Por Germán Ayala Osorio
La gobernabilidad está atada a la
consecución de consensos políticos. Esa parece ser una verdad que nadie discute,
aunque haya factores ético-políticos, históricos y culturales que irrumpen como
obstáculos insalvables que terminan impidiendo la consecución de los anhelados
consensos políticos.
Al presidente de la República, Gustavo
Petro se le endilga que ha sido incapaz de lograr consensos con las fuerzas
políticas tradicionales, esto es, con la derecha colombiana de la que hacen parte
todos los partidos políticos, incluido el Liberal. Esta colectividad, de la
mano de César Gaviria Trujillo, eliminó el ala de izquierda y si se quiere
progresista, con la que el actual gobierno podría haber establecido los puentes
para dialogar sobre las reformas sociales que el Congreso no quiere tramitar.
Ese mecanismo y salida institucional no funcionó por culpa de la intemperancia
del presidente de la República, sino por el giro ideológico que Gaviria le dio
al partido Liberal, en buena parte, fruto de las transacciones políticas y
económicas que estableció con los mecenas que patrocinan las campañas electorales
y garantizan el funcionamiento del partido.
En parte tienen razón quienes critican
a Petro por su insistencia en “meterle pueblo” a la discusión, en lugar de buscar
dentro de los canales institucionales los momentos y los mecanismos para
discutir las reformas que prometió hacer en campaña y que hoy, institucionalmente
hablando, se las tienen bloqueadas en la corporación que arrastra la
responsabilidad histórica de haber legislado en contra de los intereses de las
grandes mayorías y del desarrollo armónico y sostenible del país: el Congreso
de la República.
También hay que señalar que los
consensos no se lograron porque hay agentes poderosos del “viejo”
establecimiento colombiano que no están dispuestos a ceder privilegios por el
solo hecho de que a un presidente de izquierda le dio porque es posible transformar
las históricas condiciones de inequidad, pobreza y desigualdad que abruman a
millones de colombianos. En el fondo, esos actores de poder le apuestan a que
en el 2026 recuperarán la Casa de Nariño para seguir naturalizando esas
condiciones de marginalidad y esos sempiternos “estados de cosas inconstitucional”
ya advertidos por la propia Corte Constitucional.
Esos agentes de poder, que hacen
parte de la élite más conservadora y neoliberal del país, temen que jugársela por
esas transformaciones los puede llevar a perder poder político, en particular
el que está asociado a los partidos políticos que ellos mismos patrocinan, con
los que han sabido consolidar el clientelismo, es decir la corrupción, y el
asistencialismo, gracias a que los niveles de pobreza, desigualdad e inequidad
se han mantenido a lo largo del tiempo. A estos, nunca les preocupó en demasía
aquello de la gobernabilidad.
Petro cree que es posible
instaurar en Colombia un Estado de Bienestar. Y ese es quizás el factor que
distancia más a Petro de las fuerzas políticas con las que ya no fue posible “negociar”
y lograr los señalados consensos políticos. La columnista Cristina Carrizosa dicelo
siguiente: “A Petro se le puede criticar todo, pero no se puede negar
que nos puso a conversar, en serio, sobre la tragedia de la desigualdad. Ese
es, sin duda, su principal logro hasta hoy. Es una lástima que no
logre sentarse erguido en la cabecera para conciliar divergencias y liderar
fórmulas que nos permitan superarla”.
Si aceptamos como verdad
incontrastable la frase subrayada y en negrilla, entonces las resistencias a
los cambios de poderosos agentes de la dirigencia política y empresarial no
estarían soportadas en miedos a perder privilegios, sino en la situación
vergonzante en las que los expone el discurso reivindicativo del presidente Gustavo
Petro. Nunca un jefe de Estado confrontó al establecimiento como lo hace el
actual presidente. Ese atrevimiento lo asumen como una herejía, pues dentro de
su particular ética empresarial y política han hecho todo para “sacar adelante
al país”. No es fácil soportar que un exguerrillero venga y les diga de un
momento a otro que lo que han hecho por más de 50 años solo benefició a sus cerrados
círculos de poder.
Claro que hubiese sido mejor lograr
consensos políticos, pero no solo para garantizar condiciones de gobernabilidad,
sino para intentar reversar lo que se viene haciendo mal de tiempo atrás. Y de
esta última idea nace el abismo moral y ético que separa a Petro de quienes siempre
asumieron la operación del Estado para extender en el tiempo privilegios y
consolidar el Estado de derecho que les ha sido funcional a sus mezquindades, apelando
exclusivamente al imperio de la ley para asegurar gobernabilidad.
Así entonces, estamos ante dos
formas de incapacidad para generar consensos políticos. Empeora la situación
porque no se vislumbra un tercero que sirva de mediador entre esas dos maneras
de asumir e interpretar lo que sucede en el país. Y no aparecerá ese tercero
mediador porque venga de donde viniere, también será responsable, por acción u
omisión de las ominosas condiciones sociales y económicas que llevan soportando
millones de compatriotas.
Imagen tomada de Diario As.
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