Por
Germán Ayala Osorio
En
medio de la crispación ideológica y política que afronta el país desde el 7 de
agosto de 2022, emergen lecturas y hechos morales que alejan aún más la posibilidad
de llegar a un “acuerdo nacional sobre lo fundamental”. Esas lecturas y hechos
tienen que ver con tres elementos, a saber: 1. El deseo de una parte del Pacto
Histórico de asegurar la reelección
de Petro o por lo menos lograr la continuidad del proyecto político del
progresismo y la izquierda; 2. La noción de Estado, su operación y las relaciones
entre este y la sociedad y 3. El pasado guerrillero del presidente Petro.
En oposición a esos tres elementos la derecha expone el mismo número con salvedades morales y contextuales con las que niegan y demonizan las aspiraciones de la izquierda y el pasado del presidente Gustavo Petro. Para negar y deslegitimar los deseos del progresismo, el uribismo insiste en ocultar los hechos de corrupción que permitieron la reelección de Álvaro Uribe Vélez, al tiempo que insisten en que ese hecho jurídico-político era legítimo porque había unas circunstancias contextuales que exigían la continuidad de un gobierno de mano dura como el que instauró Uribe entre 2002 y 2010.
Recordemos lo que dijo el profesor Malcolm
Deas a propósito de la llegada del exdirector de la Aerocivil a la Casa de
Nariño: “Uribe era un presidente que necesitaba Colombia. Después de él hay un
antes y un después…sí, yo creo que hay momentos para la guerra y para la paz.
En 2002 el momento era para una política como la seguridad democrática, ahora
el país vive otro momento”.
Es
decir, la reelección de Uribe Vélez fue buena, el país la necesitaba y por ello
extendieron su dominio llevando a Juan Manuel Santos al poder y reeligiéndolo,
pero la de Petro y del proyecto del progresismo definitivamente no. La
consideran inviable y poco recomendable a pesar de que las reformas a los
sistemas de aseguramiento en salud y pensión apuntan a cerrar las brechas
sociales que 30 años de neoliberalismo provocaron en Colombia.
Ese
es quizás el más grande abismo moral que separa a esas dos orillas políticas y hace
prácticamente imposible llegar a un “acuerdo nacional sobre lo fundamental”
porque, justamente, sobre lo “fundamental” es que subsiste una insondable
diferencia entre unos y otros, lo que hace imposible lograr un consenso. Y lo “fundamental”
está en la noción de Estado y en dar cumplimiento a lo prescrito en la constitución
de 1991. Mientras que la derecha insiste en un Estado mínimo, que opere bajo
las recetas neoliberales y al servicio de una élite, Petro y la izquierda que
él representa le apuntan a cambiar ese enfoque para hacer que el Estado
colombiano opere bajo las condiciones del modelo de un Estado de Bienestar
europeo de los 80 y 90, en menoscabo de los intereses y privilegios de la clase
política (con clanes incluidos) que lo capturó y privatizó.
La
derecha uribizada insiste en extender por selvas y zonas protegidas el modelo
de economía de enclave, los monocultivos de palma africana y caña de azúcar y
la ganadería extensiva de baja producción, lo que supone la deforestación de valiosos
ecosistemas naturales y por esa vía, la colonización por parte de
narcotraficantes y empresas nacionales e internacionales dispuestas a sacar
toda la riqueza que encuentren en el subsuelo. Por el contrario, el progresismo
y la izquierda que representa Petro le apuntan a conservar las selvas y los
ríos en función de minimizar los impactos socio ambientales y ecológicos que ya
viene dejando el cambio climático; de igual manera, insisten en frenar la
deforestación y en industrializar el sector agrícola y mejorar así las condiciones
de vida de los campesinos.
Frente
al pasado de Petro, la derecha no le perdona el haber militado en el M-19 y
mucho menos lo absuelve por haber confrontado ética y políticamente al gran
banquero Sarmiento Angulo y por haberles arrebatado el manejo burocrático y
financiero de algunas instituciones del Estado que específicos miembros de la
élite lograron capturar de tiempo atrás.
Lo
curioso de esa tardía lectura moralizante es que hay exguerrilleros del M-19
que son “buenos” porque militan en el Centro Democrático, la secta-partido que
orienta ética y moralmente el sub judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez. En
pocos días inicia el juicio penal en contra del expresidente antioqueño por los
delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, condición ético-política
que evitan discutir los políticos de la derecha y los del medroso “centro” porque
haberse levantado en armas contra el Estado, como lo hizo Petro, es peor que los
delitos que la justicia y una parte de la sociedad le endilgan al expresidente
y expresidiario nacido en Salgar, Antioquia. Es más, haber sido guerrillero es
peor que apoyar a grupos paramilitares, como lo hizo en el pasado la derecha, a
pesar de que cometieron execrables masacres a lo largo y ancho del país. Esas
masacres también “fueron necesarias, como la llegada de Uribe”.
Maldicen
la hora en la que el Estado indultó a Petro, pero guardan un silencio cómplice
ante los hechos y procesos judiciales que enredan a Uribe de tiempo atrás y que
tienen que ver con los falsos positivos, la promoción de grupos paramilitares y
los más recientes, por manipulación de testigos y fraude procesal.
Ese enorme e insondable abismo moral entre la derecha y la izquierda bien podría ser capitalizado por un Centro capaz de aceptar que la izquierda tiene razón en insistir en las reformas y de asumir las responsabilidades de haber apoyado en silencio y activamente las infamias cometidas por la derecha. Pero no, ese Centro no existe en Colombia. Lo que sí existen son timadores y oportunistas como Sergio Fajardo y Claudia López que se auto proclaman de centro, pero realmente siempre fueron títeres de la derecha que les dio de comer.
Imagen tomada de Youtube.com
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