Por Germán Ayala Osorio
La ya sospechosa dilatación de la
elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de los 23
magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene enfrentado
ideológica y políticamente al país. Se ven dos bandos claramente diferenciados:
de un lado, están quienes sospechan que hay togados interesados en pagarle
favores clientelares al fiscal saliente, Francisco Barbosa, asegurando que la
controvertida vicefiscal Martha Mancera asuma la encargatura del ente acusador
por lo menos por dos meses o más. También, que hay poderosos agentes económicos
y políticos, legales e ilegales, interesados en que la administración de
Barbosa se extienda en el tiempo en los “huesitos y las carnitas” de Mancera.
En ese bando aparecen los petristas, algunos juristas serios, periodistas
independientes y el gobierno de Gustavo Petro.
El otro bando, en el que están
uribistas y fervorosos anti petristas, creen que la presión que desde las redes
sociales se viene haciendo a los magistrados de la CSJ obedece al interés del
presidente Petro de que rápidamente se elija a la fiscal para salvaguardar la
suerte de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito. La
nueva fiscal, de acuerdo con esa narrativa, por el hecho de haber sido ternada
por el jefe del Estado estaría en la obligación de defender los intereses,
políticos y personales del presidente de la República. Es decir, que cualquiera
de las tres mujeres ternadas que resulte elegida como fiscal general de la
Nación será ficha de Petro y en consecuencia actuará desde uno de los bolsillos
de la camisa del presidente de los colombianos.
De ambos bandos surgen narrativas
diametralmente opuestas, defendidas con ardentía por Francisco Barbosa y el
presidente Gustavo Petro. El primero, acusa al presidente Petro de proteger y
beneficiar a las estructuras criminales (narcos, en particular), de ahí su
interés de poner en el búnker de la Fiscalía a quien daría continuidad a esa apuesta
presidencial. Por supuesto que ese discurso de Barbosa no tiene asidero por ser
fruto de la animadversión que le produce la figura presidencial y porque,
contrario a su propio caso, las ternadas por Gustavo Petro no son sus amigas
entrañables. En este punto hay que recordar que el entonces presidente-títere,
Iván Duque Márquez ternó a Francisco Barbosa y fue la CSJ que lo eligió Fiscal
general de la Nación, hasta el 12 de febrero de 2024.
Recientemente, periodistas
afectos a Barbosa recogieron la insinuación del saliente fiscal en la que
señaló que Petro estaría preocupado por la suerte de su hijo, Nicolás Petro,
quien está procesado por enriquecimiento ilícito, por haber recibido
millonarios recursos económicos durante la campaña Petro presidente. Lo mejor
que puede pasar es que el juez que lleva el caso del hijo de Petro falle cuanto
antes, para evitar que caiga mancha alguna sobre las mujeres ternadas, y en
particular sobre quien resulte elegida. Si hay pruebas contundentes, que lo
condene. Y si, por el contrario, no hay pruebas suficientes que demuestren la
comisión del delito, entonces que falle en consecuencia.
Entre tanto, Gustavo Petro
descalifica la gestión de Barbosa, apoyado en investigaciones de periodistas
muy serios como Gonzalo Guillén, Daniel Coronell y Jahir Ackerman, que señalan,
entre otras cosas, que Mancera tendría vínculos con fiscales mafiosos de Cali
que a su vez tendrían relaciones con narcos del norte del Valle del Cauca. De
igual manera, las mismas investigaciones periodísticas aluden a que Barbosa y
Mancera estuvieron comprometidos en defender las actuaciones oscuras de
políticos de los clanes Char, Gnecco y Name; y en la decisión institucional de
no someter a la justicia a los miembros del clan del Golfo.
El tamaño de la corrupción
público-privada en Colombia es colosal. Y lo peor de todo es que no se
vislumbra solución alguna, pues en las prácticas corruptas están involucradas,
políticamente, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces, congresistas y
magistrados de las altas cortes.
Los carteles de la Toga, la
Hemofilia, y el caso de las Marionetas dan cuenta de verdaderas empresas criminales
cuya operaciones giraron, de un lado, en torno a magistrados que vendían fallos
amañados y, del otro, alrededor de congresistas corruptos con capacidad para
desviar millonarios recursos de dependencias estatales a las que tuvieron
acceso gracias a funcionarios conectados directamente con dependencias
estatales como el Departamento para la Prosperidad (DPS) o a programas de
inversión para la paz o aquellos asociados a políticas públicas de corte
social.
En medio de esos entramados de
corrupción aparece la Fiscalía general de la Nación no como una entidad
diseñada para perseguir, investigar y acusar a los corruptos, sino como una
convertida para evitar, justamente, que se investiguen esas conductas punibles.
De tiempo atrás la Fiscalía opera como una bolsa de empleo a la que se accede a
través de componendas entre togados de la Corte Suprema de Justicia y los
fiscales generales que han dirigido el ente acusador para tapar, minimizar,
ocultar y evitar calificar las conductas
de altos funcionarios del Estado y las de particulares con poder económico y
político, con acceso a las más altas
esferas de la dirección de la Fiscalía general de la Nación e incluso, de la
presidente de la República.
Por todo lo anterior, la elección
del Fiscal general de la Nación se asume, desde un deber ser, como una
oportunidad para frenar y castigar los crímenes, incluidos los actos de
corrupción; por el contrario, desde la tradición y el ya naturalizado ethos
mafioso, para perpetuarlo, así como las relaciones clientelares y el crimen. No
es gratuito que la impunidad en el país ronde el 94%.
Los mecanismos para elegir a las
cabezas visibles de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía general de la Nación
devienen enrevesados desde el diseño constitucional mismo. Es así porque están
contaminados por los sempiternos intereses políticos asociados al pago de
favores cuando quien gana las elecciones comprende que está en la obligación de
entregar dichas entidades a los partidos políticos para su administración,
saqueo o direccionamiento para tapar o destapar, de acuerdo con los acuerdos
mafiosos logrados entre las colectividades que resultaron ganadoras en las
elecciones. Petro está lidiando con los acuerdos clientelares y políticos que
Iván Duque Márquez consolidó y legitimó durante sus pérfidos cuatro años. Lo
cierto es que hay dos narrativas contrarias en la ya enrevesada elección del
remplazo de Barbosa y una sola verdad: la corrupción en Colombia no se acabará
jamás.
Imagen tomada de Canal 1.
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