Por Germán Ayala Osorio
El hundimiento de la Consulta Popular en la plenaria del Senado es un suceso político que confirma y naturaliza el sentido formal y procedimental con el que los representantes de los poderes públicos asumieron la consolidación del sistema democrático en Colombia. Al final, el resultado no puede ser más negativo y deprimente: la democracia en el país es un remedo si se compara con experiencias de democracias modernas que operan en otras latitudes. Esa incontrastable realidad dice mucho de la división de poder y la operación de los poderes públicos.
En general, a los magistrados de las altas cortes, a los congresistas cuyas
curules siempre patrocinaron conglomerados económicos y gremios de la producción
y a los anteriores presidentes de la República les dio miedo profundizar la
democracia en los términos planteados por Chantal Mouffe. Al final, optaron por
dejar de lado los ideales democráticos y someterse a las condiciones económicas,
socioculturales y políticas generadas por aquellos clanes y familias dueñas del
capital que defienden una idea restringida de la democracia.
Aquello de que la democracia es el poder del pueblo es un mero ideal que solo cobra sentido cuando los populistas de izquierda apelan para buscar el bienestar de las grandes mayorías, sin que ello suponga, necesariamente, acciones como la nacionalización de la producción o su estatización y por ese camino la proscripción de la iniciativa privada. Entre tanto, cuando la derecha apela al populismo lo hace para consolidar el Orden (el imperio de la ley), en combinación con políticas públicas asistencialistas (entrega de subsidios) que no construyen ciudadanía y poco mejoran las condiciones de vida de sus beneficiarios. Consolidan las 'trampas de la pobreza'.
El haberse negado a discutir las reformas a la salud y la laboral,
por presiones de los más visibles agentes de los gremios económicos, ratifica el
interés del Congreso de extender en el tiempo la precariedad laboral y la operación mafiosa
de un sistema de salud que priorizó los negocios de los privados, por encima de
los derechos de los pacientes, asumidos como usuarios o clientes.
Lo anterior es el marco cultural y político en el que hay que ubicar y
entender lo sucedido el 14 de mayo de 2025, cuando con “jugaditas” y al
parecer con fraude, la derecha uribizada hundió la Consulta Popular y “revivió”
la reforma laboral, la misma que muy seguramente terminará hundida.
Las reacciones del presidente Petro, de la bancada oficialista y de los “petristas
pura sangre”, el llamado a la “calma” de políticos y analistas, así como el
júbilo de los integrantes de las bancadas de la Oposición por el golpe dado al
Gobierno, abren nuevamente las compuertas al escenario predilecto del jefe del Estado
y temido por la Oposición y en general por la derecha: la movilización social.
El Pueblo a la calle
En su alocución desde la China, el presidente Petro invitó al pueblo a
declararse en “cabildo abierto” como forma de rechazo al hundimiento de la
Consulta Popular. Nuevamente Petro “le tira encima el pueblo a la burguesía
y a la oligarquía”. Apelar a las acciones colectivas y a la concentración
en las plazas constituye una forma de presión que hace recordar al país los
hechos violentos del estallido social.
Las movilizaciones en sí mismas no lograrán reversar lo decidido al interior
del Senado. Para lo único que servirán es para adelantar el pulso político de las
elecciones de 2026, a las que llegará el país en medio de una inquietante
pugnacidad ideológica, contaminada por el discurso de la lucha de clases, alimentada
tanto por el gobierno Petro, como por los congresistas que a pesar de resultar
elegidos a través del voto y con las reglas de la democracia, representan a una
minoría racista, clasista y aporofóbica.
Resulta curioso y perfectamente comprensible que en un ejercicio democrático
al interior del Senado se haya impedido que el pueblo se manifestara democráticamente
frente a las 12 preguntas con las que el gobierno radicó la consulta popular. Aparecen
entonces dos ideas de democracia que dan cuenta de los límites y alcances de un
régimen de poder que se mueve entre lo real y lo ideal. Una de esas ideas está
limitada por los intereses de los congresistas que negaron a millones de
colombianos la oportunidad de manifestarse a través del voto; y la otra que
deviene también limitada por la sapiencia del pueblo al que se convocó y que se
alistaba para participar de una jornada electoral temida por la derecha.
Noto una excesiva confianza en ese pueblo al que Petro le habla. A veces
creo que los petristas y el gobierno olvidan que dentro de esa “unidad” llamada
pueblo hubo y hay aún cientos de miles de pobres que votaron por Álvaro Uribe
Vélez, reconocido verdugo que les quitó a los trabajadores los derechos laborales
que se pretendían devolver con las 12
preguntas formuladas con las que se dio vida jurídico-política a la negada consulta
popular.
Aquella idea que señala que “el pueblo es superior a sus dirigentes”
deviene manida y hueca si se revisa muy bien el apoyo popular brindado a Uribe,
el más dañino presidente de la República elegido en democracia.
El gobierno Petro debería de esperar el desenlace de la reforma laboral que
el Senado revivió de manera maliciosa y estratégica. Si la hunde como se
sospecha que lo hará, el llamado al pueblo se justificaría siempre y cuando se comprendan
varias circunstancias: dentro del pueblo pobre hay
gente descontenta con el actual gobierno; hay otros a los que les asusta el fantasma
del “castrochavismo” y otro grupo que por tradición e ignorancia siempre votó a
la derecha, única opción de poder que conocen sus integrantes. Hay gente a la
que le asusta cuando le hablan de libertad, de abandonar sus “invisibles” prácticas
enajenantes, se le sugiere ponerle límites al individualismo y consolidar una
conciencia de clase para la cual jamás fue educado.
La izquierda y el progresismo podrían usar de una mejor forma el poder
popular que dicen y creen tener para cumplir con lo prometido, derrumbar los
miedos inoculados por la prensa uribista y hegemónica; formar cuadros en los
sectores populares y de clase media y terminar
el gobierno con mejores indicadores en materia macroeconómica. Provocar un nuevo
estallido social sería contraproducente para el proyecto político que encarna
Petro.
Adenda: estando el presidente en la China, al parecer el Senado le salió al pueblo con una coCHINAda.
Armando Benedetti discute con el secretario general del Senado, Diego Gonzpalez, por votación que hundió la consulta popular. // Colprensa
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