Por Germán Ayala Osorio
La millonaria sanción en dólares
que acaba de imponer la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos al Grupo Aval y su filial, Corficolombiana, constituye un hecho
jurídico-político y mediático que bien puede ser calificado como el hecho del
año, por encima del escándalo del primogénito del presidente de la República,
Nicolás Petro.
Los hechos delictivos que sustentan
la dura sanción se dan en el marco de un proceso penal y bursátil que las autoridades
americanas abrieron en contra del Grupo Aval, en cabeza de la familia Sarmiento
Angulo. No está claro hasta el momento si con el pago realizado cesa todo proceso
penal en contra de los involucrados que trabajan para el conglomerado económico
y fueron cercanos a los hechos investigados.
En el resumen de la resolución
emitida por la SEC se lee lo siguiente: “El presente proceso surge por la
participación de Corficolombiana, a través de su expresidente como se describe
a continuación, en un esquema de soborno relacionado con el proyecto de
construcción de carreteras más grande en la historia de Colombia, conocido como
Ruta del Sol II (“RDS 2”), y específicamente la construcción de una
prolongación de la carretera a la RDS 2 (la “Prolongación Ocaña Gamarra”). El
esquema de soborno tuvo lugar en un contexto de falta de mantenimiento de
suficientes controles contables internos y libros y registros que ocultaron los
sobornos como gastos comerciales legítimos. Como agente de Grupo Aval,
Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero («FCPA») y fue causa de las violaciones de Grupo
Aval de las disposiciones sobre libros y registros y controles contables
internos de la FCPA” (Tomado de Cuestión Pública).
La decisión de la SEC deja muy
mal paradas a las autoridades colombianas, en particular a la Fiscalía, entidad
incapaz de procesar a quienes desde ese conglomerado económico tienen responsabilidades
en los actos de corrupción ocurridos con ocasión de la construcción del
señalado carreteable en manos de la multinacional Odebrecht. En particular las
Fiscalías de Martínez Neira y Francisco Barbosa que poco o nada hicieron para
esclarecer lo sucedido no solo en torno a los sobornos -Martínez Neira diría, “eso
es una coima, marica-, sino a la entrada de dineros de la multinacional brasilera
a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga
(vinculado ya a un proceso penal, junto con su hijo) y la de Iván Duque
Márquez.
Estamos hablando de corrupción de
cuello blanco, al más alto nivel político, social y económico, lo que consolida
la negativa representación social que indica que Colombia es uno de los países
más corruptos del mundo. Las circunstancias que confluyen en el lamentable
hecho noticioso ameritarían una reflexión en una sociedad como la nuestra que
deviene confundida moralmente. Pero ello no sucederá, porque al estar todos metidos
en el sistema capitalista, somos proclives a pasar estas conductas delictivas
porque el régimen de poder debe perpetuarse en el tiempo, junto con todas las
inmundicias que produce y reproduce.
Insisto en que la sanción de las autoridades
americanas compromete a varias instituciones estatales y a las
institucionalidades de allí derivadas. Es tan grave el asunto, que la ya manida
narrativa “dejemos que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo” se
torna insulsa, esto es, un lugar común al que apelan políticos profesionales,
en particular aquellos que, al pronunciarlas, saben que no va a pasar nada
porque se trata de gente muy poderosa. En este caso, del banquero Sarmiento
Angulo. Lo mismo ocurrió con un informe de la Contraloría General de la
República, durante la administración de Sandra Morelli Rico, en el que se exponen
casos de apropiación irregular de baldíos en la altillanura. En estos aparece el
hijo de Sarmiento Angulo y otras poderosas familias.
Resulta a todas luces vergonzoso
que sean justamente las autoridades americanas las que hagan la tarea que sus
similares en Colombia jamás hicieron: investigar, procesar y sancionar al Grupo
Aval y a los directivos de Corficolombiana comprometidos en los hechos sobre
los que la SEC tomó la decisión de sancionar al conglomerado económico y
financiero.
En cuanto al carácter mediático
de la millonaria sanción, hay que decir que se confirma que los criterios de
noticiabilidad y el tratamiento esperado de los hechos noticiables son
acomodaticios, lo que de inmediato afecta la construcción de la verdad de lo
acontecido. El periódico EL TIEMPO, propiedad del banquero, manipula la información
y expone a sus lectores medias verdades. Miremos algunos titulares:
Justicia de EE.
UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht
Ruta del Sol II.
Estamos ante un titular que encubre el hecho noticioso
principal: la sanción millonaria. Al obviar esta circunstancia, EL TIEMPO les
miente a sus lectores y por esa vía, trata de cuidar la ya negativa imagen que
arrastra el Grupo Aval. En ese mismo sentido se dio el titular de Caracol radio:
Por caso Odebrecht, Grupo Aval libre de investigaciones en Estados Unidos.
Entre tanto, el portal Semana.com
titula de esta manera: “Atención: Estados Unidos cierra capítulo de
Odebrecht para Grupo Aval y Corficolombiana y les impone multa por 80 millones
de dólares”. El titular de
Semana cumple a cabalidad con los criterios de noticiabilidad al valorar el
hecho noticiable en las dos perspectivas más importantes que se derivan del
mismo: el cierre del proceso- aunque hay dudas al respecto- y la millonaria
multa. Llama la atención el cuidado que tuvo la directora del portal Semana al
titular de esa manera, pues es muy dada a publicar titulares amarillistas.
Destaco el titular del medio
alternativo Cuestión Pública: Grupo aval es sancionado por violar la
ley de prácticas corruptas en EE. UU. Se trata de un titular preciso que, sin ambages, recoge el carácter jurídico con el que se examina las conductas delictivas
cometidas por agentes del Grupo Aval y su filial. En la bajada de su página web
se lee: “El conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a un
acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula e
investiga a las compañías que cotizan en la bolsa de valores ese país, y
Corficolombiana deberá pagar 80 millones de dólares. ¡Descarga la decisión de
la SEC!”
El periodismo es uno solo. Lo
demás son intereses de los propietarios de los medios, la obediencia de los
editores y sus titulares amañados y el real compromiso con la verdad. Y la verdad,
en este y otros casos, tiene precio, así no sea en la misma cuantía de la
sanción de la que aquí hablamos.
Imagen tomada de Cuestión Pública
No hay comentarios:
Publicar un comentario