país, habrían favorecido a la multinacional brasileña Odebrecht en medio de pesquisas en ese país”. Al final de la nota, El Espectador registró la reacción del exministro de Defensa, en su cuenta de X.

Estamos ante un trabajo periodístico ideologizado y politizado muy propio de unas empresas mediáticas que operan como actores políticos y sus periodistas como activistas y estafetas del régimen de poder que le apuesta a deslegitimar a la fiscalía y directamente al gobierno por tener como embajador al odiado exmagistrado auxiliar, Iván Velásquez. 

Imagen tomada de El Espectador.com

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[1] https://www.noticiascaracol.com/mundo/guatemala-ordena-la-captura-del-exministro-ivan-velasquez-y-la-fiscal-luz-adriana-camargo-rg10 Consulta hecha a las 7:59 pm del 2 de junio de 2025.

[2] https://www.elespectador.com/judicial/guatemala-ordena-captura-de-exministro-ivan-velasquez-y-fiscal-luz-adriana-camargo/ Consulta hecha a las 8 y 26 pm del 2 de junio de 2025.

CURAS PEDERASTAS, PERIODISMO Y ESPÍRITU DE CUERPO

Por Germán Ayala Osorio

 

El periodista Juan Pablo Barrientos tiene contra las cuerdas a los curas pederastas protegidos por la iglesia católica. Con sus investigaciones develó los casos de violaciones contra menores perpetradas por sacerdotes de las Arquidiócesis de Medellín y Villavicencio.

En entrevista dada a El Espectador, el aguerrido reportero dijo: “He publicado dos libros: Dejad que los niños vengan a mí (2019) y Este es el cordero de Dios (2021). Tras el primero, interpusieron contra mí tres tutelas y cuatro denuncias penales. Con el segundo, tuve que responder siete tutelas. He ganado todos los procesos en primera y segunda instancia, excepto tres denuncias penales que no han sido resueltas y fueron interpuestas por el sacerdote telepredicador Carlos Yepes, el cura más poderoso de Antioquia. Este fue denunciado por tres hombres que afirman que fueron abusados sexualmente por él cuando eran niños. Yepes fue suspendido del ejercicio sacerdotal directamente por el papa Francisco”.

Recientemente, la Corte Constitucional (CC) le dio la razón a Barrientos, quien había solicitado que se “desclasificara” la información interna que reposa en Arquidiócesis, y diócesis de los clérigos sobre los cuales hay denuncias o procesos al interior de la curia por haber violado menores de edad. “Creo que hay sacerdotes buenos en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas del país. Pero sucede que los silencios, en casos de pederastia, son cómplices. Y algunos de esos buenos sacerdotes han guardado silencio frente a los delitos de sus colegas”.

Pocos días después del histórico fallo, en su cuenta de X, Barrientos hace referencia a la queja que expresó el arzobispo de Tunja, Gabriel Ángel Villa por el sentido de la sentencia del alto tribunal. El sacerdote dijo desde el púlpito que “no puedo ocultar mi tristeza, mi preocupación con lo que han decidido esta semana algunos miembros de la Corte Constitucional para satisfacer a dos periodistas y que afecta la vida de la iglesia y especialmente a los ministros ordenados en Colombia. Dice el comunicado que las jurisdicciones eclesiásticas debemos entregar a periodistas la información relativa a los sacerdotes o clérigos vivos y difuntos... para constatar si hemos cometido delitos referentes a abusos…”

Lo primero que debo decir es que el prelado evita hablar de abusos sexuales, apoyado en la generalidad que acompaña al término “abusos”. Ese silencio de Ángel Villa da cuenta de la incontrastable rabia que le produjo la decisión judicial y de su intención de minimizar las execrables prácticas de los curas pederastas. Y, en segundo lugar, su exposición pública permite comprender hasta dónde el espíritu de cuerpo les sirve a él y a otros clérigos para abstenerse de denunciar a sus compañeros violadores de menores, matizar esos “pecaminosos impulsos”, para terminar, reduciéndolos a “errores” por aquello de que la “carne es débil”.

En la molestia del arzobispo con la CC y los periodistas está de presente lo que se conoce como el espíritu de cuerpo o de grupo que da cuenta de la cohesión al interior de una organización, que favorece la imagen, los intereses institucionales y que sirven para naturalizar unas prácticas internas que dan vida a lo que se conoce como institucionalidad. Ese espíritu de cuerpo o moral institucional suele servir para ocultar delitos, defendidos por los agentes más visibles, devotos o cómplices de la organización, sea esta militar, eclesiástica o de cualquier otro carácter. De esa manera se cultiva una casta o cofradía mafiosa difícil de penetrar con los fines de denuncia que orientan el trabajo periodístico de Barrientos.

Ese mismo espíritu de cuerpo sirvió para que durante el gobierno de Álvaro Uribe y la aplicación de rajatabla de su política de defensa y seguridad democrática se validara, matizara y ocultara la abominable práctica de los “falsos positivos”. Por todo lo anterior, cuando se habla de defender la institucionalidad, en referencia a instituciones armadas como el Ejército y las comunidades religiosas, incluida la iglesia católica, lo mejor que se puede hacer es sospechar de sus agentes defensores, pues normalmente suelen cumplir el rol de encubridores de graves y repugnantes delitos. ¿A todas estas, qué pensará Dios de los crímenes de Estado y de sus representantes en la tierra convertidos en peligrosos pederastas?