Por Germán Ayala Osorio
Convertidas las redes sociales en putrefactas trincheras ideológicas, en particular la red X, desde el 7 de agosto de 2022 hostigar, matonear, calumniar e injuriar se consolidaron como poderosos instrumentos con los que petristas y uribistas se enfrentan a diario en su afán de legitimar las dos únicas narrativas sobre las cuales girará el debate electoral de 2026. La narrativa del progresismo apunta a que el proyecto político aupado por Petro debe continuar por todos los efectos positivos que dejaría, mientras que la derecha insiste en la fantasiosa idea de que “el país está en la debacle y que va hacia el abismo por culpa del comunismo”, a pesar de que los indicadores económicos y sociales dicen lo contrario. El enfrentamiento discursivo y las acciones (des) informativas están llegando a unos peligrosos niveles de intolerancia que bien podrán terminar en peleas callejeras y otras formas de violencia física; incluso, en asesinatos selectivos.
Las bodegas es el término en el
que confluye la lucha ideológica y política entre sectores del progresismo y la
derecha uribizada. Hacen parte de esas particulares bodegas influenciadores,
youtubers, periodistas, políticos y remedos de reporteros, interesados en
desacreditar a sus oponentes exponiendo contratos con el Estado, convertidos
estos últimos en una especie de nuevo e imperdonable “delito” que debe ser rápidamente
tipificado en el Código Penal. Lo cierto es que todos los gobiernos han pagado
apoyos y favores electorales con millonarios contratos. Por supuesto que esa práctica
no legitima el carácter leonino de muchos de estos. Estamos ante un problema
cultural (político) que abarca a progresistas y a quienes desde la derecha defienden su hasta
ayer exclusivo derecho a regalar contratos con el Estado.
Por supuesto que también se apela al agravio físico. El youtubers de 40 o más años, Daniel Samper Ospina es reconocido por burlarse de la apariencia física de sus contradictores. Recientemente posteó la imagen del ministro de Educación, haciendo una mueca. Samper ofreció boletas gratis a su show al mejor pie de página que enviaran sobre la foto del ministro Daniel Rojas. De acuerdo con las "denuncias" en la red X, la esposa de Samper, durante el gobierno de Juan Manel Santos, se benefició de un contrato con el Estado. De esa forma el privilegiado payaso confirma no solo su clasismo, sino su molestia por la llegada a la Casa de Nariño de un gobierno que jamás le daría un contrato a él o a alguien más de su núcleo familiar.
Los límites entre el hostigamiento y la confrontación política de las ideas y posturas políticas cada vez se tornan más difusos. En especial cuando medios tradicionales como El Espectador entran en el juego de develar contratos con un lenguaje periodístico que agita las pasiones y el ya enrarecido ambiente electoral. Este es el titular del diario bogotano que “calentó” la red social X: “Tropa” de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita para la campaña”. La bajada o sumario de la nota amplifica el sentido de la “denuncia” periodística que termina por confirmar el alineamiento ideológico y político del periódico con los intereses de la derecha uribizada que le apuesta a recuperar la Casa de Nariño y el poder de entregarle los contratos exclusivamente a los influenciadores de la derecha que desde el 7 de agosto de 2022 hacen "méritos" para hacerse a unos de esos esperados premios por haber sostenido enconados enfrentamientos con los petristas.
El sumario es este: “El
Espectador encontró que 18 de estos activistas firmaron contratos por más de
700 millones de pesos solo en lo que va del 2025. Se trata de un pulso por el
control de la narrativa que está en disputa con creadores de contenido de la
derecha”. La nota está acompañada de las fotos y las cuentas de X de cada
uno de los beneficiarios.
Julio Mario Ospina, usuario de la
red X (@juliomario55555) reaccionó de esta manera a la publicación: “Procedo
a poner una denuncia y demanda al @elespectador por difamación, injuria y
calumnia, exponer mi vida ante el país y el mundo, a mi si me tienen que
demostrar en estrado judicial ya que el dinero que me gano limpiamente como
fruto de mi trabajo no proviene del erario público, sucios mentirosos!!”.
“Boletiar” al adversario, exhibiendo
que tiene contratos con el Estado deviene con una inconveniente carga
moralizante y estigmatizante que empobrece la discusión política en la medida
en que los contratos suelen hacerse públicos en la plataforma estatal existente
para esos efectos. Lo que en el fondo está mal es defender una causa o un
proyecto político sí y solo sí hay una retribución económica.
La defensa de las ideas
progresistas y de las ejecuciones del actual gobierno debe obedecer de manera
exclusiva a una evaluación, de las dos partes enfrentadas, de la calidad
técnica de las mismas, en especial si se trata de obras de infraestructura; la
sostenibilidad financiera, ambiental, ecológica y social de las mismas; la
pertinencia, los costos económicos y la aceptación social por parte de las
comunidades beneficiadas. Los contratos, millonarios o no, entregados a los
influenciadores de la derecha o del progresismo deben estar justificados por
las mismas razones. Entregarlos por “agradecimiento” da vida a una relación
clientelar de nuevo tipo que convierte al Estado en la caja menor para pagar
favores electorales y políticos.
Estas acciones de “boleteo
informativo” ocurren días después de los reclamos que varios ciudadanos hicieron
a Nadia Blel, frente a su apartamento en Cartagena, por haber hundido la reforma
laboral. Ambas acciones son el resultado de esos ánimos caldeados a los que el
presidente Petro también contribuyó cuando calificó de “maldito el parlamentario que a
través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio
pueblo”.
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