Por Germán Ayala Osorio
Con la llegada a la Casa de
Nariño del primer gobierno progresista en más de 200 años de República – de la
República Oligárquica- de los sectores más godos, retardatarios y
recalcitrantes del establecimiento colombiano se desató la más cruenta ira
ideológica contra el presidente Petro, sus seguidores, simpatizantes y por
supuesto contra todo lo que huela a ambientalismo y a defensa de lo público.
Partidos políticos y sus bancadas
de oposición en el Congreso, la Procuraduría General cooptada por los Char y el
uribismo, agentes del empresariado como Fenalco y la Andi, las empresas mediáticas
tradicionales e incluso corporaciones como la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado fueron confluyendo en lo que aquí llamo el acelerado, pero efectivo
proceso de ideologización institucional, que no es otra cosa que
la estrategia de acción política orquestada por esos sectores de poder que no aceptarán
jamás que el Estado deje de operar como un actor capturado y sometido a lo intereses particulares de una
élite económica y política mezquina, violenta, anacrónica y premoderna. Aquella
idea progresista que pretende que el Estado funcione como un proyecto político
y cultural de claro beneficio colectivo la asumieron los voceros de esa élite
como una trasgresión imperdonable, de ahí la furiosa reacción desde la
institucionalidad derivada de la histórica captura mafiosa del Estado y de sus
instituciones de soporte.
El enfrentamiento político
desatado por el tardío descubrimiento de los medios tradicionales del poder
corruptor de alias Papá Pitufo es la expresión genuina no solo de la ideologización
institucional sino de la entronización de ese ethos mafioso y criminal
en la operación de un Estado que siempre actuó para favorecer a carteles del
contrabando, de la contratación y a los partidos políticos de tiempo atrás convertidos
en verdaderas casas de lenocinio en donde sus congresistas, verdaderas percantas,
vienen fungiendo como mandaderos de banqueros y magnates.
Por vía de esa ideologización
institucional la Corte Constitucional se consolidó como una piedra en
el camino del progresismo al tumbar la norma que no permitía la deducibilidad
de las regalías para el pago de impuesto sobre la renta. Por esa vía el gobierno
Petro pretendía recaudar varios millones de pesos de las multinacionales que explotan los recursos del subsuelo . Buscar que pagaran más impuestos
al fisco no le gustó a la Corte Constitucional. A lo anterior se suma el anuncio de la ponencia negativa con la que
se tumbaría la reforma pensional aprobada de manera atropellada en el Congreso de la República.
El Consejo de Estado ha hecho lo propio al ejercer un control inusitado de todos los nombramientos de funcionarios en a Cancillería, usada de tiempo atrás para pagar favores políticos con puestos en embajadas y consulados de gente que no hace parte de la carrera diplomática. Ese control fue casi nulo hacia pasados gobiernos.
Los partidos de oposición pusieron
a sus bancadas en la misma lógica de la ideologización institucional
con el fin de evitar la discusión y aprobación de las reformas sociales que la
sociedad necesita, lo que supondría acercar al país a estadios de modernidad y
de máxima responsabilidad social con los menos favorecidos, circunstancias a
las que la élite tradicional se opone porque afecta sus intereses particulares,
electorales y de clase.
La bancarización del periodismo
colombiano sirvió a los propósitos de esa cofradía de instituciones que viene
haciendo una oposición irracional que si bien afecta el proyecto político
progresista, en gran medida terminará extendiendo en el tiempo las ya precarias
condiciones de millones de colombianos víctimas de un sistema de salud privatizado, corrupto, burocrático e ineficiente,
así como de una plataforma de aseguramiento laboral y pensional que facilita la
precarización del trabajo y la explotación de los trabajadores.
Bajo las negativas y peligrosas condiciones sociales que impone esa ideologización institucional el país se prepara para unas elecciones presidenciales que desde ya devienen cargadas de violentas emociones desde la derecha y la izquierda que nos recuerdan los tiempos del plebiscito por la paz y la lucha enconada entre los que votaron por el si y los que optaron por el no. Las empresas mediáticas hegemónicas serán responsables si los violentos enfrentamientos discursivos que todo el tiempo presenciamos en las redes sociales se trasladan a la calle y a las urnas el día de las votaciones.
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