PETRO ROMPIÓ EL PERFIL PRESIDENCIAL

Por Germán Ayala Osorio

Más allá de si lo prometido en campaña se cumplirá cabalmente al final de su mandato, la presidencia de Gustavo Petro Urrego inauguró un nuevo perfil y condiciones para aquello de ser presidente de la República en el país de las familias, clanes y mafias que al operar juntos lograron borrar los límites entre lo legal y lo ilegal; entre lo legítimo y lo ilegítimo.

La llegada de Petro a la Casa de Nariño puso en crisis el modelo de jefe del Estado que por años les sirvió a los agentes más poderosos del Establecimiento: presidentes de la República serviles, cautos, manejables, diplomáticos y respetuosos de las sempiternas correlaciones de fuerzas, en particular aquellas con las que por largo tiempo se garantizó la operación privatizada del Estado en beneficio de una élite clasista, racista y feudal cuyos miembros se jactan de ser capitalistas pero que al revisar sus prácticas oligopólicas y las propias de la cartelización mafiosa castigada por la Superintendencia de Industria y Comercio en los tiempos de Pablo Felipe Robledo, demuestran que son precapitalistas o rentistas.

A pesar de trabajar de la mano con varios de los agentes económicos más poderosos del país, Petro Urrego se mantuvo erguido a pesar de que la tradición presidencialista en el país siempre les propuso -les ordenó- a los jefes del Estado hincarse ante los banqueros o clanes políticos que de tiempo atrás trabajan para mantener el asedio político, por razones económicas y financieras, sobre la Casa de Gobierno y el consecuente control sobre la persona que encarna la figura presidencial.

En su pretensión de poner el Estado al servicio del pueblo, Petro se encontró con realidades políticas que se vio obligado a exponer públicamente en los últimos Consejos de ministros: redes clientelares proclives a sabotear institucionalmente el proyecto progresista, atadas a clanes políticos, banqueros y exfuncionarios que dejaron consolidadas clientelas y agentes “técnicos” en instituciones estatales clave que vienen operando bajo intereses corporativos o familiares.

Presidentes como César Gaviria, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el más obsecuente de todos, Iván Duque Márquez, cumplieron a cabalidad con el modelo presidencial ajustado a los intereses de los clanes políticos y los dueños del gran capital en el país. A ninguno de los anteriores se le escuchó decir que “eran gobierno, pero que no tenían el poder” como lo reconoció Gustavo Petro cuando entendió que, a pesar del poder presidencial, existen poderosas fuerzas y agentes económicos y políticos capaces e interesados en hacer naufragar su mayor objetivo: hacer que el Estado opere en función de los derechos y las demandas de  los ciudadanos.

La confrontación con el poderoso conglomerado de Sarmiento Angulo y con varios clanes de la costa Atlántica, como los Gnecco y Char, entre otros, consolidan un perfil presidencial que va más allá de la personalidad rebelde y contestaria de quien ostenta la dignidad presidencial. Se trata de una actitud política ancorada a un proyecto de país que plantea la desprivatización del Estado en aras de llevar su operación a estadios de modernidad y tratar de acercarlo a las condiciones de los Estados de Bienestar europeos.

Eso sí, entre los seis expresidentes arriba señalados subsisten diferencias en las maneras como asumieron las relaciones con el Establecimiento colombiano. Gaviria, Santos, Pastrana y Duque hacen parte del grupo de las “buenas maneras”, por haber dado cumplimiento a los protocolos finamente diseñados para mantener tras bambalinas las eternas condiciones de sumisión que aceptaron cuando asumieron la jefatura del Estado. Samper, por el contrario, intentó incumplir los protocolos, obligado por las circunstancias políticas que le generó el Proceso 8.000; en lo que toca al perfil de Uribe Vélez, se puede decir que el Establecimiento lo usó para que los intereses de selectas familias, clanes políticos y corporaciones jamás sufrieran contratiempos. Y Uribe les cumplió a cambio de que lo dejaran imponer sus lógicas, pero sobre todo ese ethos que, asociado al Todo Vale, legitimó las más perversas prácticas dentro del Estado y en las maneras de actuar de las empresas privadas.

Con la ayuda de los medios masivos y gracias a la Seguridad Democrática una parte importante de la sociedad aceptó la narrativa mediática que implícitamente mostraba a Uribe como un político “independiente y autónomo en sus decisiones”, cuando lo que realmente hubo en el país entre 2002 y 2010 fue una mutua colaboración. A la élite tradicional poco le importó el oscuro pasado de Uribe por la Aerocivil y la gobernación de Antioquia y mucho menos su vulgaridad, ordinariez y su lenguaje procaz y violento. Digamos que a Uribe los agentes del Establecimiento le dieron el juego suficiente para que no sintiera que estaba cumpliendo sus órdenes y siguiendo los protocolos establecidos en esa relación perniciosa entre los presidentes electos y los agentes más retardatarios y poderosos del Establecimiento colombiano.

De cara a las elecciones de 2026, surge la pregunta para los candidatos que se la jueguen por dar continuidad al proyecto progresista que llevó a Petro a la Casa de Nariño. ¿Estarán dispuestos Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Carolina Corcho o Camilo Romero a exhibir en campaña el mismo perfil confrontacional que Petro mantuvo con esos mismos agentes del Establecimiento que se resisten a soltar al Estado?

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