Por Germán Ayala Osorio
El caso de corrupción en la UNGRD
(Unidad de Gestión del Riesgo) es ya una mancha con la que deberá lidiar el
progresismo y la izquierda en las elecciones de 2026. Mientras llega ese
momento, la prensa hegemónica le está apostando, a través del periodismo de
declaraciones y filtraciones de apartes de piezas procesales, convertir los
hechos punibles que involucran a congresistas, exfuncionarios de esa entidad, altos
consejeros del gobierno y ministros, en una especie de “nuevo” proceso 8.000
que permita invalidar ética y políticamente al presidente Gustavo Petro.
El cubrimiento periodístico que
vienen haciendo las empresas mediáticas está en función de presionar a los involucrados
en los actos de corrupción para que se atrevan a decir que “el presidente
Petro sí sabía”. Recientemente el periodista Juan Diego Alvira, de la W
sin carreta, intentó llevar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para
las regiones, a que dijera lo que él supone que sucedió. Es decir, Alvira ya
prejuzgó y solo quería que Ortiz validara su hipótesis. Esto dijo el periodista:
“¿nunca hubo una directriz (del presidente) en ese sentido, es decir, hay
que comprar votos?”. La respuesta de la exfuncionaria y militante de la
Alianza Verde fue contundente: “jamás el presidente haría eso, es un hombre
correcto, honesto”.
Es decir, Alvira y otros colegas
buscan reeditar lo sucedido con Fernando Botero, ministro de Defensa en el
gobierno de Ernesto Samper Pizano, quien en una entrevista en televisión y en
horario estelar confesó que el entonces presidente sí sabía de la entrada de
los dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial.
Hace unas horas, Noticias Caracol
publicó apartes de las declaraciones que dio María Alejandra Benavides,
exasesora y mano derecha del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entrañable
amigo del presidente Petro. En la misma nota se alude al exministro Luis
Fernando Velasco.
De acuerdo con la versión
filtrada, el ministro de Hacienda siempre estuvo al tanto de la entrega de millonarios
contratos a congresistas y de los 3.000 millones de pesos que, de acuerdo con
lo publicado por la prensa, recibieron Iván Name y Andrés Calle, presidente del
Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La finalidad del gobierno era que Name y
Calle, entre otros congresistas apoyaran las reformas presentadas por el gobierno
al legislativo para que fueran debatidas y aprobadas.
El cubrimiento periodístico del caso
de corrupción al interior de la UNGRD (o Unidad de Gestión del Riesgo) tiene
parecidos con las maneras con las que los medios masivos cubrieron el proceso 8.000.
El manual es el mismo: filtrar a cuentagotas declaraciones a la Fiscalía, buscar
entrevistas en horario prime time con los exfuncionarios o funcionarios más
cercanos al presidente de la República como Ricardo Bonilla y conectar los
hechos punibles con la Casa de Nariño, para que las audiencias se pregunten cómo
es posible que el presidente Petro no se diera cuenta de lo que estaban
haciendo sus ministros con los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Ya veremos en qué queda este
espinoso caso de corrupción que sin duda alguna afectó y afecta aún la legitimidad
del gobierno del cambio. Lo que sí es claro es que los periodistas y políticos
de la derecha están cruzando los dedos y quizás estén soñando despiertos con
ese momento en el que, al caer Bonilla y Velasco en manos de la justicia, uno
de los dos o los dos, haga lo que hizo en su momento Fernando Botero: reconocer
al aire que presidente sí sabía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario