domingo, 10 de septiembre de 2023

QUIÉN MANDA EN COLOMBIA: URIBE O DUQUE?

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

A poco menos de un año de haberse instalado en la Casa de Nariño, la imagen de Iván Duque Márquez como presidente se mueve en el péndulo mismo de la confrontación política entre quienes insisten, desde el propio Establecimiento, en continuar apoyando el “proyecto político uribista”[1] y quienes desde orillas e instancias bien distintas desean pasar las páginas de la guerra y de los odios, pero  sobre todo, buscan superar o dejar atrás el ethos mafioso[2] que el señalado proyecto logró inocular en las institucionalidades privada y estatal. Es decir, para unos, Duque es el presidente de Colombia en propiedad y para otros, simplemente es alguien que fue puesto allí para cumplir con unas órdenes emanadas por quien realmente parece ostentar el poder: Álvaro Uribe Vélez.

Con la gobernabilidad mínima que entrega y asegura un Establecimiento históricamente capaz de mantener a flote a cualquier gobernante[3] a pesar de sus bajos niveles de aceptación social y política, Iván Duque Márquez intenta hacerle creer a una parte de los colombianos (a los que votaron por el Sí en el plebiscito) de que efectivamente es él quien gobierna en Colombia. A juzgar por los imaginarios individuales y colectivos y las ya negativas Representaciones Sociales (RS) que en torno a su imagen circulan a través de diversos discursos[4], pareciera que quien realmente señala derroteros, toma decisiones y le indica al presidente de la República cómo actuar, es el hoy senador, expresidente (2002-2010) y jefe único del Centro Democrático (CD).

Por ser el ungido de Uribe, Iván Duque ha expresado una inconveniente admiración por el político nacido en Salgar. Recuérdese que lo llamó “presidente eterno”, acto de habla que no es más que la expresión genuina, como diría el propio jefe de Estado, no solo de su veneración, lealtad y fidelidad, sino de la dependencia política y moral de quien claramente se “encontró” con la Presidencia de Colombia.

 

El proyecto político

 La administración de Iván Duque y el propio proyecto político de Uribe Vélez enfrentan hoy el desafío o quizás al enemigo más grande de la corta existencia de lo que se conoce como “el uribismo”: la construcción de la Paz. Es claro que para el ganadero y latifundista la consolidación de una paz estable y duradera es toda una provocación y obstáculo para el desarrollo del proyecto de país que de tiempo atrás tienen en mente no solo el senador y expresidente, sino los ricos empresarios, varios académicos, militares y exmilitares que lo respaldan.

Dicho proyecto de país tiene, por supuesto, varias dimensiones. En la dimensión política, sueñan con un Partido Único al mejor estilo de regímenes socialistas o estatista como el venezolano (Chávez y Maduro). En la dimensión económica, insisten en mantener y extender en el tiempo privilegios para las élites de poder y los mesocontratos con los que suelen asegurar la gobernabilidad autoritaria de la que habla Édgar Revèiz (1997). Es decir, creen en el mercado, pero en uno controlado que les permita exhibir una relativa competitividad. Desde esta dimensión, continúan promoviendo un desarrollo insostenible pues solo creen en el modelo de la gran plantación (monocultivo como práctica líder), en el fracking, en la ganadería extensiva (potrerización de zonas selváticas). Los grandes obstáculos a vencer son los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas.

Al final logran ordenar los viejos territorios nacionales con fines de especulación inmobiliaria por el crecimiento desordenado de ciudades capitales de aquellos departamentos en los que siguen en pie selvas y ecosistemas biodiversos, a pesar de la arremetida de enormes retroexcavadoras que militares y policías no ven pasar y mucho menos se percatan de su instalación, en ríos y bosques, para adelantar actividades de minería, legal e ilegal.

En la dimensión sociocultural, seguirán intentando la generación de estados de opinión asociados a la idea de un inquebrantable unanimismo ideológico[5] con el que sea posible abrazar y premiar  a quienes decidan instalarse en esa idea y de perseguir y castigar a todos aquellos que insistan en mantenerse por fuera de ese obligado círculo y critiquen lo peligroso que resulta para la democracia eliminar, simbólica y políticamente, a la diferencia.  

 

Objeciones, Santrich y la JEP

Lo que ha venido pasando en el país es un inocultable enfrentamiento entre instituciones del Estado[6], lo que claramente demuestra, de un lado, que el actual gobierno está empeñado en hacer trizas[7] el Acuerdo Final y del otro, que el presidente Duque, al mejor estilo de su mentor, desconoció los fallos de la Corte Constitucional cuando objetó[8] seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Justamente, la más fuerte reacción en contra del proceso de construcción de una paz estable duradera la tuvo el gobierno de Duque debido a la decisión que en derecho adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno a conceder la garantía de no extradición al compareciente exguerrillero, Jesús Santrich[9].  Las reacciones de voceros y funcionarios de alto nivel en el gobierno buscaron generar una crisis institucional de tal magnitud, que los hizo pensar en la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[10] y por esa vía intentar quitarle el ropaje y el estatus constitucional que tiene el Acuerdo Final II; y por ese mismo camino, pensaron en declarar la Conmoción Interior, buscando a toda costa saltarse el estado de derecho y extraditar a los Estados Unidos al controversial excomandante fariano.

En reciente publicación, el diario EL ESPECTADOR titula así una nota informativa:Uribe explica por qué Duque no decretó la conmoción interior[11]. En otras circunstancias, el titular no tendría por qué generar suspicacias pues se trataría de una simple opinión política. Pero no nos llamemos a engaños: Uribe no es un político cualquiera. No solo indicó a sus admiradores[12], sino que acordó con empresarios que su candidato a la presidencia para el periodo 2018-      ) era Iván Duque Márquez. Al final, con el respaldo de unos y otros, esa parte de Colombia votó por el que dijo Uribe, bien por simpatía, conveniencia o por miedo a una eventual presidencia de Gustavo Petro Urrego[13].

Al revisar el contenido del artículo publicado en el diario bogotano, queda claro que en el alto gobierno sí se contemplaron escenarios jurídico-políticos para responder a ese desafiante enemigo en el que se convirtió tener que cumplir con lo establecido en el Tratado de Paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc[14].

En dicho texto se lee lo siguiente: “Me preguntan que por qué Duque no decretó la conmoción interior. Porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, incumplió su promesa, los elevó y la conmoción interior no puede suspender la Constitución”, dijo Uribe. Con lo anterior, Uribe ratificó que la idea sí se puso sobre la mesa tan pronto se dio la decisión de la JEP, a pesar de que ese mismo día la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió los rumores surgidos al respecto”[15].

En cuanto a la convocatoria a una peligrosa Asamblea Constituyente, EL ESPECTADOR recoge así lo dicho por el expresidente Uribe: “La otra idea planteada abiertamente por el partido de Gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar el sistema de justicia transicional. Una propuesta que acogió el expresidente Uribe pero que, al mismo tiempo, criticó por las condiciones que plantea la Constitución para convocarla. “La Constitución de 1991, incluyó la Constituyente. Sin embargo, creó tanto formalismo para convocarla que es casi una creación sin posibilidades de realidad”, dijo el expresidente”.

De lo publicado quedan varias conclusiones. La primera, que Uribe Vélez ostenta un inconveniente poder político que no solo afecta el buen juicio y contamina las decisiones políticas del presidente Duque, sino que debilita la institución presidencial y revive viejos enfrentamientos[16] entre el Ejecutivo y la rama judicial, en particular con las altas cortes, ocurridos durante el periodo 2002-2010.

La segunda, que las explicaciones dadas por Uribe Vélez debilitan aún más la imagen de un presidente que en casi un año de gobierno no ha podido imponer su propio estilo, o por lo menos fijar su propio proyecto político. A pesar de haber sido elegido bajo la sombra de Uribe, el entonces presidente Juan Manuel Santos[17] supo tomar distancia, por lo menos política, con el mayor elector que tiene hoy Colombia.

Al final, Santos se la jugó por ponerle fin al conflicto armado con las Farc y les dejó a los sucesivos gobiernos la obligación ética, moral, jurídico-política y constitucional de cumplir con lo acordado en La Habana.  Así entonces, lo que está esperando la Colombia no “uribizada” son dos cosas: la primera, que Duque tome la decisión de hacer a un lado a su “presidente eterno” para erosionar la consistencia de los negativos imaginarios y representaciones sociales que en torno a su talante se vienen consolidando en el país; y la segunda, que asuma como Jefe de Estado el compromiso de cumplir con lo que se firmó en el teatro Colón.  

Y la tercera conclusión es que esas explicaciones las debió dar el propio presidente Duque, o incluso, su gris ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El protagonismo de Uribe y su enfermiza necesidad de figurar como el principal y poderoso enemigo de la paz en Colombia termina no solo alimentando la polarización política, sino debilitando la imagen de su ungido.

Es apenas evidente que las negativas representaciones sociales que en torno al presidente Duque circulan en redes sociales y en los propios “mentideros políticos”, alimentadas, sin duda, por el humor político de caricaturistas como Vladdo y Matador, las reconocen dentro del llamado uribismo. De allí que las explicaciones dadas por el expresidente Uribe  y opiniones de la propia ministra del Interior, lo que hacen es confirmar de que Duque no parece actuar de manera autónoma.

Expongo tres comentarios que tienen que ver directamente con lo que se viene exponiendo en esta columna. El primero sucedió durante la plenaria del senado en la que se hundieron las objeciones presidenciales.   En la misma plenaria del martes 30 de abril, el senador Uribe pidió la palabra y señaló lo siguiente: “Hombre, respetemos al presidente Duque, él es dueño de su criterio jurídico. Él como senador fue a la corte a presentar la demanda contra el ‘fast track’; él con su criterio jurídico fue ahora a defender la necesidad de modular la sentencia sobre las fumigaciones. Yo creo que esa cosa de estar poniendo al presidente Duque como alguien susceptible a influencias extrañas, es un irrespeto, no solo a su persona sino a su persona y trayectoria”. Al salir en defensa del Presidente, Uribe no solo confirma que sabe de los comentarios que en redes sociales y otros espacios se viene construyendo la idea de que quien realmente manda en el país es el hijo de Salgar y no Iván Duque Márquez, sino que genera el efecto contrario al que ya produce en la opinión pública el imaginario social con el que se duda de la real capacidad del Presidente para gobernar y tomar decisiones”.

Y el segundo comentario lo hizo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En entrevista concedida al diario El Espectador y ante la pregunta, “Finalmente, ¿siente que sus relaciones con el Centro Democrático están bien?, contestó: “Las mejores relaciones, claro. Es mi partido, respeto a cada uno, obviamente somos parte de una visión de país y en eso nos movemos. La cabeza es el presidente Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe”[18]

Al parecer, estamos ante un gobierno bifronte que, en lugar de fortalecer la institucionalidad estatal, la debilita, por cuanto al final los colombianos que con sus votos eligieron a Duque, no saben si realmente es él quien gobierna[19].

Y termino con lo dicho por Uribe Vélez y que aparece consignado al final de la nota ya referida y publicada por EL ESPECTADOR. Dice el diario que “finalmente (Uribe), se refirió a las denuncias que publicó el diario estadounidense The New York Times que revelaron una directriz emitida por la alta comandancia del Ejército y con la que, presuntamente, se corría el riesgo de que regresaran los denominados ‘falsos positivos’ al país. El exmandatario aseguró que lo dicho por el periódico norteamericano no es más que una estrategia para desprestigiar no solo a las Fuerzas Armadas sino al Gobierno del presidente Duque.  “Duque, ahora que está recuperando el sentido de la autoridad, lo que quieren es desacreditarlo a él y al Ejército. Le entregaron el país al narcoterrorismo y ahora que hay un gobierno diferente lo que quieren es desacreditar a este gobierno y a los generales de la patria para que el país siga en manos del terrorismo”, señaló en referencia al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, cuyo ascenso está pendiente de ser aprobado en la plenaria del Senado la próxima semana”.

Ciertas o no las dudas que subsisten hoy en torno a quién gobierna o manda en Colombia, lo más probable es que el presidente Duque esté preso de una genuina admiración y lealtad por su mentor, lo que lo pone en desventaja a la hora de discutir asuntos de gobierno y otros que derivan en obligaciones que como jefe de Estado debe asumir, entre estas, gobernar para todos los colombianos y dejar de oponerse al proceso de implementación del Acuerdo Final II.


[2]   Ese ethos mafioso hace referencia a prácticas sinuosas que hicieron posible consolidar la idea de que en Colombia hay un “Doble Estado”. Véase:  https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/04/doble-estado.html  Esas mismas prácticas permitieron que entre el 2002 y el 2010 funcionarios, empresarios, militares, académicos y ciudadanos del común actuaran bajo el principio del Todo Vale. Véase:http://laotratribuna1.blogspot.com/2010/01/se-impuso-el-todo-vale.html Durante ese periodo, una parte importante de la sociedad legitimó la trampa, la mentira y la corrupción, convencidos sus miembros de que el real y único problema del país eran las Farc (o lafar). De esa forma, la lucha “contra el terrorismo” fue la enorme cortina de humo con la que el gobierno de Uribe, con el concurso de la Gran Prensa, tapó el clientelismo y la corrupción y los desastres socio ambientales generados por quien mandó en el país más con criterio de latifundista y ganadero, que como el estadista que aún sigue esperando Colombia.

[3] Los momentos críticos que soportó la institucionalidad estatal en los tiempos del proceso 8.000 son prueba clara de que el propio régimen de poder o el establecimiento actuó para proteger el orden institucional, así la institución presidencial se hubiese visto comprometida por la entrada de dineros de la mafia (Cartel de Cali) a la campaña Samper Presidente (1994-1998). Al final, la ínfima gobernabilidad con la que pudo medianamente gobernar Ernesto Samper Pizano provino de la tradición y de la inercia institucional de un régimen de poder que se auto reproduce y se autorregula sin que ello se traduzca en beneficio para los colombianos. Por eso quizás Álvaro Gómez Hurtado señaló en su momento que: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente”. Revista Diners 303, de junio de 1995.

[4] Pensado el humor como discurso, a través de este se insiste en proyectar la imagen de un presidente manipulado por los hilos del poder que controla Álvaro Uribe Vélez; el mismo discurso periodístico noticioso ha recogido en varias ocasiones esa imagen y la ha puesto en titulares y en informes.  En particular la prensa internacional. Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/visados-morales.html

[5] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática, 2016.

[16] Recuérdese el episodio de las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban y condenaban a congresistas, cercanos a Uribe, por los hechos conocidos como la parapolítica.

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LA JUGADITA DE URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

 

Con la renuncia a su condición de Senador, los abogados de Álvaro Uribe y el propio expresidente buscan zafarse de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por esa vía, hacer que su caso pase a la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General.

Antes de ir a examinar los hechos y las circunstancias sobre y con las cuales la misma Corte Suprema deberá definir si mantiene o no la competencia para seguir investigando a Uribe, hay que señalar que la dimisión del político antioqueño y su condición de reo, ponen a prueba los liderazgos al interior de una colectividad que ha funcionado más como una secta, que como un verdadero Partido Político. El carácter megalómano y autoritario de Uribe es quizás el factor que ha frenado que dentro de la misma bancada uribista en el Congreso sobresalgan otras formas de entender y asumir la política, esto es, más allá de la idolatría que todos profesan hacia este "Mesías". Así entonces, no se puede esperar que del Centro Democrático emerjan lideresas y líderes distintos, por cuanto han invertido años en adorar a su dios, en lugar de prepararse para asumir la dirección de una fuerza política que hoy tiene, nada menos que en sus manos, el manejo del Estado.

Vamos entonces a los hechos y a las circunstancias. Lo primero que hay que decir es que existe jurisprudencia de la misma Corte Suprema para enfrentar este tipo de argucias. En el contexto de la parapolítica, varios de los congresistas investigados por los entonces magistrados que hacían parte del alto tribunal, renunciaron a su curul, buscando lo mismo que hoy buscan Uribe y sus abogados: liberarse de su juez natural, pensando en buscar y alcanzar beneficios jurídicos en la justicia ordinaria. En esa ocasión, la Corte Suprema continuó procesando y profiriendo condena contra varios congresistas cercanos a Uribe, que aceptaron tener vínculos con grupos paramilitares.

Lo segundo, y ya sobre el caso en particular, la Corte deberá explicar por qué debe mantener la competencia. El primer elemento señala que los delitos por los cuales es investigado y procesado el caballista y exgobernador de Antioquia deben estar anclados a su función de congresista. Y en este punto, hay disímiles lecturas de penalistas. Por supuesto que dentro de la función de este tipo de aforados no está manipular testigos y apelar a prácticas que lo hagan incurrir en fraude procesal. Y aquí vale la pena hacer varias  disquisiciones eminentemente políticas y no jurídicas: estamos ante un operador político y legislativo que traspasó no solo los límites éticos y morales que rodean a la condición de congresista, sino que actuó como congresista, para intentar con evidente celeridad, a juzgar por lo que se conoció del documento que dio vida a la decisión de la Sala de Instrucción, presionar a testigos claves en procesos que reposan en la misma Corte Suprema, relacionados con el paramilitarismo y la comisión de masacres, entre otros delitos.

Hay otro elemento político que me parece clave e incluso de superior jerarquía a todos los que en esta columna se hace referencia: su condición de expresidente y de exjefe de Estado no solo está por encima de su rol como congresista, sino que le exige los más altos estándares de eticidad en su vida pública y privada. Resulta inaceptable para una sociedad moralmente confundida como la colombiana, que un expresidente participe y haga parte de prácticas mafiosas, dolosas y ruines que lo llevaron a que la Sala de Instrucción lo procese hoy por los delitos de fraude procesal y compra y manipulación de testigos y haya considerado su detención domiciliaria, porque concentra poder político y económico para entorpecer la investigación penal que se le adelanta. Resulta repulsivo ver imágenes y escuchar al expresidente rodeado de bandidos, hablando con bandidos e incluso, usando su propio lenguaje. 

Ahora bien, hay elementos y factores que, fondeados de manera directa a sus funciones legislativas y de control político, harían posible y viable que la Corte Suprema  de Justicia decida mantener la competencia para continuar con el proceso legal. Estos elementos o factores son: el primero, su decisión de demandar al senador Cepeda por supuestamente manipular testigos para que declararan en su contra, se dio en el marco de un debate político, escenario que está directamente relacionado con su función de senador de la República. El segundo, el uso de recursos de su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) para hacer sus “vueltas” con el abogado Cadena. La Corte deberá explicar en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se dieron esos usos indebidos de su UTL, para enlodar a su contradictor, el senador Iván Cepeda. Estos dos elementos hacen parte sustantiva del cargo y deberían de ser suficientes para que el alto tribunal decida mantener la competencia para seguir adelante con la investigación y  en poco tiempo, adoptar la decisión de si llama  o no a juicio al ganadero y latifundista.

Hay otro factor que  emerge  y que podría tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia para insistir en la potestad de continuar al frente del caso Uribe. Y este tiene que ver con la posibilidad de que, una vez llamado a juicio por los delitos de fraude procesal y compra de testigos, y declarado culpable, esa circunstancia permita mover y sacudir los folios de cerca de 30 demandas o casos que reposan en ese mismo tribunal, en los que Uribe es sujeto procesal, demandado, investigado o iniciado, por paramilitarismo, la comisión de masacres y homicidio. Es decir, que una vez debilitado políticamente y judicialmente vencido, los magistrados que están por encima de los que hacen parte de la Sala de Instrucción, se llenen de valor para dar trámite y acelerar esos procesos que hoy duermen el sueño de los justos. 

Es posible que en 24 ó 48 horas el país conozca si el proceso sigue en manos de la Honorable Corte Suprema de Justicia o si pasa a la justicia ordinaria que, en cabeza de un Fiscal General amigo del presidente y cercano a Uribe, es garantía de preclusión de la investigación. Veremos entonces en qué queda esta jugadita de Uribe.

 





Imagen tomada de Pulzo

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DESPUÉS DEL ENCUENTRO ENTRE URIBE Y LA COMISIÓN DE LA VERDAD

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista, politólogo Y PhD en Regiones Sostenibles

 

Después del histórico, accidentado, pero diciente encuentro entre los miembros de la Comisión de la Verdad y el expresidente-hacendado, Álvaro Uribe Vélez, bien vale la pena reflexionar sobre dos asuntos, a saber: la vigencia política del 1087985, que confirma que en un número importante de colombianos sobrevive una atracción hacia las figuras mesiánicas, sin importar su altura moral. Y el segundo asunto, la supremacía del discurso del Gran Macho en una sociedad que parece renuente a proscribir el machismo y la violencia contra las mujeres.

Nadie discute que Uribe Vélez es un “animal político” sagaz y temible. Sin embargo, su vigencia obedece en gran medida al vaciamiento de sentido de la política y a la emergencia de un ethos mafioso compartido por el grueso de los colombianos que caminan a la deriva en medio de una inocultable confusión moral. Se suma a lo anterior, la crisis de los partidos políticos, colectividades que fungen más como micro empresas electorales y de empleo, que como instancias de pensamiento. No hay al interior de estos, intelectuales capaces de erigirse como faros éticos. La filosofía política hace rato dejó de caminar por las sedes de los históricos partidos. Por el contrario,  cada vez llegan a sus estructuras políticos vulgares, poco leídos, e interesados solo en vivir de la política y no para la política.  La vigencia de Uribe, en tanto invención mediática, está asociada, además, a los entramados clientelares que pudo lograr en sus 12 años de gobierno (incluido el periodo 2018-2022). Las empresas mediáticas y los periodistas-estafetas uribizados, están orientadas a mantener la ramplonería, la vulgaridad y la incapacidad de pensar, filosóficamente hablando, de los operadores políticos.  Por todo lo anterior, su validez y su fuerza no están soportadas en principios universales que le sirvan a la sociedad para que sus miembros sean más virtuosos, sino, y por el contrario, están ancorados en valores sectoriales de grupos de poder que exhiben un carácter premoderno, muy propio de repúblicas bananeras en las que se destacan capataces y hombres rurales con músculo económico, pero con una mínima estructura moral y ética, pero por sobre todo,  con una enorme incapacidad para liderar procesos civilizatorios y emancipatorios que le permitan al país abandonar esa condición de ser un <<platanal con bandera>>.

Muy de la mano de lo anterior, aparece la sociedad patriarcal y el machismo que, para el caso del encuentro entre el padre Francisco de Roux y dos de sus comisionados, se vio en todo se esplendor. Los colombianos pudieron apreciar a un violento capataz, a un vulgar hacendado, acostumbrado a imponer su verdad a gritos, para de esa manera consolidar un relato en el que pueda ocultar sus responsabilidades políticas. Refugiado en su hacienda, este macho cabrío increpó e irrespetó a la comisionada,  Lucía González, con la ayuda de sus hijos, en razón a que sigue convencido que el papel de las mujeres sigue estando asociado a labores domésticas y reproductivas.

No se evidenció en la transmisión si sus compañeros comisionados (hombres), salieron en su defensa, pues claramente, hubo una actitud hostil tanto del “Rufián de Esquina” como llamó Santos al entonces director de la Aerocivil y exgobernador de Antioquia. Así, después del tenso encuentro entre el más grande representante de la vieja y anacrónica Colombia, y los tres comisionados que buscan construir un relato que le permita al país pasar las amargas páginas de esta guerra fratricida interna, no solo quedó claro el incivilizado, vulgar y peligroso talante del 1087985 y el de sus vástagos, sino lo lejos que estamos como sociedad de trascender, porque aún quedan cientos de miles de colombianos que aplauden la displicencia, el cinismo, la mentira,  la vulgaridad y lo que es peor, la violencia simbólica(discursiva) contra las mujeres.

Hace unos días presenciamos el (des) encuentro entre tres seres que buscan la luz en la verdad y un individuo que morirá en la oscuridad en la que optó vivir, para mentirle al país.


Imagen tomada de la Comisión de la Verdad. 


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CONDENAR A URIBE: IMPERATIVO MORAL PARA TRANSFORMAR A COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estos días, el confeso paramilitar Salvatore Mancuso incriminó en sus denuncias ante la JEP, a empresarios, multinacionales, ganaderos y políticos de haber apoyado a las AUC, la organización criminal que le sirvió de parapeto a la derecha colombiana para apropiarse de más de 6 millones de hectáreas que les arrebataron los paramilitares a cientos de campesinos, a punta de masacres y desplazamientos forzados. Y como era de esperarse, el nombre del inefable Álvaro Uribe Vélez  vuelve a sonar. No hay delito en el que ese nombre no aparezca, así sea a manera de simples sospechas, señalamientos e imputaciones. 

Desde la violación de una periodista que describió a su violador como un hombre muy poderoso que aparece todos los días en los medios de comunicación; hasta los señalamientos de periodistas serios de tener vínculos con las estructuras paramilitares. Sobre estos hechos, en la justicia reposan procesos en su contra por las masacres del Aro y la Granja. El propio Mancuso acaba decirle a la JEP, que Uribe estuvo siempre al tanto de lo que sería y fue la masacre del Aro. Y por último, las imputaciones que hoy lo tienen sub judice, por fraude procesal y manipulación de testigos. En este mes de mayo un juez decidirá si acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía de Barbosa o si por el contrario, lo lleva a juicio por los delicados delitos que se le imputan. Es la segunda vez que la Fiscalía solicita la preclusión del proceso en contra del 1087985. Pasó el tiempo, y llegó la tercera solicitud de preclusión, que finalmente negó el Tribunal Superior de Bogotá.

En su momento, el expresidente Andrés Pastrana dijo públicamente que Uribe tenía vínculos con los paramilitares. Mancuso en sus audiencias ante el alto tribunal de paz dijo que apoyó con dinero y camisetas su campaña presidencial en el 2002. También dijo lo mismo el entonces congresista, Germán Vargas Lleras; y el magistrado Rubén Darío Pinilla, del Tribunal Superior de Medellín, pidió que se le investigara por promocionar y apoyar  grupos paramilitares. A lo anterior se suman las investigaciones periodísticas de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, entre otros, que le vienen siguiendo la pista a Uribe desde que fue director de la Aerocivil. Los libros publicados comprometen el nombre del político antioqueño.

Culpable o no de todos los delitos que se le acusan, lo cierto es que Uribe Vélez es un negativo faro moral para la sociedad colombiana. Es un mal referente para el ejercicio del poder. Por todo lo anterior, debe ser procesado y ojalá condenado, con todas las garantías procesales a las que haya lugar, pero el país necesita pasar esas páginas que se escribieron en torno al actuar público y privado de este expresidente y ex presidiario.

En adelante, le recordaré a mis lectores otros hechos que nos remontan al año 2015, en particular la condena proferida contra María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin duda alguna, un hecho jurídico-político importante en su momento y del que se esperaba que la justicia pudiera procesar, juzgar y ojalá condenar a quien muy seguramente dio las órdenes para seguir, interceptar comunicaciones y desprestigiar a periodistas, magistrados,  críticos e intelectuales: Álvaro Uribe Vélez.

Esas mismas orientaciones, órdenes y directrices que la entonces directora del DAS cumplió a cabalidad, y con las que dicha entidad se convirtió en la policía política de un régimen que persiguió a quienes pensaran distinto. Si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (CACR) para que investigue al ex presidente de la República, la opinión pública sabe que en esa instancia investigativa no pasará nada. De hecho, varias denuncias contra el mismo ex presidente reposan en esa misma comisión, sin que hasta el momento se haya movido un solo folio de las denuncias recibidas.

Será difícil procesar y condenar al ex presidente Uribe. La naturaleza política (clientelista) de la CACR, el miedo que sus miembros sienten al pensar que tienen que investigar a Uribe Vélez y su incapacidad para asumir las tareas investigativas, son suficientes elementos para pensar que el ex mandatario jamás responderá por los señalamientos y denuncias, a pesar de que le cabe toda responsabilidad política por  las violaciones de los derechos humanos, perpetradas durante sus ocho años de Gobierno. Y no solo por lo acaecido con las operaciones ilegales ejecutadas por el entonces DAS, sino por la penetración, cooptación y captura del Estado, por parte de los paramilitares. Grupos estos que contaron, además, con el apoyo de actores sociales, económicos y políticos de la sociedad civil, y por esa vía, dieron vida al paramilitarismo como fenómeno sistémico y empresa criminal.

Si bien jurídicamente los procesos contra Uribe no caminan, el país, social y políticamente, necesita procesar a Uribe Vélez. Hacerlo, podría representar el inicio de un cambio cultural para un país que se acostumbró, entre el 2002 y 2010, al Todo Vale. Es claro que se borraron los límites de la decencia. Hubo excesos. El llamado “Embrujo autoritario”, consolidó las negativas Representaciones Sociales (RS) e imaginarios colectivos, que frente al Estado y la función pública, históricamente exhiben los colombianos. Con Uribe se naturalizó la corrupción. Más de 60 de sus congresistas procesados y condenados por tener vínculos con el paramilitarismo. El caso del general Santoyo, de la policía, es emblemático en eso de que la corrupción se naturalizó en ese periodo. Él mismo decía que su Gobierno no compraba conciencias, que seducía. Y todos sabemos que la Unidad Nacional del Congreso de la época, se conformó sobre la base de contratos y dádivas. Yidis Medina, condenada por cohecho, es el claro ejemplo de esa “seducción política”. Vaya eufemismo para encubrir lo que fue una vulgar compra del voto, con el que no solo se reeligió Uribe, sino con el que el país vivió el periodo más oscuro y tenebroso, en lo que respecta al ejercicio del poder del Estado y de un Presidente. ¿En dónde quedó la legalidad y la legitimidad de esa reelección? Es claro que Uribe fue una invención mediática.

Los daños que Uribe le hizo al país son de múltiple naturaleza: ambientales (entrega de licencias de explotación minera, deforestación), sociales, políticos, jurídicos, culturales, institucionales, éticos y morales. Nunca antes, en la reciente historia del país, un Gobernante en Colombia debilitó tanto las instituciones y transformó la institucionalidad. Uribe sometió las instituciones estatales a su proyecto autárquico, soportado en una sed de venganza contra las Farc porque según él, le asesinaron a su padre. Su versión fue desestimada por las propias Farc en La Habana, en desarrollo de las conversaciones de paz. Transformar a una sociedad como la colombiana, que parece acostumbrada a la corrupción pública y privada, a que el Estado le sirva a unos pocos, requiere de medidas excepcionales, de hechos contundentes y ejemplarizantes, que pongan en crisis las perversas prácticas políticas que han hecho posible el sometimiento de las instituciones estatales a disímiles mafias, que han contado con la anuencia de Gobiernos, de agentes económicos y políticos de la sociedad civil, o por lo menos, con su cómplice silencio. Procesar y condenar a Uribe sería ese hecho contundente y ejemplarizante que necesita la Nación, para cambiar las maneras como sus ciudadanos asumen y entienden el papel del Estado, de la política y las relaciones de este con la sociedad. Procesar a un ex presidente como Uribe podría generar la confianza en la justicia, que una sociedad civilizada necesita para operar en condiciones de normalidad.

La vigencia política y mediática de Uribe Vélez representa la confusión moral y ética de una sociedad que deviene sin referentes éticos capaces de llevarla hacia estadios civilizados y de una moral pública capaz de universalizar el respeto por los derechos y que nos lleve a repensar las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Quienes extrañan el talante dictatorial de Uribe y su complacencia con la corrupción, no solo sirven a los intereses de las empresas encuestadoras y los del noticiero de televisión RCN, que ayudan universalizar las opiniones de unos cuantos, sino que son el mayor obstáculo ético que enfrentan los sectores de opinión que exigen y esperan una profunda transformación cultural. De allí que, insisto, sea urgente procesar a Uribe, para transformar social y políticamente a una sociedad, guiada, históricamente, por un Estado hecho a la medida de unas mezquinas élites políticas y económicas, y de grupos emergentes que le han sometido, para ponerlo al servicio de sus particulares intereses.

Urge, entonces, que la sociedad civil y los sectores de la sociedad que no comulgan con el proyecto político que ejecutó Uribe, presionen a la CACR, a las élites que aún lo apoyan y a la justicia en general, para que Uribe sea juzgado. Procesarlo y juzgarlo es, a todas luces, un insoslayable imperativo moral, para una sociedad confundida en, y por su propia historia de inmoralidades públicas y privadas.

Que el polémico ex presidente y ex presidiario cuente con el apoyo de algunos sectores sociales y políticos y de empresas mediáticas, no significa que sus actuaciones al frente del Estado hayan sido legítimas y legales. Por el contrario, su vigencia mediática debe ser suficiente para dudar de la honorabilidad y pulcritud de sus decisiones político-administrativas. Y es así, porque esa misma prensa que hoy lo mantiene como líder de opinión y como determinador político y electoral de las campañas de candidatos de derecha que buscarán hacerse con el poder en el 2026, para retomar el rumbo, es la misma que él cooptó e irrespetó durante su periodo presidencial. Así las cosas, debemos continuar con la tarea de confrontar la historia oficial-mediática,  que logró  ocultar y minimizar los graves y execrables hechos  ocurridos en Colombia, entre el 2002 y el 2010, en particular, los falsos positivos y sus 6402 víctimas mortales. Igualmente, debemos guiar la transformación cultural del país, develando las mentiras de una prensa y de unos medios masivos que cada vez más actúan como actores políticos.

Blogueros y tuiteros tenemos la responsabilidad de convertir la Red en un espacio de discusión pública de asuntos públicos, en aras de generar estadios de opinión divergentes, que hagan contrapeso a la homogénea y homogeneizante opinión pública que se genera desde la Gran Prensa, que insiste en mantener la vigencia política de lo que simplemente fue una invención mediática y el perverso experimento de una derecha que solo buscaba probar sus propios límites, en lo que respecta a debilitar el propio Estado, y en lo que respecta a la violación de los derechos humanos. El país debe pasar esas páginas y desechar los principios que guiaron el dañino experimento de una Derecha que perdió los límites de la decencia.


Imagen tomada de W radio. 


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sábado, 9 de septiembre de 2023

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y 2001: HITOS PROPIOS DE LA AVIESA CONDICIÓN HUMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por motivaciones ideológicas, mediáticas y políticas, la conmemoración de los infaustos hechos ocurridos el martes 11 de septiembre de 1973 en Chile, hace ya 50 años, jamás tuvieron la trascendencia de los que ocurrieron también un martes 11 de septiembre, pero de 2001, en los Estados Unidos.

Quizás a partir de la visita que a Santiago de Chile hará el primer presidente de izquierda que gobierna a Colombia, Gustavo Petro, podamos recordar ese 11 de septiembre como nuestro y ocupe un lugar en la memoria y, por un instante, “compita” en trascendencia e importancia con el 11 de septiembre de 2001 que enlutó la vida de los americanos por los ya conocidos hechos de terrorismo. Petro viaja a Chile para acompañar a su homólogo, Gabriel Boric, en los actos de evocación de ese trágico martes en el que se atacó la casa presidencial en la que estaba el recién elegido presidente, Salvador Guillermo Allende Gossens. En medio del ataque de la aviación chilena, Allende optó por suicidarse, y no por dimitir o entregarse a las fuerzas golpistas dirigidas por el general Pinochet. 

Desde el 2001, cada 11 de septiembre el mundo, de la mano de la prensa hegemónica occidental, vuelve y mira hacia los Estados Unidos para recordar esa aciaga tarde en la que, con actos incontrastables de terrorismo, se sacudieron los cimientos democráticos en la propia tierra del Tío Sam, derrumbando los dos más grandes símbolos del capitalismo y de la ingeniería: las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York.

Mientras que después del ataque militar al Palacio de la Moneda y el derrocamiento de Salvador Allende, primer presidente socialista elegido por voto popular, se desató en Chile la cruel dictadura liderada por el general golpista, Augusto Pinochet Ugarte, con el apoyo irrestricto del gobierno de Richard Nixon, la CIA y la responsabilidad académica, económica y política de la Escuela de Chicago (los Chicago Boys), el 11S o 9/11 de los americanos desató una cruzada contra el mundo musulmán, en un doble juego moral que debería de servir para castigar a  Osama Bin Laden, “monstruo” criado por los propios gringos durante la respuesta militar por la invasión rusa a Afganistán y para despejar las sospechas de que los atentados terroristas fueron obra del propio régimen americano.

La dictadura chilena y sus caravanas de la muerte sirvieron de ejemplo a la derecha colombiana para enfrentar, de manera extendida, a las guerrillas, declaradas el enemigo interno, principio que militares colombianos aplicaron con severidad y violencia a profesores, líderes políticos y sociales, defensores de derechos humanos y simpatizantes de las ideas de izquierda.

Los hechos del 11S o 9/11 ocurridos en los Estados Unidos también le sirvieron a la derecha colombiana, liderada por Álvaro Uribe Vélez, para imponer la tesis negacionista del conflicto armado interno y por esa vía, desconocer los derechos de las víctimas que dejaría la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala (1974-1978) y la posterior política de defensa y seguridad democrática aplicada a rajatabla por Uribe durante sus dos tenebrosos mandatos (2002-2010). Uribe Vélez en su política de seguridad señaló que en Colombia no había un conflicto armado, sino una "amenaza terrorista". Es decir, de un plumazo, el entonces mandatario borró de la historia política las circunstancias objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Bajo esa política de seguridad, fueron asesinados cobardemente 6402 jóvenes, presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate. 

Así, este lunes 11 de septiembre debemos mirar hacia Chile y Nueva York para recordar y ojalá jamás olvidar, que tanto la dictadura de Pinochet Ugarte, como los ataques terroristas, confirman la aviesa condición humana, fundada en la mayor pulsión que como especie tenemos: el poder y su expresión, la biopolítica, con la que se decide, en un escritorio, quién merece vivir y quién, no.



Imagen tomada de Agencia Prensa Rural


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EL 29 DE OCTUBRE SE PONE EN JUEGO EL PROYECTO POLÍTICO DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los resultados electorales del 29 de octubre darán vida a una coyuntura política que afectará, para bien o para mal, los años que le quedan a Gustavo Petro en la presidencia de la República. Si la derecha mantiene alcaldías y gobernaciones, y si extiende su dominio a otras jurisdicciones, la gobernabilidad del jefe del Estado sufrirá bastante por los embates propios de ese sector ideológico que le está apostando a que la vaya mal al gobierno, para en el 2026 enfilar baterías para recuperar el control del Estado, e impulsar las contrarreformas que hagan posible echar para atrás lo decidido por el presidente Petro en materia de tierras, controles socio ambientales y reforma agraria.

Cuando llegue ese momento, veremos a la derecha haciendo lo que en su momento el liberal Ernesto Samper Pizano quiso hacer cuando asumió la jefatura del Estado (1994-1998): reversar las medidas adoptadas por su antecesor, el neoliberal César Gaviria Trujillo (1990-1994). Al percatarse el establecimiento de las intenciones de Samper, de inmediato los sectores más conservadores y neoliberales convirtieron el Proceso 8.000 en el mejor proyecto político anti-reformas.

No se puede negar que el “viejo” establecimiento está incómodo con Petro por los proyectos de reforma a la salud, pensional y laboral y por supuesto, por la apuesta medio ambiental del gobierno actual de proteger las selvas, en particular la amazonia y claro, por su aún incipiente reforma agraria. Pero la molestia y los resquemores hacia el presidente de la República pasan por la animadversión que les produce su pasado revolucionario, pero sobre todo porque la estrategia de develar el ethos mafioso que ha guiado a los sectores de poder económico y político le viene funcionando al presidente Petro, quien funge como un faro moral y civilizatorio que irrita a esas castas políticas y financieras que hasta el 7 de agosto de 2022 hicieron con el Estado lo que se les vino en gana.

Quienes no comparten esta lectura, dirán que no es posible que Petro se convierta en un faro moral por los hechos jurídico-políticos en los que está involucrado su hijo Nicolás Petro y su antigua jefa de gabinete, Laura Sarabia. Hasta el momento lo único claro de estos dos escándalos es que la derecha los intentó convertir en un Proceso 8.000, pero no les alcanzó. Sobrevino luego el tema de la salud mental y física del presidente, con el objetivo de convertir a Petro en un Abdalá Bucaram, para intentar sacarlo de la Casa de Nariño. Tampoco les funcionó la estrategia, a pesar de la ayuda del hermano de Petro, convertido en un bocón y pantallero con aquel asunto del síndrome de asperger.

Hay claras muestras de que esa apuesta moralizante le está funcionando a Petro muy bien: su enfrentamiento personal e institucional con Francisco Barbosa le permitió develar, con la ayuda de periodistas independientes y corajudos como Gonzalo Guillén y Julián Martínez, entre otros más, que la Fiscalía está permeada por el Clan del Golfo. El tiempo- no el periódico- le dio la razón al presidente Petro: en la corrupción público-privada en la construcción de la Ruta del Sol II estaba involucrado el Grupo Aval de Sarmiento Angulo. Luego vinieron los aberrantes casos de descomposición moral e institucional en la SAE y en la UNP; y el robo de Petróleo al interior de Ecopetrol; y recientemente, la caída de Arturo Char le vuelven a dar la razón al presidente de la República y a quienes lo acompañan en su labor moralizante.

En términos políticos, la derecha viene usando la inseguridad en ciudades capitales y los problemas de orden público en los temas de campaña, para insistir en la idea de que el país va mal, porque lo de la paz total está mal planteada. Por supuesto que a la derecha le conviene que fracasen los procesos de diálogo y paz que caminan tanto en Buenaventura, como en el resto del país con las anacrónicas organizaciones guerrilleras que insisten en un conflicto armado que hace rato perdió el carácter revolucionario, en lo social, político y económico, para convertirse en un cuadro anómico de múltiples violencias.

Ahora bien, en un caso hipotético en el que el Pacto Histórico y en particular la Colombia Humana arrasen con alcaldías y gobernaciones el proyecto modernizante de Petro tendrá mayores posibilidades de éxito. De suceder lo contrario, el primer gobierno nacional de izquierda será duramente juzgado por sus propios errores, magnificados por las empresas mediáticas que día a día hacen sus aportes para que el Golpe Blando sea una realidad, o por lo menos, sirva para mantener distraído al presidente pensando en que se hará realidad.

 



Imagen tomada del CNE.

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viernes, 8 de septiembre de 2023

EL TIEMPO Y UN TITULAR ENGAÑOSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El periódico EL TIEMPO, otrora defensor de ideas liberales, es hoy el medio informativo que mejor viene legitimando la doble moral, el ethos mafioso, la corrupción y las burlas a la justicia, provenientes de sectores y agentes con poder económico y político.

La orden de captura en contra de unos de los vástagos del Clan Char, Arturo Char, sirve para medir la temperatura moral del periódico, hoy en manos del Grupo económico de Sarmiento Angulo, vinculado con actos de corrupción (pago de coimas) en la construcción del carreteable Ruta del Sol II. La defensa de la imagen de su único dueño la viene haciendo a través de titulares engañosos y de tratamientos periodísticos que falsean la realidad de los hechos de corrupción que Corficolombiana y el propio banquero reconocieron ante las autoridades americanas.

En el caso del excongresista y expresidente del Senado, EL TIEMPO dio el paso que le faltaba dar para caer en lo más profundo del lodazal de la inmoralidad que es Colombia. El diario se atrevió a titular de esta manera una nota firmada por Geraldine Bajonero: ‘Con la cabeza en alto’: Arturo Char se pronuncia después de llegar a Colombia. 

Aunque se trata de un titular de cita, con este se ocultan los hechos jurídicos que comprometen al señor Char y lo más importante:  su llegada al país se da por motivo de la orden de captura internacional que libró la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lo investiga por compra de votos. Esa es una manera muy sutil de defender las conductas inmorales que, a juzgar por la orden de captura, la Corte Suprema encontró en el actuar del excongresista. 

Quien firma la nota, con la anuencia del editor general de EL TIEMPO y la bendición del gran magnate, le miente al lector puesto que el regreso de Char a Colombia no se da porque así él lo haya decidido, como si se tratara de una colaboración con la justicia. No. Lo hizo para evitarse la vergüenza de ser capturado por la Interpol y expuesto mediáticamente al mundo, con las esposas puestas y montado en un avión. La frase “Con la cabeza en alto” no es más que un lugar común en el que suelen caer todos aquellos que son requeridos por la justicia. Es el último aire que les queda cuando sienten que una condena está cerca.

Vengo insistiendo en que la sociedad colombiana deviene en una profunda e histórica confusión moral, circunstancia que permitió la naturalización de un ethos mafioso en las maneras en las que operan el Estado y el sector privado. En esa confusión entraron los medios masivos de información y los periodistas que siguen a pie juntillas la línea editorial que permite ocultar, validar e incluso exaltar ese desconcierto colectivo, resultado de unas éticas acomodaticias de la “gente de bien”, que se diseminaron por el grueso de la sociedad.

Aunque las empresas mediáticas en Colombia siempre se portaron como actores políticos, hoy lo hacen como apéndices de conglomerados económicos (banqueros) que, curiosamente, subvaloran el ejercicio periodístico como factor que contribuye a la consolidación de la democracia. Así, tanto Sarmiento Angulo, dueño de EL TIEMPO y la familia Gilinski, propietaria del portal Semana, acabaron con el oficio y las buenas prácticas periodísticas que en otrora exhibieron el diario bogotano y la que antes fue la revista Semana. De la misma manera como la revista Semana murió con la llegada de los Gilinski y la dirección de Victoria Eugenia Dávila, EL TIEMPO también pasó a mejor vida. Paz en la tumba para estas dos empresas periodísticas.

La crisis ética y de credibilidad de los medios está atada a decisiones editoriales fundadas estas en intereses políticos y económicos de los dueños de las empresas mediáticas. Así, le hacen un flaco favor al oficio y a la democracia. 



Imagen de Migración Colombia, tomada de EL TIEMPO. 

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jueves, 7 de septiembre de 2023

ESTABA CHAR-LADO

 Ahora que la Corte Suprema de Justicia emite orden de captura internacional en contra de Arturo Char, recuperé de mi anterior Blog, una par de columnas en las que hice referencia a hechos políticos que tocan al hoy imputado excongresista y su poderosa familia. 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

Esta columna se publica dos días antes de que se dé la elección del presidente del Senado, Arturo Char y se dé, además, el inicio de la nueva legislatura. Su publicación se produce porque dicha elección estaba decidida de tiempo atrás y no se vislumbra qué eventualidad puede impedir que se concrete.

La ya advertida y anunciada elección de Arturo Char como presidente del Senado, se entiende en el marco de lo que significa la Política en Colombia: negocio, negociados, clientelismo, corrupción y botín; relaciones sociales-familiares, componendas y compadrazgos.  Desde los inicios de este turbulento y enrarecido 2020, la Gran Prensa bogotana anunciaba lo que obedece, simplemente, a una transacción política, anclada en el ethos mafioso que guía la vida pública de casi todos los operadores políticos colombianos. Esto es: transar, tolerar, consentir, abrazar, apoyar y hacer todo lo que sea posible a nivel político y legislativo, así no sea ético, para hacerse con el Estado, asumido este como un botín; y para extender en el tiempo el dominio y el poder casi incontrastable de los agentes económicos que hacen parte y sostienen al  Régimen y que son los que financian las campañas de candidatos presidenciales y otros tantos que desean convertirse en congresistas, alcaldes y gobernadores, no para servirle al país, sino para legislar en favor de sus patrocinadores. 

El Clan Char, como otros, es un agente económico que financia campañas políticas de candidatos presidenciales y al Congreso. La elección de Iván Duque Márquez contó con el apoyo económico del conglomerado económico que respalda las actividades políticas de la familia Char. Con su financiera Serfinanza, los miembros del Clan barranquillero, al parecer  financiaron a varios de los congresistas que están comprometidos y obligados a respaldar a Arturo Char Chaljub para que llegue a ocupar el anhelado cargo. Según el Portal Cuestión Pública, “…los que llegaron al Congreso con financiación de Serfinanza, empresa del grupo Char, tendrán serios conflictos de interés para votar este 20 de julio”.

El solo hecho de militar en la empresa electoral Cambio Radical (CR) convierte al senador Arturo Char en un negociante político, en una ficha más del Régimen. Por ello quizás, Germán Vargas Lleras, propietario y accionista de la micro empresa electoral a la que muchos llaman Partido Político y a quien ya se le puede decir “eterno candidato presidencial”, lo necesita allí para que, a partir de la legislatura que inicia este 20 de julio, tenga el poder de negociar con el Centro Democrático y con el gobierno de Duque, la agenda legislativa y el manejo político-clientelar del escenario preelectoral que se avecina en 2021.

Huelga recordar la cercanía política y la amistad que subsiste entre el patriarca o capataz de Salgar, Álvaro Uribe Vélez y el Clan Char. Ello es garantía de que la presidencia de Char Chaljub funcionará como toda una aplanadora legislativa y como fuente político-electoral para poner en la Casa de Nariño sino a Vargas Lleras, a un miembro del clan barranquillero o al que logren definir en un escritorio Uribe y los miembros de la Familia Char, entre otros muy cercanos agentes políticos que trabajan en contubernio con otros empresarios y conglomerados que hacen parte del Régimen de poder. Ahora, es posible pensar que ante el sostenido desprestigio de Uribe y su condición sub júdice, este quiera negociar con los Char la “transición del uribismo al charismo”; es decir, que el país pase del Clan Uribista al Clan Char, así, de manera Olímpica, como suele suceder políticamente en Colombia.

Con el apoyo de los insepultos partidos Liberal y Conservador y el resto de empresas electorales que hacen parte de la coalición gobiernista, Arturo Char, señalado por la excongresista y prófuga de la justicia, Aída Merlano, por hacer parte de una red de corrupción electoral en la costa Atlántica, fungirá como presidente del Senado a pesar de la investigación preliminar que le abrió la Corte Suprema de Justicia, por las declaraciones dadas por Merlano. Diligencia que deberá afrontar con el ropaje y la dignidad del cargo de Presidente del Senado, lo que sin duda lo pone en ventaja ante su juez natural.  

Así entonces, la elección programada y previamente anunciada de Arturo Char no es el resultado de un debate político argumentado, en el que, por ejemplo, se analicen sus aportes legislativos, el nivel de los debates y la presencia probada en las sesiones. No. De eso muy poco hay y se da al interior de la corporación legislativa porque de tiempo atrás (tiempos históricos), el Congreso de Colombia funge como el lugar en el que la política, con minúscula, opera y se puso al servicio de los intereses corporativos-privados de una élite económica que, además de exhibir una frágil formación ética,  y una incontrastable pobreza cultural, ha logrado hacerse con el Estado hasta lograr que su operación esté concentrada en un gran porcentaje, para satisfacer sus negocios y deseos, así como sus propios apetitos burocráticos y los de todos aquellos que se unen cada cuatro años, buscando un lugar en el selecto grupo de propietarios o beneficiados del Estado colombiano, a través de millonarios contratos.

Realmente la elección de Arturo Char no debe de sorprendernos. Por el contrario, sirve para comprender en manos de quién está el Estado y el manejo de la política, en minúscula, porque aquella con P mayúscula es apenas un raro espectro al que pocos hemos visto. Esa designación-elección ya estaba Char-lada.

La llegada del hijo del Clan barranquillero constituye una prueba más de lo que es Colombia, institucional, ética, política, cultural y socialmente hablando: un sumidero de mezquindades; un escurridero de inmoralidades; una alcantarilla por la que corre sin control el empobrecido liderazgo de una élite que jamás tuvo y podrá desarrollar una idea de Nación en la que quepamos todos.

La reflexión que queda por hacer en adelante, a partir de semejante suceso político, es el lugar que cada colombiano le otorga a la Política y el tipo de relaciones que han venido construyendo con esa otra política. Quizás de esa disquisición broten respuestas y reacciones que conduzcan a poner mayor atención a la hora de dar un voto por un candidato que desea ocupar un cargo de elección popular. Y es posible que más colombianos concluyan que votar un hijo de un Clan político o por un miembro o amigo cercano a un conglomerado económico es aportar un grano más a la privatización del Estado y a la pérdida del sentido de lo público que acompaña a la Política.



Imagen tomada de Pulzo.com


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miércoles, 6 de septiembre de 2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORDENA ECHARLE MANO A ARTURO CHAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La orden de captura internacional proferida por la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Arturo Char debería de ser el principio del fin del famoso Clan político que, a manera de familia feudal, exhibe el dominio sobre la ciudad de Barranquilla, convertida de tiempo atrás en su feudo de unos 154 km2.

El sistema señorial montado por la familia Char en la capital del Atlántico convierte la democracia política y electoral en una pantomima en la que los sufragantes ejercen el derecho a votar, a sabiendas de que el ganador de la contienda local se conoce con antelación. Recién, la encuesta Invamer da como ganador a Alex Char, actual andidato a la alcaldía de la “arenosa” o también conocida como la “ciudad de los peligrosos arroyos” con un 86 por ciento de la intención de voto de los barranquilleros. Llama la atención que en afiches y pancartas, sus asesores decidieron presentarlo como Alex, así, sin su apellido, muy seguramente porque viene de tiempo atrás asociado a hechos de corrupción. Y ahora con la orden de captura contra su hermano, se confirma ese hecho social y político. 

Sobre varios miembros del poderoso Clan recaen investigaciones engavetadas en organismos de control disciplinario y en la propia Fiscalía.  Señalamientos que van desde narcotráfico (tráfico de marihuana y cocaína en los años 90) y delitos electorales que ya fueron imputados a Arturo Char, quien venía mofándose de la Corte que hoy ordena a la Interpol su captura.  Sobre este último, la Corte Suprema lo requiere porque, según denuncias de la procesada excongresista Aída Merlano, este habría pactado acciones conducentes a comprar votos. Los delitos formales en los que el alto tribunal soporta la orden de captura son concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

¿Qué tanto se verá afectada la aspiración de Alex Char Chaljub por el escándalo político y social que supone la captura de su hermano? Es posible que los efectos negativos no alcancen a poner en riesgo su llegada nuevamente a la alcaldía, hoy en manos de un alcalde puesto por el propio Clan. Se trataría, entonces, de una transición en las condiciones feudatarias arriba mencionadas, que impiden la consolidación de un proyecto civilizatorio moderno en el departamento del Atlántico. Alex Char ya fue alcalde de la ciudad en dos oportunidades. 

En términos mediáticos, la orden de captura será minimizada por los periodistas y medios afectos al Clan Char, por motivos de fidelidad política, relaciones de consanguinidad e incluso, por asuntos asociados a la pauta publicitaria proveniente de tiendas Olímpica, cadena de tiendas pertenecientes a la poderosa familia barranquillera.

Noticias Caracol, en su emisión del medio día de hoy 6 de septiembre, día en el que se conoce la expedición de la orden de captura internacional en contra de Arturo Char, apenas si tocó el asunto, pues el noticiero privado decidió, editorial y políticamente, dedicar, desde hace varios días, a hacer un cubrimiento espectacular, tipo publirreportaje, de las obras de infraestructura hechas en la capital del Atlántico, que la opinión pública asocia a la gestión de la familia Char. La dirección del noticiero lo hizo bajo la disculpa de cubrir el primer partido (y contra Venezuela) por la eliminatoria al Mundial de Fútbol (masculino) 2026.

En la radio pasó algo similar con La FM, cuyo director, Luis Carlos Vélez está emparentado con el Clan Char. Ambos medios no van a asumir la tarea de desglosar la investigación de los magistrados de la Corte que investigan al exsenador y mucho menos harán referencia a viejos cuestionamientos que medios internacionales, como El País, hizo en su momento en este titular y en la bajada: Un documento judicial vincula a la familia Char con el narcotráfico en Colombia. “El expediente sostiene que la familia de uno de los candidatos a presidir el país traficaba en los noventa con marihuana y cocaína en Barranquilla, según revela una investigación periodística”. Como tampoco creo que se tomen la molestia de leer y comentar apartes del libro que la editorial Planeta censuró a la periodista Laura Ardila, titulado La Costa Nostra, la historia no autorizada de los Char, el clan político más poderoso de Colombia, publicado por Rey Naranjo Editores.

Bien por la Corte Suprema de Justicia que adopta la decisión no solo por las contundentes pruebas que Aída Merlano, condenada por delitos electorales, les entregó a los magistrados, sino por la actitud burlona que asumió el exsenador Char. Al eCHARle mano al excongresista, el mito de que los miembros de esa familia feudal son intocables, empieza a minarse, lo que sin duda es un triunfo para la justicia y para quienes esperamos que el país avance en sus procesos civilizatorios, se instale por fin en la modernidad y supere la confusión moral en la que deviene el conjunto de la sociedad colombiana.



Imagen tomada de EL ESPECTADOR. 

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martes, 5 de septiembre de 2023

ELECCIONES: ¿ES VERDAD QUE LA ALCALDÍA DE CALI TIENE PRECIO?

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El candidato a la alcaldía de Cali, Deninson Mendoza dijo a un medio radial que las elecciones en la capital del Valle del Cauca “es una pelea de quién tiene más plata”. La sentencia de Mendoza hace creíble la idea de que las alcaldías, gobernaciones e incluso, la presidencia de la República en Colombia, tienen un precio establecido. Lo dicho por Mendoza aporta a la entrega de un mal diagnóstico a propósito de la salud del régimen democrático. En referencia directa al candidato Roberto Ortiz, conocido como “el Chontico”, Mendoza dijo que el Chontico “quiere comprar la Alcaldía de Cali, ha gastado más de 50 mil millones de pesos, y Cali ya le ha dicho que no. Esta es la tercera vez que se lo dirá nuevamente, porque Cali va a elegir a un alcalde popular” (Tomado de Infobae).

Por todo lo anterior y de resultar cierta la idea que circula en Cali y en otros municipios del país y la sentencia del candidato mencionado, hay que decir que el régimen democrático local goza de una muy mala salud. La enfermedad es, además de grave, incurable. Se trataría de una “enfermedad huérfana” para la que no existe tratamiento conocido o medicamento aprobado que venza el mal encarnado. De un régimen democrático que opere bajo esas condiciones solo se puede esperar que haga metástasis. Y al parecer, a juzgar por las negativas representaciones sociales que descalifican a la saliente administración local, Cali aún no entra en ese estado metastásico, aunque ya se nota el colapso moral en las maneras como se administra lo público y se gestiona lo privado desde instancias oficiales. Las jornadas electorales son termómetros que permiten examinar y determinar las condiciones de salud del régimen democrático en el que los comicios ocurren de manera permanente, de acuerdo con el calendario electoral.

La financiación privada de las campañas políticas es un factor negativo que afecta la salud del régimen democrático en tanto poco importan las ideas y los proyectos políticos de los aspirantes a ocupar los cargos públicos; la importancia radica en el dinero que cada campaña maneje para posicionar la imagen de un candidato que, además de pasajera, devendrá artificiosa, pero efectiva al momento de ocultar lo que realmente pasa: los triunfos electorales no son del todo políticos, sino económicos.

El cubrimiento de las campañas políticas y de lo prometido por los distintos candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular, por parte de las empresas mediáticas, hace parte de la evaluación del sistema democrático. De igual manera, los costos de las campañas y el millonario gasto en posicionar a los y las candidatas permiten pensar que el trabajo no está tanto en discutir ideas y conceptos para convencer a un electorado que se mueve entre la apatía y los intereses individuales y colectivos se sectores que buscan sacar tajada. Así las cosas, poco interesa la discusión de las ideas y la viabilidad de las propuestas de campaña. Lo que prevalece es el objetivo de descrestar votantes por los costosos recursos publicitarios y la aparición en medios masivos. La visibilidad de los candidatos en vallas publicitarias, afiches y en apariciones en los medios masivos y redes sociales serían la mascarada perfecta para ocultar que llegar a una alcaldía o gobernación obedece más a una transacción económica, que a la real voluntad del electorado. Cuando coinciden la voluntad del electorado con el resultado esperado, no se puede hablar con total certeza de un triunfo político limpio.

Para el caso de las elecciones en Colombia ha hecho carrera la idea que señala que conquistar alcaldías, gobernaciones e incluso, la presidencia de la República depende del precio que a cada institución se le pone, de acuerdo con la circulación de efectivo y las millonarias inversiones que se hacen a las campañas.

En el caso de Cali, la idea que circula es que hacerse con la alcaldía de Cali tiene un costo determinado, lo que haría que la puja por conquistar la administración local deja de ser un trabajo exclusivamente político, para convertirse en una subasta con matices electorales. Trátase de una realidad objetiva, de un rumor o de un “secreto a voces”, lo cierto es que esta elección, como otras, devienen cubiertas por la macabra idea que circula en municipios, vistos estos como objetivos económicos y ya no como objetivos políticos para transformar realidades sociales y culturales.  ¿Es verdad que la Alcaldía de Cali tiene precio? Si es así, no solo está enfermo el régimen democrático, sino una buena parte del pueblo caleño.


Imagen tomada de La Silla Vacía


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PETRO Y LA GRAN PRENSA: RELACIONES TORMENTOSAS

  Por Germán Ayala Osorio   Las relaciones entre la prensa bogotana y el presidente de la República han sido tirantes desde el 7 de ag...