Por Germán Ayala Osorio
La crisis del sistema de salud en
Colombia tiene además de componentes técnicos, factores ético-políticos y culturales
que permiten entender las posturas de quienes se oponen al incremento del 5,36% en la UPC, pero
sobre todo, a los máximos controles sobre los millonarios recursos públicos
girados a las EPS que el gobierno Petro, a través de la ADRES, quiere imponer
para detener el acordado desangre institucional en el que terminó convertido dicho
modelo de aseguramiento.
Dicho sistema de aseguramiento en
salud nació durante la consolidación del neoliberalismo en Colombia, hecho que
facilitó el debilitamiento de los máximos controles fiscales sobre las
entidades prestadoras de salud. Después de más de 30 años de libertades
políticas y económicas promovidas por gobiernos de derecha el modelo de salud dejó
ver con claridad el principio que lo llevó al colapso: el ethos mafioso que
guió las operaciones de IPS y EPS y la estrategia de los “técnicos del
neoliberalismo” de intervenir en unos casos y en otros seguirle inyectando
dinero a un enorme saco roto.
Bajo ese sistema de salud y la
naturalización de la corrupción, los pacientes sufrieron las consecuencias de
un conjunto de procedimientos reglados y pensados para favorecer a familias de
políticos y miembros de las juntas directivas. El matute en el que convirtieron
el manejo de los millonarios recursos les alcanzó en el pasado para financiar
campañas presidenciales y congresionales. De esa manera aseguraban el
recibimiento de más y más recursos sin la vigilancia requerida. Los entes de
control durante más de tres décadas fueron testigos mudos del continuo desangre
al erario.
La prensa hegemónica fue, durante
esos largos 30 años, un actor político clave para salvaguardar las identidades
de aquellos poderosos políticos (verdaderos politicastros) que hacían parte interesada del sistema con el
único objetivo de sacar provecho económico. Desde el mismo día en el que se
anunció el incremento, las empresas mediáticas abrieron sus espacios para escuchar
las “razones técnicas” de ACEMI y de otras agremiaciones, convertidas en quejas
y lecturas catastrofistas por el reducido incremento en la Unidad Por
Capitación (UPC). Ni los periodistas y
mucho menos los agentes políticos y técnicos que hacen parte del sistema de
salud han hecho referencia a los actos de corrupción que fueron llevando a la crisis, al parecer irreversible, del “aplaudido” sistema de aseguramiento en salud. Todos
evitan discutir alrededor de la razón política y técnica que exhibió el
gobierno para considerar el incremento del 5,36%: "las EPS no reportaron
información confiable, oportuna y clara” sobre sus costos operacionales y los
derivados de las demandas de los pacientes.
El colapso de las EPS y la crisis
misma del sistema de salud en Colombia desvirtúa la narrativa aquella que
señala que lo “privado es sinónimo de eficiencia y pulcritud”. En este caso faltó
vigilancia estatal y sobró mezquindad y avaricia de gerentes, presidentes y
miembros de juntas directivas que manejaron los recursos públicos de manera
discrecional. Si hay oportunidad para dialogar entre el gobierno y todos los
agentes involucrados para superar la crisis, lo primero que habría que acordar
es la salida de todos los politicastros y la exposición de los hechos de corrupción
que se taparon por presiones políticas en los más altos niveles del poder. De
igual manera, confirmar el pago de millonarias sumas de dinero a
congresistas-lobistas que se opusieron a la aprobación de todas las versiones de
la reforma a la salud presentadas en el Congreso.
Habría también que declarar como problema de salud pública la entronización del ethos mafioso que guió la operación de específicos agentes claves del sistema de salud. Lo curioso es que no existe tratamiento médico alguno para la avaricia y la mezquindad de quienes se robaron billonarios recursos durante tres décadas. Esa crónica enfermedad solo se supera con un profundo cambio cultural al que se resisten los que en el pasado pensaron y diseñaron el sistema para enriquecerse y no para atender las necesidades de los pacientes; y los medios informativos, apéndices de poderosos agentes económicos a los que solo les interesa facturar, al parecer tampoco les interesa hablar de la imperiosa necesidad de proscribir el ethos mafioso que nos identifica como uno de los países más corruptos del mundo.
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