CONSEJO DE ESTADO, LA VERDAD PERIODÍSTICA Y LA VERDAD POLÍTICA DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado que le prohíbe al presidente Gustavo Petro transmitir sus Consejos de ministros por canales privados de televisión se configura, desde el poder judicial, un tipo de censura contra el jefe del Estado lo que de inmediato agrava el enfrentamiento político e institucional entre esa alta Corte y el Ejecutivo en cabeza del presidente de la República.

De igual manera, con la providencia en cuestión, los magistrados terminan alineándose con los sectores de poder político y económico a los que el presidente Petro viene confrontando a través de sus alocuciones.

La reacción del presidente Petro constituye una “denuncia” pública que se suma a otros señalamientos como “golpe blando” o “bloqueo institucional” con los que el mandatario de los colombianos viene exponiendo las dificultades internas que viene enfrentando para gobernar y sacar adelante su proyecto político.

Esto dijo el jefe del Estado en su cuenta de X: “que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas. Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras”.

El fallo de los magistrados ofrece la oportunidad para discutir  conceptos a los que los togados hacen referencia en su sentencia: la pluralidad informativa y el derecho constitucional a recibir información veraz y oportuna. En el fallo de tutela los magistrados consideran que las transmisiones de los Consejos de ministros y la narrativa presidencial sobre hechos públicos constituyen una violación al derecho a la información en la medida en que limitan el acceso a una oferta informativa plural y veraz y se impone una única fuente informativa oficial.

Estamos ante una apreciación jurídica que desconoce la lógica periodística de unas empresas mediáticas privadas que usan el espectro electromagnético, propiedad del Estado, con fines políticos en muchas ocasiones alejados de la obligación constitucional de ofrecer a las audiencias información veraz y oportuna. Si los togados leyeran un par de análisis de los tratamientos periodísticos dados por la prensa a hechos públicos como por ejemplo el Plan Colombia y la Seguridad Democrática entenderían que los medios masivos de información en el país se autocensuran, reconstruyen realidades, manipulan negativamente los hechos noticiosos, los tergiversan, mienten y por esa vía eliminan cualquier posibilidad de ofrecer a las audiencias información plural, veraz y oportuna.

Se equivocan los magistrados al sostener que con la transmisión de los Consejos de ministros y la exposición de las ideas políticas  del presidente se afecta la pluralidad informativa, pues  hace rato ésta viene siendo afectada por una realidad incontrastable: por lo menos 20 millones de colombianos se “informan” únicamente a través de dos noticieros de alcance nacional: Caracol Noticias y Noticias RCN, empresas privadas cuyos propietarios inciden de manera directa en las líneas editoriales de sus informativos, que fungen realmente como actores políticos al servicio de los intereses económicos y políticos de las familias Santodomingo y Ardila Lulle, respectivamente. A lo que se suma que el grupo español Prisa es propietario de las emisoras W radio y Caracol Radio, lo que configura una hegemonía mediática que anula cualquier posibilidad de que haya pluralidad informativa. Son medios de derecha que defienden los mismos intereses. Señores magistrados, la pluralidad informativa no existe en Colombia. 

El mismo auto de la Sección Tercera del Consejo de Estado por primera vez expone la colisión entre la Verdad Política y Periodística. La primera, para este caso, está atada a las consideraciones, valoraciones y a la información privilegiada a la que tiene acceso el presidente Petro. La Verdad Política que construye el presidente durante sus alocuciones y Consejos de ministros tiene como propósito confrontar a las empresas mediáticas que, al hacer oposición política al gobierno, se olvidaron del artículo 20 de la Constitución, es decir, de informar con responsabilidad social, veracidad y con el rigor que desde la deontología del oficio se espera que asuman el ejercicio periodístico.

Mientras que la Verdad Política está atada a la búsqueda del bien común, a la dignidad presidencial, así como a la ejecución de un proyecto político validado a través del voto popular, la Verdad Periodística nace exclusivamente de las valoraciones moralizantes que suelen hacer los periodistas, editores y propietarios de las empresas mediáticas en función de unos intereses corporativos que al ser cuestionados ética, política y moralmente por el presidente de la República a través de sus alocuciones y la transmisión de los Consejos de ministros, dan vida a la Verdad Política que los magistrados le están negando a una parte de las audiencias interesadas en conocer las particularidades de esa Verdad y al electorado que eligió al presidente Petro. 

El ministro del Interior informó que apelarán el fallo, lo que supone que el pleno del Consejo de Estado deberá resolver el conflicto entre el Estado, el jefe del Estado y los particulares (empresas mediáticas y el ciudadan@ que interpuso la tutela). Una decisión salomónica, que recoja los elementos aquí expuestos y que entienda los niveles de crispación ideológica y política por los que atraviesa el país, debe ir en camino a reversar la decisión de los magistrados de la Sección Tercera y a garantizarles a los sectores afectados por la Verdad Política de Petro el derecho a réplicas en las mismas condiciones en las que se transmiten los Consejos de ministros. Quizás lo que la sociedad colombiana necesita es disfrutar de la circulación y confrontación de más verdades políticas, en lugar de verse sometidos a las sesgadas miradas de los medios masivos y a su pobre oferta cultural en la que se destacan pendejadas como la Casa de los Famosos o novelas que solo sirven para naturalizar estereotipos. 

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