LAS IDEAS DE PAZ DE PETRO Y URIBE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cambiantes dinámicas del conflicto armado interno han permitido el surgimiento de varios significados o nociones en torno a la paz, su consecución y su mantenimiento a través del paso de los años. En adelante hago un ejercicio interpretativo alrededor de las ideas de paz que circulan aún en el país, de la mano de reconocidas figuras políticas y las que ebullen en las transacciones cotidianas de la gente.

En la reciente “invitación” que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez les hizo a los militares para que desconocieran la autoridad del comandante supremo, el presidente de la República Gustavo Petro, el político antioqueño deja ver su idea de paz. Esa noción del exmandatario está soportada en el concepto y doctrina de la violencia legítima del Estado y por esa vía, en la justificación de los excesos en el uso de esa fuerza y los sempiternos daños colaterales. Esto se traduce, coloquialmente, en bala, bala y más bala, lo que implica la militarización del Estado y la consolidación de un Estado militarista.

Para concretar su idea de paz, poco importa que ese Estado militarista cometa atrocidades, pues lo importante es que se logre mantener el régimen de poder. Recuérdese lo que expresó Paloma Valencia, una de las fichas de Uribe, cuando se discutió la posibilidad de que en colegios se enseñara el contenido del Informe de la Comisión de la Verdad sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado interno: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”. Los 6402 jóvenes asesinados por el Ejército, presentados falsamente como "guerrilleros dados de baja en combates" hacen parte de esas atrocidades que se cometieron por la aplicación de la política de seguridad democrática y de los incentivos económicos prometidos en el Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005.

Uribe Vélez es el típico War Lord que cree a pie juntillas en la victoria militar, por encima de la comprensión de las causas objetivas que los grupos levantados en armas aún exhiben para legitimar su lucha “revolucionaria”. La paz en la que cree Uribe está más cerca de la pacificación a las malas, que a cualquier posibilidad de concertarla a través de una negociación política. Por su talante autoritario, a Uribe no le gusta dialogar y mucho menos desgastarse políticamente en una negociación que implique ceder algo de poder. Está más cerca de la doctrina de contar bajas. La paz de Uribe huele a formol, camina en bolsas negras y se expresa con la exhibición de los cuerpos de los “terroristas muertos en combate”.

Por ser un Señor de la Guerra, Uribe cuenta con el apoyo económico, social y político de todos aquellos actores que de manera directa o indirecta se benefician del desplazamiento forzado que generan los enfrentamientos, así como de la zozobra y el miedo de la población civil rural. Hablo de ganaderos, latifundistas, especuladores inmobiliarios, paramilitares y negociantes de tierras prestos a ofrecer compra a campesinos que, cansados de la guerra, prefieren vender barato para irse a vivir a los cinturones de miseria de urbes como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras ciudades receptoras de desplazados o de colombianos en condición de desplazamiento.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, exhibe una idea de paz diametralmente distinta a la del exgobernador de Antioquia. Petro cree en la paz negociada sin que ello signifique que acepta aquello de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Petro creyó en aquellas mientras fue guerrillero. Una vez se benefició del indulto y la amnistía, empezó a poner en crisis esa narrativa con la que por años la academia y el mundo de la política legitimó y explicó los orígenes del conflicto armado interno.

Ya en varias ocasiones Petro ha expresado que el conflicto armado interno, sus dinámicas y los propios actores han cambiado. Estamos, de acuerdo con Petro, en una etapa caracterizada por la nula formación política de los combatientes auto llamados “guerrilleros” y la visible traquetización de los grupos al margen de la ley a los que de manera forzada Petro les reconoció estatus político. En sus palabras, se trata de “traquetos vestidos de camuflado”.

El interés del jefe del Estado de proteger a la población civil, en particular a los campesinos que sobreviven en los territorios rurales en los que el conflicto armado se manifiesta con mayor intensidad, está fundado en su genuina búsqueda de la esquiva reforma agraria. En este punto las diferencias con Uribe son irreconciliables, pues mientras que el latifundista y caballista se opone a desconcentrar la propiedad de la tierra, el hijo de Ciénaga de Oro está convencido de que devolverle la tierra a los campesinos que la perdieron por causas de la guerra interna constituye un paso importante hacia la paz.

Las ideas que tanto Uribe y Petro tienen de la paz están conectadas al ejercicio de la política. Es decir, de manera original están alejadas de las nociones de paz que pueden tener millones de colombianos y que bien pueden dar vida a un tipo de paz social o de convivencia entre diversos y diferentes.

Imagen tomada de CNN

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS Y EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En las últimas 24 horas el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez hizo presencia en la universidad de la Sabana de Bogotá, con el fin de participar en un evento académico que, al parecer,  se organizó exclusivamente para que el político antiqueño pudiera, desde ese privilegiado entorno, decir lo que a bien quisiera expresar, sin que nadie lo pudiera controvertir. Pues bien, el expresidente y expresidiario aprovechó la oportunidad para incitar a la cúpula militar a que desconociera la autoridad del comandante supremo de las FFAA, el presidente Gustavo Petro. Sin duda alguna, Uribe lo que hizo fue un llamado a los generales y coroneles con mando de tropa, a que cometieran el delito de sedición y por esa vía, dar un golpe militar.

Resulta supremamente grave y preocupante que una universidad privada se preste para que un expresidente de la República incite o inste a los militares a violar la constitución política y de esa forma, desestabilizar al país. No. La academia no está para eso, salvo que de manera decidida y con previo conocimiento supieran y compartieran a plenitud lo que el latifundista, caballista y exdirector de la Aerocivil iba a proponer a un auditorio con presencia de jóvenes. Si fue así, está en mora la universidad de la Sabana para emitir un comunicado en el que toma distancia de la incitación que hizo su invitado a que los militares violen la ley y la constitución política. De lo contrario, la opinión pública podrá pensar que comparte con Uribe la incitación a cometer un grave delito. 

En el inmediato pasado, otras universidades privadas del país le abrieron los auditorios al mismo Uribe Vélez para que explicara, de manera amañada, el caso judicial por el que está en etapa de juicio, por los delitos de fraude procesal, manipulación y soborno a testigos. Estos claustros universitarios se prestaron para que Uribe Vélez retara a la jueza que llevará en adelante el juicio en su contra; hay que recordar que en  tres oportunidades, distintos jueces  negaron las solicitudes de preclusión de los fiscales que, siguiendo órdenes del entonces fiscal general, Francisco Barbosa, elevaron esas ilegítimas y retorcidas peticiones al aparato de justicia.

Nadie niega que la academia es un territorio político en donde se discuten asuntos públicos propios de la política. Además, la universidad no puede abstraerse de los efectos, negativos y positivos que van dejando a su paso específicas coyunturas sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, la notable crispación política e ideológica por la que atraviesa el país desde el 7 de agosto de 2022, la misma que deviene anclada a las movilizaciones de 2019 y 2020 y al estallido social debe ser un tema de discusión académica. Pero somos pocos los que hablamos de crispación política e ideológica, en contravía del concepto de polarización política.

Periodistas y políticos hablan de polarización política, narrativa con la que ubican a la izquierda y al progresismo en el sector extremista, y por tanto inconveniente para el país, con el claro objetivo de salvar a la derecha que representa con lujo de detalle el expresidente Uribe Vélez, de las responsabilidades que debe asumir porque en el pasado hicieron ingentes esfuerzos para desmontar las garantías constitucionales y democráticas. Los 30 años de aplicación de la receta neoliberal terminaron concentrando la riqueza en pocas manos, al igual que la propiedad de la tierra; esa misma receta sirvió para negar los derechos de los campesinos y por esa vía, se intentó acabar con la agricultura, sector que hoy repunta en el gobierno de Gustavo Petro. Además de generar las peores condiciones de vida para millones de colombianos, la derecha uribizada se niega a aceptar que el país necesita transformaciones sociales, políticas y económicas para superar la pobreza, la inequidad y la inseguridad alimentaria.

Entre las figuras políticas que insisten en esa narrativa de la polarización política están, además del propio expresidente Uribe, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, entre otros más.  

En las universidades igualmente esa narrativa ha servido de insumo para debates y propuestas de investigación para analizar sus alcances y realidades, más allá de los juicios de valor que se lanzan a diario desde las empresas mediáticas.

En el periodo 2002-2010, las universidades privadas vivieron momentos de tensión política entre estudiantes y profesores que apoyaban a pie juntillas el gobierno de mano dura de Álvaro Uribe Vélez y aquellos docentes y alumnos que se oponían a la implementación de la política de seguridad democrática.

Cuando el “embrujo autoritario” fue perdiendo terreno en la opinión pública y se hicieron notar los efectos negativos de las políticas neoliberales adoptadas por Uribe, así como la inconmensurable corrupción público-privada y la violencia estatal representada en los 6402 jóvenes asesinados por miembros del Ejército, los uribistas vergonzantes lograron esconderse, mientras el país continuó en manos de Santos, para luego terminar en las del incompetente Iván Duque Márquez, el títere de Uribe Vélez. Entonces, los ambientes en las universidades privadas cambiaron notablemente porque empezaron a llegar y a sacar la cabeza los estudiantes críticos de Uribe y de Duque. Durante el estallido social fue claro que la juventud universitaria, un poco más leída, ya no comulgaba con eso que se conoce como uribismo.

Aparecieron, entonces, los estudiantes que terminaron seducidos por el discurso del cambio que promovió Gustavo Petro durante su campaña. Una vez en el poder, el ambiente en las universidades privadas cambió. Eso sí, la narrativa de la polarización política llegó a las aulas y allí gravitará hasta que la derecha recupere el poder en el 2026.

Con la llegada de la izquierda progresista al poder, la derecha, con el concurso de los medios y periodistas afectos a su causa, viene insistiendo en que el país atraviesa una violenta polarización política, y responsabiliza de esa circunstancia a la izquierda democrática.

La presencia de Uribe en los últimos meses en varias universidades privadas no obedece exclusivamente a su interés de defender su cuestionada honorabilidad y de incitar a los militares a que desobedezcan a su comandante supremo, Gustavo Petro. No. Ese periplo por los claustros universitarios es apenas el abrebocas de lo que sucederá en el país si en el 2026 recuperan el Estado que la izquierda les arrebató de forma legítima en 2022. Si la derecha uribizada logra poner en la Casa de Nariño (o de Nari) a cualquiera de los precoces candidatos que ya suenan para servir a la causa uribista (Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Abelardo  de la Espriella, Paloma Valencia, Fico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Germán Vargas Lleras o Sergio Fajardo), las universidades privadas del país volverán, como sucedió entre 2002 y 2010, a ser los escenarios en los que, nuevamente, se macartizará a todos los que se atrevan a criticar al presidente de la República que salga de ese ramillete de candidatos.

Bajo esas circunstancias, entonces la narrativa de la polarización política se matizará un poco porque nuevamente la derecha tendrá el poder político y el apoyo de las empresas mediáticas que hoy sufren los estragos económicos de un gobierno que optó por disminuirles la pauta oficial, lo que aumentó la ira de los periodistas y directores de medios que, siguiendo órdenes de sus patrones, están actuando como verdaderos actores políticos en oposición.

La universidad debe ser, por excelencia, el espacio para debatir conceptos, posturas, teorías y exponer argumentos sobre asuntos públicos que nos interesan a todos. Es, igualmente, el lugar en el que sus estudiantes se forman para vivir en sociedad, ojalá bajo marcos democráticos lo suficientemente sólidos para soportar y tramitar los sempiternos conflictos que emergen cuando aparecen los intereses individuales y las complejas subjetividades en las aulas y en las instancias de dirección académica de las facultades y las rectorías.

Imagen tomada de Youtube.com

URIBE INCITA A UN GOLPE MILITAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ante estudiantes de la universidad de la Sabana de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez invitó a los comandantes de las fuerzas armadas a desconocer la autoridad de su comandante en jefe, el presidente de la República, Gustavo Petro. Se trata de la más clara incitación a que desde los cuarteles se dé un golpe militar al actual jefe del Estado. El delito que promueve Uribe es el de la sedición. La peligrosa insinuación del político antioqueño se conecta con el deseo planteado por la congresista María Fernanda Cabal en febrero de 2023: “No hay que dejar que Petro se quede 4 años”, señaló la legisladora en ese momento. Es decir, a dos años de terminar el mandato el presidente Gustavo Petro, el propietario del Centro Democrático y líder de la ultraderecha pretende, con el concurso de los militares, impedir que culmine su mandato y así romper el orden constitucional.

Esto dijo exactamente el exdirector de la Aerocivil y exmandatario antioqueño: “lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una constituyente”.

Claramente, Uribe les está diciendo a los generales de la República, y en particular a coroneles con mando de tropa, a que asuman a mutuo propio la tarea de atacar a las disidencias de las Farc-Ep que de manera coordinada y temeraria ejecutaron actividades terroristas en los municipios de Jamundí y Dagua en el Valle del Cauca y Morales, en el Cauca.

Además, de manera temeraria y calumniosa, el expresidente señala que Petro tendría acuerdos con el ELN para que este grupo armado ilegal coadyuve a generar las peores condiciones contextuales para que desde la Casa de Nariño se declare turbado el orden público y en crisis las instituciones, y por ese camino se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. De manera hábil, el súb judice ciudadano nacido en Salgar (Antioquia) conecta el deseo-amenaza que Petro hizo público en Puerto Resistencia en Cali, ante las trabas de un Congreso que se opone a las reformas sociales planteadas.

La sinuosa invitación que hace Uribe a los uniformados se explica porque la derecha uribizada, con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, vendieron la idea al país de que Petro “tiene amarrados, debilitados y desmoralizados a los militares”, lo que explica el envalentonamiento de las disidencias de Iván Mordisco y sus ataques dinamiteros y terroristas de las últimas 24 horas. Bajo esa premisa, Uribe conmina e insta a los comandantes militares a avanzar contra las disidencias sin que así lo haya ordenado Petro porque, en apariencia, el presidente no estaría interesado en ordenar la contra ofensiva por su interés en convocar, bajo un orden público turbado, una asamblea nacional constituyente para hacer las reformas que el Congreso y la bancada uribista en particular, no le quieren aprobar.   

Lo cierto es que ya el presidente de la República ordenó arreciar militarmente contra las disidencias. El despliegue de tropas por las zonas rurales de Morales (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca) ya comenzó. Habrá que esperar los resultados operacionales y muy seguramente, la cínica petición de volver a pactar un cese al fuego bilateral de las disidencias.

Lo dicho por el expresidente, latifundista y expresidiario es supremamente grave por su condición de exjefe de Estado y porque como comandante supremo de las FFAA logró instaurar en la doctrina militar el perverso principio de “contar cuerpos” lo que llevó a generales, coroneles, mayores, suboficiales y soldados, a perpetrar crímenes de Estado que el país conoció como “falsos positivos”. Lo que el uribismo llama “debilitamiento” al interior del Ejército, por la salida masiva de oficiales, simplemente es una purga institucional en la que han salido de la institución altos oficiales por actos de corrupción y politización del ambiente castrense.

Hay que recordar que Uribe metió al Ejército en una dinámica de guerra total contra las Farc (pero no contra el ELN), vendiendo la idea a los colombianos que iba a acabar con esa agrupación armada ilegal entre 2002 y 2006. Como no pudo alcanzar ese objetivo, se hizo reelegir de manera fraudulenta por otro periodo presidencial (2006-2010). Al término de los ochos años tampoco pudo alcanzar el objetivo político-militar y quiso quedarse otros cuatro años más, pero la Corte Constitucional lo evitó, con ponencia del entonces magistrado, Humberto Sierra Porto.

Así las cosas, Uribe insiste en continuar siendo el War Lord que millones de colombianos aún admiran. No sería raro que detrás de su peligrosa incitación esté su deseo de regresar al poder así sea de facto y por conducto de un golpe militar.

Imagen tomada de Semana.com

DE LA PAZ TOTAL, A LA GUERRA PROLONGADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La reciente y coordinada arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias de las Farc-Ep (EMC) confirma, una vez más, que las conversaciones de paz y los ceses al fuego le sirvieron a esa organización criminal para fortalecerse militarmente. De igual manera, los ataques contra la población civil y unidades policiales en el sur del Valle y norte del Cauca expresan con claridad la nula voluntad de paz de esa estructura armada ilegal.

La andanada criminal de las disidencias al mando de Iván Mordisco le sirve a la prensa opositora al Gobierno Petro para generar miedo, incertidumbre y zozobra en las audiencias y exigirle una contundente respuesta militar del Ejército. Es apenas evidente que el criminal de marras, Iván Mordisco, está retando al Estado y a la sociedad, lo que supone que la respuesta institucional supere el sentimiento de venganza que se activa horas después de que se producen arremetidas como las que se presentaron en Jamundí y Dagua, en el Valle del Cauca y Morales, en el norte del Cauca. Pasado ese sentimiento vindicativo, lo que se viene es una guerra sin cuartel y prolongada con todo y lo que ello supone en costos económicos, disposición de combatientes, combatientes caídos de lado y lado y daños colaterales.

Para consolidar la tan anhelada y esquiva paz territorial en el país hay dos caminos: el primero, a través de procesos de paz y diálogos entre plenipotenciarios de ambas partes. El gobierno de Petro lo intentó a través de su idea maximalista de la Paz Total, proyecto que salió mal porque el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana no resulta atractivo para una camada de “guerrilleros” cuya nula formación política los fue llevando a convertirse en narco combatientes o en traquetos que andan de camuflado; y el segundo camino, es a través del enfrentamiento armado, lo que supone que las fuerzas militares ataquen de manera frontal y constante a las disidencias, hasta reducirlas y obligarlas a regresar a la mesa de diálogo. Lo anterior supone una guerra total que le exigirá al gobierno Petro liderar la respuesta institucional lo que lo llevará, inexorablemente, a parecerse a sus antecesores que se la jugaron por la salida militar.

Es poco probable a que dos años de terminar su mandato, Petro crea que pueda lograr firmar la paz con estas disidencias. Al poco tiempo se suma la nula voluntad de paz de este grupo ilegal a cuyos miembros poco o nada les llama la atención dejar las armas para ir a sobrevivir cultivando café, aguacates o cacao, cuando tienen en la economía ilegal del narcotráfico una fuente inagotable de recursos.

Se entiende el cambio de doctrina político-militar del actual gobierno, consistente en cuidar a la población civil, en particular la que en las zonas rurales convive con la presencia de las disidencias y suele quedar en medio del fuego cruzado entre tropas oficiales y los irregulares. Lo curioso es que, con los ataques a los municipios de Morales, Dagua y Jamundí, las disidencias le están demostrando al gobierno y al resto de la sociedad que el Estado no está en capacidad de garantizar la vida y la honra de sus asociados que viven en municipios como los atacados recientemente. 

Como también se comprende la decisión de no bombardear los campamentos de los ilegales como lo hiciera el gobierno anterior, para evitar que caigan en estos menores de edad reclutados forzadamente por las disidencias de Iván Mordisco. Y por supuesto, para cuidar los ecosistemas naturales impactados ecológicamente cuando sobre estos se dejan bombas con gran capacidad destructiva.

La coordinada arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias ponen al presidente en una encrucijada: insistir en hablar de paz o intentar doblegarlos apelando al aparato militar y a la violencia legítima de un Estado históricamente débil e incapaz para copar el territorio y ganarse el respeto de las comunidades. Sobre este último aspecto debe trabajar y ser más efectivo el gobierno del presidente Petro.

Adenda: peligroso el llamado que hizo el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez al Ejército a desobedecer al presidente de la República. No es propio de un exjefe de Estado hacer ese tipo de llamados a que los soldados desconozcan a su jefe supremo. El vulgar caballista y exdirector de la Aerocivil dijo que “lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una constituyente”. Lo dicho por el súb judice ciudadano (afronta un juicio por graves delitos) bien puede asumirse como un llamado a que los militares den un golpe de Estado. Estamos ante una invitación directa a quebrar el orden constitucional.  

Imagen tomada de EL TIEMPO

JAVIER MILEI Y ÁLVARO URIBE: ¿MUROS DE CONTENCIÓN CONTRA EL SOCIALISMO?

 

Por Germán Ayala Osorio

El presidente de la Argentina, Javier Milei es un bocón cuyo deseo no es sacar a su país de la crisis económica, social y política a la que lo llevaron los Kirchner, los Fernández, Sergio Massa y Mauricio Macri. No. Este neoliberal vestido de anarquista lo que busca es que el mundo lo reconozca como el político suramericano que se le plantó al socialismo o al comunismo.

En esa lucha contra el socialismo, Milei considera que “las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...). Milei va por el mundo despotricando del socialismo, en medio de una evidente confusión conceptual. En esa bolsa llamada socialismo, este fanfarrón mete al progresismo, a la izquierda moderada, a los liberales y a los agentes del Estado de Bienestar. No reconoce los positivos indicadores de la economía española, hoy en manos de la izquierda representada en Pedro Sánchez; como tampoco los avances que en materia de mejoramiento de los índices de pobreza y desigualdad viene logrando el gobierno de Colombia, en manos de Gustavo Petro, después de 30 años de aplicación de recetas neoliberales que terminaron con la privatización del Estado por parte de una élite corrupta y consecuencialmente, con el aumento de la pobreza multidimensional.

Milei quiere pasar a la historia como el macho que se le paró duro al socialismo. De esa manera, este liliputiense guarda parecido con el también diminuto expresidente y expresidiario colombiano, Álvaro Uribe Vélez.  Al “Gran Colombiano” cientos de miles de colombianos lo extrañan porque aún creen que fue el “muro de contención” del comunismo. Esos connacionales asumen que el rol que jugó Uribe durante sus 12 años de mandato (2002-2010 y 2018-2022) fue, en lo interno, el mismo que hoy Milei está jugando en el plano internacional.

Tanto Uribe como Milei apelan a la patanería y al irrespeto de los adversarios para ganar adeptos y sacar rabiosos aplausos de los sectores conservadores (godos) de ambas naciones y de otras en las que la ultraderecha lucha por imponerse. Recordemos que el presidente gaucho arremetió en el pasado contra Petro a quien llamó “asesino, comunista y terrorista”. Además, señaló que Petro estaba hundiendo a los colombianos en la miseria; en su reciente visita a España, en donde participó de un encuentro de la ultraderecha representada en el partido Vox, se fue lanza en ristre contra la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien señaló de corrupta. Esto dijo el lenguaraz homúnculo: “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...), aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo”. El resultado de semejante bravuconada es una crisis diplomática innecesaria y el llamado a consultas del cuerpo diplomático español apostado en Buenos Aires.

Cuando Uribe fue presidente, y jugó a ser un inexpugnable muro anticomunista, a sus críticos no los bajaba de ser “amigos del terrorismo, de sicarios morales o enemigos de la patria”. Así entonces, tanto Milei como Uribe son dos bravucones que creen que, vociferando, maltratando y amenazando con dar en la cara marica constituyen ejemplo de civilidad y moderación.

Eso sí, no podemos ocultar que existen diferencias entre los dos políticos. A Uribe Vélez jamás le interesó jugar un papel protagónico a nivel internacional. Su capacidad discursiva y talante no le dieron nunca para buscar ese protagonismo que Milei sí está buscando y logrando. Uribe fue y será parroquial hasta el último minuto de su azarosa vida. Un montañero que, con habladito de cura de pueblo, enredó a millones de colombianos con el cuento de la Seguridad Democrática.

Baste con recordar varios puntos de su Manifiesto Democrático, conocido como los 100 puntos, para reconocer en estos el talante del monumental engaño. Las frases en negrilla y subrayadas deben ser miradas a la luz de hechos que dan cuenta de todo lo contrario a lo buscado o prometido: Punto 24. El padre de familia que da mal ejemplo, esparce la autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. Para controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción. 63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres. 90. La reforma pensional debe eliminar privilegios. Reducir la pensión del presidente, congresistas, magistrados de las altas cortes. Poner topes o gravar excedentes. En las pensiones de base respetará derechos adquiridos, expectativas próximas y procederá con responsabilidad fiscal y corazón para introducir los cambios necesarios. Y el punto 100: Aspiro a ser presidente sin vanidad de poder. La vida sabiamente la marchita con las dificultades y atentados. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político…”

Mientras que Milei, un poco más leído y con una visión más universal, cree que es posible eliminar el Estado por considerarlo innecesario. Esto dice Milei: "Yo considero al Estado como un enemigo; los impuestos son una rémora de la esclavitud. El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas; en este caso sería del Estado”. Por el contrario, para Uribe el Estado es y será siempre mirado como un botín y una forma de dominación que funciona bien cuando es capturado para que unos pocos lo operen en favor de sus mezquinos intereses.

En conclusión, Uribe Vélez es un godo para asuntos que tienen que ver con las libertades ciudadanas y en particular con temas como el aborto, y en particular, con el “gustico”, el que debe aplazarse hasta el matrimonio; es un neoliberal consumado, enemigo del campesinado y de la clase obrera. Entre tanto, Milei es un neoliberal que se oculta detrás de los principios del libertarismo para vender la idea de que es posible sacar a la Argentina de la crisis social, económica y política sin el Estado, pero de la mano del presidente de la República. Vaya confusión la de este pibe. 

Imagen tomada de Infobae

CIRO RAMÍREZ Y PIERRE GARCÍA SE CONOCIERON EN LA PICOTA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sorprendió a propios y extraños, pero no pasó desapercibida la confesión del excongresista uribista, Ciro Ramírez Cortez, de cómo conoció a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y de acuerdo con las autoridades judiciales, su compinche en un caso de corrupción o entramado criminal, de acuerdo con la misma Corte Suprema de Justicia. Ramírez le contó al magistrado de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal de justicia, que conoció Pierre García en la cárcel La Picota porque ambos estaban visitando a sus padres, que también habían sido congresistas, y que estaban recluidos en esa penitenciaría por “unos problemas jurídicos”.

De la curiosa revelación de Ciro Ramírez se burlaron en la Tele Letal y Tola y Maruja. Eso sí, ella misma debe servirnos para reflexionar en torno al significado social y ético-político de semejante testimonio. Hay que empezar por destacar la actitud sumisa y asustadiza del arrogante Ciro Ramírez ante el magistrado que varias veces lo instó a que contestara sin rodeos las preguntas formuladas en torno a su participación en la firma de un millonario convenio interadministrativo y una empresa particular. La Corte acusó formalmente a Ramírez de haber participado en hechos punibles, propios de una “empresa criminal”.

La actitud vergonzante de Ramírez Cortez se explica no solo por el miedo que generan los magistrados de la Sala de Instrucción de la CSJ, sino porque al excongresista sus compañeros de bancada lo dejaron solo. Incluso, el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez lo abandonó a pesar de haber sido su fiel escudero. La reacción de Uribe a la captura del entonces congresista se entendió como una toma de distancia y una artera estocada política. Esto dijo el expresidente y expresidiario: “Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada”. Sin importar cómo termine el juicio que enfrenta Ciro Ramírez, lo cierto es que Uribe lo condenó.

Antes de ser llamado a juicio, el miembro del Centro Democrático, escudero y amigo del expresidente Uribe Vélez siempre se mostró ante los medios masivos arrogante, vociferante y sobrador y con una incontrastable altivez que hacía pensar que estaba limpio y alejado de prácticas corruptas. Ahora, al verse perdido por el material probatorio y la actitud inquisidora del togado que lo confrontó varias veces durante la diligencia de indagatoria, agacha la cabeza y asume con inocultable mansedumbre los requerimientos del togado, como esperando algo de piedad del operador judicial.

Ya en la confesión, miremos un detalle: Ciro Ramírez no solo omite decir el nombre de su padre y el de Pierre García, sino los delitos por los cuales fueron procesados: paramilitarismo. Ciro Ramírez Pinzón, padre, fue condenado en el marco de lo que se conoció como la parapolítica, esto es, congresistas que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares. En cuanto a Carlos García Orjuela, padre del exdirector del DPS, al final de un proceso judicial fue absuelto por la misma Corte Suprema de Justicia.

En el tenso diálogo entre el magistrado y Ciro Ramírez Cortez, publicado por Noticias Caracol, el excongresista uribista dice que es “normal que los congresistas desfilen por entidades del Estado para destrabar proyectos”. Justo ahí está la nuez de la corrupción: los congresistas, de acuerdo con lo dicho por Ramírez Cortez sirven de bisagra entre particulares y contratistas que normalmente aportan millonarias sumas de dinero a sus campañas para llegar al Congreso y el diseño y la entrega de contratos y convenios interadministrativos de entidades como el DPS o la UNGRD, con el firme propósito de recuperar la inversión y embolsillarse millones de pesos más.

La curiosa confesión del excongresista del Centro Democrático hace pensar en que el ejercicio de la política en Colombia es un negocio tan lucrativo, que poco importan los procesos judiciales o los “problemas jurídicos” e incluso, las condenas, porque prima el interés de enriquecerse, siguiendo la lógica de la economía del crimen. No les basta ganarse más de 40 millones de pesos mensuales. Quieren más y más. En caso de perder la curul, esta se intentará recuperar con un hijo, hermano, tío o esposa, pues, gracias a las millonarias coimas recibidas, se pueden dar el lujo de patrocinar la campaña electoral del familiar que desea hacerse con la deseada curul.

Los contratistas son el otro eslabón de la corrupción público-privada en Colombia. Estos patrocinan congresistas, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, para luego recuperar la inversión, ganando más que los propios bancos. Ese es el ethos mafioso que ya naturalizamos en Colombia. Lo peor del asunto es que no hay forma de proscribirlo porque los sistemas político y económico operan bajo ese mismo ethos.  De allí que toda lucha contra la corrupción que se proponga como lema de campaña devendrá ridícula y se entenderá como una burla del candidato o candidata que la acoja como bandera electoral.

Imagen tomada de Facebook

¿QUIÉNES SON LOS QUE DEFIENDEN A URIBE VÉLEZ?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez hay sectores de la sociedad que lo extrañan, otros lo adoran a rabiar, otros tantos lo detestan y muchos más esperan que la jueza que hoy está al frente del juicio penal que se lleva en su contra por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, lo declare culpable.

A pesar de su condición de expresidiario, y de afrontar el vergonzoso juicio penal en calidad de imputado, aún hay gente que se atreve a defender al político antioqueño y padre de la infame política de seguridad democrática.

En esta columna hago el ejercicio de caracterizar a todos los seguidores y defensores del caballista y latifundista. Eso sí, dicha caracterización debe entenderse en el marco de una sociedad como la colombiana que de tiempo atrás deviene confundida ética y moralmente.

Los políticos que hacen parte de la secta-partido, el Centro Democrático (CD) están obligados a creer y a defender la probidad de Uribe Vélez. Ese es el costo ético-político de hacer parte de esa colectividad. A esos defensores de oficio del exmandatario los llamaré Defensores Obligados Políticamente (DOP). Están igualmente obligados a salir a los medios a rechazar los cargos y las imputaciones repitiendo como loritos que se trata de una “persecución política” en contra del combativo exdirector de la Aerocivil.

Junto a estos curtidos políticos operan las juventudes uribistas que están en plena formación política. Caben dentro de estos jóvenes, los aspirantes a concejales de ciudades capitales importantes, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas. Estos jovencitos y jovencitas “aman” a Uribe, lo idolatran. Son la sangre nueva de la derecha y la ultraderecha. Guardan cierto parecido con los Jóvenes Cabal que irrumpieron para expresar su apoyo a la congresista y defensora del expresidente, María Fernanda Cabal. Ese “amor incondicional” hacia Uribe se explica porque andan detrás de un aval del CD y porque ciertamente se niegan a creer que el político antioqueño pueda estar involucrado o ser responsable de algún delito. Estos “retoños” del uribismo se ganaron un lugar dentro de la categoría Juventud Uribista Instrumentalizada (JUI).

Dentro de los ciudadanos del común que aún defienden al excongresista están aquellos que están convencidos de que la única manera de “sacar adelante” al país es matando comunistas, guerrilleros, ladrones callejeros (los de cuello blanco, no, por supuesto) y socialistas. Piensan así porque se creyeron el cuento de que Uribe Vélez fungió como muro de contención que evitó la llegada del Castrochavismo y del espectral comunismo. Estos nobles ciudadanos caben en la categoría Ciudadanos de Bien (CB). La defensa que hacen de esas violentas ideas los hace proclives a ocultar, rechazar o minimizar los crímenes de Estado que se cometieron entre el 2002 y el 2010, llamados “falsos positivos”. Frente a casos de corrupción como Agro Ingreso Seguro (AIS) para nombrar solo el más sonado, están obligados a guardar silencio. Y cuando los críticos de la política macroeconómica de Uribe les hablan de neoliberalismo, de inmediato responden a su interlocutor con insultos y señalamientos como “comunistas y amigos del terrorismo”.

También se reconocen en ese gran abanico de defensores de “Varito” a quienes aún se informan a través del noticiero RCN y sus programas radiales, en donde se defiende a dentelladas el “legado” del vulgar latifundista. A estos compatriotas no les interesa escuchar otras versiones y desprecian lo que medios alternativos dicen de Uribe Vélez y de sus enredos judiciales. A ellos los pondré dentro de la categoría Obstinados Ignorantes Seguidores (OIS) porque insisten en que la verdad revelada la tiene RCN, el canal oficial del uribismo.

Cada grupo cumple con unas funciones fundamentales para mantener la vigencia de las ideas y formas de proceder del exmandatario antioqueño. La sumatoria de los DOP, de los JUI, de los CB y de los OIG harán posible extender en el tiempo eso que llaman uribismo. Para unos, una seudo doctrina política; para otros, un “virus” que se cura con la lectura de libros de historia y política, especialmente. Eso sí, hay cientos de miles que salieron de ese embrujo y hoy se reconocen como ex uribistas, exhibiendo una gran vergüenza. A ellos los incluyo en la categoría Ciudadanos Recuperados del Engaño (CRE).

Imagen tomada de Pacifista. https://www.google.com/search?sca_esv=345267d81bec8f30&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ADLYWIK-jSPazq_ewJTqyZYScmUcFKvCfQ:1716132056569&q=juventudes+uribistas,+presente&uds=ADvngMiZcBNsMUvkBJ71fvRLrjNSAsEuUeAktaZLcvlLK2Az8mx1VIjkkBJjcC3PhYLnNtZ0a2TJBHyQmkEXxWQ7c9PH3iWLPSQlYUTiTK3Jhn6xq6OEgXEtxP7L7A1LwkFeihIwLGR1rVIcCDgaurL-MaQwX-y6vYDJXhQxTzSkVu80uCkkXZJANj2AH8kbjmL06-KnUWr-HWsFaih-BlECMmpYX6Vt1pWvLvTiltX_dRW_m9qF1iFOEVyjxwV2TSaApJUmltVpsdN0HAr0ZrPcUWc9FVOasJZ5iFLDP2zbG6FaiAfIz1_IDTO0o7_yOmnoJWPgAVupn_3shxFYDe52K8Tar10wXw&udm=2&prmd=insvmbtz&sa=X&ved=2ahUKEwi8xvmMgpqGAxUabDABHRYKASUQtKgLegQIERAB&biw=1024&bih=641&dpr=1

REVISTA SEMANA Y LA EVENTUAL CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE VICKY DÁVILA

 

Por Germán Ayala Osorio

La familia Gilinski compró la revista Semana y la convirtió en una trinchera ideológica y política desde donde ataca con mentiras, medias verdades, titulares engañosos e interpretaciones amañadas, al gobierno con el que hace negocios. Es posible además que la use como plataforma y laboratorio electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Al haber sepultado la historia periodística de la otrora revista de análisis, los Gilinski dejaron ver con preocupante claridad su desprecio por el oficio “más bello del mundo”, según Gabo. Ahora parece que le están apostando a impulsar la candidatura presidencial de su directora, la señora Victoria Eugenia Dávila, lo que confirma que efectivamente tienen una mirada utilitarista del periodismo. Esa apuesta de los Gilinski, muy seguramente con el apoyo económico y político del clan Gnecco, puede representar una división aparente al interior de la derecha colombiana, en particular, significaría una toma de distancia con lo que se conoce como el uribismo.

Parece que los Gilinski comprendieron que, si las fuerzas uribistas fueron capaces de poner en la Casa de Nariño al petimetre e incapaz del Iván Duque Márquez, por qué ellos, junto con los Gnecco, no pueden sentar en el Solio de Bolívar a la lenguaraz periodista Vicky Dávila. Ella cumple con el mismo perfil que la élite económica y política diseñó para Duque: es obediente, sumisa, joven, le gusta el poder y el dinero; le encanta que la adulen, es vengativa y sabe odiar a quienes osan retarla y confrontarla. Su animadversión hacia Petro y su admiración incondicional hacia Uribe constatan que ella es una periodista y mujer de amores y odios.

Vicky Dávila comparte con Iván Duque que desconoce los más mínimos elementos conceptuales y prácticos de la economía; su discurso político es básico, lo que es fruto de su poca lectura. Además, no tiene claro el funcionamiento del Estado, aunque sí sabe de las maneras como este ha sido capturado por sus familiares del clan Gnecco. Duque supo ocultar su debilidad oratoria y discursiva, hablando un inglés igualmente básico. Su referencia a los 7 enanitos, en una conferencia mundial, da cuenta de su talante infantil y de su nula comprensión sistémica del mundo de la vida, como diría Habermas.

Dávila está en todo su derecho de aspirar a ese cargo, así como los colombianos también el derecho a decidir si vuelven a equivocarse como lo hicieron quienes respaldaron con sus votos al fatuo de Iván Duque Márquez. Votar por Dávila daría cuenta del desprecio total hacia el país de quienes así lo hagan e incluso, se entendería como una forma de violencia política similar a la que ejercieron quienes votaron por “el gordo marica” del Iván Duque, llamado así  por su copartidaria María Fernanda Cabal.

Con la candidatura de Dávila, los Gilinski y los Gnecco tomarían distancia del llamado uribismo, por varias razones: la primera, por los líos judiciales que enfrenta el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, lo que provocaría una estampida al interior del Centro Democrático; la segunda, por arrebatarle el protagonismo a la Antioquia y a la Medellín uribista que aún respalda al latifundista que enfrenta desde ayer un juicio en calidad de imputado por 3 graves delitos, para trasladar ese protagonismo a la ciudad de Cali; además, los Gilinski no comulgan con los perfiles de eventuales competidoras de Dávila, como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Parece haber una decisión política y coyuntural, tanto del bloque Gilinski-Gnecco, como del uribismo, de apoyar la candidatura presidencial de una mujer, aprovechando la irrupción del feminismo dentro de la política y la conquista de las mujeres de espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Eso sí, no se trataría de un feminismo que se oponga a la Colombia patriarcal y machista, sino de uno sometido a las ideas y a las lógicas de los viejos “Barones electorales”. Es decir, estaríamos ante un tipo de feminismo hecho a la medida de la política tradicional de la derecha.

Si se confirma la candidatura de la señora Dávila, el mensaje de campaña estará conectado a la idea de que Colombia está lista para ser gobernada por una mujer, aunque detrás de ella estarán hombres de negocios y de la política tradicionalmente contrarios al movimiento feminista, al que consideran inocuo e inconveniente para salvaguardar las características de la sociedad conservadora que añoran: las mujeres en el hogar esperando a sus maridos y alejadas de la toma de decisiones.

Convertida Semana en plataforma y laboratorio electoral, además de trinchera ideológica, no es nada raro que un país como Colombia, una candidatura de Vicky Dávila termine cuajando. La verdad es que después de Duque cualquiera puede ser presidente de la República. Lo único que tiene que hacer quien decida aspirar a ese cargo es obedecer, asentir y de cuando en cuando vociferar y hacer pensar, con la ayuda de revistas como Semana, que está gobernando o por lo menos, aprendiendo. ¿Recuerdan la portada aquella con la cara de Duque y el titular, Un año de aprendizaje? Algo así harían con la primera mujer presidenta del eje Gilinski-Gnecco.

Imagen tomada de la red X.

AL DIRECTOR DE LA MODELO LO DEJÓ SOLO EL ESTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El asesinato del coronel (retirado) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo deja tres hechos claros: el primero, que las autoridades de policía, el mismo INPEC y la UNP le sirvieron a alias Pedro Pluma en bandeja la vida del funcionario para que cumpliera la temeraria amenaza que había lanzado días atrás contra el director. Es decir, el Estado dejó solo a Fernández y por eso, está muerto.

El segundo, que es tal el poder criminal de los bandidos que están presos en cárceles como La Modelo y la Picota, entre otras, que se dan el lujo de amenazar, de activar call center y de mandar a matar a guardianes del INPEC y a directores de prisiones que se atrevan a trasladarlos, a ordenar requisas o afectar las estructuras criminales que operan desde varios centros de reclusión. Y el tercero, que la reacción paquidérmica de la UNP y del INPEC facilitó la ejecución del plan sicarial. La misma Policía Nacional es responsable porque como institución está en la obligación moral de preocuparse más por sus hombres que en uso de buen retiro, cumplen funciones de alto riesgo como dirigir cárceles. No es necesario esperar a que las amenazas lleguen para proteger a los oficiales que le sirvieron a la institución.

El poder económico y criminal de las bandas y de sus líderes que operan desde las cárceles estatales les permite sobornar, atemorizar y mandar a matar a quienes se atrevan a tocar sus intereses. Disímiles gobiernos han probado todo tipo de estrategias fallidas para enfrentar ese poder mafioso: los trasladan de penitenciaría, los aíslan y hasta los vigilan las 24 horas. ¿Cuál es la solución?

La más evidente es endurecer las condiciones en las que estos criminales pagan sus condenas. Deben estar aislados y vigilados, evitando al máximo el contacto con guardianes. Bastaría con la amenaza proferida por alias Pedro Pluma, para que, en juicio sumario, sea condenado por el asesinato de Fernández. Las garantías procesales deben perderse ante la peligrosidad de estos criminales. Las condiciones de reclusión deben ser extremas para que el escarmiento lo sientan también sus compinches. Es claro que el miedo a ir preso se perdió porque al interior de las cárceles encuentran las condiciones propicias para continuar delinquiendo. El porte de los celulares, por ejemplo, debe prohibirse. El aislamiento debe ser total y extendido en el tiempo.

La narrativa de los derechos humanos debe empezar a sopesarse con los crímenes ordenados desde las cárceles y  las incertidumbres, la desazón y la rabia que generan en la sociedad hechos como el asesinato del director de La Picota. Insisto en que hay que someterlos a condiciones extremas de aislamiento, lo que implica cero contacto con el mundo exterior por periodos de seis meses continuos.

Dejar avanzar y crecer el poder criminal de bandas y de sus líderes al interior de las cárceles, permitirá que en el 2026 el discurso de Bukele coja tal fuerza, que el o la candidata presidencial que ofrezca mano dura como la que aplicó en su país el presidente centroamericano, muy seguramente recibirá el respaldo de millones de colombianos víctimas de extorsiones por parte de criminales detenidos y de otros tantos que se “mamaron” de la alcahuetería  de la autoridad penitenciaria frente a personajes como el que habría ordenado el asesinato del director de La Modelo.

El Estado está en mora de construir guarniciones para que en estas vivan los guardianes, directores y subdirectores del INPEC. De esa manera se minimizan los riesgos y se enfrenta el poder criminal de bandas y de bandidos de “renombre” como alias Pedro Pluma. La sempiterna corrupción de los guardianes que han cedido a las presiones de los criminales se acaba ofreciéndoles mejores condiciones de vida y eso incluye el alojamiento. Es una actividad de alto riesgo que debe ser acogida dentro de las condiciones laborales.

Está en mora el gobierno de Petro de endurecer su mano para afrontar el problema carcelario. Ojalá no se queden sus funcionarios lamentando el crimen de Fernández. El coronel Fernández murió abandonado y solo. Ya muerto, irá hasta su última morada acompañado por una enorme caravana de funcionarios que pudieron haber hecho más para proteger su vida. Paz en su tumba a quien alcanzó a molestar a los bandidos y en particular a quien finalmente firmó su sentencia de muerte con una pluma ensangrentada.  

 

Imagen tomada de Youtube.com

PETRO Y UN ESTADO QUE NO LE CUMPLE A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace bien el presidente de la República en advertirle al país y al Consejo de Seguridad de la ONU que al Estado colombiano “le quedó grande” cumplir con lo acordado en el tratado de paz firmado con las entonces Farc-Ep. Exactamente esto dijo el jefe del Estado: “Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras”.

El anuncio presidencial generó todo tipo de reacciones en particular en quienes no entienden cómo el propio jefe del Estado anuncia que le reconocerá a la ONU y a los países garantes y acompañantes del proceso de paz de La Habana que el Estado fue inferior al compromiso que asumió con la paz. Aunque puede sonar “raro” que el propio presidente de la República haga ese tipo de reconocimientos, lo que hace Petro es poner de presente que las otras dos ramas del poder público son responsables, junto al Ejecutivo, de los incumplimientos a lo que se acordó en Cuba entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep.

Los incumplimientos a lo firmado en el teatro Colón de Bogotá ponen de presente responsabilidades políticas que deberán asumir funcionarios y los gobiernos de Santos, Duque y Petro. De igual manera, las que tienen que arrogarse agencias estatales que operan bajo las viejas dinámicas de un Estado desordenado, paquidérmico, ineficiente e incapaz, administrativamente hablando, de ejecutar el mandato legal en el que está soportado el acuerdo de paz de La Habana. Siete años después de la firma del armisticio entre el Estado y las entonces Farc-Ep, el Congreso aprobó la jurisdicción agraria. Esto dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica: “la jurisdicción agraria va a permitir que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público”.

A pesar de ese tardío avance, la reforma agraria sigue siendo el problema central en los incumplimientos porque ni se ha logrado cumplir con la entrega de los 3 millones de hectáreas de tierra, como tampoco consolidar el Fondo de Tierras acordado para tal efecto. Reducir la reforma agraria a la entrega de tierras es un error en el que incurrieron dos de las tres administraciones arriba señaladas (Santos y Duque). Se debió diseñar, una vez firmado la paz, un plan de industrialización del campo con todos los latifundistas del país, esto es, con aquellas personas naturales y jurídicas que acaparan grandes extensiones de tierra dedicadas a ganadería de baja producción, a la especulación del precio de la tierra y a la siembra de monocultivos de caña de azúcar y palma africana.

Al no haberse diseñado ese plan de industrialización, los PDET se hicieron inaplicables por cuanto no solo no se tocó la propiedad concentrada de la tierra, sino que su deseada distribución no está pensada, por ejemplo, para que el minifundio y el latifundio puedan convivir bajo un modelo agrario moderno que convierta al país en una despensa agrícola para el mundo. Poco interés hay en dejar de ser un simple exportador de café y azúcar, en beneficio de unos cuantos agentes privados, porque históricamente se construyó una azarosa relación con la tierra, ancorada su concentración al poder político y económico que esa condición genera.    

Un punto que poco se advierte al momento de evaluar la etapa de implementación de los acuerdos de paz de La Habana en la que estamos, tiene que ver con la noción de Estado. Pocos son los funcionarios, magistrados, empresarios del campo, jueces, ministros, e incluso, presidentes de la República, entre otros, que tienen una visión de Estado que supere las lógicas y dinámicas políticas asociadas a los tiempos que duran los gobiernos. El ejemplo de Iván Duque Márquez resulta paradigmático. Con el claro objetivo de frenar la implementación del acuerdo de paz, Duque redactó su propia política de paz a la que llamó Paz con Legalidad. Es decir, con una política de gobierno y con todo el poder político y administrativo, el entonces presidente-títere, afectó la política de paz de Estado que emergió cuando se firmó en el teatro Colón de Bogotá la versión final del Acuerdo Final. No se puede olvidar que Duque fue una ficha incondicional de Uribe y de otros agentes del llamado uribismo, que hizo todo para cumplir con el deseo del exministro Fernando Londoño Hoyos y del exprocurador Alejandro Ordóñez de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”.

Estos dos godos recalcitrantes además de oponerse a la negociación política entre el gobierno de Santos y los voceros farianos, son hijos del cortoplacismo. En Colombia se planea el desarrollo para cumplir las metas de un gobierno, esto es, para cuatro años. Por ello los ejercicios de prospectiva que se hacen se abandonan por razones políticas e ideológicas e incluso, por lecturas macartizantes que se hacen sobre los campesinos y los exguerrilleros, incluyendo por supuesto al presidente Petro por haber militado en el M-19. Entran en ese juego ideológico el clasismo y el racismo, elementos que por décadas han impedido un acercamiento entre quienes concentran la tierra y aquellos que quieren trabajarla para aportar a la autonomía y la soberanía alimentarias.

Al final, el llamado que hace el presidente Petro va dirigido a que en todos los estamentos de los tres poderes públicos se revisen los procedimientos y las actuaciones que terminaron consolidando los incumplimientos a lo acordado en La Habana, Cuba. Pero no puede dejar por fuera el jefe del Estado las responsabilidades políticas de los gremios y agentes de poder asociadas a las actividades agrícolas, en particular aquellos que dijeron No al plebiscito por la paz, coyuntura que terminó provocando y legitimando los primeros incumplimientos a lo acordado, en virtud a los ajustes que sufrió el texto final de paz.

No podemos olvidar que mantener las dinámicas del conflicto armado interno en las zonas apartadas del país, favorece directamente a los latifundistas y ganaderos que llegan a esos territorios a acaparar más tierra, bien sea de la mano de estructuras paramilitares o de las condiciones de un mercado de tierras golpeado por la violencia política que abarata el valor de la tierra.

Imagen tomada de Youtube.com

CONMEBOL DICE NO A LA BANDERA DE PALESTINA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El periodista deportivo, César Augusto Londoño dijo en su cuenta de X que el presidente de la República, Gustavo Petro solicitó a la Comisión Distrital que permitiera el ingreso de una bandera gigante de Palestina al partido internacional entre Millonarios y Palestino de Chile. El reportero dice que la Conmebol se negó diciendo que “por reglamento no se admiten manifestaciones políticas en los estadios”.

La razón expuesta por la autoridad del fútbol sudamericano contradice su propia naturaleza, pues en su interior todo el tiempo están tomando decisiones y actuando políticamente. En esa entidad hay relaciones de poder y opera dentro del mundo del fútbol, un deporte espectáculo que además de público, suele servir de válvula de escape a los problemas cotidianos y estructurales de las sociedades en las que se asiste masivamente a los estadios. No existe ninguna disciplina deportiva y actividad humana que se pueda separar de la política y de lo político. Somos “animales políticos”, sentenció Aristóteles.

Lo curioso de todo es que la respuesta misma de la Conmebol constituye un acto político, en la medida en que la solicitud del presidente Petro también deviene con ese carácter y porque la decisión tomada se da en el marco de una situación de comunicación atravesada por la política. Es más, a través de la negativa, Conmebol, seguramente sin pensarlo sus voceros, está asumiendo una postura política frente a las prácticas genocidas que el ejército de Israel viene cometiendo en contra del pueblo palestino. Y esa postura bien puede calificarse como “neutral”, “políticamente correcta” o “cobarde”.

Cualquiera sea el calificativo escogido, su negativa hace cómplices a los directivos de la Conmebol de ese genocidio que algunos quieren desconocer por razones morales, religiosas, políticas, pero especialmente, económicas. Atados a lo último están los Señores de la Guerra (fabricantes de armas y pertrechos) y aquellos actores que de manera directa o indirecta se benefician de su existencia, tales como el sistema financiero internacional y las empresas constructoras que entrarán a reconstruir Gaza con criterios de gentrificación, entre otros más.

Muchos son los periodistas deportivos que, por física cobardía, ignorancia, por presiones de sus jefes o simplemente porque aprueban y aplauden las acciones bélicas del ejército sionista, insisten en la narrativa que señala que el fútbol nada tiene que ver con la política. Por favor, señores. Olvidan que el Mundial de Fútbol en Argentina 78 en plena dictadura militar es la mayor prueba de que la política está en el fútbol y en todas las actividades humanas. Insistir en desvincular a ese deporte espectáculo del poder y de la política sencillamente es ridículo. Insisten los mismos reporteros deportivos en negar que ese Mundial fue usado para ocultar la sistemática violación de los derechos humanos de la que fueron responsables los militares de la época.

No olvidemos que César Augusto Londoño fue el presentador de televisión que cerró el noticiero de televisión diciendo “país de mierda” en protesta por el crimen del humorista y crítico político, Jaime Garzón. En esa oportunidad Londoño actuó, sin duda alguna, políticamente. Bien podría, entonces, además de registrar el hecho noticioso, exponer su postura frente a la decisión de la Conmebol. Qué bueno sería que dijera "mundo de mierda" en clara alusión al genocidio que lidera Netanyahu. 

Montaje tomado de Infobae. 

NO ES POSIBLE UN ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de la crispación ideológica y política que afronta el país desde el 7 de agosto de 2022, emergen lecturas y hechos morales que alejan aún más la posibilidad de llegar a un “acuerdo nacional sobre lo fundamental”. Esas lecturas y hechos tienen que ver con tres elementos, a saber: 1. El deseo de una parte del Pacto Histórico de asegurar la reelección de Petro o por lo menos lograr la continuidad del proyecto político del progresismo y la izquierda; 2. La noción de Estado, su operación y las relaciones entre este y la sociedad y 3. El pasado guerrillero del presidente Petro.

En oposición a esos tres elementos la derecha expone el mismo número con salvedades morales y contextuales con las que niegan y demonizan las aspiraciones de la izquierda y el pasado del presidente Gustavo Petro. Para negar y deslegitimar los deseos del progresismo, el uribismo insiste en ocultar los hechos de corrupción que permitieron la reelección de Álvaro Uribe Vélez, al tiempo que insisten en que ese hecho jurídico-político era legítimo porque había unas circunstancias contextuales que exigían la continuidad de un gobierno de mano dura como el que instauró Uribe entre 2002 y 2010. 

Recordemos lo que dijo el profesor Malcolm Deas a propósito de la llegada del exdirector de la Aerocivil a la Casa de Nariño: “Uribe era un presidente que necesitaba Colombia. Después de él hay un antes y un después…sí, yo creo que hay momentos para la guerra y para la paz. En 2002 el momento era para una política como la seguridad democrática, ahora el país vive otro momento”.

Es decir, la reelección de Uribe Vélez fue buena, el país la necesitaba y por ello extendieron su dominio llevando a Juan Manuel Santos al poder y reeligiéndolo, pero la de Petro y del proyecto del progresismo definitivamente no. La consideran inviable y poco recomendable a pesar de que las reformas a los sistemas de aseguramiento en salud y pensión apuntan a cerrar las brechas sociales que 30 años de neoliberalismo provocaron en Colombia.

Ese es quizás el más grande abismo moral que separa a esas dos orillas políticas y hace prácticamente imposible llegar a un “acuerdo nacional sobre lo fundamental” porque, justamente, sobre lo “fundamental” es que subsiste una insondable diferencia entre unos y otros, lo que hace imposible lograr un consenso. Y lo “fundamental” está en la noción de Estado y en dar cumplimiento a lo prescrito en la constitución de 1991. Mientras que la derecha insiste en un Estado mínimo, que opere bajo las recetas neoliberales y al servicio de una élite, Petro y la izquierda que él representa le apuntan a cambiar ese enfoque para hacer que el Estado colombiano opere bajo las condiciones del modelo de un Estado de Bienestar europeo de los 80 y 90, en menoscabo de los intereses y privilegios de la clase política (con clanes incluidos) que lo capturó y privatizó.

La derecha uribizada insiste en extender por selvas y zonas protegidas el modelo de economía de enclave, los monocultivos de palma africana y caña de azúcar y la ganadería extensiva de baja producción, lo que supone la deforestación de valiosos ecosistemas naturales y por esa vía, la colonización por parte de narcotraficantes y empresas nacionales e internacionales dispuestas a sacar toda la riqueza que encuentren en el subsuelo. Por el contrario, el progresismo y la izquierda que representa Petro le apuntan a conservar las selvas y los ríos en función de minimizar los impactos socio ambientales y ecológicos que ya viene dejando el cambio climático; de igual manera, insisten en frenar la deforestación y en industrializar el sector agrícola y mejorar así las condiciones de vida de los campesinos.

Frente al pasado de Petro, la derecha no le perdona el haber militado en el M-19 y mucho menos lo absuelve por haber confrontado ética y políticamente al gran banquero Sarmiento Angulo y por haberles arrebatado el manejo burocrático y financiero de algunas instituciones del Estado que específicos miembros de la élite lograron capturar de tiempo atrás.

Lo curioso de esa tardía lectura moralizante es que hay exguerrilleros del M-19 que son “buenos” porque militan en el Centro Democrático, la secta-partido que orienta ética y moralmente el sub judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez. En pocos días inicia el juicio penal en contra del expresidente antioqueño por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, condición ético-política que evitan discutir los políticos de la derecha y los del medroso “centro” porque haberse levantado en armas contra el Estado, como lo hizo Petro, es peor que los delitos que la justicia y una parte de la sociedad le endilgan al expresidente y expresidiario nacido en Salgar, Antioquia. Es más, haber sido guerrillero es peor que apoyar a grupos paramilitares, como lo hizo en el pasado la derecha, a pesar de que cometieron execrables masacres a lo largo y ancho del país. Esas masacres también “fueron necesarias, como la llegada de Uribe”.

Maldicen la hora en la que el Estado indultó a Petro, pero guardan un silencio cómplice ante los hechos y procesos judiciales que enredan a Uribe de tiempo atrás y que tienen que ver con los falsos positivos, la promoción de grupos paramilitares y los más recientes, por manipulación de testigos y fraude procesal.

Ese enorme e insondable abismo moral entre la derecha y la izquierda bien podría ser capitalizado por un Centro capaz de aceptar que la izquierda tiene razón en insistir en las reformas y de asumir las responsabilidades de haber apoyado en silencio y activamente las infamias cometidas por la derecha. Pero no, ese Centro no existe en Colombia. Lo que sí existen son timadores y oportunistas como Sergio Fajardo y Claudia López que se auto proclaman de centro, pero realmente siempre fueron títeres de la derecha que les dio de comer. 

Imagen tomada de Youtube.com