Por Germán Ayala Osorio
La grave agresión, con fines de
intimidación, de la que fue víctima Juan Guillermo Monsalve, amerita una
respuesta del Estado pues la vida del principal testigo contra el expresidente
Uribe corre peligro. A pocas horas de comparecer en calidad de testigo clave en
el juicio contra el exmandatario antioqueño por manipulación de testigos y
fraude procesal, Monsalve fue atacado, al parecer por propios guardianes del
INPEC. ¿Quién dio la orden? Esa pregunta vuelve a aparecer esta vez en un caso
penal en el que está involucrado Uribe Vélez. El mismo interrogante medianamente
sigue sin respuesta en relación con la práctica sistemática conocida como los
falsos positivos. Dichas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre el 2002 y
el 2010.
El gobierno de Gustavo Petro está
en la obligación moral y política de salvaguardar la vida de Monsalve. Con el
ataque de hoy queda claro que el INPEC no brinda las garantías suficientes para
conservar la vida del exparamilitar que, de acuerdo con lo trascendido a la
prensa, conoce de las andanzas de Uribe en lo que tiene que ver con la creación
de grupos paramilitares, razón por la que fue buscado por el aboganster Diego
Cadena, abogado de Uribe, para que cambiara su versión y recibir beneficios judiciales.
El INPEC es una institución en
cuyas prácticas y protocolos se naturalizó la corrupción, circunstancia
institucional y cultural que facilita que los enemigos de Monsalve puedan
asesinarlo a pesar de las “garantías” con las que cuenta hoy gracias a que la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó de tiempo atrás hacer ingentes esfuerzos
para proteger su vida.
Las unidades militares y de policía
tampoco ofrecen las garantías de seguridad que requiere el testigo estrella
contra el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Por todo lo anterior,
el Estado colombiano en su conjunto debe volcarse a proteger la vida de Juan
Guillermo Monsalve. Y si a pesar de las órdenes emitidas por la CSJ Monsalve corre
peligro, entonces el presidente Petro, en su calidad de jefe del Estado, está
en la obligación moral y política de buscar otras maneras o caminos que
garanticen que Monsalve pueda libremente y sin intimidaciones de ninguna índole
asistir a las instalaciones de Paloquemao a declarar todo lo que sabe de Uribe
y de los hechos que tienen al exmandatario en etapa de juicio en calidad de
acusado por delitos graves (no políticos).
Y uno de esos caminos podría ser pedir
apoyo de países amigos con representación diplomática en Colombia, con el fin
de que faciliten una embajada para trasladar a Monsalve. No se necesita la petición
de asilo. Por tratarse de un juicio que se libra bajo condiciones excepcionales,
el Estado debe responder con medidas igualmente excepcionales. El Estado debe
reconocer que no puede salvaguardar la vida y la integridad del testigo contra
Uribe. Esa es una realidad política e institucional que serviría de argumento
para realizar las gestiones diplomáticas de las que aquí hablo.
Así como el Estado le garantiza de tiempo atrás un nutrido esquema de seguridad al expresidente Uribe, de la misma manera debe hacerlo con Juan Guillermo Monsalve. En este caso la dignidad presidencial no puede ser el obstáculo para que el Estado cuide la vida de Monsalve. Por el bien de la justicia y el buen nombre del país, Colombia no puede permitir que otro testigo contra Uribe termine asesinado, suerte que ya corrieron por lo menos cinco declarantes en otros procesos que se le siguen al expresidente antioqueño. Como máxima autoridad administrativa, el presidente Petro debe ordenar a la Cancillería para que haga las gestiones necesarias. Monsalve no puede ser asesinado.
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