Por Germán Ayala Osorio
No hubo conciliación entre
Pastrana y el presidente Gustavo Petro en el marco de la demanda que por
injuria y calumnia el jefe del Estado interpuso contra el expresidente conservador.
Mientras Pastrana señaló que no se retractaría de lo dicho, Petro exigió una indemnización
de 130 millones de pesos por los daños morales que le produjo los señalamientos
de Pastrana en los que dijo que el gobierno tiene vínculos con narcotraficantes,
razón por la que los estaría favoreciendo; afirmó también que Petro se
benefició de dineros calientes que entraron a la campaña Petro presidente.
Un sector de la prensa afecta al establecimiento
del que hace parte marginal el hijo de Misael Pastrana Borrero, insiste en que
se trata de una persecución política del gobierno contra un agente de la Oposición.
Sin duda alguna, una exageración si se tiene en cuenta que la vigencia política
del politicastro conservador obedece más a la pleitesía mediática y a la tarea que
asumieron varios periodistas de deslegitimar al gobierno. Pastrana no tiene el reconocimiento
social y político suficiente para asumir su figura como la de un intelectual o
la de un líder de opinión, valorado por sus sólidos e iluminantes discursos.
En ese mismo sentido, Pastrana Arango
se preguntó en su cuenta de X si ya estaba operando la “Policía Política”
en Colombia porque una agencia estatal retuiteó el comunicado de la Casa de
Nariño en el que se habla del valor tasado para la indemnización y el destino
de ese dinero en caso de ganar la demanda.
Aunque Pastrana no aportó
pruebas, sustenta sus declaraciones en versiones periodísticas que han
circulado ampliamente y sobre las cuales se ha intentado deslegitimar al
gobierno Petro.
Los golpes contundentes que la Fuerza
Pública viene dando a los narcotraficantes hacen pensar en que no es posible
que Petro tenga vínculos directos con las estructuras mafiosas. Sus luchas
contra la corrupción libradas por varios años como Congresista y las denuncias
de los nexos entre clase política con narco paramilitares permiten desestimar
los temerarios señalamientos de su enemigo, Andrés Pastrana. Si Pastrana tuviera razón, cómo explicar que
el gobierno de los Estados Unidos apoye su política de golpear exclusivamente
las finanzas de los narcos, en lugar de perseguir a los campesinos que
sobreviven de cultivar la hoja de coca.
La campaña de Petro no podría
estar alejada de escándalos similares por tratarse del primer presidente de
izquierda que conquista el poder presidencial. En esta oportunidad no se habla
de narcos en ejercicio, sino de ex narcos que habrían donado fuertes cantidades
de dinero a Nicolás Petro, hijo del jefe del Estado, quien colaboraba en la
campaña de su padre. Eso sí, los daños que su primogénito le hizo a la imagen
del presidente y en general a la izquierda son incalculables. A ello hay que
sumar denuncias de gastos excesivos de su esposa, la primera dama, Verónica
Alcocer.
Más allá de la situación judicial,
vale la pena recordar algunos históricos y sonados señalamientos que no terminaron
en querellas, entre presidentes en ejercicio y los siempre incómodos
expresidentes que no saben qué hacer ante la viudez del poder.
Recordemos cuando Andrés Pastrana
señaló de paramilitar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por
la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los paramilitares y con procesos
abiertos en Fiscalía y en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes por las masacres del Aro y la Granja y el crimen del defensor de
derechos humanos, José María Valle, perpetrados por estructuras paramilitares.
En entrevista que concedió al
periodista mexicano, Jorge Ramos, y ante la pregunta “¿Uribe está vinculado con
los paramilitares?”, Pastrana respondió: “yo lo he denunciado, yo fui
de los primeros, tanto que Uribe cuando fue el señor Mancuso al Congreso dijo
que 60% del Congreso estaba comprado”. La pregunta es: ¿Por qué
Uribe no lo demandó? Son muchas las elucubraciones que se pueden hacer para
explicar la no actuación judicial del ladino caballista y latifundista antioqueño.
En otro momento de la reciente
historia de señalamientos y peleas entre los expresidentes, y con el mismo tema
de la financiación mafiosa de las campañas políticas, el expresidente Uribe Vélez
dijo que a la campaña Santos presidente de 2010 entraron dineros de los
narcotraficantes. Para ese entonces, el expresidente iliberal, César Gaviria
Trujillo, que acompañó a Santos en su aventura presidencial, gritó, muy a su
estilo vocinglero, “Uribe mentiroso, Uribe mentiroso…Uribe tiene que presentar
las pruebas, o si no, este pueblo de Colombia va a estar gritando, Uribe
mentiroso, Uribe mentiroso”.
Tanto los señalamientos del
infantil Andrés Pastrana, como las sospechas que Uribe puso a circular sobre
los dineros sucios que entraron, según él, a la campaña de Santos, dan cuenta
del eterno problema de la financiación de los políticos que buscan llegar a la
Casa de Nariño. Huelga recordar que lo mismo sucedió con la empresa electoral
de Iván Duque Márquez, con las fotografías que circularon masivamente, en las
que se ve su cercanía con el empresario y narcotraficante, Ñeñe Hernández, quien
habría aportado millones de pesos para sufragar gastos de la campaña electoral que
llevó a Duque a la presidencia en calidad de presidente-títere.
Con lo sucedido vuelve a ponerse en
cuestión el papel de los expresidentes de la República. Y es que el
país no sabe qué hacer con estos “muebles viejos” que siguen opinando y dando
cátedra sobre los errores cometidos por los presidentes en ejercicio, cuando
durante sus periodos presidenciales cometieron los mismos errores y otros más
graves. La verdad es que está en mora el Estado en construirles una casa de
reposo para que pasen en esta sus últimos días, porque son más
los daños que hacen, que los aportes que le entregan a la construcción de un
mejor país. Eso sí, sin acceso a internet, y mucho menos podrán tener acceso a mujeres o niñas.
Imagen tomada de la FM
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