Por Germán Ayala Osorio
Con el anuncio de varios youtubers,
influenciadores y del caricaturista Matador de querer llegar al Congreso con las
banderas del progresismo, varios tuiteros criticaron esas aspiraciones con el
argumento de que “no están preparados” para llegar al
legislativo, pues en los últimos años estuvieron dedicados a divulgar, defender
a dentelladas y apoyar las decisiones del gobierno Petro.
El artículo 172 de la
Constitución señala que para “ser elegido senador se requiere ser colombiano
de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años en la fecha
de la elección”. El 179 hace referencia a las condiciones que podrán
impedir a un colombiano aspirar a ser congresista.
Todos tenemos el derecho a elegir
y ser elegidos dice la misma carta constitucional. Quienes no ven con buenos
ojos los deseos de convertirse en congresistas a esos agentes de las redes
sociales parecen olvidar los requisitos de ley. Al final, validan las circunstancias
en las que históricamente cientos de congresistas han resultado elegidos en
Colombia: listas cerradas con candidatos formados académicamente, normalmente
abogados, que llegan al legislativo no
solo a defender los intereses de quienes financian sus costosas campañas, sino con
el convencimiento de que el Estado en su conjunto debe operar para garantizar
los mezquinos intereses de la clase política y empresarial que usa a los congresistas
para que legislen en contravía de los derechos de las grandes mayorías. Al
final, le apuntan a que con leyes de la República logren mantener en el tiempo la
captura mafiosa del Estado.
De acuerdo con lo anterior, el
problema de fondo no está en si han estudiado maestrías y doctorados, o si llegan
al Congreso únicamente con la primaria o el bachillerato. El asunto de fondo es
a qué llegan, con qué intereses y al servicio de quién estarán sus curules. Baste
con revisar los casos de los congresistas Ernesto
Macías y Carlos Fernando Mejía, dos vociferantes
congresistas que poco o nada le aportaron al país desde sus curules, pero
muchos a las huestes uribistas.
O los casos de Miguel Abraham Polo
Polo, Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández
para ratificar que para llegar a esa corporación no se necesita preparación
alguna: unos llegan por un golpe de suerte,
otros porque saben manipular electoralmente el sistema o supieron aprovechar
una coyuntura social y política como la del estallido
de 2021 para investirse de congresista. Polo
Polo no representa a las negritudes y terminó defendiendo a los patrones “blancos”.
Polo fue una especie de “capataz negro”. En cuanto a Jota Pe, este energúmeno y básico
homúnculo supo venderse como alternativo y crítico de la derecha
y del uribismo, pero terminó defendiendo los intereses de los sectores que
tanto criticó. Y Juvinao, durante su campaña prometió esforzarse por “rebajarles
el salario a los congresistas”. Al momento de discutir el proyecto, se ausentó.
Hoy es recordada porque busca quedarse 16 años en el Congreso no para servir a
los colombianos sino para irse a vivir a una isla paradisíaca y olvidarse de
los problemas del país. Otras, como Paloma Valencia,
van a cumplir órdenes del Patrón
y romper el Quorum, muestra clara de su precaria formación para discutir con
argumentos.
Lo que sí me parece que se les
debe exigir a los congresistas es que sean capaces de leer y escribir ponencias
y por supuesto proyectos de ley. Que apelen al pensamiento crítico, usen categorías
de análisis y conozcan el funcionamiento del Estado. Que antes de llegar se hayan leído por lo menos la ley 5ta. Y quizás lo más
importante: que no pongan sus curules al servicio de quienes por tantos años
han impedido construir una verdadera República en Colombia.
Adenda: los aspirantes que integran comunidades indígenas y negras que devienen atados culturalmente a la oralidad, este factor diferenciador debe entenderse como parte de su formación para discutir asuntos públicos. Y lo mismo para ellos: con qué idea del Estado llegan al Congreso.
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