sábado, 7 de junio de 2025

CLAUDIA LÓPEZ Y EL FRACKING: COMO DIGO UNA COSA, DIGO LA OTRA

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Al apostarle a la transición energética expresada en negarse a nuevas exploraciones de combustibles fósiles, entre otras medidas, el presidente Petro sacudió a los ambientalistas aletargados y a los amigos de las actividades desarrollistas insostenibles ecológica y ambientalmente como la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos legales e ilegales como la coca, caña de azúcar y palma africana y la gran minería.

A veces con una mirada catastrofista alrededor de una eventual extinción de la humanidad, el presidente Petro enfrentó a los sectores de poder tradicional que jamás valoraron aquello de ser un país biodiverso por ser amazónico y contar con las riquezas del Chocó Biogeográfico.

En medio de una incontrastable crispación ideológica y política provocada en gran medida por su intención de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo, candidatos presidenciales como Claudia López Hernández sumaron un ingrediente más a ese ambiente de polarización: volver a las prácticas extractivistas como el fracking. El uso de esa técnica había sido prohibido en 2023 por “el senado de la república con 62 votos por el sí y 9 en contra, aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones”. Posteriormente, la Corte Constitucional en un fallo histórico de 2024 ordenó hacer una consulta previa para los proyectos piloto de fracking en la región del Magdalena Medio, en particular en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

La candidata presidencial Claudia López “alborotó” las redes sociales y a los ambientalistas con su promesa de hacer fracking si en el 2026 resulta elegida como la primera mujer presidente de Colombia. Suele pasar que los candidatos presidenciales, en escenarios electorales, se comprometen con desarrollar políticas y acciones a pesar de que en el pasado se opusieron a las mismas. Es el caso del fracturamiento hidráulico o fracking, que la exalcaldesa de Bogotá rechazó con vehemencia en el 2017. Quedó en evidencia que la exalcaldesa de Bogotá no tiene convicciones en materia de protección ambiental y ecológica de los ecosistemas. Su incoherencia y capacidad de acomodarse a las circunstancias la convierten en una veleta ideológica con todo y los riesgos que conlleva actuar de esa manera.

Con tal de ganar el apoyo de las empresas interesadas y en capacidad de aplicar dicha técnica para extraer gas, Claudia López desestima los efectos negativos y los riesgos ecológicos y ambientales que produce el fracking. Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera el primer ministro del medio ambiente de Colombia sostiene que “por cada pozo se inyectan al suelo entre 9 y 29 millones de litros de fluidos (lo cual no debería permitirse en regiones con escasez de agua). Y existe el riesgo de que estos, así como los gases del pozo (incluyendo metano y compuestos orgánicos volátiles), migren hacia los acuíferos (aguas subterráneas) y los contaminen, ya sea a consecuencia de una defectuosa construcción de los pozos o a través de las fracturas inducidas en el proceso, y otras vías”.

El principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 no se puede desestimar a la hora de autorizar pilotos del fracking. La institucionalidad ambiental estatal siempre será débil y precaria cuando se juntan los intereses económicos y políticos de agentes de poder que además de negar los efectos del cambio climático, subvaloran los ecosistemas naturales-históricos.

No olvidemos entonces que la polémica promesa de Claudia López se da en medio de una fuerte polarización ideológica y política entre el progresismo y la derecha, a lo que se suman desde ya posturas desarrollistas para intervenir valiosos y frágiles ecosistemas y de esa forma rechazar la transición energética a la que le apostó el actual gobierno. Días atrás, la candidata Vicky Dávila dijo que una vez electa presidenta mandaría a construir una prisión en alguna de las selvas de Colombia, para encerrar allí a corruptos de cuello blanco. Tanto la propuesta de López como la de Dávila se asumen desde una sostenibilidad basada exclusivamente en criterios económicos y políticos, olvidándose de los efectos ecológicos y ambientales que generarían las dos propuestas. Quizás López Hernández  está sufriendo del síndrome de la Chimoltrufia. Y Dávila se está dejando llevar de su ignorancia supina. 



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