Por Germán Ayala Osorio
Si el gobierno Petro logra traer
de vuelta a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, se pueden dar por los
menos tres escenarios jurídico-políticos: el primero, que por recomendación legal
o las amenazas que muy seguramente recibirá de sus aliados decida guardar
silencio. Llegado ese caso, le corresponde a la fiscal general de la Nación
asumir la tarea de destapar la olla podrida que esconde Papá Pitufo. Ello, por
supuesto, favorecería política y electoralmente a poderosos agentes del establecimiento
que hoy cientos de miles de colombianos creen a pie juntillas que fueron socios
de Marín Buitrago, el ya tristemente célebre zar del contrabando. Bajo esas
circunstancias lo más probable es que a muy alto nivel político se logren pactos
de silencio que podrían beneficiar la tirante relación entre el gobierno y la oposición.
El segundo escenario estaría atado
a la versión que decida ofrecerle a la Fiscalía, lo que implicaría delatar a
quienes hoy el país supone que fueron sus colaboradores directos en el largo
proceso que lo llevó a convertirse en el zar del contrabando en Colombia: oficiales
de la Policía en grados superiores, agentes aduaneros, congresistas, fiscales,
periodistas y presidentes en ejercicio, entre otros. De darse ese escenario, el
ambiente electoral de 2026 podría tornarse aún más complejo por lo que
representaría la confirmación de la versión que indica que Papá Pitufo viene
delinquiendo desde los años 90. De resultar así, el progresismo y la izquierda
podrían salir avante en su aspiración de ganar la elección presidencial.
Y un tercer escenario, derivado
de los posibles efectos políticos y electorales que podría generar la delación
de ese entramado de corrupción, estaría dado en la entrega de una versión
amañada de sus andanzas mafiosas, esto es, la selección interesada de sus cómplices
para favorecer a específicos sectores del establecimiento colombiano que no
estarían dispuestos a permitir que el progresismo se quede cuatro años más. Estaríamos
entonces ante un relato muy propio de las maneras como suele operar el establecimiento
cuando sus más poderosos y peligrosos agentes de poder asuman como un riesgo
potencial que lo que declare Marín Buitrago suponga un cambio en las
correlaciones de fuerza y en las formas regladas e institucionalizadas en las
que operan todas las actividades mafiosas que confluyen en las desarrolladas
por Papá Pitufo: blanqueo de dinero que haya favorecido al sistema financiero
nacional e internacional; el contrabando mismo y los intereses políticos que
están detrás de la intención manifiesta de quebrar específicos sectores
económicos a través de la entrada masiva e ilegal de todo tipo de mercancías
que el país produce.
Eso sí, independientemente de cuál
de los tres escenarios aquí planteados o quizás otros que se puedan dar, lo cierto
es que el remplazo de Papá Pitufo debe estar ya listo para asumir las actividades
ilegales desarrolladas por el personaje de marras. Y es así porque la
corrupción público-privada en Colombia es apenas un problema moral que fácilmente
se supera con acuerdos políticos al más alto nivel. Ni la captura o muerte de
los grandes capos de la droga y mucho menos la caída de políticos y
contratistas corruptos sirvieron y servirán para proscribir la corrupción en el
país porque el ethos mafioso en el que se inspira y manifiesta está en las
entrañas del orden social y cultural establecido. El sistema económico y
político necesitan de la corrupción para subsistir y darle sustento al establecimiento
colombiano. No hay nada qué hacer.
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