LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE: NUESTRO PROPIO HOLOCAUSTO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la firma del tratado de paz de La Habana (2016), Colombia entró en un complejo proceso de construcción de una verdad jurídica, política y periodística que supera la que de manera natural brota de los límites de las hostilidades en ocasión del conflicto armado interno, para adentrarse en prácticas societales arropadas ideológicamente, de las que también surgen la lucha de clases, las animadversiones propias de una sociedad premoderna, violenta, racista, homofóbica y clasista.

Lo que viene haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, en materia de señalamientos al Grupo Argos por despojo de tierras, pero previamente al banquero Sarmiento Angulo, por la corrupción reconocida en el pago de sobornos (coimas) en la Ruta del Sol II, hace parte de las tensiones propias que aparecen cuando una sociedad se enfrenta al dilema de construir paz, sobre la base de que haya verdad, así ello implique enlodar a quienes de manera engañosa se auto proclamaron desde siempre como “gente de bien”.

Como símbolo de unidad, Petro le está proponiendo a Colombia una nueva manera de construir consenso y unidad nacional, dejando de aplaudir las actividades propias del ethos mafioso que naturalizamos de tiempo atrás. Dicen los opositores que a Petro lo que le interesa es dividir al país y extender el odio entre las clases sociales. La verdad es que el sobre el clasismo y el racismo se edificaron las distintas violencias que el país viene conociendo: la paramilitar, usada para desplazar campesinos pobres (afros, indígenas y mestizos) e incómodos para quienes agenciaron actividades agro extractivas y de ganadería extensiva, ambiental, ecológica y culturalmente insostenibles; la guerrillera, pensada para atacar a la vieja oligarquía “blanca”, pero que terminó afectando al pueblo por el que supuestamente estaban luchando para “liberarlo del yugo capitalista”; la estatal, puesta al servicio de una élite que se avergüenza de su propio proceso de mestizaje, lo que hace posible privatizar el Estado para ponerlo al servicio de unos pocos privilegiados, blancos con todo y linajes. Y la violencia mediática (discursiva) que ha estado al servicio de los conglomerados económicos, responsables en gran parte de la debacle moral y ética de las audiencias, cuyo objetivo final es mantenerlas engañadas y entretenidas con reinados, fútbol masculino y escándalos amorosos.

De esa manera, el presidente de la República funge como un faro moral cuya luz debe servir para iluminar los caminos que nos lleven a la verdad, que reposa en las más oscuras y profundas cuevas que edificaron todos los que han participado, directa o indirectamente, del conflicto armado interno y de la naturalización de la corrupción, marca cultural que llevamos en la frente los colombianos.  

Eso sí, no toda la verdad histórica saldrá de las imputaciones que la JEP está haciendo a los comparecientes. Hay una parte que circula en las redes sociales, en los pocos espacios de análisis crítico que quedan en la academia, en los medios alternativos que están haciendo el periodismo al que renunciaron hacer los medios tradicionales por estar defendiendo los intereses corporativos y por ese camino, oponerse a que esa otra verdad genere una narrativa que necesita anclarse a la institucionalidad estatal y a los imaginarios societales, individuales y colectivos, para convertirse en un relato nacional.

De la misma manera como en Chile, durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, se consolidó un relato en torno a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de los militares en las famosas “caravanas de la muerte”, Colombia debe caminar hacia la construcción de un relato nacional parecido, pero sustentado en los crímenes de guerra cometidos durante los tiempos de la Seguridad Democrática, en particular, en el periodo 2002-2010. Ese periodo del “Embrujo Autoritario” debe asumirse como nuestro propio holocausto, superando con creces los actos ignominiosos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia. La imputación de delitos de lesa humanidad que la JEP le hizo recientemente al general Mario Montoya Uribe, defendido por el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe como un “héroe de la patria”, debe erigirse como el símbolo sobre el que ese relato nacional debe empezar a escribirse y a circular. Así como el holocausto nazi sirvió para concebir el vergonzoso relato que los alemanes asumieron como pauta para construir una nueva civilidad y proscribir esos hechos deshumanizantes, los colombianos debemos hacer lo mismo. La Comisión de la Verdad le entregó al país un relato, pero los colombianos de a pie, necesitan de uno más fácil de digerir.

Lo sucedido entre 2002 y 2010 tiene todo para ser considerado como un holocausto: el Estado se convirtió en un orden criminal. Se asesinaron civiles (6402) para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate; se asesinaron profesores y académicos; se desplazaron a más 7 millones de colombianos; se le robaron las tierras, más 6 millones de hectáreas arrebatadas; cientos de masacres, especialmente las cometidas por fuerzas combinadas de paras y militares; se privatizó el Estado y se puso al servicio de una élite mafiosa. Todos los que pensaran distinto al inefable uribismo, fueron elevados a la condición de "enemigo interno". También los ecosistemas fueron sometidos a los más oprobiosos crímenes ambientales. 

Ese relato nacional, civilista y fundado en el respeto a la diferencia, debe llevarnos a proscribir para siempre la nomenclatura Seguridad Democrática y todo lo que está históricamente conectado a ella: Uribe, el uribismo; oficiales troperos; la doctrina del enemigo interno, los falsos positivos, entrampamientos a la paz y toda la suerte de malas prácticas asociadas a ese concepto que jamás estuvo fundado en el respeto a la vida y a las diferencias.

 

Imagen tomada de El Tiempo. 

COLOMBIA: UN ESTADO MILITARISTA VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Por Germán Ayala Osorio

Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia se habla de Golpe de Estado Blando, como etapa inicial de lo que sería el objetivo de la derecha mafiosa: tumbar al gobierno de Gustavo Petro. Mientras aterrizan la alocada idea los sectores godos que se oponen a los cambios que la actual administración quiere hacer en las dinámicas laborales, pensionales y de salud, apuestas estas que no implican ajustes sustanciales al modelo económico, es importante revisar cuál ha sido el papel que han jugado históricamente los militares en la consolidación del régimen democrático colombiano y el talante de un Estado militarista al servicio de una élite parásita, mafiosa y corrupta. Y en este punto hay que decir que la democracia colombiana deviene formal y procedimental, circunstancias estas que claramente son contrarias a las que se esperaría de un régimen democrático moderno que garantice la vida de las grandes mayorías en condiciones de dignidad, seguridad y bienestar tal y como está prescrito en la Constitución Política de 1991.

Hay que señalar que son varias los fallos internacionales que condenan al Estado a pedir perdón por asesinar a sus propios ciudadanos. Recientemente, le correspondió al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pedir perdón a la familia de Diego Felipe Becerra, asesinado y manipulada la escena del crimen por agentes y oficiales de la Policía Nacional; por la masacre de Trujillo (Valle del Cauca) y 11 casos más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado responsable. El mismo presidente Petro reconoció que el Estado colombiano es un orden político asesino.

A las fuerzas militares, en particular al Ejército, les correspondió el complejo papel de enfrentar a un “enemigo interno” que surgió en gran medida por la mezquindad de una clase política envilecida por el poder económico. También hay que decir que ese enemigo interno surgió por la incapacidad o quizás el desinterés de esa misma élite, de construir un proyecto de nación. Así entonces se fue consolidando un Estado militarista, esto es, un régimen violento que usó la mascarada de la democracia para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos. El Ejército nacional fue por mucho tiempo el instrumento del que se sirvió la sempiterna élite parásita y corrupta para defender sus intereses de clase y por esa vía, evitar que los vientos libertarios que soplaron en los años 60, en medio de la Guerra Fría, pusieran en entre dicho la democracia y la operación misma del Estado, a pesar de los negativos indicadores de bienestar colectivo, participación política, desarrollo económico y generación de progreso.

Mientras que entre los años 70 y 80 varios países de América Latina afrontaron la irrupción de sangrientas dictaduras militares, el Ejército colombiano enfrentaba en solitario los desafíos de unas guerrillas que le apostaron a derrotar al régimen oligárquico que se había apoderado del Estado, pero cayeron en el sinsentido de un conflicto que se degradó y las convirtió en mafias igual o peores que las que estaban combatiendo.  En medio de las hostilidades de lo que se empezó a conocer como el conflicto armado interno, la democracia colombiana se fue convirtiendo en una <<democracia armada>> en buena medida por la militarización de la política de la que habla Gonzalo Sánchez en Guerra y política en la sociedad colombiana.  Las acciones armadas de las guerrillas fueron respondidas por un Estado con una capacidad militar reducida que duraría muchísimos años, hasta los tiempos del Plan Colombia (1998), en los que se logró un verdadero mejoramiento en equipamiento (pertrechos, helicópteros, visores nocturnos y el avión fantasma).

Con guerrillas de 20 años de creadas, los años 80, fueron especialmente complejos y convulsionados, después del fallido proceso de paz con las Farc-Ep que adelantó el gobierno de Betancur Cuartas, a lo que se sumó el experimento malogrado de la UP como brazo político de la izquierda y de otros sectores. Gonzalo Sánchez  caracteriza aquella época de esta forma: “cuando se inauguró  el  período  de  Betancur,  ni  el  conjunto  del movimiento  guerrillero,  ni  el  conjunto  de  las clases  dominantes  habían  madurado  para  una paz  negociada...  y  sin  embargo  ya  era  tarde. Colombia había  entrado  en  lo  que  el  sociólogo mexicano   Sergio   Zermeño   ha   llamado   una“ dinámica de desorden” que en nuestro caso convirtió  la  confrontación  social  y  política  en una  cadena  de  retaliaciones  sin  fin  que  sólo pueden  capitalizar  los  más  fuertes.  Así, a los frentes guerrilleros se respondió con “ autodefensas” ;  a  la  movilización  popular  de  los paros cívicos y las marchas campesinas,  asimilada   a   la   subversión,   se   respondió   con   la“ guerra sucia” ; al  secuestro, con las desapariciones;  al  asalto,  con  la  masacre.  Se produjo, en suma, una verdadera clandestinización no sólo de la extrema  derecha  sino  en  términos más generales de la guerra,  o  de  las  múltiples guerras,  para  ser  más  precisos.  Frente a ellas la   unidad   del   Estado   parece   simplemente deshacerse ya que éste es en algunos aspectos víctima; en otros es testigo tolerante o complaciente, y en otros   es parte   de los  poderes  ‘clandestinizados’”. Mientras se fortalecía el fenómeno paramilitar, el establecimiento lograba consolidarse en medio de su discutible legitimidad. La mano dura de los militares, instrumentalizados por la derecha, le hacía el juego a la democracia que, en medio de precariedades, se mantiene a flote en un marco regional complejo en el que las dictaduras militares de Argentina y Chile, por ejemplo, enfrentaban con fiereza a los vientos revolucionarios que aún soplaban en la ya adolorida Colombia.

Es cierto que las violentas corrientes dictatoriales del Cono Sur no tocaron el territorio colombiano. Sin embargo, el país sí tuvo gobiernos civiles violadores de los derechos humanos. Los de Julio César Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez se acercaron al terror que vivieron los argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos con sus respectivas dictaduras. Y lo hicieron, amparados en sus políticas de seguridad: el Estatuto de Seguridad para el caso de Turbay y la Seguridad Democrática para el caso de Uribe. No faltará quien recuerde la “dictadura” del general Rojas Pinilla, con la idea de señalar que en ese momento histórico hubo una ruptura constitucional con efectos graves para las garantías ciudadanas. Los 6402 asesinatos de civiles son apenas una muestra de la violencia estatal que desplegó Uribe Vélez, bajo su falsa narrativa de acabar “conlafar”.

Al respecto hay que decir que lo vivido durante ese corto periodo no fue precisamente una dictadura, si la comparamos con lo ocurrido en Argentina con los generales Masera y Galtieri, verdaderos genocidas. Bajo esas circunstancias, el establecimiento colombiano creó la narrativa que señala al país como “la democracia más antigua del hemisferio”,  por el solo hecho de que jamás sufrió los dolorosos quiebres constitucionales e institucionales que sobrellevaron los argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos. Esa misma narrativa sirvió para insistir en la  idea de que los militares colombianos siempre estuvieron sometidos al poder civil, lo que históricamente alejó cualquier posibilidad de ver a militares golpistas manejar los destinos del país. Hubo y habrá ruidos de sables, pero no más. A pesar de esa tradición democrática, esos gobiernos civiles de “mano dura” violaron de manera sistemática los derechos humanos.

No hemos necesitado vivir bajo una dictadura militar para que desde el Estado se violen de forma sistemática los derechos humanos. Ha sido suficiente para lograr ese escabroso objetivo, las condiciones que imponen las dinámicas del conflicto armado interno y la operación de un Estado militarista que, siguiendo las directrices de una élite parásita, enemiga de campesinos, afros e indígenas, persiguió a profesores, sindicalistas, periodistas, intelectuales e investigadores sociales, entre otros, como resultado de la extensión del principio del enemigo interno. Esa misma élite usó a su favor la operación mafiosa, ambivalente y anacrónica de las guerrillas para crear grupos paramilitares que le ayudaran a despojarle a campesinos, millones de hectáreas de tierras para consolidar proyectos agroextractivos (minería ilegal-legal) propios de una economía de enclave. Quienes están detrás de las acciones propias de un Golpe de Estado Blando lo hacen no porque piensen en la instauración de una dictadura militar. No. En lo que realmente están pensando es en regresarnos a los tiempos de la Seguridad Democrática, mascarada que le sirvió al régimen de poder esconderse para ocultar el carácter criminal de un Estado militarista. 

Imagen tomada de Semana.com

ELECCIONES LOCALES EN CALI: VOTAR EN BLANCO, UNA OPCIÓN VÁLIDA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Votar en blanco constituye una opción y una acción ético-política cuando los ciudadanos no encuentran o identifican en las y los candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular, un proyecto político serio, consistente y en particulares circunstancias, que ofrezca posibilidades de cambio y ejercicios administrativos de lo público, alejados de la sempiterna corrupción público-privada (ethos mafioso) y de los escándalos que en la administración de Jorge Iván Ospina se hicieron costumbre.

Para el caso de las elecciones locales de la ciudad de Cali, votar en blanco es una opción ético-política que cientos de miles de ciudadanos tomaremos este 29 de octubre, porque justamente, quienes aparecen en contienda, están de una u otra manera imbuidos en la política tradicional.

En mi caso particular, votaré en blanco para la alcaldía y la gobernación del Valle del Cauca. En adelante expongo circunstancias que me llevan a tomar dicha decisión. Para la alcaldía de la capital del departamento, los candidatos más opcionados, Alejandro Eder y Roberto Ortiz, conocido como “el Chontico”, representan la vieja política, el continuismo, así en sus discursos hablen de cambio, independencia y de lucha contra la corrupción. A sus campañas llegó gente de los partidos Liberal, Conservador, Mira, Colombia Justa y Libres, La U, Cambio Radical y el Centro Democrático. Bajo esas circunstancias, ninguno podrá ser garantía de cambio en las maneras como opera el Estado local, de tiempo atrás capturado por mafias de todo pelambre.

Eder y Ortiz aglutinan fuerzas políticas que le apuntan a desvanecer el movimiento social que surgió en medio del estallido social de 2021: ambos ofreciendo lo de siempre: pie de fuerza y en particular Ortiz, exponiendo su carácter asistencialista, enmarcado en un populismo que no garantiza el cumplimiento de derechos. Pasar esas páginas es también el propósito de los demás candidatos que la derecha tradicional mantiene hoy en el juego electoral. Infortunadamente, no aparecen liderazgos salidos de lo vivido en Cali durante el estallido social.

Entre tanto, las candidaturas de Diana Rojas y Miyerlandy Torres cumplen la función de ser los comodines electorales y políticos que siempre aparecen en las contiendas electorales. Ejemplo claro de una candidatura comodín fue la del exministro de Justicia del gobierno del presidente-títere, Iván Duque, Wilson Ruiz, quien al reconocer su nula acogida y por no contar con la maquinaria con la que sí cuentan Eder y “el Chontico”, adhirió a la campaña de Alejandro Eder. Detrás de Diana Rojas está el empresario y exalcalde Maurice Armitage y de Torres, Dilian Francisca Toro y su poderoso clan político. Ellas dos tampoco son garantía de independencia.

En cuanto a opciones de poder cercanas al ideario de la izquierda y el progresismo, la candidatura del exmilitar Danis Rentería emerge y da cuenta de la crisis de liderazgo de la izquierda en la ciudad. Su candidatura es el fruto de la falta de consenso entre los movimientos y las fuerzas que confluyen en lo que se conoce como el Pacto Histórico. El partido Comunes, el PTC, UP, Colombia Humana y sectores cercanos a la vicepresidenta Francia Márquez apoyan a Rentería, a pesar de que en el pasado militó en el movimiento de derecha, Colombia Justa y Libre. Igualmente, lo acompañan figuras de las Reservas activas del Ejército, que simpatizan con el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Es decir, Rentería podría dar cuenta de una inocultable confusión ideológica, de un inusitado pragmatismo de quienes lo acompañan o quizás de una inocultable crisis en la formación de cuadros en los sectores de la izquierda, que hace posible plegarse a cualquier candidatura. En el portal La Silla Vacía se lee lo siguiente sobre el candidato: “…lleva una cruz que algunos de sus copartidarios no quieren cargar: la de su paso por partidos de derecha, como Colombia Justa Libres y el antiguo MIO, que lideró el parapolítico Juan Carlos Martínez. También hizo parte del gabinete del alcalde, Jorge Iván Ospina…”.

Lo cierto es que la lucha por el control de la alcaldía de Cali dejó de ser política e ideológica, para convertirse en una guerra económica: el que más plata ponga, terminará haciéndose con el poder local. Por todo lo anterior, la mejor opción para Cali este 29 de octubre es votar en blanco. Ello no quiere decir, que no existan buenas opciones en candidatos al Concejo y a la Asamblea.

Imagen tomada de El Espectador.com

LA POLÍTICA COMO ARTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bastaría con mirar la historia política de Colombia y algo de la actual coyuntura judicial en manos de la JEP, para concluir que este país ha sido gobernado con una enorme escasez de virtudes éticas y morales de sus gobernantes, en particular de los presidentes de la República, convertidos en simples mandaderos y títeres de los grupos económicos. Al final de sus mandatos, “el Estado se convirtió en el asegurador de amplios sectores que lograron la institucionalización de los riesgos, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias” (Revéiz, É, 1989, p. 13).

Dirán algunos que es muy complicado gobernar con virtudes éticas y morales a un país con un largo y degradado conflicto armado interno. A quienes así logren pensar, hay que decirles que, por el contrario, ese escenario de confrontación bélica es consecuencia de la inmoralidad de los grupos de poder económico y político, cuyos dirigentes y voceros optaron por guiar sus vidas bajo un ethos mafioso y criminal.

Bajo esas circunstancias, la política, como arte, ha sido un fracaso moral y ético en manos de políticos profesionales que llegaron al ejercicio del poder para enriquecerse y servir a los intereses de sus patrocinadores. El presidente Juan Manuel Santos intentó devolverle a la política algo de la majestad perdida. Eso sí, Santos no asumió esa tarea porque él estuviera cargado de virtudes éticas y morales. No. Lo hizo porque su antecesor, Álvaro Uribe Vélez había hecho añicos la dignidad presidencial, fruto de un ejercicio mafioso del poder y de la política. Los 6402 jóvenes asesinados durante la aplicación de la tenebrosa política de defensa y seguridad democrática son la marca indeleble que le dejó al país el más sombrío y lóbrego periodo presidencial de la historia reciente de Colombia.

La historia política de Colombia, esto es, las luchas por el control del Estado y la consolidación de micropoderes consolidaron una democracia imperfecta, formal, procedimental, un remedo que aún ocultamos detrás de la sentencia más ambigua y mendaz: “somos la democracia más antigua del hemisferio”. Vaya eufemismo con el que aprendimos a esconder nuestras miserias como sociedad, debajo de alfombras rojas por donde desfilaron políticos sin mayores virtudes y llenos de inmorales prácticas.

Hablo, en particular, de Belisario Betancur Cuartas, un incapaz que cedió el poder a los militares que creyeron que, recuperando un edificio, estaban defendiendo la democracia; Julio César Turbay Ayala, un ignaro animal político, desprovisto de cualquier asomo de empatía y respeto por el otro, impuso con extrema violencia, física y simbólica, su Estatuto de Seguridad; Ernesto Samper Pizano, un político cargado de buenas intenciones y buen humor. Andrés Pastrana Arango, un pueril oligarca que tuvo el descaro de denunciar a la campaña Samper presidente, por haber recibido dineros del Cartel de Cali, cuando voceros de la familia Rodríguez Orejuela aseguraron que el hijo del inefable Misael también recibió los sucios dineros de la mafia. Pastrana y Samper son la constatación de que el ethos mafioso es una realidad política en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, un macho violento, premoderno; un levantado que jamás comprendió la majestad presidencial, porque se portó como un “rufián de esquina”. Juan Manuel Santos, la más efectiva veleta ideológica de los tiempos presentes. Un perfumado y elegante mandadero. Y terminamos con Iván Duque Márquez, el presidente-títere que pernoctó durante cuatro años en la Casa de Nariño. Será recordado por ser un mequetrefe que hablaba en inglés.

En estos tiempos de las redes sociales es mucho más fácil enterarse de que los señalados presidentes de la República fueron, simplemente, el reflejo de las tenebrosas vidas de sus mecenas: banqueros y empresarios corruptos, vulgares coimeros que solo temen a la justicia americana.

La confusión moral que como sociedad exhibimos, en parte se explica por eticidades acomodaticias, pero también por las lógicas de poder que se desprenden del sistema capitalista y de la propia condición humana. Bajo el sistema socialista, la situación sería igual o peor.

No es que le esté apostando a una sociedad impoluta. Eso es un imposible. Solo expongo la necesidad de llevar a la Casa de Nariño a quienes con mínimas virtudes éticas y con menos hechos inmorales, lleguen a gobernar para todos y todas; y no a servirles a los mecenas que lo único que saben es “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.

Imagen tomada de Pulzo.com

PACTO POLÍTICO Y CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En su paso por el Congreso, Gustavo Petro fue un faro moral que llevó algo de luz a esa oscura corporación legislativa, que representa la corrupción y los más abominables vicios de la política colombiana. Su lucha contra los corruptos en buena medida le sirvió para que millones de colombianos confiaran en su proyecto político y, a través del voto, llegara a la Casa de Nariño a intentar cambiar lo que por décadas ha estado mal en Colombia. 

Una vez en la presidencia, Petro sigue con la firme intención de exponer públicamente a quienes él considera son los verdaderos enemigos del país: los empresarios y banqueros que patrocinaron a los paramilitares o aquellos que, a través de millonarios recursos, convirtieron a congresistas en lobistas o lo que es peor, en sus mandaderos. Así, Petro sigue empeñado en consolidarse como un faro moral para una sociedad confundida moralmente como la colombiana.

El presidente Petro funge como un agente moralizador y moralizante, mientras que la élite tradicional se atrinchera y se defiende de los constantes ataques e insinuaciones del jefe del Estado. En la “alocución” de ayer 31 de agosto, el presidente de la República puso en evidencia a la empresa Argos, a la que calificó como una organización despojadora. Casi de inmediato, salió el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez a defender la empresa antioqueña. Horas antes, la presidencia de la cementera había enviado una misiva al jefe del Estado, en la que señala que “no buscan polemizar, pero rechazan cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento”. Lo cierto es que hay sentencias en contra de Argos sobre asuntos de tierras. 

Las ya conocidas actuaciones corruptas del Grupo Aval, la animadversión que desde gremios como la ANDI se alimenta en contra del presidente de la República, al tiempo que promueven la candidatura presidencial del inefable fiscal general, Francisco Barbosa;  los desfalcos millonarios en Reficar y Ecopetrol, entre otros casos y la captura de la fiscalía general de la Nación a manos de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, ameritan la concreción de un pacto político nacional soportado en un profundo cambio cultural, más que en ajustes en las correlaciones de fuerza entre los sectores de izquierda y la derecha.

Dicho pacto deberá contar con la participación de los partidos políticos, a pesar de que, al igual que los congresistas, estos vienen operando como goznes entre una élite empresarial que está dispuesta a hacer lo que sea, con tal de extender en el tiempo sus privilegios de clase y el control sobre los mercados. Esto último consolida el carácter feudal y precapitalista de esa élite que cree en la mano invisible del mercado, mientras que hace todo para controlar los mercados.

La élite tradicional que fundó el “viejo” régimen colombiano tiene la oportunidad histórica de acordar con el gobierno de Gustavo Petro unas nuevas reglas de juego político y económico que lleven a proscribir el ethos mafioso que orienta la vida de millones de colombianos, así como las decisiones políticas y las que atañan al mercado y las actividades económicas y financieras.

Hay consenso en que el país necesita cambios profundos en las maneras como se genera riqueza y se socializa. Es claro que en este país la riqueza está concentrada en pocas manos y en ocasiones, esos logros económicos y financieros están atados a prácticas mafiosas como el pago de sobornos a funcionarios públicos y congresistas, convertidos estos en bisagras de la corrupción público-privada. Fue en el periodo presidencial 2002-2010 que ese ethos mafioso se naturalizó de tal forma, que la corrupción se volvió paisaje.

A ese gran pacto nacional (político y cultural) hay que invitar a las altas cortes, comprometidas también en actos de corrupción y favorecimiento a poderosos sectores. Baste con recordar los hechos del cartel de la Toga y la extraña decisión del Consejo de Estado con la que se tumbó una sanción millonaria a Odebrecht y sus socios por el pago de sobornos en la construcción de la Ruta del Sol II.

Así las cosas, de continuar los ataques de lado y lado, el país entrará en una espiral de violencia discursiva y política que hará que las elecciones de 2026 sean, además de violentas, el escenario en el que la derecha irá con todo para vengarse de lo hecho y dicho por el primer presidente de izquierda de Colombia. Y la mejor forma de hacerlo será reversar lo actuado en materia de entrega, devolución y titulación de tierras; los proyectos para activar el ferrocarril y todas aquellas que estuvieron encaminadas a preservar las selvas y garantizar la soberanía alimentaria. Y frente al ethos mafioso, se ordenará a los medios masivos corporativos, guardar silencio sepulcral.

¿Serán capaces el presidente de la República, el banquero Sarmiento Angulo, el GEA, y la Andi, así como las altas Cortes, de sentarse a dialogar  y firmar un pacto político y cultural que saque a Colombia del lodazal inmoral en el que el uribismo metió al país por cuenta del Embrujo Autoritario y el Todo Vale?

INSEGURIDAD Y LAS SIMPLISTAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La inseguridad en las calles es el tema recurrente en esta campaña electoral. Los candidatos a gobernar las principales ciudades del país se ven compelidos a proponer lo mismo de siempre: aumento del pie de fuerza (más policías) y vigilancia con drones y helicópteros para confrontar, al mismo tiempo, a los ladrones callejeros, bandas criminales del microtráfico, organizaciones sicariales al servicio de varios sectores societales, pandillas en barriadas y la presencia de milicianos de las disidencias farianas y del ELN, así como células paramilitares.

Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla afrontan graves problemas de seguridad porque en sus territorios confluyen los fenómenos delincuenciales arriba señalados.

Por la complejidad de la problemática, hay que decir que los candidatos a las alcaldías más importantes del país caen en una mirada simplista de los fenómenos asociados a la inseguridad. Ya varios de estos hablan de crear unidades especiales de policía, con vehículos de control remoto de drones. Solo les falta proponer la llegada de policías tipo Robocot para enfrentar la desesperante delincuencia callejera.

Desde un enfoque sistémico, los escenarios delincuenciales que se presentan en las 5 ciudades principales de Colombia guardan estrecha relación con el modelo económico, el naturalizado ethos mafioso; el comportamiento errático de la élite gobernante; el débil aparato productivo, la ausencia de una política criminal seria; una crisis civilizatoria que debe conectarse con asuntos como la pobreza, la discriminación, exclusión, pero también con motivaciones propias de masculinidades que emergen bajo marcos inmorales que a su vez brotan del mal ejemplo que exhiben la “gente de bien”.

Los raponazos en calles y buses requieren de castigos aleccionantes que se muevan bajo la relación Garrote-Zanahoria. Es urgente un ajuste en el código penal, asunto que los candidatos a las alcaldías no proponen al legislativo nacional, para que las penas por estos “delitos menores” realmente persuadan al delincuente. De manera concomitante, hay que reformar el INPEC y la AUSPEC. En particular, el INPEC, convertido en una entidad corrupta y deshumanizante a juzgar por las condiciones en las que sobreviven los condenados e imputados por diversos delitos.  

Hay un asunto sobre el que guardan sospechoso silencio todos y todas las y los candidatos a ocupar las principales alcaldías: la corrupción público-privada que permite la fácil circulación de armas (traumáticas y de fuego). De igual manera, los centros de construcción de changones (armas hechizas) con las que se cometen hurtos y asesinatos. Para dar un ejemplo, en la capital del Valle del Cauca las armas se venden como si se tratara de un mercado persa. Es tiempo de hablar sin ambages y empezar a desmantelar las redes, legales e ilegales, que hacen posible la circulación libre de armas. Piden y piden más pie de fuerza, pero poco se atienden los problemas en el reclutamiento de policías, muchos de los cuales entran a la institución para asociarse con bandas criminales.

Si todos los fenómenos delincuenciales que confluyen la capital del Valle del Cauca y en otras capitales de departamentos tienen como común denominador la compra y venta de armas de fuego y traumáticas, entonces hay que atacar el problema develando las finas relaciones que de tiempo están establecidas entre agentes estatales y privados. Incluso, la fabricación de armas por parte de INDUMIL debe entrar a revisión y control. En Cali se habla del fenómeno de “alquiler de armas oficiales” para cometer todo tipo de delitos. ¿Entonces?

Otro asunto que se suma al complejo panorama delincuencial tiene que ver con el control de las migraciones. Hay que proponer acciones propias de la inteligencia militar y policial, junto con otras entidades, para tener un control efectivo del tipo de gente que flota en la ciudad y la que busca asentarse de manera temporal o definitiva. En definitiva, señores candidatos, vayan un poco más allá y arriésguense a combatir el problema de la inseguridad con un enfoque sistémico.

 

Imagen tomada de Semana.com

INVAMER Y CARACOL NOTICIAS EN “LA ESPIRAL DEL SILENCIO”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La encuestadora Invamer acaba de entregar al diario El Espectador, la cadena Blu Radio y el Noticiero Noticias Caracol la encuesta sobre la intención de voto de colombianos que residen en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga; y que estarían dispuestos a votar en las venideras elecciones para escoger los nuevos alcaldes de estas cinco ciudades en las que se aplicó el instrumento.

Con los resultados de la reciente encuesta de Invamer, el noticiero privado, Noticias Caracol, activa varias circunstancias centrales de la teoría propuesta por Elisabeth Noelle‑Neumann, llamada La Espiral del Silencio: entre otras, la psicología electoral individual y la repetición de una tendencia u opinión aparentemente mayoritaria.

Al momento en el que aparecen punteando en las encuestas candidatos afines a los intereses corporativos del canal Caracol, su órgano de difusión empuja a sus audiencias a pensar en que es importante montarse en el bus ganador de manera temprana, quizás para evitar más adelante señalamientos sociales de sectores de la opinión que acompañan al candidato presentado prematuramente como ganador, en la medida en que cualquier opinión contraria a la tendencia propuesta por la encuestadora, termine por generar miedo al rechazo en quienes tienen en mente otro candidato, quizás el que ocupó la segunda casilla o lugares más alejados.

Para el caso de Bogotá, es claro que la encuestadora Invamer y Noticias Caracol le están apostando a un triunfo de Carlos Fernando Galán(26,6%), candidato que puntea en la encuesta y camina de la mano de los intereses de los sempiternos contratistas y de Germán Vargas Lleras. Y no se descarta que el propio Galán reciba, bajo cuerda, el apoyo del Centro Democrático. La apuesta de la empresa demoscópica y del noticiero privado es evitar, a toca costa, que Gustavo Bolívar (20,3%) alcance la segunda vuelta y por supuesto, que llegue al Palacio Liévano.

Al momento de “analizar” los resultados, el director del noticiero, Juan Roberto Vargas y su colega María Alejandra Villamizar evitaron relacionar la campaña de Galán con Vargas Lleras y Cambio Radical, movimiento político sobre el que giran negativas representaciones sociales por los numerosos y sistemáticos casos de corrupción de políticos miembros de esa colectividad; por el contrario, la de Bolívar, de inmediato se conectó con el Pacto Histórico y con el presidente de la República, Gustavo Petro, circunstancia con la que los presentadores buscan atacar la tendencia por ellos mismos reconocida, que señala que en la capital se vota a la izquierda. Al final, Caracol y sus periodistas quieren convertir la jornada electoral del 29 de octubre en un plebiscito contra Petro.

Sobre los candidatos que, según la encuesta, no pasarían a segunda vuelta en Bogotá (mecanismo que estrenará en estas elecciones), los periodistas identificaron a Juan Daniel Oviedo (16,8%), Diego Molano (7,5%) y a Jorge Luis Vargas (6%) como fichas del expresidente (ex-títere) Iván Duque; en particular, Molano y Vargas son de magra recordación entre los caleños por el absurdo y violento manejo que le dieron a la ciudad epicentro del estallido social de 2021.

En el escenario de la segunda vuelta, la encuesta pone como ganador absoluto a Galán, derrotando tanto a Bolívar como al tercero en la intención de voto, Juan Daniel Oviedo. Con esta tempranera encuesta, se les está mandando un mensaje claro a los candidatos de la derecha que obtienen bajos porcentajes, para que vayan pensando en volcar sus apoyos hacia Carlos Fernando Galán.

Para el caso de Cali, Villamizar y Vargas nombraron a Cambio Radical como uno de los partidos que apoya al candidato Alejandro Eder(15,8%), quien en la misma encuesta aparece en un lejano segundo lugar, distante de su contendor, el populista-asistencialista, Roberto Ortiz (43,8%), en cuya candidatura confluyen intereses de diversos sectores tradicionales de poder, incluido el propio uribismo; incluso, se dice que el saliente alcalde, Jorge Iván Ospina estaría acompañándolo. Huelga recordar que para la campaña de 2019, Ortiz recibió el apoyo del uribismo, al igual que el actual mandatario local.

Si bien en la candidatura de Eder confluyen los intereses del empresariado, entre ellos, los del también exalcalde, Maurice Armitage, lo cierto es que hay sectores de la élite caleña que no le perdonan a Alejandro Eder haber hecho parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en particular, como miembro de la delegación que firmó el acuerdo de paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

Para el caso de Barranquilla, los periodistas de Noticias Caracol evitaron a toda costa hablar de las investigaciones y señalamientos que recaen sobre el candidato Alejandro Char (86,2%), quien, de acuerdo con la misma encuesta, arrasaría este 29 de octubre. Al mostrar e insistir en que el triunfo de Char es indiscutible, solo les quedó para decir que el clan Char constituye una “empresa electoral” eficaz.

En lo que toca al caso de Medellín, la encuesta de Invamer pone de ganador a Fico Gutiérrez (63,3%), candidato del uribismo. Hay que decir que manera tendenciosa, el periodista y el propio gerente de la firma Invamer se atrevieron a conectar el porcentaje de desaprobación del actual alcalde, Daniel Quintero, del 61%, con el que le daría un triunfo a Gutiérrez.

De esa manera, el señalado Noticiero sin proponérselo activa varios elementos que hacen parte de la teoría La Espiral del Silencio, y tempranamente le apunta a imponerle a su cautiva audiencia la narrativa que va acorde con sus intereses corporativos. Así, Noticias Caracol le apunta a generar una opinión pública acrítica, pero susceptible de caer en factores propios de la psicología electoral, como “voy a votar por el que va ganando en las encuestas”.

En una sociedad mal informada como la colombiana, con una opinión pública que cree aún en lo que dicen los medios tradicionales, el riesgo de caer en la “sondeocracia” es enorme. Hay que votar a conciencia, examinando con criterio la vida pública y privada de todos los candidatos.

Imagen tomada de Semana.com 

JEP IMPUTA CARGOS AL GENERAL MARIO MONTOYA URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La imputación de cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad que la JEP acaba de oficializar en contra del general en retiro, Mario Montoya Uribe, abre el camino jurídico-político que llevará a (re) confirmar la tesis que tanto el alto oficial y otros agentes del uribismo han negado en reiteradas ocasiones: las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) son el resultado de la implementación de la Política Pública de Defensa y  Seguridad Democrática y sus desarrollos a través del Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005; así como de las consabidas presiones que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez ejercía sobre los comandantes de brigada. Presiones que, por la línea de mando, bajaban hasta la base de la tropa.

En los registros noticiosos aparece Uribe Vélez exigiendo “más y mejores resultados operacionales y los que no, que vayan pasando la solicitud de retiro”. Estos actos de habla claramente constituyen una forma de presión sobre la cúpula militar de la época y los comandantes de Brigada y batallones.  

Ahora bien, sobre el silencio que aún guarda Montoya Uribe, con la lectura de imputación de cargos, el alto tribunal de paz espera obligar a que el oficial asuma la responsabilidad sobre los 130 casos de falsos positivos en los que se sostiene el señalamiento jurídico-político que acaba de hacer la JEP. De no hacerlo, el general podría afrontar una pena de por lo menos 20 años de prisión.

Cientos de miles de colombianos vienen haciéndose la pregunta ¿quién dio la orden? La respuesta al interrogante la da la tesis arriba planteada, de la que se derivan responsabilidades políticas y penales de todos los actores involucrados, desde el presidente de la República (periodo 2002-2010), los ministros de la Defensa, miembros de la cúpula militar y hacia abajo, todos los que adelantaron operaciones siguiendo instrucciones cuyo objetivo estratégico era “acabar conlafar”.

Surge, entonces, otro interrogante: ¿por qué Montoya Uribe prefirió guardar silencio, cuando varios de sus subalternos señalan que él mismo pedía “litros, carrotanques de sangre” y una consigna muy particular: “a mi no me traiga capturados, denlos de baja, denlos de baja”?

Las posibles respuestas a este nuevo interrogante pueden atarse a varias categorías a saber: 1. Máxima responsabilidad y lealtad institucional. El general insiste en guardar silencio porque está convencido de que, por su rango, debe hacer todo lo que sea necesario para conservar el buen nombre de todos aquellos superiores a los que él obedeció. Y de esa manera, presentarse como un oficial retirado que siempre le apostó a sacar en limpio la institucionalidad castrense.

2. La degradación del conflicto armado interno generó su propio sistema de valores. Bajo este enunciado, Montoya estaría validando las conductas anómalas y contrarias a la ley, porque el país debía entender que tanto la guerrilla como los paramilitares violaban el DIH y los DDHH, lo que haría explicable y legítimo que dichas conductas se presentaran al interior del Ejército, por el bajo capital cultural acumulado por soldados y suboficiales. Por lo anterior, la responsabilidad recae en sus subalternos que malinterpretaron las órdenes (los llamó ignorantes y de no saber tomar los cubiertos al momento de comer y de no saber usar los baños).

3. El Acuerdo de Paz de La Habana y la JEP son una claudicación y humillación para los militares. Montoya podría insistir en no asumir responsabilidad alguna por lo sucedido porque política e ideológicamente rechaza el origen y la operación de la JEP, por un hecho que el entonces presidente de la República siempre expuso públicamente a manera de molestia: la JEP es un tribunal que pone y expone a militares y guerrilleros en el mismo nivel de inmoralidad, cuando los segundos son terroristas y los primeros, héroes de la Patria.

Ya veremos si Montoya Uribe y sus abogados mantendrán la decisión de guardar silencio frente a las evidencias recopiladas por los magistrados y magistradas de la JEP. Lo cierto es que ya hay una verdad histórica y política con la que se explica el origen de los falsos positivos. A lo mejor no hace falta que el imputado general asuma su responsabilidad individual, porque ya el país sabe que hay una de mayor calado: la responsabilidad del Estado y del gobierno que implementó la tenebrosa Política de Defensa y Seguridad Democrática.

 

 

 Imagen tomada de EL TIEMPO. 

ANDRÉS ESCOBAR, CANDIDATO AL CONCEJO DE CALI, COMPARTE CON URIBE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La candidatura de Andrés Escobar al Concejo de Cali es la constatación de que, dentro del uribismo, el ejercicio de la violencia física es un valor moral del colectivo político y una apuesta ética de sus miembros, a juzgar por el apoyo que la senadora María Fernanda Cabal le reiteró, recientemente, a quien salió, cual pistolero del viejo Oeste americano, a echarle plomo a los manifestantes en el marco del estallido social de 2021.

El espaldarazo de la congresista al joven caleño se dio durante la inauguración de la sede del Centro Democrático en la ciudad de Cali. Aunque W radio tituló que dicha colectividad no entregó aún el aval a la candidatura de Escobar, los caleños saben que su aspiración cuenta con el respaldo de sectores uribistas de la capital y del partido, que gustan del porte de armas, del uso de la fuerza legítima del Estado y de que, en momentos precisos, civiles armados remplacen- usurpen a- la autoridad legítima, para hacer justicia de acuerdo con sus propias valoraciones.

El titular del medio radial dice: Centro Democrático no ha dado aval a Andrés Escobar. Y en el texto periodístico se lee “que ha existido polémica por si Andrés Escobar, será candidato al Concejo de Cali por la colectividad, recuerdan ustedes que Escobar fue imputado por posiblemente haberle disparado a un grupo de personas durante el paro nacional de 2021, y actualmente busca ser candidato al Concejo, incluso se tomó una foto con los logos del partido. Foto que causó polémica en redes, pero no hay al momento ninguna aceptación del Partido”.

Es posible que se trate de una estrategia de marketing político pues la figura de Escobar es rechazada por sectores sociales y políticos de la ciudad por los hechos conocidos por la ciudadanía en los que se vio al “polémico empresario” disparando a diestra y siniestra contra los manifestantes. Y también, porque agitar por estos días las banderas de ese partido es un riesgo electoral debido a la pérdida del teflón mediático que acompañó la imagen del inefable y ladino Álvaro Uribe Vélez.

El periódico El País, hoy en manos de la familia Gilinski, se refiere así al caso de Andrés Escobar: “El 28 de mayo de 2021 fue uno de los días que los manifestantes, en el marco del paro nacional de ese año, recuerdan a Andrés Escobar. Este joven caleño, en ese momento, disparó en contra de algunos de ellos. En las últimas horas, el empresario ha hecho oficial su aspiración al Concejo de la ciudad de Cali. Él, en la actualidad, tiene un proceso pendiente ante la justicia por lo ocurrido durante esas manifestaciones en Ciudad Jardín”.

Así las cosas, Andrés Escobar comparte con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez la condición de imputado, hecho que en una sociedad moralmente confundida como la colombiana, parece ser menor, en particular cuando se trata de aspirar a un cargo de elección popular.

La candidatura de Escobar, aunque legal desde las formalidades de nuestro sistema electoral y político, deviene ilegítima por todo lo que representa para una sociedad la manera como el candidato al Concejo de Cali asume y entiende el uso de la fuerza, el papel de la Policía y en general, los derechos a la protesta y las reivindicaciones sociales.

Le den o no el aval al señor Escobar, se consolida la negativa representación social que señala que el uribismo es la extensión y conversión de las ideas, mañas y prácticas políticas de Álvaro Uribe Vélez; en particular, en esa forma particular de asumir el poder, el uso de las armas, las diferencias ideológicas y étnicas y de entender el único papel que debe asumir el Estado: beneficiar a los más poderosos, en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. La violencia, discursiva y la asociada al uso de las armas de fuego, así como la que está anclada a la vieja sentencia contractualista que naturaliza la autoridad legítima del Estado, confluyen en ese premoderno ideario uribista que agita Andrés Escobar. Huelga recordar lo dicho por la también uribista, Paloma Valencia, al referirse a los actos criminales cometidos por agentes estatales durante el estallido social: "el Estado cometió atrocidades, pero era legítimo". 

Imagen tomada de EL TIEMPO

CONFIRMAN EXPULSIÓN DEL GENERAL (R) JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Magistrados de la JEP confirman la expulsión del general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, después de revisar la apelación que el alto oficial hizo a la decisión del alto tribunal de paz de expulsarlo por sus nulos aportes para esclarecer su responsabilidad y la de otros oficiales comprometidos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia. Huelga recordar que el 16 de marzo del año en curso la JEP tomó la decisión de sacar al compareciente por su prolongado silencio ante las preguntas y cuestionamientos de los magistrados.

Colombia recordará las imágenes de un general abatido que, en el ocaso de su vida y vestido de civil, escuchó los reclamos y las súplicas de los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. En la escena en la que fue confrontado por los dolientes, Arias Cabrales se vio cansado y lánguido por el proceso penal que no solo le arrebató su libertad, sino que redujo a cenizas la altivez y la arrogancia de un General que, en aquellos años 80, creyó que estaba, junto al coronel Plazas Vega, defendiendo la democracia, cuando lo que realmente estaban resguardando era un régimen criminal que supo instalarse de la mano del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la jurisdicción a la que compareció Jesús Armando Arias Cabrales en calidad de victimario. Los magistrados de ese alto tribunal esperaban que el condenado por la justicia ordinaria aportara al esclarecimiento de lo que sucedió esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985. Después de las audiencias, el General (R) insistió en que él también es víctima del holocausto del Palacio de Justicia.

El gran error de Jesús Arias Cabrales y del coronel Alfonso Plazas Vega, entre otros oficiales que participaron de la retoma del Palacio de Justicia, fue reducir la democracia a la recuperación de un edificio. Ese reduccionismo les permitió ponerse en un plano moral superior y en una actitud claramente vindicativa, que los llevó a violar los derechos humanos. Después de casi 40 años, estos mismos soldados son testigos de que el régimen democrático que juraron defender sigue casi igual. Al final, el país entendió que el objetivo militar y político de los militares no era arrancar de las garras de los guerrilleros a los secuestrados, sino darle un golpe contundente a esa estructura subversiva que tantos dolores de cabeza les había producido: el M-19. Tanto el General como el Coronel en mención, jamás les perdonaron a los líderes de esa guerrilla el haber cavado un túnel y extraer del Cantón Norte por lo menos 5.000 armas, como tampoco el robo de la espada de Bolívar y la toma de la embajada de República Dominicana.

Del carácter tropero con el que asumió los operativos de los que hizo parte Jesús Armando Arias Cabrales, incluido por supuesto el que provocó la muerte de los magistrados y demás empleados que se encontraban en el Palacio de Justicia cuando guerrilleros del M-19 irrumpieron en la edificación, poco queda en el ex alto oficial: se vio en las diligencias en la JEP, desvalido, como cualquier anciano de caminar cansino y con una vida pública menos expuesta.

Eso sí, fue ese carácter tropero el que dio inicio al más garrafal error que cometieron los militares, compañeros de Arias Cabrales.  Los uniformados oficiales cayeron en el grave error de quemar el edificio con el claro propósito de desaparecer evidencias; en ese momento, quizás pensaron en que de alcanzar la gloria militar, ello impediría o evitaría la acción de la justicia. Eso sí, no podemos dejar de señalar el error político y los crímenes que cometieron los guerrilleros al secuestrar civiles y el de no haber previsto la reacción violenta del Ejército en la retoma del edificio. Al final, unos y otros cayeron en la trampa retórica de creer que estaban defendiendo la democracia.

Sin sus medallas e insignias, y con el peso de los años,  un General en retiro es un civil dócil. ¿Qué es un General desnudo?, se preguntaba la abuela de Facundo Cabral. Y sí, Arias Cabrales debió haberse sentido desnudo frente a los civiles que muy seguramente despreció durante su larga carrera militar. Sin su sable, sin su pistola y sin subalternos a la vista, el procesado General se vio desnudo, desprovisto de la soberbia de quienes creen que al portar un uniforme, un arma y estar iluminados por unos, dos, tres o cuatro soles, la senectud se puede evitar.

Al ver las imágenes de Arias Cabrales, la respuesta a la pregunta qué es un General desnudo es esta: un hombre común y corriente, sin gloria y, al parecer, sin memoria para asumir las responsabilidades que como comandante debería de asumir por la desaparición de por los menos 10 civiles, así ese delito haya sido cometido por sus subalternos. En cualquier caso, Arias Cabrales es responsable por acción u omisión.   

Los guerreros son guerreros no tanto por su fiereza, sino por lo que representa llevar un uniforme en una sociedad que aprendió a amar la guerra; en el ocaso de sus vidas, esos mismos guerreros, despojados de su indumentaria y de sus pesadas charreteras, son viejos lobos solitarios en una sociedad en la que envejecer no es sinónimo de sabiduría, sino de tragedia, angustia y desnudez.

Arias Cabrales se llevará a la tumba las decisiones y las órdenes que impartió durante la retoma del Palacio de Justicia. Muy seguramente, cuando llegue a su última morada, el registro noticioso dará cuenta de un general que murió con el peso moral de una culpa que jamás aceptó, porque se lo impidió su negativa concepción de la vida y de la democracia.

Imagen tomada de Semana.com

 

¿LO PRIVADO ES EFICIENTE Y TRANSPARENTE?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Aquella vieja narrativa que señala que “lo privado, per se, es eficiente y transparente” se viene al piso cuando se caen puentes y viaductos construidos por empresas privadas que contratan con el Estado; o cuando el gran banquero, Sarmiento Angulo, acepta ante las autoridades americanas que pagaron millonarios sobornos para hacerse con el contrato de la Ruta del Sol II; igualmente, cuando aparecen “elefantes blancos”, fruto de obras públicas asumidas por  particulares para su ejecución, pero que jamás fueron entregadas, con la anuencia de entes de control como las Contralorías (local, departamental y nacional) y la Procuraduría General.

A pesar de las evidencias y los tozudos hechos, la derecha neoliberal colombiana insiste en esa manida narrativa para evitar que sea el Estado el que asuma el control y la ejecución de proyectos de infraestructura. Y lo hacen, argumentando que todo lo que procura hacer el Estado queda mal hecho, de ahí los riesgos de la estatización de la salud y de las obras públicas de gran impacto, como las vías 4 y 5 G, hoy en manos de empresas privadas y de filiales del conglomerado Sarmiento Angulo, para beneficio del cuestionado banquero.

Lo cierto es que estamos en un círculo vicioso en el que gira el ethos mafioso que guía las actividades de los agentes privados que se presentan impolutos y los estatales, cómplices de los primeros, bien por miedo a asumir los controles correspondientes o porque hay coimas de por medio, o en su defecto, presiones de congresistas a los que aquellos funcionarios públicos les deben los puestos.

Por estos días, las EPS más grandes (Sura, Sanitas y Compensar) salieron a generar pánico entre sus afiliados, diciendo que no contaban con los recursos suficientes para operar, en parte porque, según estas, el valor de la UPC es insuficiente para atender a cada uno de los pacientes. El gobierno se defiende diciendo que los recursos se giran a tiempo y que le pedirá a la Superintendencia del ramo que revise con lupa a dichas entidades. Lo que no se puede dejar de decir que varias EPS usaron recursos para financiar campañas políticas e incluso, para apoyar estructuras paramilitares.

En medio de la tensión entre el gobierno y las EPS, vuelve entonces la narrativa a circular: “es que, con la reforma a la salud, se estatizará el sistema y ello sería perjudicial porque volveríamos a los tiempos del ISS”. Y vuelve a desconocerse el factor clave que llevó al colapso al sistema de aseguramiento del Seguro Social: la corrupción política y administrativa que incluso tocó a médicos que no atendían a los pacientes, porque estaban atendiendo sus consultorios privados. Hay que aclarar que recibían el salario estatal mientras cobraban las consultas particulares.

Lo cierto es que ni un sistema estatizado, ni un sistema mixto servirá en Colombia hasta tanto no proscribamos el ethos mafioso que guía la vida de congresistas, empresarios, banqueros, presidentes y miembros de sindicatos que negocian sus pliegos con sus patronos, por debajo de la mesa; contratistas y empleados oficiales y públicos y ciudadanos del común.

Mientras tomamos conciencia de la necesidad de proscribir ese ethos mafioso que ya naturalizamos, seguiremos escuchando la señalada narrativa que pone a lo privado como lo puro, legítimo, lo limpio, cuando lo que a diario ve el país es todo lo contrario. Así las cosas, seguirán cayéndose los puentes y viaductos; apareciendo “elefantes blancos” y claro, escándalos por corrupción, como los carteles de la hemofilia, de la toga. Solo falta que aparezca el Cartel de la Halitosis. Lo curioso de todo es que dichos escándalos poco les preocupan a sus protagonistas porque estos hace rato hicieron sus análisis desde las lógicas de la economía del crimen: pagan dos años de “cárcel” en la casa, devuelven algo de dinero y con sus fortunas guardadas, siguen en la vida pública listos para seguir contratando con el Estado.

Imagen tomada de Transparencia por Colombia

CONDENADA LUZ FABIOLA RUBIANO POR RACISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

La sanción penal que recaerá sobre Luz Fabiola Rubiano por actos de hostigamiento y expresiones racistas en contra de Francia Márquez Mina es una llamado de alerta para los millones de racistas y clasistas que viven en Colombia, para que se cuiden de soltar, en público, su veneno racial en contra de comunidades afros e indígenas. En privado muy seguramente seguirán odiando y señalando a quienes ellos creen que son “inferiores” por consideraciones étnicas o un peligro, por ser afines a ideas de izquierda o al “gran coco”, el comunismo.

La señora Rubiano pasará a la historia por esta condena que, aunque no es ejemplarizante, sí tiene un valor simbólico importante para una sociedad que, a través del humor, el deporte, el lenguaje cotidiano y el ejercicio del poder, naturalizó los resquemores hacia la población afro. Una vez Francia Márquez Mina se convirtió en vicepresidenta, cientos de miles de camisas blancas y de “arios” dejaron salir el malestar al ver a una mujer negra, que viene de muy abajo, instalada en lo más alto del poder político.

En la diatriba que desenfundó Rubiano aquella tarde en la que el país conoció su enfermizo odio hacia los pueblos afro y en particular hacia la vicepresidenta, no solo hubo expresiones racistas, sino condenas ideológicas para los “comunistas”. Recordemos lo dicho por Luz Fabiola Rubiano:

“Y el simio ese, que, porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo, pobre simio, los simios gobernando”. “¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan, ¿qué educación tienen?; A los comunistas, un tiro en la mula, y pal río”, gritó Rubiano después de haberse despachado contra Márquez Mina. Lo último que dijo Rubiano, lo hizo evocando al inefable Álvaro Uribe Vélez, considerado por la señora Rubiano como el “mejor presidente”, al que “le faltó tiempo” para acabar con las guerrillas y los comunistas.

La irascible ciudadana podrá pagar la simbólica condena en su domicilio, pues el delito es excarcelable. Ojalá, Rubiano coja escarmiento y cambie de actitud. Si su arrepentimiento es sincero, podría hacer que sus compañeros racistas entren en razón y entiendan que nadie puede ser discriminado por su color de piel, ideas políticas o preferencias sexuales.

El o la juez del caso debería de considerar obligarla a leer libros de historia e incluso, a dejar de lado el antropocentrismo que guía su vida. Señora Rubiano: usted, Francia y yo, somos animales humanos. Los simios a los que hizo referencia son animales no humanos. Y si mira un poco más allá, se dará cuenta que fue la especie humana la que convirtió este planeta en un matadero. Vaya y siéntese a leer, pues lo suyo es ignorancia supina, y quizás, con algunos finos trazos de estupidez.

Adenda: el 11 de septiembre se conocerá por parte del juez, la condena que deberá pagar Rubiano. Lo que se conoció fue el sentido condenatorio del fallo judicial. Finalmente, fue condenada a 17 meses de prisión y al pago de una suma superior a los 13 millones de pesos. Rubiano quedó bajo libertad condicional por haber aceptado los cargos. 

Imagen tomada de Cambio.