Por Germán Ayala Osorio
La condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el temido expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hecho jurídico-político que reivindica a la justicia si tenemos en cuenta los incontrastables indicadores de impunidad en un país como Colombia en donde todos los días se negocian fallos judiciales. Baste con recordar el Cartel de la Toga para entender que los poderosos en este país siempre estuvieron por encima de la ley.
Esa misma sentencia confronta ética
y moralmente a quienes en el pasado votaron por las ideas políticas de un premoderno,
pendenciero, enredador y casi incivilizado ganadero, hacendado y domador de
bestias. Un perfumado patán “capaz de dar en la cara marica”, acostumbrado a ejercer
violencia discursiva y simbólica contra mujeres, periodistas, detractores y durante el
juicio, contra la jueza 44, Sandra
Heredia. Su vida pública y el juicio en el que fue encontrado culpable están resumidos en este informe: https://www.youtube.com/watch?v=WZoVKr-MhHs&t=453s
Quienes aún defienden su ya
decaída y pulverizada “honorabilidad” lo hacen porque comparten esa visión conservadora
de la vida societal, así como esa perspectiva precapitalista sobre la que debilitó
y privatizó el Estado para entregárselo a la codicia de empresarios y otros
agentes que se beneficiaron económicamente durante los aciagos 20 años de
uribismo.
Sus defensores
de oficio, públicos y en la sombra, entre los que se encuentran fiscales, exministros,
periodistas,
columnistas, políticos, politicastros, empresarios, monjas, sacerdotes,
estudiantes, banqueros, futbolistas, actrices, taxistas, rectores de universidades
privadas, así como profesores universitarios, muy seguramente esperaban que de
manera espontánea se organizaran marchas para rechazar la sentencia
condenatoria dictada por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia. Pero ello no
sucedió. Los tiempos del “Embrujo Autoritario” ya están pasando. Como burda invención
mediática, Uribe
Vélez representa el pasado que una parte importante de la sociedad quiere
olvidar para siempre.
Quizás sus dolidos simpatizantes
convoquen marchas, pero estas se darían no tanto con el ánimo de refutar el
fallo, sino de insistir en la narrativa impulsada que indica que se trata de
una “persecución y una venganza política contra un hombre honorable que salvó
al país del terrorismo”. Una tesis mentirosa que se inventó la prensa bogotana
y sobre la que se validó su condición de “presidente eterno e irremplazable”.
Lo curioso es que quienes
insisten en ese falso relato se autoproclaman “patriotas, respetuosos de las
instituciones e interesados en que al país le vaya bien", pero viajan a los
Estados Unidos a pedir sanciones económicas contra el gobierno Petro, que
Colombia resulte descertificada por la lucha contra las drogas y si es posible que USA termine promoviendo un aislamiento político que le haga daño al gobierno y
en general al país.
La ejemplarizante condena contra
el Gran
Domador de Bestias servirá electoral y políticamente para definir las apuestas
éticas y morales de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República,
instalados en ese siempre medroso y fantasmal centro. Ponerse los crocs para
defender el negativo legado de Uribe
puede resultar problemático electoralmente dado que hay millones de colombianos
arrepentidos de haber votado alguna vez por las ideas del padre de la seguridad
democrática, no solo por las 6402 víctimas de los falsos positivos, sino por los
perversos efectos económicos, socioambientales y ecológicos que dejaron las dos
décadas de neoliberalismo en manos de lo que se conoce como el uribismo.
Proscribir el ethos mafioso que
se naturalizó en la sociedad entre 2002 y 2022 es un imperativo moral si de
verdad los colombianos quieren superar los estadios de premodernidad a los que nos
sometió el primer expresidente de la República en ser condenado por delitos no
políticos.
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