Por Germán Ayala Osorio
Colombia es el país de los leguleyos,
las leguleyadas y uno de los más corruptos del mundo. Es en ese marco cultural
en el que hay que entender la propuesta, insólita y cínica de Luis Fernando
Rosas, exsecretario de cultura y condenado por corrupción, consistente en darle
poderes especiales al presidente de la República para que otorgue “perdón judicial”
a políticos sancionados por corrupción y a aquellos agentes que participaron en
las dinámicas del conflicto armado interno y que no estén compareciendo a las
jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP.
Lo que se busca con la propuesta
que ya está en manos de congresistas que se encargarían de darle forma jurídica
es devolverle los derechos políticos a los sancionados por haber cometido
delitos contra la administración pública. Es decir, corruptos como el exministro
de Agricultura, Andrés Felipe Arias resultarían beneficiados con el “perdón presidencial”,
lo que significa que podría volver a ocupar cargos públicos. La propuesta se
hace, según Rosas, con el objetivo de “reconciliar al país y unirlo”.
De inmediato, el expresidente y
expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar la iniciativa de Rosas. El político
antioqueño aprovechó para recordar que amigos suyos y exfuncionarios de su
administración que no se robaron un peso, perdieron sus derechos a ser elegidos
por las sanciones penales recibidas. Ese mismo falaz argumento lo esgrimen Uribe
y otros políticos del Centro Democrático para el caso de Arias, alias “Uribito”.
Es posible que Arias no se haya enriquecido con los dineros de la política pública,
Agro Ingreso Seguro, como lo asegura Uribe Vélez, pero, de acuerdo con la
condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, Arias fue procesado y condenado
por la “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y
peculado por apropiación”. Con esa política pública, el gobierno de Uribe le
devolvió favores a los empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a
su campaña reeleccionista.
A son de qué habla el señor Rosas
de reconciliación en una sociedad como la colombiana que deviene clasista y
racista. El plebiscito por la paz de 2016 claramente demostró que, a políticos
del Centro Democrático, al propio Uribe y a varios medios de comunicación los
movió el genuino interés de fracturar aún más a la sociedad, señalando que esa
paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep serviría para que se instalara en el
país el comunismo o el castrochavismo. ¿Qué le hace pensar a Rosas que correrán
ríos de miel y leche y que nos abrazaremos como hermanitos al otro día de que
Petro perdone a los corruptos?
La iniciativa de Rosas resulta
grotesca, impúdica, desfachatada, inconveniente e insultante. Hablar de
segundas oportunidades a quienes robaron, malversaron millonarios recursos o
diseñaron pliegos tipo sastre constituye una burla a los jueces y a los colombianos
que rechazan el ethos mafioso que los políticos condenados naturalizaron en sus
prácticas.
Dice Rosas que el presidente
Petro ya sabe de su cínica proposición. Ojalá el jefe del Estado haga caso omiso
y no respalde políticamente semejante esperpento social, jurídico y político.
No merecen segundas oportunidades quienes cometieron delitos a sabiendas de que
los estaban cometiendo y, sobre todo, que usaron sus investiduras para diseñar
empresas criminales. Por el contrario, lo que hay que proponerle al Congreso es
que legisle para aumentar las penas a los funcionarios corruptos. Debemos
unirnos para proscribir el ethos mafioso que en su momento guiaron las
actuaciones y decisiones que tomaron Juan Fernando Rosas y Andrés Felipe Arias.
Justamente, la propuesta del “perdón presidencial a los corruptos” va en el sentido
de dividirnos más entre quienes minimizan la corrupción y aquellos que creemos
que como sociedad estamos llamados a proscribir las prácticas mafiosas.
Imagen tomada de la red X
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