Por Germán Ayala Osorio
En las últimas 24 horas el expresidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez hizo presencia en la universidad de la Sabana de
Bogotá, con el fin de participar en un evento académico que, al parecer, se organizó exclusivamente para que el político
antiqueño pudiera, desde ese privilegiado entorno, decir lo que a bien quisiera
expresar, sin que nadie lo pudiera controvertir. Pues bien, el expresidente y
expresidiario aprovechó la oportunidad para incitar a la cúpula
militar a que desconociera la autoridad del comandante supremo de las FFAA,
el presidente Gustavo Petro. Sin duda alguna, Uribe lo que hizo fue un llamado
a los generales y coroneles con mando de tropa, a que cometieran el delito de
sedición y por esa vía, dar un golpe militar.
Resulta supremamente grave y preocupante que una universidad privada se preste para que un expresidente de la República incite o inste a los militares a violar la constitución política y de esa forma, desestabilizar al país. No. La academia no está para eso, salvo que de manera decidida y con previo conocimiento supieran y compartieran a plenitud lo que el latifundista, caballista y exdirector de la Aerocivil iba a proponer a un auditorio con presencia de jóvenes. Si fue así, está en mora la universidad de la Sabana para emitir un comunicado en el que toma distancia de la incitación que hizo su invitado a que los militares violen la ley y la constitución política. De lo contrario, la opinión pública podrá pensar que comparte con Uribe la incitación a cometer un grave delito.
En el inmediato pasado, otras universidades privadas
del país le abrieron los auditorios al mismo Uribe Vélez para que explicara, de
manera amañada, el caso judicial por el que está en etapa de juicio, por los
delitos de fraude procesal, manipulación y soborno a testigos. Estos claustros
universitarios se prestaron para que Uribe Vélez retara a la jueza que llevará en adelante el juicio en su contra; hay que recordar que en tres oportunidades, distintos jueces negaron las solicitudes de preclusión de los fiscales que, siguiendo órdenes
del entonces fiscal general, Francisco Barbosa, elevaron esas ilegítimas y
retorcidas peticiones al aparato de justicia.
Nadie niega que la academia es un territorio político
en donde se discuten asuntos públicos propios de la política. Además, la
universidad no puede abstraerse de los efectos, negativos y positivos que van
dejando a su paso específicas coyunturas sociales, económicas y políticas. Por
ejemplo, la notable crispación política e ideológica por la que atraviesa el
país desde el 7 de agosto de 2022, la misma que deviene anclada a las
movilizaciones de 2019 y 2020 y al estallido social debe ser un tema de discusión académica. Pero somos pocos los que hablamos de crispación política e ideológica, en contravía del concepto de polarización política.
Periodistas y políticos hablan de polarización política,
narrativa con la que ubican a la izquierda y al progresismo en el sector
extremista, y por tanto inconveniente para el país, con el claro objetivo de salvar
a la derecha que representa con lujo de detalle el expresidente Uribe Vélez, de
las responsabilidades que debe asumir porque en el pasado hicieron ingentes
esfuerzos para desmontar las garantías constitucionales y democráticas. Los 30
años de aplicación de la receta neoliberal terminaron concentrando la riqueza
en pocas manos, al igual que la propiedad de la tierra; esa misma receta sirvió
para negar los derechos de los campesinos y por esa vía, se intentó acabar con
la agricultura, sector que hoy repunta en el gobierno de Gustavo Petro. Además
de generar las peores condiciones de vida para millones de colombianos, la
derecha uribizada se niega a aceptar que el país necesita transformaciones
sociales, políticas y económicas para superar la pobreza, la inequidad y la
inseguridad alimentaria.
Entre las figuras políticas que insisten en esa
narrativa de la polarización política están, además del propio expresidente
Uribe, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y el exgobernador de
Antioquia, Sergio Fajardo, entre otros más.
En las universidades igualmente esa narrativa ha servido
de insumo para debates y propuestas de investigación para analizar sus alcances
y realidades, más allá de los juicios de valor que se lanzan a diario desde las
empresas mediáticas.
En el periodo 2002-2010, las universidades privadas
vivieron momentos de tensión política entre estudiantes y profesores que
apoyaban a pie juntillas el gobierno de mano dura de Álvaro Uribe Vélez y
aquellos docentes y alumnos que se oponían a la implementación de la política
de seguridad democrática.
Cuando el “embrujo autoritario” fue perdiendo terreno
en la opinión pública y se hicieron notar los efectos negativos de las
políticas neoliberales adoptadas por Uribe, así como la inconmensurable
corrupción público-privada y la violencia estatal representada en los 6402
jóvenes asesinados por miembros del Ejército, los uribistas vergonzantes
lograron esconderse, mientras el país continuó en manos de Santos, para luego
terminar en las del incompetente Iván Duque Márquez, el títere de Uribe Vélez. Entonces,
los ambientes en las universidades privadas cambiaron notablemente porque
empezaron a llegar y a sacar la cabeza los estudiantes críticos de Uribe y de
Duque. Durante el estallido social fue claro que la juventud universitaria, un
poco más leída, ya no comulgaba con eso que se conoce como uribismo.
Aparecieron, entonces, los estudiantes que terminaron
seducidos por el discurso del cambio que promovió Gustavo Petro durante su
campaña. Una vez en el poder, el ambiente en las universidades privadas cambió.
Eso sí, la narrativa de la polarización política llegó a las aulas y allí
gravitará hasta que la derecha recupere el poder en el 2026.
Con la llegada de la izquierda progresista al poder,
la derecha, con el concurso de los medios y periodistas afectos a su causa,
viene insistiendo en que el país atraviesa una violenta polarización política,
y responsabiliza de esa circunstancia a la izquierda democrática.
La presencia de Uribe en los últimos meses en varias
universidades privadas no obedece exclusivamente a su interés de defender su cuestionada
honorabilidad y de incitar a los militares a que desobedezcan a su comandante
supremo, Gustavo Petro. No. Ese periplo por los claustros universitarios es apenas
el abrebocas de lo que sucederá en el país si en el 2026 recuperan el Estado
que la izquierda les arrebató de forma legítima en 2022. Si la derecha uribizada
logra poner en la Casa de Nariño (o de Nari) a cualquiera de los precoces candidatos
que ya suenan para servir a la causa uribista (Vicky Dávila, María Fernanda
Cabal, Abelardo de la Espriella, Paloma
Valencia, Fico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Germán Vargas Lleras o Sergio Fajardo),
las universidades privadas del país volverán, como sucedió entre 2002 y 2010, a
ser los escenarios en los que, nuevamente, se macartizará a todos los
que se atrevan a criticar al presidente de la República que salga de ese
ramillete de candidatos.
Bajo esas circunstancias, entonces la narrativa de la
polarización política se matizará un poco porque nuevamente la derecha tendrá
el poder político y el apoyo de las empresas mediáticas que hoy sufren los
estragos económicos de un gobierno que optó por disminuirles la pauta oficial,
lo que aumentó la ira de los periodistas y directores de medios que, siguiendo órdenes
de sus patrones, están actuando como verdaderos actores políticos en oposición.
La universidad debe ser, por excelencia, el espacio
para debatir conceptos, posturas, teorías y exponer argumentos sobre asuntos
públicos que nos interesan a todos. Es, igualmente, el lugar en el que sus
estudiantes se forman para vivir en sociedad, ojalá bajo marcos democráticos lo
suficientemente sólidos para soportar y tramitar los sempiternos conflictos que
emergen cuando aparecen los intereses individuales y las complejas
subjetividades en las aulas y en las instancias de dirección académica de las
facultades y las rectorías.
Imagen tomada de Youtube.com
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