Por Germán Ayala Osorio
Con la presentación de las 12
preguntas para que el Senado
avale o no la Consulta Popular,
el gobierno Petro adelanta de manera formal el debate electoral de 2026.
Mientras que los candidatos y precandidatos de la derecha están decididos a “recuperar
el país, el rumbo o salvarlo”, fruto de su visión
catastrofista de la gestión del actual gobierno, el progresismo y la izquierda insisten
en entregarle la responsabilidad social y política
al constituyente primario de decidir sobre el futuro de la reforma laboral
enterrada por la Comisión Séptima del Senado. Se invita al pueblo a movilizarse
en medio de una peligrosa crispación ideológica entre la derecha y la izquierda,
que alienta la lucha de clases, así como la permanencia de las ideas racistas,
clasistas,
machistas, misóginas, transfóbicas y homofóbicas diseminadas en todos los
estratos sociales.
Antes de revisar el sentido y la
pertinencia de cada uno de los interrogantes, es importante y necesario hacer referencia
a los elementos, factores o circunstancias que dan vida al contexto
sociocultural, económico y político en el que se instala el llamado a la Consulta
Popular.
Desde una perspectiva sociocultural,
hay sectores de la sociedad colombiana que exhiben “taras civilizatorias” que
por largo tiempo impidieron alcanzar al colectivo estadios de Modernidad. Al
estar ubicadas cómodamente en esos escenarios de premodernidad,
las élites económicas y políticas consolidaron un régimen de poder ilegítimo, mafioso,
aporofóbico, corrupto, ecológica y ambientalmente insostenible, así como violento y proclive a violar
los derechos humanos y desconocer las garantías constitucionales consagradas en
la Carta Política de 1991. Sus más visibles voceros lograron naturalizar esas
impúdicas condiciones de vida capturando el Estado para hacerlo operar
exclusivamente en beneficio de sus mezquinos intereses.
En lo que respecta a las clases
dominadas o a los grupos subalternos, éstos también arrastran “taras civilizatorias”
asociadas a la inexistencia de una conciencia de clase o en el mejor de los
casos a la existencia de una con un carácter
complaciente que hace posible que cientos de miles de sus miembros actúen como
súbditos o prefieran ejercer un tipo de ciudadanía no política o de “baja intensidad”, en lugar de formarse
para discutir de forma argumentada sobre los asuntos públicos que les interesan
a todos.
La clase
dominante y la subalterna juegan bajo las diferenciadas condiciones que impone
un capitalismo salvaje que envilece las relaciones sociales, deslegitima la
búsqueda de mejores condiciones laborales y justifica la operación de un Estado
privatizado al servicio de una clase dominante cuyos miembros se autodeterminan
capitalistas, pero que realmente son rentistas que por años han vivido de la “teta
del Estado” a través de subsidios y la captura mafiosa de instituciones estatales.
Ejemplo de lo anterior es la privatización de las vías a través de onerosas
concesiones viales y consecuencialmente la imposición de gravosos peajes que
terminan por encarecer la producción y circulación de mercancías, alimentos y
la prestación de servicios. Eso sí, ese modelo de contratación enriquece a unas
pocas familias y coadyuva a concentrar la riqueza en pocas manos. Acabar con el
tren y evitar a toda costa su regreso va de la mano de la privatización de las
vías 4G y 5G.
Los subsidios para los menos favorecidos
también hacen parte del perverso juego político y electoral en el que la
derecha viene incurriendo de tiempo atrás y en el que por supuesto incurrió el
gobierno progresista de Gustavo Petro. Aunque con disímiles logros y objetivos,
muchos de los subsidios alimentan, de un lado, las llamadas trampas de la pobreza
(como Familias en Acción) y del otro, el favorecimiento económico a una clase
dominante que, al sentirse privilegiada,
deja salir su desprecio por el mestizaje que los arropó y les ayudó a
justificar su racismo, clasismo y machismo, entre otras “taras
civilizatorias”.
Antes de la pandemia del covid-19,
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez regaló millones de pesos a las familias que
apoyaron política y económicamente su reelección a través del programa Agro
Ingreso Seguro (AIS). Durante la pandemia, pasó algo similar: mientras que los
más pobres colgaban trapos rojos en las ventanas de sus viviendas como símbolo
de necesidad y hambre, el gobierno Iván Duque Márquez, títere de Uribe, optó
por beneficiar a los grandes ricos. “El dinero fue a parar en las cuentas de
Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la
Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y
algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi,
Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos
Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería
Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports.
Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo
Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol
Televisión y hoteles Decamerón”[1].
Mientras tanto, las pequeñas y
medianas empresas hacían ingentes esfuerzos para sobrevivir en medio de una
política económica errada, fruto de la captura mafiosa del Estado y su
operación con los sempiternos criterios corporativos con los que se elimina
cualquier posibilidad de actuar como un Estado Social de Derecho. Es en este
punto en el que varias de las 12 preguntas enfrentan problemas de legitimidad, pertinencia social y económica. Veamos:
1.
¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y
sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? 2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un
recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? 3.
¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas
reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de
instituciones similares tengan un contrato laboral?
En principio, el SÍ debería de
ser la respuesta, pero al revisar las anteriores circunstancias contextuales y
las propias de la carga impositiva que soportan las Pymes y MiPymes, entonces
el No surge como alternativa y respuesta a unas condiciones desfavorables para quienes
se esfuerzan por hacer empresa sin mayores apoyos de un Estado capturado por
mafias de todo tipo y que opera para hacer más ricos a los ricos.
La pregunta 3, por ejemplo, no tendría mayor sentido si la banca privada, con el apoyo estatal, entregara créditos baratos para la compra de maquinaria o la expansión comercial de las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, no se necesitaría de una Consulta Popular para lograrlo. Bastaría con que los banqueros y el Estado tomaran la decisión. Pero para ello se necesitaría de un cambio cultural fruto de la superación de las “taras civilizatorias” de una élite económica parásita, rentista y premoderna. Por supuesto que los miembros de la clase subalterna también arrastran con sus propias “taras" y prácticas culturales asociadas a la pereza, la desidia, la falta de compromiso con el trabajo y la irresponsabilidad de los trabajadores. Resulta importante garantizar derechos laborales y mejorar las condiciones, pero también hay que trabajar en la formación de una clase trabajadora que no abuse de los derechos y las garantías. Estos últimos elementos también hacen parte de las consideraciones al momento de votar la consulta, en caso, claro está, de que el Senado la apruebe.
petro y la consulta popular - Búsqueda Imágenes
Fabulosa la presentación educativa y didáctica de Germán, por esa consulta popular, ojalá la gente lee, reelea y comprenda el paso que es necesario!!!
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