Por Germán
Ayala Osorio
La reciente y
coordinada arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias de las Farc-Ep
(EMC) confirma, una vez más, que las conversaciones de paz y los ceses al fuego
le sirvieron a esa organización criminal para fortalecerse militarmente. De
igual manera, los ataques contra la población civil y unidades policiales en el
sur del Valle y norte del Cauca expresan con claridad la nula voluntad de paz
de esa estructura armada ilegal.
La andanada
criminal de las disidencias al mando de Iván Mordisco le sirve a la prensa
opositora al Gobierno Petro para generar miedo, incertidumbre y zozobra en las
audiencias y exigirle una contundente respuesta militar del Ejército. Es apenas
evidente que el criminal de marras, Iván Mordisco, está retando al Estado y a
la sociedad, lo que supone que la respuesta institucional supere el sentimiento
de venganza que se activa horas después de que se producen arremetidas como las
que se presentaron en Jamundí y Dagua, en el Valle del Cauca y Morales, en el
norte del Cauca. Pasado ese sentimiento vindicativo, lo que se viene es una
guerra sin cuartel y prolongada con todo y lo que ello supone en costos
económicos, disposición de combatientes, combatientes caídos de lado y lado y
daños colaterales.
Para
consolidar la tan anhelada y esquiva paz territorial en el país hay dos
caminos: el primero, a través de procesos de paz y diálogos entre
plenipotenciarios de ambas partes. El gobierno de Petro lo intentó a través de
su idea maximalista de la Paz Total, proyecto que salió mal porque el proceso
de implementación del acuerdo de paz de La Habana no resulta atractivo para una
camada de “guerrilleros” cuya nula formación política los fue llevando a
convertirse en narco combatientes o en traquetos que andan de camuflado; y el
segundo camino, es a través del enfrentamiento armado, lo que supone que las
fuerzas militares ataquen de manera frontal y constante a las disidencias, hasta
reducirlas y obligarlas a regresar a la mesa de diálogo. Lo anterior supone una
guerra total que le exigirá al gobierno Petro liderar la respuesta
institucional lo que lo llevará, inexorablemente, a parecerse a sus antecesores
que se la jugaron por la salida militar.
Es poco
probable a que dos años de terminar su mandato, Petro crea que pueda lograr
firmar la paz con estas disidencias. Al poco tiempo se suma la nula voluntad de
paz de este grupo ilegal a cuyos miembros poco o nada les llama la atención dejar
las armas para ir a sobrevivir cultivando café, aguacates o cacao, cuando
tienen en la economía ilegal del narcotráfico una fuente inagotable de
recursos.
Se entiende
el cambio de doctrina político-militar del actual gobierno, consistente en
cuidar a la población civil, en particular la que en las zonas rurales convive
con la presencia de las disidencias y suele quedar en medio del fuego cruzado
entre tropas oficiales y los irregulares. Lo curioso es que, con los ataques a
los municipios de Morales, Dagua y Jamundí, las disidencias le están
demostrando al gobierno y al resto de la sociedad que el Estado no está en
capacidad de garantizar la vida y la honra de sus asociados que viven en municipios como los atacados recientemente.
Como también
se comprende la decisión de no bombardear los campamentos de los ilegales como
lo hiciera el gobierno anterior, para evitar que caigan en estos menores de
edad reclutados forzadamente por las disidencias de Iván Mordisco. Y por
supuesto, para cuidar los ecosistemas naturales impactados ecológicamente
cuando sobre estos se dejan bombas con gran capacidad destructiva.
La coordinada
arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias ponen al presidente en
una encrucijada: insistir en hablar de paz o intentar doblegarlos apelando al
aparato militar y a la violencia legítima de un Estado históricamente débil e
incapaz para copar el territorio y ganarse el respeto de las comunidades. Sobre
este último aspecto debe trabajar y ser más efectivo el gobierno del presidente
Petro.
Adenda:
peligroso el llamado que hizo el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez
al Ejército a desobedecer al presidente de la República. No es propio de un
exjefe de Estado hacer ese tipo de llamados a que los soldados desconozcan a su
jefe supremo. El vulgar caballista y exdirector de la Aerocivil dijo que “lo
peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno,
mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una
constituyente”. Lo dicho por el súb judice ciudadano (afronta un juicio
por graves delitos) bien puede asumirse como un llamado a que los militares den
un golpe de Estado. Estamos ante una invitación directa a quebrar el orden
constitucional.
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