DANIEL MENDOZA: EL EMBAJADOR QUE TUMBÓ LA DOBLE MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El fallido nombramiento como embajador en Tailandia del creador de la exitosa y premiada serie Matarife, Daniel Mendoza Leal deja varios asuntos claros que bien vale la pena revisar:

1.       1. Colombia sigue y seguirá por largo tiempo siendo una sociedad simuladora, farisea, melindrosa, hipócrita, rezandera, camandulera, puritana, devota y timorata. Así las cosas, la doble moral seguirá aplicándose especialmente a quienes hayan cometido el grave error de criticar o develar las andanzas criminales de uno o de varios de los agentes del establecimiento colombiano.

2.       2. Aquellos que, habiendo disfrutado de las “buenas maneras” de la élite tradicional en clubes, de un momento a otro hayan decidido romper el pacto de silencio firmado sobre finas mesas de nogal, serán perseguidos por la PMM (Policía Moral y Mediática).

3.       3. Atada a esa doble moral están elementos de clase que hacen posible que las relaciones con menores de edad, consumo de drogas o prácticas homosexuales que sostengan algunos de sus más connotados miembros siempre serán asumidos como “deslices recreativos”, pero jamás como crímenes. Queda más que claro que son muy pocos los que se pueden dar esos gusticos: curas, políticos, empresarios y rectores de prestigiosas universidades.

4.       4. Quien haga las veces de presidente de la República está obligado a cogobernar con los agentes cercanos al establecimiento. Cualquier decisión contraria será atacada con furia por los agentes mediáticos, sociales y políticos dispuestos en la arena pública para defender la tradición. Por lo tanto, las embajadas y consulados deben seguir entregándose exclusivamente a amigos del establecimiento sin que importe que sobre los designados embajadores o cónsules sobrevengan investigaciones por crímenes y tráfico de cocaína. Ante todo, la defensa de los altos intereses de la Patria.

5.      5.  Las condiciones que impone vivir bajo el embrujo macondiano hacen plausible confundir la realidad con la ficción. Los párrafos obscenos que aparecen en la novela de Mendoza Leal no son aptos para los castos oídos de las feministas y oscurantistas respetuosas del establecimiento colombiano. Las finas y reputadas revistas con mujeres desnudas, así como la publicidad sexista sirven para exaltar la belleza del cuerpo de la mujer, incluidas por supuesto la simpática letra de la canción “mamacitas desde los 14”. Jamás pueden entenderse como formas de instrumentalización de la mujer y mucho menos consideradas como sexualmente apologéticas.

 

Adenda: se aplaude la decisión de Daniel Mendoza Leal de declinar el nombramiento como embajador en Tailandia, a pesar del visto bueno del gobierno de ese país. Las discrepancias al interior de los progresistas alrededor de la designación de Mendoza como diplomático deben permanecer en el tiempo porque es una de las tantas formas de diferenciarse de la derecha, de la tradición y de la doble moral establecida.

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PETRO, SIMÓN BOLÍVAR Y LOS MALDITOS CONGRESISTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La férrea, absurda, indolente, irresponsable, infantil y mezquina oposición política que la derecha le viene haciendo en el Congreso a las iniciativas legislativas presentadas por el gobierno de Petro están radicalizando de tal forma al presidente de la República que en sus trinos después de hundido el proyecto de la ley de financiamiento, parece estarse acercando al espíritu libertador de Simón Bolívar.

Con la sentencia “maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo”, Gustavo Petro dejó ver su rabia por lo acontecido en el legislativo. La historia recogerá la señalada locución para explicar que en el siglo XXI hubo un presidente que quiso “liberar al país del yugo de la derecha neoliberal que privatizó el Estado” por más de 30 años, sometiendo al pueblo a vivir en medio de la pobreza y la desigualdad, la informalidad laboral y a los designios de unos pocos que siempre gozaron de beneficios sociales, políticos y económicos propios de una democracia tan imperfecta, como procedimental como la colombiana. La llamativa y fuerte expresión presidencial hizo recordar la célebre frase atribuida a Simón Bolívar: “maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo".

Aunque las dos frases hacen parte de contextos bastante disímiles, comparten el sentido emancipador, libertario, disruptivo y subversivo con el que Petro quiere ser recordado. Aunque deje avances en materia de entrega de tierras, la gran reforma agraria no la logrará porque los grandes terratenientes seguirán apostándole a la producción de “comida para los carros” (bioetanol), a la ganadería extensiva, así como al crecimiento urbanístico insostenible que ya tiene hoy a la capital del país padeciendo racionamiento de agua.

Al ser la prensa hegemónica el notario de la historia, los titulares que recogieron la expresión presidencial ayudarán a los historiadores y a los analistas políticos a explicar lo que sucedió un día de diciembre de 2024. El Universal tituló Petro trató de “malditos” a congresistas que hundieron reforma tributaria. Entre tanto, Blu radio, La FM y W radio, todos medios que le hacen oposición política al gobierno, titularon de manera parecida.

Ante semejante coyuntura y al reconocer que a pesar de ser gobierno no tienen el poder, a Petro le quedan dos caminos: el primero, radicalizarse aún más y gobernar por decreto y el segundo, posicionar la narrativa que señala que por culpa de unos “malditos congresistas” su obra de gobierno no se pudo ejecutar. Lo más probable es que extienda la descalificación a la oligarquía que patrocina a los congresistas para que legislen a favor de los intereses de sus poderosos miembros.

Al tratar a los congresistas de “malditos”, el jefe del Estado rompe cualquier posibilidad que desde el ministerio del Interior se intenten acciones conducentes a recomponer las maltrechas relaciones entre los dos poderes públicos. Al llamarlos de esa manera, Petro busca “echarle encima al pueblo” que él cree que lo sigue y que está dispuesto a movilizarse para defender el proyecto político que la derecha congresional está decidida a frenar con el único objetivo que los mueve: evitar a toda costa que al gobierno y al país le vayan bien porque ello le allanaría el camino al petrismo para volver a triunfar en las urnas en el 2026.

El malestar social que puede estarse incubando por cuenta de las confrontaciones políticas alimentadas desde el Congreso y desde la propia Casa de Nariño y el visible odio visceral que se respira en las redes sociales pondrán a prueba tanto a ese pueblo, como a la misma derecha cuando en algún momento se presente un nuevo estallido social. 

Petro se descompuso, llamó ´malditos´ a los parlamentarios - HOY DIARIO DEL MAGDALENA

DANIEL MENDOZA: UN LEAL EMBAJADOR EN TAILANDIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Todos los presidentes electos en Colombia y quizás los de todos los países del mundo están obligados a pagar con puestos y contratos los apoyos económicos y políticos recibidos durante las campañas. Esos últimos están asociados a políticos profesionales y a partidos, pero también a las diversas formas de activismo en las redes sociales.

Si se acepta esa realidad cultural, el presidente Petro no podría ser la excepción. Y por supuesto que no lo es. Una de las maneras de devolver los favores recibidos durante la campaña electoral de 2022 es nombrar embajadores o cónsules a quienes se destacaron en la promoción y defensa del proyecto político que encarna Gustavo Petro. No hay duda alguna de que se trata de una burla a quienes se han preparado a través del estudio de la diplomacia y las relaciones internacionales en espera de llegar a ocupar esos cargos diplomáticos. Pero así es la política. Es bajo esas circunstancias que se debe entender el nombramiento de Daniel Mendoza Leal como embajador en Tailandia.

La polémica desatada en redes sociales en torno al nombramiento del abogado, criminalista, activista  y creador de la exitosa serie El Matarife está fundada en señalamientos morales propios de una sociedad mojigata como la colombiana que pidió a gritos que el asesino y violador de niños Luis Alfredo Garavito fuera ahorcado o pagara cadena perpetua por los crímenes que cometió, pero que ha sabido guardar silencio y dejado ver apoyos diplomáticos, sociales y políticos frente a curas católicos pederastas y pedófilos que usaron su investidura para violar y manosear monaguillos y estudiantes. Desde el propio Vaticano se exhiben silenciosos actos con los que se legitima la pederastia y la pedofilia.

Es la misma sociedad que ha preferido guardar silencio frente a los casos de miembros de familias oligárquicas que comparten los mismos deseos por los menores de edad. Esos casos no saldrán jamás a la luz pública, pero circulan socialmente; y también frente a las prácticas homosexuales de políticos que en público rechazan con inusitada vehemencia el matrimonio igualitario y aborrecen los desfiles del orgullo gay, a sabiendas de que dentro de sus núcleos familiares hijos, tíos y padres continúan dentro de los closets en donde guardan sus verdaderas identidades y gustos sexuales. Una doble moral que confirma que somos una sociedad simuladora, farisea, melindrosa, rezandera, camandulera, puritana y timorata.

Volvamos al caso Mendoza Leal. Que se sepa, el realizador de la serie Matarife no tiene cargos o condenas por haber violado mujeres o menores de edad. Circulan sí, apartes de una novela que escribió en la que sus personajes hablan de manera “desvergonzada”. Mendoza Leal se ganó esa embajada por su activismo y defensa de las ideas progresistas y porque se cree que con la serie Matarife, que expuso la atormentada y cuestionada vida privada y pública de Álvaro Uribe Vélez, logró impactar en cientos de miles de jóvenes que alguna vez simpatizaron con las ideas del hacendado y caballista. Recordemos que la serie se publicó en plena pandemia y que sus innegables impactos sociales y políticos llevaron al propio expresidente Uribe a solicitarle a los jueces que protegieran su “buen nombre”, mancillado según sus propios abogados por lo señalado en la premiada producción audiovisual. Esa partida legal se la ganó el hoy flamante embajador en Tailandia.

Cuando el entonces presidente Álvaro Uribe nombró en la embajada de Chile a Salvador Arana Sus, los mismos sectores sociales que hoy están aterrados por el nombramiento de Mendoza en la embajada de Tailandia, muy seguramente guardaron silencio a pesar de que al momento de llegar al país austral ya pesaban sobre él señalamientos por graves crímenes. “Arana Sus fue gobernador de Sucre entre los años 2001 y 2003 y fue embajador de Colombia en Chile entre 2002 y 2004. Fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, alcalde de El Roble, Sucre. También se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley “.

El nombramiento de Mendoza Leal sirve para darnos cuenta de la doble moral y de la aplicación selectiva que como sociedad solemos hacer de los valores y principios que acompañan a un colectivo premoderno, católico, rezandero, conservador, godo y muy dado a hacer plausibles disímiles delitos dependiendo de quién y en qué condiciones se cometen. Es preferible poner de embajador a un deslenguado por Daniel Mendoza y no a un político que el día de mañana sea noticia porque en su finca encontraron un laboratorio para el procesamiento de cocaína. ¿Recuerdan el caso del embajador en el Uruguay, un tal Fernando Sanclemente?; u otro encontrado responsable de execrables crímenes, como el señor Arana Sus. 

Adenda: en los orígenes de la palabra Tailandia aparece la raíz Thai que significa libre o libertad. Y Bangkok, su capital, significa <<aldea de la ciruela silvestre>>. Así como Uribe tuvo la libertad y la desfachatez de regalarle una embajada a Salvador Arana, el presidente Petro tiene la misma libertad y quizás la intención de provocar a la caverna colombiana, haciendo lo propio con Mendoza Leal. Quizás Petro valore en demasía, aún por encima de lo que digan las feministas y los demás sectores societales, la valentía de Daniel Mendoza de haber enfrentado al poderoso y temido Álvaro Uribe Vélez. Queda claro que Petro y Mendoza asumen al expresidente y expresidiario antioqueño como un “enemigo político” en común y el gusto por incomodarlo.

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“VAMOS A RECUPERAR EL PAÍS”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el ejercicio de la política suelen aparecer frases que bien pueden servir como eslogan de futuras campañas o estribillos que van calando en los sectores de opinión afines a los partidos o agentes políticos responsables de esas locuciones. Son las mismas expresiones que los “expertos” en marketing político recogen sin mayor discusión para el diseño de las campañas y la imagen salvadora de los candidatos. Para el caso que nos ocupa en esta columna se aludirá a varias expresiones lanzadas por la derecha, que mas parecían profecías apocalípticas capaces de arruinar cualquier idea de futuro, que sugerentes e inquietantes ideas políticas.

Antes de que Gustavo Petro Urrego se convirtiera en presidente de la República, la porfiada derecha colombiana lanzó varias alocuciones con las que buscaron asustar a los electores con el fantasma del “castrochavismo”, expresión acuñada por el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez en los tiempos del plebiscito por la paz. Asumido el Señor Acusado como el “muro de contención” que ha evitado que el “comunismo llegue al país”, sus más fieles seguidores hicieron uso de otras sentencias como “nos vamos a convertir en Venezuela”, “seremos la segunda Venezuela”; otras con pretensiones de silogismos como el “socialismo es hambre, por lo tanto, Petro es hambre”; “Petro expropiará fincas y casas”.

A dos años de abandonar la Casa de Nariño, ninguna de las temerarias profecías de la derecha se cumplió. El gobierno del exguerrillero no expropió haciendas ni viviendas y mucho menos nacionalizó empresas o bancos. Por el contrario, a poderosos hacendados, incluido el propio Uribe Vélez, les ofreció comprarle sus tierras a precio comercial para darle vida a su proyecto de reforma agraria. Huelga recordar que el expresidente antioqueño fue quien se apropió de manera irregular del baldío el Laguito 2, el mismo que se vio obligado a devolver por presiones políticas e institucionales.  Y de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, en los tiempos de Sandra Morelli, varios ingenios azucareros del Valle del Cauca estarían apropiándose también de manera irregular de baldíos en la altillanura. Para qué hablar de los procesos “legítimos”, pero ilegales de extinción de dominio que echaron a andar hacendados de la mano de los grupos paramilitares.

 

Los indicadores macroeconómicos dan cuenta de que la economía va mejorando. Se tiene controlada la inflación y se viene respetando la regla fiscal. Pasados los dos años, lo único cierto y fácil de probar es que no “nos convertimos en Venezuela” y mucho menos llegó el “castrochavismo”.  

A los sectores de la derecha desesperados por la falta de contratos y ministerios solo les queda el tema de la salud para insistir en el fantasma del “comunismo”. Entonces, hablan de la estatización del aseguramiento en salud y por lo tanto del colapso total del sistema por cuenta de las intervenciones a las EPS que, de acuerdo con los informes y procesos abiertos por la Superintendencia de Salud, desviaron millonarios recursos públicos a través de sospechosos movimientos financieros como los que incurrió, según la misma fuente, la EPS Coosalud de cuya junta directiva hacen parte hermanos de los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Sobre este asunto hay que reconocer dos cosas: la primera, que al entrar a esculcarles los libros contables a las EPS, el gobierno Petro no estaba preparado para responder a la reacción de varias de estas de acogerse voluntariamente a ser intervenidas; y el segundo, que los congresistas que vienen negándose a aprobar la reforma a la salud están articulados a los intereses de los propietarios de las EPS que buscan afanosamente que el gobierno se eche para atrás y les devuelva la “minita” de oro que venían explotando con tranquilidad durante más de 30 años.

En total consonancia con esos intereses económicos, políticos y de clase, y ante la desaparición del fantasma del castrochavismo, solo les queda hablar de “vamos a recuperar el país”. Aunque mantienen el tono apocalíptico, la exageración y la mentira, con esta alocución apelan a la memoria de los incautos, ignaros e insulsos ciudadanos que se atreven a confirmar en redes sociales que efectivamente llegó el comunismo al país.  

Y el único objetivo que hay detrás de la frase  “Vamos a recuperar el país” está asociado a regresar a la Casa de Nariño, hacerse nuevamente con el Palacio, para desde ahí continuar ejecutando el proyecto social, económico y político que Petro les interrumpió: mantener la concentración de la tierra y de la riqueza en los puntos más altos del indicador de Gini; seguir con los negociados en el sector salud y la educación, porque como dijo la intelectual del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ni la  educación ni la salud son derechos fundamentales. Finalmente, “Vamos a recuperar el país” significa que van a volver a los tiempos aquellos en los que el criminal Pedro Antonio López, alias Job, entraba a hurtadillas a la casa de gobierno, a la que de manera jocosa él llamó la Casa de Nari.

LA EDUCACIÓN NO ES UN DERECHO MARIA FERNANDA CABAL - Búsqueda Imágenes

BETTY LA FEA, ECOMODA Y LA CORRUPCIÓN EN LAS EPS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La novela Betty la fea es un ícono para la sociedad colombiana porque representó con lujo de detalles lo que como sociedad hemos construido. Las principales características sociales representadas en esa producción audiovisual fueron el machismo, instrumentalización sexual de la mujer, la homofobia y la corrupción. Así las cosas, Betty La Fea fue y sigue siendo el espejo en el que aún nos podemos mirar como sociedad para concluir que no hemos cambiado mucho.

La corrupción público-privada sigue siendo el principal problema que arrastramos como colectivo. Es ya una marca social indeleble que va camino a consolidarse como una tara civilizatoria.

La crisis de las EPS en el país en gran medida se produjo por los manejos discrecionales y dolosos que muchas de estas entidades hicieron con los millonarios recursos girados por el Estado para que prestaran un servicio de salud de calidad. Desviaron recursos, invirtieron en negocios inmobiliarios y construyeron sus propias clínicas para consolidar el negocio, prestando deficientes servicios de salud.

Se dedicaron varios de los gerentes de las EPS intervenidas e investigadas a hacer piruetas financieras como lo hizo en su momento Betty para salvar a Ecomoda. Mientras que don Armando, el flamante presidente de la empresa de moda les bajaba la calidad a las telas y compraba de contrabando otros insumos, en nuestra realidad, gerentes de las EPS, con la anuencia de sus Juntas Directivas, negaban procedimientos clínicos, medicamentos o aplazaban cirugías, convirtiendo el acceso a los servicios de salud en un verdadero infierno para sus afiliados. Las maniobras financieras que encontró la Superintendencia de Salud en el caso reciente de Coosalud hacen pensar en que el “espíritu” de Betty, la gran economista, se les coló y los miembros de su Junta Directiva, según la propia Supersalud, sabían que estaban poseídos por ese “malévolo” hálito.

El emblemático caso de corrupción de Saludcoop y las recurrentes prácticas dolosas que lograron hacer por más de 30 años les hizo pensar que jamás llegaría un gobierno a ponerle coto a semejantes irregularidades. Por tres décadas asumieron que los ministros  y superintendentes de salud siempre serían las “Patricias Fernández”, esto es, figuras decorativas y poco formadas e incapaces de reconocer entuertos financieros.  Y ahora que llegó el gobierno de Petro a poner orden, pero sobre todo a sacudirles sus libros contables, tanto los defensores de oficio del modelo de salud, entre ellos exministros del ramo, como los actuales gerentes de las EPS, se siguen haciendo los “Hugo Lombardis” con los recursos desviados y hurtados.

Betty La Fea seguirá siendo el arquetipo de la novela colombiana por haber representado de manera genuina eso de ser colombiano. La trampa, el machismo y la instrumentalización sexual de las mujeres, los hombres puteros, las mujeres sumisas, el maltrato laboral y la corrupción representados en la exitosa novela nunca se parecieron tanto a la realidad. Por ello, Betty La Fea y lo acaecido en Ecomoda seguirán metidas en los corazones de los televidentes, y en las dinámicas financieras de muchas empresas. Y cuando los jueces y otras autoridades, requieran a gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas para dar explicaciones, seguirán haciéndose “los no heterosexuales”, es decir, los “maricas”.

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GRUPOS DE PODER Y SILENCIOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, social y político alrededor de dos realidades que suelen estar conectadas: la primera, que en Colombia hay una élite oligárquica y que el principal problema que arrastra la nación es la corrupción público-privada.

De acuerdo con Pearce y Velasco (2022), “la élite oligárquica aparece conformada por 46 personas que disponen de la mayoría accionaria o la propiedad de los principales conglomerados o grupos financieros: Grupo Aval, Grupo Empresarial Antiqueño (Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia), Grupo Bolívar, Grupo Empresarial Olímpica, Grupo Santo Domingo, Grupo Mercantil Colpatria, Grupo Gilinski y Organización Ardila Lülle. Estas personas inciden en la opinión pública a través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional (El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, etc.)”.

Los grupos de poder económico y político en Colombia suelen no cuestionar públicamente hechos de corrupción en los que estén involucrados miembros de familias políticas tradicionales o de aquellos que hacen parte de lo que se conoce como los “cacaos”, esto es, la élite oligárquica referida líneas atrás. Así entonces, “cubrirse las espaldas” es una práctica común que deja en claro que no les interesa erigirse como referentes de moralidad y eticidad en un sistema mundo capitalista que de manera natural deviene inmoral y éticamente acomodaticio.

Cuando se supo de la millonaria multa que debió pagar el Grupo Aval en los Estados Unidos por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, de otros clanes y familias “de bien” y mucho menos de los otros miembros de esa élite oligárquica se emitió un comunicado público cuestionando el ilegal comportamiento corporativo. Lo mismo pasó con la sanción de 20 millones de dólares que debió asumir el clan Gilinski recientemente en el Reino Unido porque su banco Metro Bank no hizo lo suficiente para evitar el lavado de activos. Expresidentes de la República y directores de partidos políticos guardaron sepulcral silencio porque siguen la misma huella conductual: tampoco están pensando en convertirse en faros morales en un mundo y un país como Colombia cuya sociedad desde hace más de 50 años arrastra visos de vivir en medio de una inocultable confusión moral y una laxa eticidad.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió una postura crítica frente al reconocimiento que hizo ante las autoridades americanas el Grupo Aval de los dolosos hechos de Odebrecht: “El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, es causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”.

Con los hallazgos de corrupción en el sector salud que viene exponiendo públicamente la Superintendencia de Salud los miembros de esa élite oligárquica que no opera de manera cohesionada, también guardaron silencio. Lo mismo hicieron otros actores quizás menos poderosos desde la perspectiva económica, pero que suelen ser consultados por los medios corporativos. Hablo de exministros de Salud que defienden a dentelladas la ley 100 de 1993, el sistema de aseguramiento en salud y la operación dolosa de aquellas EPS que la misma Supersalud ha cuestionado, investigado e intervenido.

El ensordecedor silencio del profesor uribista Alejandro Gaviria, exministro de educación de Petro y exministro de Salud durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos ante las sospechosas maniobras financieras de la EPS Coosalud, hace pensar que agentes académicos y políticos como Gaviria operan como “pararrayos” al servicio de esa élite oligárquica de la que saldrían recursos económicos para financiar su posible candidatura presidencial para el 2026. De acuerdo con lo expresado por el presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva de la que hacen parte hermanos de los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana validó los movimientos financieros que la Supersalud está cuestionando.

Gaviria, por haber sido ministro los 8 años de Santos, no podría salir a los medios a cuestionar a los miembros de esa Junta Directiva por tres razones fundamentales: por simpatías ideológicas, por agradecimiento con la familia Santos y porque él, junto a otros tantos actores políticos al unísono están obligados a defender el sistema de salud y las prácticas de las EPS privadas que optaron por hacer negocios con los dineros públicos girados por el Estado, antes de asumir como prioridad atender con eficiencia, eficacia y calidad las necesidades de sus afiliados (pacientes).

Por todo lo anterior, no hay manera de que en Colombia supere el ethos mafioso en el que se soportan los hechos de corrupción público-privada. Toda lucha que se proponga en esa dirección fracasará porque tanto la élite oligárquica, como los políticos están en función de enriquecerse y concentrar poder económico y político. No hay nada qué hacer.

alejandro gaviria defiende las EPS - Búsqueda Imágenes

RAZONES PARA NO VOLVER AL ESTADIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El fútbol, como deporte espectáculo, es una actividad en la que suelen confluir los deseos y las pasiones que despierta en la hinchada, así como las contradicciones, los conflictos morales, civilizatorios y ético-políticos que se crean y se recrean al interior de la sociedad en la que se asume como el deporte nacional. En Colombia se suele asumir el fútbol como el deporte nacional a pesar de que a nivel de clubes y seleccionados de mayores (hombres), los triunfos internacionales son más bien modestos.

Sobre el balompié colombiano, en particular confluyen las taras culturales de una sociedad violenta, clasista, racista y misógina, a lo que se suma que deviene confundida moralmente. De ahí las disímiles formas de violencia que se presentan dentro y fuera de los estadios. Al final, a la liga colombiana se le asume como una válvula de escape para esos sectores de la sociedad que afrontan y exhiben graves problemas en sus procesos civilizatorios. Más evidentes en los estratos bajos, pero igualmente visibles en los sectores de clase media, aunque que se manifiestan de manera distinta.

 A los estadios, entonces, se suelen llevar amarguras, frustraciones, animadversiones, intereses económicos y pasiones que suelen afectar la imagen del fútbol, así como las propias dinámicas institucionales (deportivas) desplegadas para asegurar la operación de la industria futbolera. Hace más de 30 años ir al estadio era un plan familiar. Ahora constituye un riesgo latente por la cantidad de desadaptados que entran a los estadios.

Desde los tiempos aquellos en los que el país supo de la connivencia de las autoridades del fútbol y de los dirigentes de varios equipos del rentado con agentes del narcotráfico, sobre el torneo recaen señalamientos de compra de árbitros y arreglo de partidos. El episodio de la reventa de boletas para los partidos de la Selección y la mala imagen de los dirigentes del fútbol colombiano me hacen pensar en que lo mejor es no volver al estadio. Como tampoco ver los partidos por televisión.

En el presente y a pesar de que las figuras mafiosas de los carteles de Bogotá, Cali y Medellín ya salieron de circulación, aquellos señalamientos y cuestionamientos siguen vigentes porque la sociedad colombiana de tiempo atrás validó el ethos mafioso que acompaña a los ejercicios de la política, de la economía y del periodismo deportivo. No es necesario recordar a aquellos periodistas deportivos que cohonestaron y se beneficiaron económicamente de la vida ostentosa de los mafiosos de antaño.

Justamente, el periodismo deportivo de hoy casi todos los fines de semana registra hechos turbios alrededor de los partidos. Penales y fueras de lugar dejados de sancionar que hacen pensar en que la turbiedad y la opacidad moral del pasado se mantienen como marcas indelebles. La llegada del VAR, por ejemplo, en lugar de asegurar los máximos de justicia deportiva, ya genera suspicacias en periodistas y aficionados, especialmente cuando la Dimayor no autoriza la publicación de los audios de las discusiones de jugadas polémicas. De igual manera, la llegada de las apuestas y el patrocinio mismo de la liga de una casa de apuestas se presta para la llegada de dudas sobre si los resultados en las canchas obedecen a una sana competencia o a posibles arreglos de los partidos o a la aparición de inconcebibles “errores” arbitrales.

Todo lo anterior es el marco en el que suele darse la competición en una liga profesional como la colombiana que deportivamente está muy lejos de ofrecer los espectáculos deportivos que exhiben ligas como la inglesa y la española, para nombrar a las dos mejores del planeta.

Mientras que el fútbol europeo en general ofrece velocidad, gran técnica en sus jugadores, profesionalismo y por esa vía aseguran un espectáculo digno de apreciar, el torneo colombiano suele ofrecer lo contrario: lentitud, jugadores marrulleros, violencia excesiva, equipos que parecen de segunda división, partidos cortados y canchas en mal estado, entre otros. De esa manera no se asegura un espectáculo que valga la pena. Si no fuera por el registro periodístico-noticioso de las jornadas y las exageraciones en las que incurren comentaristas y narradores, apreciar el fútbol colombiano se volvería más tedioso de lo que ya es. Sería un verdadero soporífero. Por todo lo anterior, hace ya varios años dejé de ver fútbol.

polemica en el futbol colombiano por penales el arriero herrera con el Once Caldas - Búsqueda Imágenes

PETRO, COOSALUD Y LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde el 7 de agosto de 2022, las relaciones entre el presidente Petro y los grandes medios de comunicación no son buenas porque de manera temprana el país supo de la cofradía que armaron las más grandes empresas mediáticas con el propósito de hacerle oposición política al gobierno.

Llevamos dos años de una relación hostil que compromete la ética periodística y la resistencia de un presidente diariamente atacado con noticias falsas, tergiversaciones, medias verdades y tratamientos noticiosos cargados de mala leche. Desde su cuenta de X, Petro contraataca a los periodistas que, de acuerdo con el presidente, mienten o hacen lecturas amañadas de los hechos.

A esa tensa relación se suma otro hecho que sin duda alguna aumentará la crispación ideológica y política alimentada en gran medida desde los medios hegemónicos, que vienen actuando como incisivos actores políticos. Ese hecho tiene que ver con la EPS Coosalud.

Frente a los graves hallazgos de corrupción que recién acaba de informarle al país la Superintendencia de Salud en la EPS Coosalud hay que señalar que el silencio mediático es aturdidor. Los medios hegemónicos que le vienen haciendo oposición política al actual gobierno se abstuvieron de cubrir los graves hechos a pesar de que estos ofrecían todos los ingredientes para ser convertidos en noticia. He aquí los más importantes y visibles: se embolataron 221.000 millones del erario, la denuncia la hizo la Supersalud y el presidente de la República en su cuenta de X informó que en la junta directiva de Coosalud tenían asientos familiares de los expresidentes Pastrana y Santos. Esas tres circunstancias son suficientes para que todas las empresas se volcaran a informar sobre semejante situación.

El caso de Coosalud, como mínimo, debió cubrirse de la misma manera como las empresas mediáticas abordaron los hechos de corrupción en los que estuvo involucrado y está siendo procesado Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

Los grandes medios de información esperaron más de 24 horas a que los miembros de esa junta directiva que fueron expuestos por el jefe del Estado emitieran un comunicado exigiéndole que se retractara de “esos injuriosos y calumniosos señalamientos”. La respuesta de Petro no se hizo esperar. Dijo que no se retractaría y que buscaría que la justicia reconozca al Estado como víctima en ese entramado de corrupción denunciado por la Supersalud. Aun así, dos días después de lo expuesto por el superintendente de Salud, Noticias Caracol, entre otros medios, guardan silencio.

El asunto es de tal relevancia política que el presidente Petro no dejó pasar el momento para develar la razón que explicaría la autocensura, los silencios o lo tímidos cubrimientos de un hecho noticioso que sí o sí debe cubrirse periodísticamente. En un mensaje desde su cuenta de X, Petro les dijo: “entiendo los lazos de los dueños de medios comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía. Pero no es calumniando el gobierno como deben esconder este tipo de negociados”.

El reclamo de Petro a la prensa continúa en estos términos: “Ahora entiendo el porqué de tanto silencio ante la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del gobierno, porque me pueden golpear.  A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la cleptocracia oligárquica del país. No señores de los grandes medios, incluido El Espectador, no fue ningún funcionario del actual gobierno quien se llevó los 221.000 millones de pesos que mi gobierno giró a Coosalud EPS para atender a sus afiliados, fue el gerente de una empresa dirigida por sus socios de club y con quienes, ustedes toman whisky”.

Lo que hace Petro en este mensaje es develar una recurrente práctica periodística en Colombia: cuando se trata de hijos de la oligarquía bogotana o de poderosos clanes políticos regionales se suele guardar prudencia y silencio a la hora de informar sobre crímenes, actos de corrupción o denuncias de otra índole. Ante todo, hay que conservar las “buenas relaciones” y salvaguardar el nombre de la “gente de bien”.

He dicho en varias columnas que los criterios con los que los medios tradicionales aplican a los hechos que convierten en noticia no son universales como se suele enseñar en las escuelas de periodismo. Que no sean universales significa que cada empresa mediática de acuerdo con los intereses políticos y económicos de sus propietarios e incluso de sus editores, decide ocultar información sensible, minimizar su impacto o simplemente abstenerse de cubrir esos hechos que por su misma naturaleza deberían de ser expuestos públicamente. Los tímidos y nulos tratamientos a los hechos que rodean a Coosalud constituyen una prueba más de que la universalidad de los criterios de noticiabilidad es una de las más grandes mentiras que se enseñan en las escuelas de periodismo.

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ATENTADO DINAMITERO EN JAMUNDÍ: ¿ATAQUE KAMIKAZE?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El atentado dinamitero con el que la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc atacó a miembros de la fuerza pública apostados en un reten a las afueras del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) deja como resultado un guerrillero muerto, siete policías heridos e igual número de civiles. De acuerdo con la versión oficial, el bandido iba en una moto y ante la señal de pare de los uniformados activó el explosivo.

La acción temeraria y criminal del guerrillero bien podría asociarse al perfil suicida de los kamikazes japoneses que durante el ataque a la base americana de Pearl Harbor estrellaban sus aviones contra dicho objetivo militar. La hipótesis de que las disidencias de las Farc estarían apelando a sus propios kamikazes para atacar blancos militares no resulta del todo descabellada. Un largo conflicto armado interno como el colombiano va dejando huellas en la psiquis de los combatientes, en particular en los ilegales cuando al percatarse de que el objetivo de tomarse el poder político se diluye en el tiempo, solo les queda apelar a prácticas suicidas para generar miedo en la población civil con el fin minar la confianza en las fuerzas del orden y por esa vía afectar la legitimidad del gobierno Petro; estas acciones criminales suelen resultar de procesos de formación interna guiados por comandantes que apoyan las conductas dementes de milicianos y guerrilleros convencidos de estar defendiendo una causa justa.

Si las autoridades o los propios voceros de la Jaime Martínez confirman que efectivamente se trató de un ataque kamikaze, estaríamos llegando a unos niveles máximos de degradación y de insania en los combatientes. Así las cosas, las estrategias de vigilancia y control desplegadas en el Cauca, y en especial en Jamundí tendrían que cambiar ostensiblemente para evitar nuevos ataques. Por lo tanto, los retenes - combinados o no de policía y ejército-, no serían la mejor opción de cara a evitar más atentados dinamiteros en el municipio. En lo corrido de este 2024 ya van 7 ataques con explosivos en diferentes lugares del casco urbano y zona rural del municipio de Jamundí.

Al margen de la consistencia de la hipótesis, el orden público en el Cauca y esta parte del sur del Valle del Cauca afecta la vida económica y social de las comunidades circundantes. El miedo y la zozobra se toman a la población civil que ya no se siente tranquila ni siquiera con la presencia y mucho menos con los operativos de la fuerza pública.

En la zona de Villa Colombia, hasta un punto conocido como Mesetas, en donde operó hace años atrás una base militar, los miembros de la “Jaime Martínez” se pasean como “Pedro por su casa”, entreverados en la población civil. Mesetas está ubicada en las estribaciones de los Farallones de Cali. Su paisaje es hermoso. El refulgente bosque de niebla invita a hacer la paz con la naturaleza.

El ataque demencial del día de las “Velitas” en Jamundí hace recordar que, en Chalán, Sucre, en el año de 1996, el frente 35 de las Farc cargó con dinamita a un burro y lo hizo estallar. El saldo: 11 policías asesinados. Apelar a kamikaze o a burros para asesinar policías o soldados es propio de orates que se creen patriotas y salvadores. Al final, solo queda confirmar que la guerra es el mayor síntoma de desprecio por la propia condición humana.

Atentado con moto bomba en Jamundí deja 14 heridos y un policía en grave estado

PETRO Y OTRA VEZ LA BANDERA DEL M-19

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Como animal simbólico, el presidente Petro nuevamente alborota a la derecha y en particular a sus enemigos ideológicos y políticos con la bandera del M-19. En esta oportunidad, aunque un poco confusa la exhibición del lábaro indicado, lo hizo en medio de la entrega de la Cruz de Boyacá, en territorio del Uruguay, al expresidente Pepe Mujica, quien, como Petro, se alzó en armas contra el Estado. Mujica hizo parte de la guerrilla de los Tupamaros (MLN-T), mientras que Petro militó en la guerrilla urbana del M-19.

Lo curioso es que las reacciones de los “ofendidos” se limitan a decir que Petro revictimiza a quienes sufrieron y fueron víctimas de los funestos hechos ocurridos dentro del Palacio de Justicia en 1985. No se les ocurre nada más porque su condición de animales simbólicos parece devenir atrofiada por las comodidades que les ofreció siempre el ser hijos de una élite privilegiada que jamás intentó comprender las razones históricas que legitimaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60 en América Latina.  

Hasta donde se sabe, no fue por cuenta directa de la toma del edificio por parte de un piquete del M-19 que se produjeron las víctimas civiles y los desaparecidos. Por el contrario, los hechos violatorios de los derechos humanos estuvieron a cargo de los militares que lideraron el operativo de retoma de la edificación. En cualquier caso, el acto simbólico siempre resultará provocador e indeseable para quienes a pesar de no ser víctimas directas del M-19, aprovechan cada gesto simbólico del presidente Petro para exponer lo que corresponde realmente a un fastidio personal y no a la comprensión real del dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Pocos o casi ninguno de los “ofendidos” se atrevió a responderle a Petro con un acto simbólico similar. Por ejemplo, izando la bandera de Colombia para exaltar la pluralidad, la diversidad cultural y el orgullo de venir todos de un proceso de mestizaje en el que aparecen como dominantes los genes de negros e indígenas. Por desconocer ese mestizaje, los exaltados ciudadanos solo pueden apelar a ese restringido sentido patriótico que les despierta la Selección de fútbol.

Provocador o no, Petro es un hombre simbólico que parece comprender muy bien lo dicho por Ernest Cassirer: “[el hombre] no encuentra un mundo de objetos físicos sino un universo simbólico, un mundo de símbolos. Debe aprender, antes que nada, a leerlos, pues todo hecho histórico, por muy simple que parezca, no se determina y comprende más que mediante un análisis previo de símbolos”.

Lo cierto es que Petro vive aún en ese universo simbólico del que jamás se desprenderá porque es el que le da sentido a su vida: la lucha armada, su pasado revolucionario y sus luchas contra la desigualdad, la pobreza y especialmente contra aquellas características de la oligarquía colombiana: el racismo y el clasismo.

Bien podrían los detractores de la entrega de la bandera del M-19 a Pepe Mujica intentar comprender las conductas y los actos simbólicos del presidente Petro, en lugar de desgastarse de esa manera. Es más, podrían sentarse a escribir columnas para tramitar de esa manera las molestias provocadas por este acto simbólico, por los anteriores y por los que muy seguramente vendrán de aquí al 7 de agosto de 2026 cuando abandone la Casa de Nariño. Recordemos que, durante la conmemoración del día del trabajo, el primero de Mayo del año en curso, prácticamente las banderas de Colombia y del M-19 se “fusionaron” con la complicidad del viento.  Posteriormente, fue el reconocimiento al sombrero de Pizarro como símbolo de paz por parte del Ministerio de Cultura. O ese 7 de agosto de 2022 cuando ordenó a la Guardia Presidencial, en su primer acto como jefe del Estado, traer la espada de Bolívar, la misma que el M-19 había hurtado y devuelto al país. 

No se les haga extraño que el simbólico y provocador presidente de la República le dé por hacer un acto público por el hallazgo de los restos del exguerrillero del M-19 Guillermo Elvencio Ruiz quien dirigió la toma del Palacio de Justicia y murió durante la retoma. No olviden que Petro anda en "modo de lucha simbólica contra la historia oficial-castrense" con la que se busca desprestigiar a esa guerrilla. Eso sí, no se puede negar que los entonces comandantes del M-19 se equivocaron en las formas y en el objetivo trazado al momento de planear la toma del edificio del Palacio de Justicia. Al parecer no contaron con que la cúpula tropera de la época estaba harta de sus actos simbólicos. A lo mejor ese odio visceral les hizo obviar la versión que indicaba que el M-19 estaba planeando semanas atrás tomarse la edificación, para actuar de la manera como actuaron al recuperar el edificio: a sangre y fuego, asesinando magistrados, empleados de la cafetería y por supuesto, a los subversivos. 

Adenda: pareciera que Petro es el único guerrillero “malo” del M-19, a juzgar por la militancia de varios de sus compañeros en las inmorales mesnadas del Centro Democrático. 

MEDIOS CORPORATIVOS Y REDES SOCIALES: ¿NOS ODIAMOS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Durante muchos años los medios hegemónicos colombianos pudieron informar sin que ningún actor social pudiera confrontar sus siempre interesadas versiones de los hechos noticiosos. Bajo esas condiciones, “los ciudadanos son espectadores, con poca capacidad de interacción y cambio de aquello que los medios de comunicación les ofrecen” (Flavia Freidenberg).

Por fortuna para las audiencias y el funcionamiento de las democracias esa situación cambió con la irrupción de las redes sociales y la llegada de los “influencers, youtubers” y blogueros. Los efectos de esa nueva situación comunicativa son evidentes: sus procesos de generación de opinión pública vienen siendo cuestionados de tal manera que ya no son tan efectivos y eficientes a la hora de manipular y convencer a las audiencias. Les queda, eso sí, la facultad y la necesidad de ser efectistas al momento de dar exclusivas o cubrir en vivo un evento relevante. No se puede negar que aún conservan el poder de penetración, aunque la pérdida de legitimidad y credibilidad vaya en aumento todos los días.

La decisión política de los medios corporativos de hacerle oposición política al gobierno de Gustavo Petro confirma que efectivamente dichas empresas mediáticas fungen como actores políticos tal y como se había asegurado desde el campo académico de la comunicación de masas. Solo el tiempo dirá si fue un error social y político haberse atrevido a dejarse ver como actores políticos, con el agravante de hacerlo desde la animadversión ideológica y el odio personal hacia el presidente de la República. Flavia Freidenberg segura que son actores políticos “que expresan o articulan intereses de diversos sectores económicos y sociales ligados a los mismos”.

Es en este punto en el que está el problema sociocultural y político que vienen generando los medios corporativos desde los tiempos del plebiscito por la paz de 2016: dividir la sociedad colombiana entre “buenos” y “malos”, en donde los primeros son la “gente de bien” (de derecha) y los segundos son “los otros”, “esos otros” que producen vergüenza porque piensan distinto (son de izquierda). Asumir a la Otredad bajo el principio aquel que dice “que quien no está conmigo, está contra mí” llevó al país a vivir desde el 2016 en medio de una peligrosa polarización y crispación ideológica en una sociedad que como la colombiana deviene, además de intolerante y reticente a la autocrítica, clasista, racista, arribista, homofóbica, misógina y miedosa al cambio.

En la red X todo el tiempo son confrontados los periodistas-estafetas de RCN, Caracol y Blu radio que ocultan información o que de manera flagrante mienten o tergiversan los hechos que convirtieron en noticia. Se entiende que siguen órdenes y directrices editoriales de los propietarios que previamente ya se asumieron como parte de los “buenos”, es decir, dentro del selecto grupo de la “gente de bien”.

Por cuenta de esta coyuntura mediática y política se va naturalizando el odio entre “buenos” y “malos”, escenario que impide cualquier posibilidad de diálogo entre diferentes y diversos en una sociedad vista como intolerante y violenta que contradice el imaginario colectivo aquel que nos muestra como un pueblo afable y alegre a pesar de las históricas vicisitudes que le tocó y le toca enfrentar aún.

El asunto se torna más complejo y difícil de abordar cuando no se observa que desde la sociedad civil emerja un actor social que llame la atención a todos los agentes involucrados en este escenario de confrontación ideológica. Tampoco aparece la academia como un actor que entre a explicar el fenómeno y a proponer salidas o procesos de intervención. En particular el papel de las facultades de comunicación social y periodismo es nulo en la medida en que se abstienen de criticar a las empresas mediáticas por aquello de ser fuentes de trabajo para sus egresados. Es curioso que los estudios del lenguaje no hayan prendido las alarmas y llamado la atención de la academia para asumir como objeto de investigación las confrontaciones entre medios corporativos y los agentes sociales que los confrontan a diario. Incluso, ir más allá y jugar un papel de mediación.

Las iglesias, entre tanto, también le vienen dando la espalda al evidente problema social que rodea el ejercicio de opinar bien en las redes sociales o en la calle, por cuenta de unas empresas mediáticas dedicadas a expandir odio o a aprovecharse de viejas animadversiones que emergieron cuando el país se vio abocado a decidir entre la paz o la continuidad de la guerra, y asumir la posibilidad y necesidad de perdonar abandonando los valores punitivos  y vindicativos con los que siempre se asumió la idea de justicia. No sé si sea tarde para intervenir este escenario belicoso de las redes sociales en el que las empresas mediáticas son actores responsables. Por ahora ese ambiente de crispación ideológica solo trascendió a los eventos electorales.

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LA PETROFOBIA DE BLU RADIO Y NÉSTOR MORALES

 

Por Germán Ayala Osorio

Resulta una perogrullada decir que todos los medios de comunicación de masas tienen intereses económicos y políticos; y que por esa razón sus periodistas están obligados a seguir la línea editorial que les tracen los dueños y los editores. Eso sí, resulta menos evidente para las audiencias reconocer que a raíz de esas circunstancias medios como Blu radio, Caracol Noticias, La W, El Tiempo, La FM de RCN, Noticias RCN, El Colombiano, Semana y El País de Cali fungen como actores políticos que además de haber optado por hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro, decidieron apostarle a generar odio contra todo lo que huela a izquierda y progresismo, pero sobre todo, una sistemática animadversión contra Gustavo Petro que termina en el nacimiento de la petrofobia mediática.

Es tal la inquina contra la figura presidencial, que los pocos analistas serios y ponderados que algunos de esos medios tienen, terminan censurados y maltratados por conductores de programas radiales y editores para el caso de los periódicos. En esta columna haré referencia al espacio que en Blu radio conduce el periodista Néstor Morales, cuñado del expresidente y extítere, Iván Duque Márquez.

De la mesa de trabajo de ese espacio radial hacen parte, entre otros, los analistas políticos Héctor Riveros y Álvaro Forero y los periodistas Néstor Morales y Ricardo Ospina. Estos dos últimos defensores a ultranza del uribismo, esto es, de la derecha más recalcitrante del país. La petrofobia que Morales y Ospina destilan es evidente, grotesca y violenta, circunstancia esta que convierte al matutino en una bodega generadora de lecturas y tratamientos periodísticos amañados, sesgados y cargados de una inusual “mala leche” contra un presidente de la República.

A raíz de la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el tratamiento noticioso del suceso se hizo desde el odio que le profesan Ospina y Morales al presidente de la República. Más allá de esos sentimientos y de la mala leche de estas dos estafetas de la derecha uribizada, lo que llama la atención es la actitud irrespetuosa y los actos de censura que Néstor Morales en varias ocasiones ha tenido contra el analista Álvaro Forero. No hay duda de que los análisis ponderados, serios y rigurosos que suele hacer el columnista Forero no son del agrado de Néstor Morales justamente porque esta “vedette” del periodismo bogotano cree que sus lecturas e interpretaciones de los hechos noticiosos obedecen realmente a sesudos análisis cuando claramente obedecen a lecturas maniqueas, sesgadas y malintencionadas, fruto de la animadversión que profesa contra la izquierda, el progresismo y el rencor que siente hacia el presidente Petro.

Veamos lo que sucedió al aire recientemente en esa bodega de la derecha. Esto dijo Forero: “…pero si es muy común que los ministros hagan gestión ofreciendo a los congresistas y permitan unos cupos indicativos, todos lo sabemos y ahora no nos hagamos los tontos. Entonces, para que lo de Bonilla no sea un falso positivo de ponerle las botas de delincuente por hacer lo que han hecho muchos ministros de Hacienda con estas gestiones de los cupos indicativos…” En ese momento, el “Señor director del programa, el ladino Néstor Morales le interrumpe con el firme propósito de evitar que continúe desnudando el evidente sesgo con el que estaban tratando la renuncia del ministro Ricardo Bonilla. Morales logró imponer su condición de “jefe” para condenar al saliente ministro señalando que la adición presupuestal que hizo a la UNGRD “era para que se la robaran”.  Forero lo interpela y le dice: “… todos los ministros hacen adiciones presupuestales. No, Usted no puede acusar al ministro porque no tiene pruebas de que era para se la robaran… eso lo hacen todos lo ministros y la prensa tiene que ser responsable…pero permítame decir una frase…Entonces sigan ustedes porque no pude desarrollar la idea…”

El rifirrafe entre el analista y Néstor Morales termina con la salida infantil del cuñado de Duque. Esto dijo: “le acepto la pataleta cuando uno se queda sin argumentos”. La respuesta de Forero no se hizo esperar: “no es ninguna pataleta, no es ninguna falta de argumentos, simplemente ustedes no dejan dar los argumentos”.

Debería el Grupo Santodomingo ponerle la lupa a lo que viene haciendo Morales en el programa matutino, pues su petrofobia es, además de evidente, aporta a la generación de odio y a la crispación ideológica que se respira en el país político e incluso en la calle.  De no hacerlo, las audiencias entenderán que las actitudes y acciones de censura y maltrato de Néstor Morales hacia Álvaro Forero hacen parte de la política editorial y de una específica directriz de un agente del conglomerado económico, lo que por extensión convierte al Grupo Santodomingo en un actor político que auspicia la petrofobia.

 

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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y SU TURBIA INSTITUCIONALIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

Uno de los conceptos más manoseados por la clase política y empresarial en Colombia es el de la institucionalidad. Cada que revienta un escándalo de corrupción pública o una tensión entre los poderes públicos de inmediato congresistas, columnistas, periodistas y dirigentes gremiales, entre otros más, salen a decir que lo más importante es que se “mantenga, se fortalezca y se respete la institucionalidad”. Sin duda alguna, una frase con una gran carga eufemística y ética y moralmente turbia.

La institucionalidad puede ser un concepto ambiguo y difícil de asir porque en su concepción y representación social y política suelen confluir circunstancias contextuales que se alimentan de la ética ciudadana, la moral pública, la tradición, el poder económico, las formas regladas y las maneras como se establecen relaciones y transacciones entre sectores de poder político (partidos políticos y líderes), económico y social (élites).

La institucionalidad se hace evidente cuando las instituciones operan en sus ámbitos de acción, legal y procedimental, y en el contexto de una sociedad que moral y éticamente se alimenta de su funcionamiento, especialmente, de aquellas instituciones que se consideran faros determinantes que iluminan tanto la vida institucional interna, como la que trasciende a la vida societal.

Propongo que examinemos la aplicación del ya manido concepto a partir de dos hechos que se dieron casi de manera simultánea dentro de una de las instituciones estatales más desprestigiadas en Colombia: el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sus niveles de ignominia superan los que arrastran históricamente el Congreso de la República y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El CNE es una entidad politizada y politiquera dado que la llegada de los consejeros-no magistrados- se da por favores y simpatías políticas al interior de los partidos políticos. Ese origen politiquero le resta legitimidad a las decisiones electorales que suelen tomar. Muchos de los que llegan a esa corporación son verdaderos politicastros que los jefes de sus partidos políticos no saben en dónde poner. 

Los hechos acaecidos tienen que ver con la renuncia al CNE del consejero César Lorduy, cuota política de Germán Vargas Lleras y el clan Char de Barranquilla. La dimisión del ladino personaje se da por el proceso que le abrió la Fiscalía por acoso sexual que habría cometido contra la congresista Ingrid Aguirre. También es acusado de haber asesinado hace años atrás a una joven mujer, proceso este que a lo mejor ya prescribió. Pocas horas después de conocido el retiro “voluntario” de Lorduy, en su remplazo fue escogido Álvaro Hernán Prada, político del Centro Democrático investigado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de manipulación de testigos. El hoy presidente del CNE fue llamado a juicio en mayo dentro del mismo caso al que están vinculados al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y su aboganster Diego Cadena.

Además de los procesos penales a los que están vinculados los dos políticos, sobre sus hombros reposan la acción temeraria de erosionar el fuero presidencial al ordenar investigar al presidente Petro y a su campaña presidencial por irregularidades y delitos que se habrían cometido en el manejo de millonarios recursos económicos que entraron a la campaña Petro presidente. Esa decisión la hicieron dejando conocer en las redes sociales su animadversión personal hacia el presidente Petro. 

Bajo las anteriores circunstancias, qué clase de institucionalidad es la que se deriva de la operación del CNE cuando dos de sus consejeros mantienen una condición sub júdice por los procesos penales que tienen abiertos por la comisión de graves delitos. A pesar de la tardía renuncia de Lorduy, su dimisión bien pudo entenderse como una acción ético-política conducente a no afectar más la ya maltrecha institucionalidad procedente de la autoridad electoral. Pero una vez eligieron a Prada como su remplazo, nuevamente la institucionalidad del CNE quedó en entredicho y se confirma que está capturada por un ethos pernicioso. 

La permanencia de Lorduy en la presidencia del CNE permitió consolidar un tipo de institucionalidad negativa, ilegítima, irreflexiva, hostil y burlesca en la medida en que al ser requerido por la Fiscalía su renuncia debió darse ipso facto para no usar el "fuero" que le provee ser miembro de esa autoridad electoral para evitar comparecer y responder por el caso de abuso sexual. El tiempo que Lorduy se mantuvo en el cargo permitió que de su permanencia se derivara un tipo de institucionalidad vulgar y sucia, que se mantiene vigente y se naturaliza con la llegada a la presidencia del CNE de Álvaro Hernán Prada. Lo curioso es que los mismos políticos, empresarios y periodistas que suelen usar la ya manida frase  “que se respete la institucionalidad”, frente a los casos aquí reseñados guardan un atronador silencio. 

Varias horas después de la llegada de Prada a la presidencia del CNE, los alcaldes de Cali y Barranquilla, Alejandro Eder y Alex Char, felicitaron al recién ascendido. El apoyo político dado por los dos mandatarios locales confirma la naturaleza ilegítima, politiquera, y perniciosa de la institucionalidad que emana esa autoridad electoral. Las felicitaciones enviadas vía X por Eder y Char, dos consagrados uribistas, se entienden porque Prada es ficha del expresidente Uribe, poderoso político al que estos dos alcaldes le deben pleitesía y total sumisión. 

Adenda: en su editorial del 6 de diciembre, EL ESPECTADOR crítica al presidente Petro por asumir una "actitud irresponsable" al insistir en que hay un golpe blando en su contra. En el caso del CNE, aunque el diario bogotano le da la razón a Petro en el caso de que esa entidad no puede investigar al presidente, es tímido al momento de cuestionar el ascenso de Prada a la presidencia de esa cuestionada corporación. Al final, el diario cae en el mismo llamado a respetar la institucionalidad. "La institucionalidad no puede estar al vaivén de peleas con lógicas tuiteras", dice El Espectador. 

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PETRO, BONILLA Y LA PLUTOCRACIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Obligado por las circunstancias políticas derivadas del escándalo de corrupción al interior de la UNGRD, el presidente Petro le pidió la renuncia a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La solicitud la hizo el jefe del Estado a través de su cuenta de X, su trinchera ideológica desde la que viene respondiendo ataques de las empresas mediáticas que optaron por juntarse y hacer coro con la oposición política en el Congreso y la desplegada desde gremios como Fenalco y Andi, actores políticos que desde el 7 de agosto de 2022 le apostaron a que al país le fuera mal económicamente para facilitarle la tarea a los candidatos presidenciales de la derecha de presentarse en el 2026 como los “salvadores”.

Desde ese particular parapeto, Petro defendió la gestión de Bonilla y describió las tensiones ideológicas, éticas y morales que están detrás de las relaciones siempre perniciosas entre el Ejecutivo y los voraces congresistas-lobistas defensores del Establecimiento colombiano. Leamos apartes del largo trino presidencial:

“Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la constitución si el congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad  con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa”.

Más adelante recordó al ladino ministro de Hacienda del gobierno del fatuo mandadero del Iván Duque, Alberto Carrasquilla, un “experto” economista en afectar las finanzas de las clases menos favorecidas y aumentar la riqueza de la élite plutocrática y la suya propia a través de los famosos bonos de agua. El país no olvida que por cuenta de su lesiva e impopular reforma tributaria, sobrevino el recordado estallido social. La reforma tributaria que el Congreso no le aprobará al gobierno Petro va dirigida a que los más ricos paguen más. Y contrario a lo que hizo Carrasquilla, con ese proyecto de ley de financiamiento, según el mismo Petro  “reactivaría la economía, porque le rebaja los impuestos a todas las empresas y a toda la clase media, y no le sube IVAs al pueblo. reduciría el pequeñas y medianas empresas Esto dijo Petro:

“Y Bonilla y yo mismo no le gustamos al presidente del congreso, olvidando él mismo que fue testigo presencial el desastre de Carrasquilla, el ministro de Duque, que quiso ponerle impuestos al pueblo trabajador y pobre, y quiso enriquecerse con el agua potable que no llegó a los niños y murieron por desnutrición en la Guajira, Cepeda prefirió acompañar al ministro de hacienda que hizo estallar a la sociedad entera, ese mismo llamado experto por la prensa tradicional, a quien la señora Benavides sirvió, ese que si no fue denunciado”.

En el extenso trino, el presidente Petro entrega elementos sustantivos que sirven para confirmar y entender que en Colombia opera de tiempo atrás una plutocracia que en el pasado se sirvió de la preparación académica de los ministros de Hacienda, todos defensores a ultranza del neoliberalismo, para consolidar ese régimen de poder en el que los más ricos, sean banqueros o empresarios, toman las decisiones macroeconómicas e inciden en el diseño de políticas públicas con el objetivo de beneficiar a una diminuta oligarquía, en tamaño, y altura moral.

Paralelo a esas acciones conducentes a capturar el Estado para hacerlo operar bajo derroteros corporativos, alejado de sus obligaciones constitucionales con los más vulnerables, los presidentes de la República financiados por los plutócratas fueron autónomos únicamente en hacerse rodear en sus gobiernos por los más perversos funcionarios. Y para ello usaron a los partidos políticos en coalición para llevar al Estado a los más perversos y dañinos funcionarios, presentados muchos de estos por la prensa como tecnócratas o técnicos expertos en el diseño de políticas públicas o documentos Conpes. De estos últimos se escucha decir “que un Conpes no se le niega a nadie”. Al final, esa premoderna, rentista y codiciosa oligarquía consolidó un régimen de poder con características similares a las de una cacocracia y cleptocracia. Ese gobierno de los peores y de corruptos contaron siempre con las acciones legislativas de congresistas-lobistas que llegaron al Congreso para enriquecerse y aumentar la riqueza de sus mecenas.

Los miembros de esa élite plutocrática y mezquina que estaba acostumbrada a poner presidentes como sus agregados en la Casa de Nariño, se autodenominan capitalistas y creen que pueden desarrollar el país con costosos peajes, sin trenes y sin reforma agraria; y con millones de pobres y trabajadores informales. Son rentistas. No les gusta competir, les fascina concentrar el poder económico y político. Su apuesta es privatizar el Estado. Por eso somos lo que somos: un maldito platanal.

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VARGAS LLERAS Y SU LLAMADO A LLEGAR UNIDOS

Por Germán Ayala Osorio 

De manera casi simultánea se dieron dos hechos mediáticamente relevantes en el país: el primero, la confirmación de la condena contra Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez; y el segundo, la invitación que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras le hizo a toda la derecha, incluido por supuesto el uribismo, de llegar unidos en una sola candidatura a las elecciones de 2026 para recuperar la Casa de Nariño, lo único que realmente les interesa.

Las condenas contra los alfiles del hoy expresidente y expresidiario confirman que la impudicia acompañó al gobierno de Uribe Vélez a juzgar por los más de 15 exfuncionarios condenados, procesados o salpicados por hechos de corrupción, paramilitarismo y las interceptaciones ilegales contra los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia por las que finalmente fueron condenados Velásquez y del Catillo.

Entre tanto, la invitación de Vargas Lleras a los demás precandidatos y a los sectores organizados de la sociedad civil confirma que la derecha siempre actúa de manera pragmática cuando se trata de unir fuerzas para mantener su histórica hegemonía con la que lograron hacerse con el Estado para consolidar el modelo neoliberal y el carácter privado, elitista, racista y clasista de la función estatal. En este caso el propósito es claro: recuperar la Casa de Nariño que les arrebató la izquierda y el progresismo, para tomar revancha de los cuatros años que dejaron de mandar en Colombia.

Esto dijo el envejecido y poco afable delfín: “Desde aquí también envío un mensaje clarísimo de unidad a todos los dirigentes que hoy se encuentran en la oposición o que comparten nuestras preocupaciones, tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la Presidencia de la República… el que pique en punta debe ser rodeado por las decenas de candidatos. No podemos ir al mes de mayo divididos, no nos lo perdonaríamos si terminamos de entregar este país”. La última frase es contundente y diciente: “si terminamos de entregar este país”. Que hoy esté gobernando Petro y lo que este representa ideológicamente, lo asume el ladino del Vargas Lleras como una pérdida porque jamás pensó que fuera posible que les "arrebataran" su bien más preciado, la Casa de Nariño, el fortín que por "tradición, honor y dignidad le pertenece a la derecha".

El pragmatismo de Vargas Lleras es, en sí mismo, una apuesta inmoral y éticamente cuestionable en la medida en que la tardía ratificación de las condenas contra las dos fichas del expresidente Uribe Vélez y el juicio que este último afrontará a partir de enero de 2025 por fraude procesal y manipulación de testigos, no constituyen impedimento alguno para unirse en el propósito político y electoral de derrotar al progresismo en las próximas elecciones.

Por el contrario, las condenas, señalamientos y los procesos judiciales vigentes en los que estén involucrados otros agentes políticos de ese espectro ideológico los asumen como hechos normales dentro de la función pública porque “siempre fueron cometidos buscando defender siempre los intereses superiores de la patria”. De esa idea fundante de la derecha colombiana se desprenden toda suerte de justificaciones y narrativas que minimizan la gravedad de los delitos cometidos. “Son funcionarios ejemplares, patriotas que jamás se robaron un peso” es la frase con la que se invalidan los procesos judiciales, el material probatorio y se legitiman el cohecho, la perfidia, interceptar las comunicaciones y la contratación indebida cuando de favorecer a poderosos agentes económicos y sociales de la sociedad civil se trata.

El pragmatismo de Germán Vargas Lleras también es la expresión de su desespero por alcanzar su sueño infantil de ser presidente de Colombia. En el fondo sabe que morirá sin llegar a la Casa de Nariño, razón por la que pide a gritos unión, así sea entre corruptos y políticos cuestionados para ver si por lo menos le dan juego burocrático en caso de que la derecha recupere la Casa de Nariño.

Claro que Vargas Lleras, el dueño de Cambio Radical, no es el único desesperado. El afán político y electoral lo vienen expresando otros agentes políticos y mediáticos de la derecha. A falta de dos años, el canal Caracol le está apostando de manera temprana a “desempolvar” a Sergio Fajardo, otro que como Vargas Lleras es un eterno candidato presidencial. El periodista uribista de la FM, de RCN, Juan Lozano aplaude y apoya la propuesta de Vargas Lleras porque sabe que allí encontrará quizás otro ministerio. Así entonces, el pragmatismo de la derecha es legitimado mediáticamente lo que confirma a las empresas mediáticas como actores políticos y ruedas de transmisión de los cuestionados valores de la derecha colombiana.

La ratificación de las condenas contra los amigos de Uribe, sus “buenos muchachos” y el desesperado llamado de Vargas Lleras son el termómetro con el que es posible medir la baja estatura moral de una derecha que en 30 años de neoliberalismo y 20 de uribismo convirtió a Colombia en uno de los países más corruptos y desiguales del mundo. ¡Qué viva el pragmatismo, ajúa! Se escucha gritar en los sótanos de la Casa de Nari por los que se paseó muy tieso y majo alias Job. 

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