URIBE, LA ESCOMBRERA Y EL NUEVO FANTASMA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los hallazgos óseos en La Escombrera, de la Comuna 13 de Medellín motivaron la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la atención de los medios y los periodistas afectos a la causa uribista que asumen lo dicho por el exsenador como una verdad inobjetable. Esto dijo el político antioqueño sobre la Operación Orión, responsable de las personas asesinadas que fueron inhumadas en ese botadero de escombros.   “No fue una operación en la que entrara el Ejército a arrasar; fue con todas las instituciones, la Policía, la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el CTI y la Fiscalía. Hubo la vigilancia de organismos de derechos humanos”.

En la explicación del expresidente y expresidiario aparece sin lugar a duda la violencia legítima del Estado, una especie de valor moral con el que se asumió la seguridad en el país durante sus ocho aciagos años de la mano de la peligrosa política de defensa y seguridad democrática. En el texto La política como vocación, de Max Weber se lee: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.”

No se discute en esta columna la validez del axioma de Weber, sino lo que implicó para el país su aplicación de la mano del control que ya los paramilitares ejercían en varias instituciones del Estado.

Los jefes del Estado tienen la potestad de hacer con esa forma de dominación y estructura de poder lo que les inspire. Y de acuerdo con la Comisión de la Verdad, la JEP y otras entidades, incluidas defensoras de los derechos humanos, el Estado colombiano operó, entre el 2002 y el 2010, bajo la influencia paramilitar y el deseo de estigmatizar, someter, perseguir y desaparecer a todo lo que oliera a izquierda. Los 6402 falsos positivos, más los cuerpos de las víctimas de la Operación Orión y los asesinatos de varios académicos, entre ellos Alfredo Correa de Andreis y la persecución contra defensores del ambiente, los derechos humanos y periodistas, confirman que en ese aciago periodo de gobierno, el Estado en su conjunto actuó conducido por dos espíritus: el que se desprende del axioma de Weber y el que inspiraba a los paramilitares que actuaron como agentes estatales.

Frente a la explicación de Uribe Vélez hay que decir que el acompañamiento de todas las autoridades que él señaló jamás fue garantía de que en la Operación Orión no se violaran los derechos humanos por una razón fundamental: la institucionalidad derivada de esas entidades y en particular la que procedía del apoyo electoral que recibió Uribe de los paramilitares y la evidente captura del DAS estaba contaminada del espíritu criminal que inspiró a los grupos de autodefensa en el país. Los restos que están apareciendo en La Escombrera constatan que efectivamente ese acompañamiento institucional no fue efectivo a la hora de respetar los derechos humanos. Frente a la Operación Orión, la Comisión de la Verdad dijo que “fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó (capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones), por las series denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado (además de fuerza pública, DAS y Fiscalía) y por la participación de grupos paramilitares”.

Entre tanto, el presidente Petro señaló que “la Fiscalía, el CTI y el DAS estaban en manos de los paramilitares y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes. Los paramilitares de Don Berna se quedaron con el territorio y desaparecieron a más de 500 personas…”.

Las explicaciones dadas por el expresidente y expresidiario hoy 27 de diciembre de 2024 no se dan porque lo atormenten los hechos acaecidos en la Comuna 13 de Medellín y mucho menos para asumir responsabilidad política alguna por haber autorizado dicha operación. No. De manera ladina, el 1087985 (número que le otorgó el INPEC cuando estuvo preso) aprovechó la rueda de prensa para darle vida oficial al nuevo enemigo de Colombia y caballito de batalla electoral: el Petro-Santismo.

El uribismo cada cierto tiempo crea enemigos políticos para explotar electoralmente el miedo generado en los colombianos. Hace unos años atrás nos asustaron con el cuento de que nos “volveríamos como Venezuela” con la llegada del “castrochavismo” y el “comunismo” si Gustavo Petro llegaba a la Casa de Nariño. Como esos fantasmas ya no asustan, Uribe necesita crear y vender otro duende o espíritu maligno. Y ese temido espectro es el Petro-santismo que ya se apoderó de la JEP. Así las cosas, cualquiera que sea su nuevo títere o muñeca, ella o él estará obligado a confirmar que efectivamente el Petro-santismo es un riesgo para el país y por esa razón lo primero que hará si resulta electo o electa es acabar con la JEP, lugar en el que se oculta el temido duende.