Por Germán Ayala Osorio
El caso de las carcasas de
lanzagranadas (basucas) encontradas por la Policía al sur de Bogotá y no
asociadas institucional y protocolariamente a un posible atentado contra el presidente
Petro activa nuevamente la narrativa presidencial que indica que de tiempo atrás
hay un plan para asesinarlo. La orden está dada, aseguró el propio jefe
del Estado.
Si la información recogida por la
inteligencia policial y militar confirma la existencia de un plan criminal en contra
del presidente Petro, el asunto a considerar no estaría tanto en la posibilidad
de que la orden se cumpla estando en la Casa de Nariño, sino más bien una vez
abandone el poder. Asesinar a Petro en
su calidad de presidente es un momento político o escenario que no convendría a
quienes desde varios sectores societales desean ese fatal desenlace por todo lo
que significaría para ellos que Francia Márquez Mina asumiera el poder en su
calidad de vicepresidenta. Provocar una crisis política e institucional y un
eventual levantamiento popular no le conviene al país y mucho menos a quienes harían
parte del macabro plan e incluso, para quienes desde sectores privilegiados están
deseando que eso ocurra sin hacer parte de ese concierto para delinquir.
La orden de la que habla el
presidente Petro podría estar pensada para ser cumplida en su calidad de
expresidente de la República, hecho político que no tendría los efectos
políticos, sociales e institucionales si la muerte se produjera estando aún
como inquilino de la casa de Gobierno. Si el plan es real y la orden de verdad
ya fue dada como lo indicó Petro, los autores intelectuales y materiales, en
asocio o no con los sectores políticos, sociales y económicos que vienen expresando
su animadversión hacia el jefe del Estado, podrían estar considerando aplazar
la acción criminal, para “bajarse a Petro” una vez abandone la Casa de Nariño,
lo que significa que sus enemigos estarían pensando desde ya en el escenario electoral
de 2026; es decir, le estarían apostando a evitar a que se consolide el petrismo
como doctrina política, escenario que le preocupa a la derecha por la condición
de caudillo popular y gran elector de la izquierda y el progresismo que ostenta
ya Gustavo Petro.
Si Petro es asesinado en su
calidad de expresidente, los efectos sociales y políticos serían diferentes si
su crimen se produce fungiendo como jefe del Estado. Convertido en símbolo y mártir,
su legado político se reforzaría siempre y cuando así lo decidan quienes estén
dispuestos a recoger su proyecto político emancipador y subversivo (contrario al
orden establecido). Y realmente no veo a nadie capaz dentro del progresismo cumplir
esa función no solo por el miedo que generaría semejante “acción ejemplarizante”
de la ultraderecha, sino por la inigualable capacidad discursiva, inteligencia
y el carisma del hijo de Ciénaga de Oro.
La atención internacional sería igualmente
diferente en la medida en que la gobernabilidad no se pondría en riesgo si la
orden se ejecuta siendo expresidente de la República.
Cierto o no lo del plan para
asesinarlo, el solo hecho de que se esté hablando del espinoso asunto en las
redes sociales y en otros espacios da cuenta de la vigencia de una de las taras
civilizatorias que caracteriza a la sociedad colombiana: la facilidad con la
que se desprecia la vida de aquel que piensa diferente y se atrevió a desafiar a
los amigos del régimen criminal que lleva años operando el Estado colombiano.
Huelga recordar que durante una de
las movilizaciones ocurrida en abril de 2024 en contra de Petro y de su gobierno
apareció un féretro con el que se simulaba la muerte del presidente. En su momento
el jefe del Estado dijo que “Matar al presidente gritan estas personas
ricas. Allí va un hombre negro y de bajos recursos ayudando a cargar el
féretro. ¿Sabrá esta persona lo que le pasaría a Colombia y a su gente si el
deseo de estas personas se cumpliera?”
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