PACTO POLÍTICO Y CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En su paso por el Congreso, Gustavo Petro fue un faro moral que llevó algo de luz a esa oscura corporación legislativa, que representa la corrupción y los más abominables vicios de la política colombiana. Su lucha contra los corruptos en buena medida le sirvió para que millones de colombianos confiaran en su proyecto político y, a través del voto, llegara a la Casa de Nariño a intentar cambiar lo que por décadas ha estado mal en Colombia. 

Una vez en la presidencia, Petro sigue con la firme intención de exponer públicamente a quienes él considera son los verdaderos enemigos del país: los empresarios y banqueros que patrocinaron a los paramilitares o aquellos que, a través de millonarios recursos, convirtieron a congresistas en lobistas o lo que es peor, en sus mandaderos. Así, Petro sigue empeñado en consolidarse como un faro moral para una sociedad confundida moralmente como la colombiana.

El presidente Petro funge como un agente moralizador y moralizante, mientras que la élite tradicional se atrinchera y se defiende de los constantes ataques e insinuaciones del jefe del Estado. En la “alocución” de ayer 31 de agosto, el presidente de la República puso en evidencia a la empresa Argos, a la que calificó como una organización despojadora. Casi de inmediato, salió el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez a defender la empresa antioqueña. Horas antes, la presidencia de la cementera había enviado una misiva al jefe del Estado, en la que señala que “no buscan polemizar, pero rechazan cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento”. Lo cierto es que hay sentencias en contra de Argos sobre asuntos de tierras. 

Las ya conocidas actuaciones corruptas del Grupo Aval, la animadversión que desde gremios como la ANDI se alimenta en contra del presidente de la República, al tiempo que promueven la candidatura presidencial del inefable fiscal general, Francisco Barbosa;  los desfalcos millonarios en Reficar y Ecopetrol, entre otros casos y la captura de la fiscalía general de la Nación a manos de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, ameritan la concreción de un pacto político nacional soportado en un profundo cambio cultural, más que en ajustes en las correlaciones de fuerza entre los sectores de izquierda y la derecha.

Dicho pacto deberá contar con la participación de los partidos políticos, a pesar de que, al igual que los congresistas, estos vienen operando como goznes entre una élite empresarial que está dispuesta a hacer lo que sea, con tal de extender en el tiempo sus privilegios de clase y el control sobre los mercados. Esto último consolida el carácter feudal y precapitalista de esa élite que cree en la mano invisible del mercado, mientras que hace todo para controlar los mercados.

La élite tradicional que fundó el “viejo” régimen colombiano tiene la oportunidad histórica de acordar con el gobierno de Gustavo Petro unas nuevas reglas de juego político y económico que lleven a proscribir el ethos mafioso que orienta la vida de millones de colombianos, así como las decisiones políticas y las que atañan al mercado y las actividades económicas y financieras.

Hay consenso en que el país necesita cambios profundos en las maneras como se genera riqueza y se socializa. Es claro que en este país la riqueza está concentrada en pocas manos y en ocasiones, esos logros económicos y financieros están atados a prácticas mafiosas como el pago de sobornos a funcionarios públicos y congresistas, convertidos estos en bisagras de la corrupción público-privada. Fue en el periodo presidencial 2002-2010 que ese ethos mafioso se naturalizó de tal forma, que la corrupción se volvió paisaje.

A ese gran pacto nacional (político y cultural) hay que invitar a las altas cortes, comprometidas también en actos de corrupción y favorecimiento a poderosos sectores. Baste con recordar los hechos del cartel de la Toga y la extraña decisión del Consejo de Estado con la que se tumbó una sanción millonaria a Odebrecht y sus socios por el pago de sobornos en la construcción de la Ruta del Sol II.

Así las cosas, de continuar los ataques de lado y lado, el país entrará en una espiral de violencia discursiva y política que hará que las elecciones de 2026 sean, además de violentas, el escenario en el que la derecha irá con todo para vengarse de lo hecho y dicho por el primer presidente de izquierda de Colombia. Y la mejor forma de hacerlo será reversar lo actuado en materia de entrega, devolución y titulación de tierras; los proyectos para activar el ferrocarril y todas aquellas que estuvieron encaminadas a preservar las selvas y garantizar la soberanía alimentaria. Y frente al ethos mafioso, se ordenará a los medios masivos corporativos, guardar silencio sepulcral.

¿Serán capaces el presidente de la República, el banquero Sarmiento Angulo, el GEA, y la Andi, así como las altas Cortes, de sentarse a dialogar  y firmar un pacto político y cultural que saque a Colombia del lodazal inmoral en el que el uribismo metió al país por cuenta del Embrujo Autoritario y el Todo Vale?