Por Germán
Ayala Osorio
El reciente rifirrafe entre el
presidente Gustavo Petro Urrego y el expresidente Iván Duque Márquez obedece a dos
lecturas ideologizadas en torno a dos conceptos: terrorismo y terrorismo de
Estado. El jefe del Estado llamó “terrorista” a Iván Duque por cuenta de los
crímenes que cometieron agentes estatales que, bajo sus órdenes y mando, violaron
los derechos humanos. Las cifras hablan de 60 ciudadanos asesinados, violación de
mujeres, torturas y afectaciones en los ojos a otros 60 jóvenes que se movilizaron
en el contexto del estallido social.
“Cuando mueren 60 jóvenes
asesinados por el Estado, quemados, torturados, la pregunta es quién fue el
terrorista y el presidente tiene que decir que el terrorista no fue la
juventud, fue el Estado de Colombia y particularmente el Gobierno del entonces
presidente. Sí señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron
terroristas, el terrorista fue usted”, espetó el presidente Petro.
Sin duda alguna, le cabe responsabilidad
social y política a Iván Duque porque en calidad de comandante en jefe de las
fuerzas armadas permitió los desmanes y la comisión de los crímenes. Pudo ser
diferente si hubiese asumido la actitud de dialogar y escuchar a los jóvenes,
en lugar de pensar que le iban a dar un golpe de Estado. Bajo esa excusa,
acudió a la figura de la “asistencia militar” y la plasmó en el Decreto 575 del
28 de mayo, a todas luces inconstitucional. Las movilizaciones y las violentas protestas
que se dieron en el marco del estallido social jamás se convirtieron en un
movimiento social y político capaz de provocar semejante quiebre institucional.
Petro califica de esa manera a
Duque porque usa ideológicamente la categoría Terrorismo de Estado. Sin duda
alguna el Estado colombiano ha operado como un orden criminal, con prácticas y
acciones propias de lo que se conoce como terrorismo de Estado. Las ya varias
condenas internacionales proferidas por la CIDH contra el Estado colombiano
hacen pensar en que, como mínimo, bajo ese orden de dominación se asesinaron a
comunidades en contubernio con grupos paramilitares. Baste con recordar la
masacre de Trujillo y el genocidio contra la UP para entender el sentido de los
calificativos que de tiempo atrás usa Petro para referirse al actuar violento y
criminal del Estado.
Durante los gobiernos de Turbay
Ayala y Álvaro Uribe, el régimen estatal actuó bajo las condiciones y las características
que dan vida a esa nomenclatura de terrorismo de Estado. Lo que sucede es que
el Estado terrorista del que habla Petro suelen verlo y sufrir exclusivamente quienes
militan en la izquierda o aquellos que tienen una formación política que les
permite calificar a un orden establecido como terrorista. El Estado terrorista
actúa sobre específicos sectores sociales, torturando, persiguiendo y desapareciendo
a cientos de ciudadanos a manos de agentes de inteligencia, policías y militares.
El genocidio de la UP es propio de un Estado terrorista porque sucesivos
gobiernos jamás aceptaron el pensamiento divergente que representaba ese
partido de izquierda y mucho menos la cercanía ideológica y política con las
entonces Farc-Ep. Hay que recordar que durante el gobierno de Belisario
Betancur se acordó que miembros de la UP llegaran al Congreso, en el marco de
un proceso de paz. Ello incluyó la presencia en el Congreso de guerrilleros
activos, como Braulio Herrera.
Insisto entonces en que la
categoría con la que Petro descalificó a Duque tiene un uso menos universal y por lo tanto, la opinión pública en general no lo tiene presente para examinar a su luz, los hechos a los que Petro hizo referencia. Lo contrario sucede con el vocablo con el que el
expresidente-títere usó para responderle el agravio que le lanzó el actual
presidente de la República. Esto dijo el fatuo e infantil expresidente de la
República: “nunca haber militado en grupos armados ilegales o
terroristas”, nunca haber “hecho apología del terrorismo enarbolando
banderas de grupos armados ilegales…”.
Iván Duque, como era de
esperarse, se ubica un plano moral superior cuando se jacta de que jamás militó
en un grupo armado ilegal, como si ello le permitiera deslegitimar la lucha
armada que decidieron librar quienes creyeron que se podían tomar el poder a
tiros. Duque insiste en demonizar a las
guerrillas, en particular al movimiento M-19 del que hizo parte Petro durante
su juventud. Mientras que el vocablo terrorismo de Estado se remonta a los años
60 y se entiende bajo las circunstancias propias de esa ebullición política e
ideológica de las turbulentas décadas de los 60, 70 y 80, la nomenclatura “terroristas”
está atada temporalmente a los hechos del 11S de 2001 en los Estados Unidos. De igual manera, Petro se ubica en otro plano moral superior, porque sigue pensando que la guerrilla del M-19 siempre representó la salida o la solución a los problemas históricos del país, causados por una "oligarquía inmoral, premoderna y corrupta". Petro aún piensa como subversivo, a pesar de que manera temprana dejó las armas.
Volvamos a Duque. Lo que sucedió con los
atentados terroristas contra el World Trade Center en los Estados Unidos que
provocaron las caídas de la emblemáticas Torres Gemelas es que le permitió a la
derecha americana y a la internacional consolidar el discurso antiterrorista de
la mano de la “cruzada contra el terrorismo” representado en la persecución contra Osama Bin Laden, el supuesto responsable de los atentados terroristas. El
entonces candidato presidencial y posterior presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez “compró” el discurso del presidente Bush para dar vida a su Política
de Seguridad Democrática con la que desconoció el origen político del conflicto
armado interno. Entonces, el país empezó a hablar de “amenaza terrorista”, lo
que por supuesto hizo posible empezar a (des) calificar a las guerrillas de la época como
grupos terroristas. Lo anterior, con la ayuda y el beneplácito de las agencias
de inteligencia de los Estados Unidos. Eso sí, no se puede desconocer que las
Farc-Ep y el ELN incurrieron en prácticas y hechos terroristas, en tanto sus
objetivos estaban dirigidos a generar miedo y terror en la población civil. Pero
tampoco se puede obviar que las listas de grupos terroristas construidas por los
Estados Unidos y la Unión Europea obedecen a cálculos políticos y militares,
resultado de las relaciones de dominación Norte-Sur.
Las acciones político-militares
del M-19 no podrían calificarse como terroristas por cuanto el uso universal de
esa categoría inicia en el 2001 y para ese momento ya ese grupo subversivo había
desaparecido pues firmó la paz en 1990 con el gobierno de Virgilio Barco Vargas
(1986-1990). Ni siquiera la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula del M-19 podría ser calificada como terrorista, por ese elemento temporal. No se pretende ocultar los horrores y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante
la toma y la retoma. El país saber que particular durante la retoma del edificio por parte del
Ejército nacional se presentaron las mayores y ejemplarizantes violaciones a los derechos humanos.
En esa misma línea argumental del petimetre de Iván Duque, entonces, podríamos calificar a los Estados Unidos como un orden terrorista y
como tal al entonces presidente Harry Truman por las dos bombas atómicas que lanzaron
contra Hiroshima y Nagasaki (Japón) con las que se puso fin a la Segunda Guerra
Mundial. Para aquella época, ese hecho bélico se entendió como parte de la lógica de la guerra que en ese entonces libraron los Estados Unidos y los aliados para frenar al régimen nazi.
Así entonces, en el rifirrafe entre
Petro y Duque cada uno hace una lectura ideologizada y moralizante que los pone
en orillas irreconciliables. Mientras que el presidente de la República
reconoce el carácter político de los hechos acaecidos durante el estallido
social, Duque jamás aceptó y aceptará las razones y las circunstancias históricas
y objetivas con las que se legitimó el levantamiento de las guerrillas en los años
60 y 70.
Convendría que el presidente
Petro evitara descalificar a sus detractores y enemigos, en especial a los
expresidentes. Su condición y dignidad así se lo exigen. Aunque el gobierno de
Duque arrastra una nefasta recordación, sigue representando a esos sectores de
poder que siempre estarán dispuestos a ponerse moralmente por encima de los demás
a pesar de haber cohonestado con la operación criminal de los grupos
paramilitares. Es tal su cinismo, que insisten en el débil argumento de que “jamás
hice parte de un grupo armado ilegal”, para sacar pecho y presentarse como los "elegidos" para continuar gobernando a Colombia.
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