A SOMBRERAZOS QUIEREN SACAR A PETRO DE LA CASA DE NARIÑO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La denuncia de una “ruptura institucional” que el presidente Gustavo Petro hizo en su cuenta de X se da por un cúmulo de hechos políticos y de narrativas que bien vale la pena recopilar, para dimensionar la gravedad de lo expresado por el jefe del Estado.

Con el triunfo político, social y electoral de la izquierda en 2022, el Establecimiento colombiano se resintió en sus estructuras más godas, anacrónicas, mafiosas y violentas. De las grietas que dejó el remezón en las correlaciones de fuerza, brotaron serias incertidumbres y malestares en agentes económicos y políticos que, acostumbrados a tomar decisiones y a presionar otras, desde sus mezquinos intereses, asumieron a Gustavo Petro como el enemigo a vencer, de la única manera que les queda: defenestrarlo.

En todo este entramado de golpe blando, la “ruptura institucional” de la que habla Petro, los medios de comunicación tradicional vienen jugando un papel clave: desinforman, generan pánico económico, ocultan logros del Gobierno y exageran errores, haciéndole creer a las audiencias que el país va hacia un abismo. Otra manera de colaborar es abrir los micrófonos y las páginas de opinión para que, desde esas tribunas, leídas en exclusivos clubes, opinen los enemigos del presidente y de todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En su momento, Luigi Echeverry y Alberto Carrasquilla dejaron ver su animadversión. En el diario económico La República, Echeverry escribió lo siguiente: “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige! La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país”.

Si se mira con atención, el discurso del perfumado oligarca se parece mucho al del fiscal Barbosa, quien pregona por el mundo que “él no es opositor de Petro, sino que se opone al narcotráfico y a las mafias”. En esa misma dirección habló el expresidente Pastrana, marginal agente político que la ultraderecha usa para consolidar lo que Petro llama la “ruptura institucional”.

Entre tanto, Carrasquilla dijo en La W de Julio Sánchez Cristo, que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”. Es decir, de manera temprana el economista neoliberal y uribista dio por terminado el periodo presidencial, por la incapacidad del presidente de guiar los destinos de Colombia, de acuerdo con su interesado parecer.

Sacar del cargo a Petro deviene en un objetivo estratégico de ese grupo poderoso de agentes económicos y políticos que no acepta que un “guerrillero comunista” los gobierne. Acostumbrados a dar órdenes desde un escritorio, la consecución de ese objetivo debe darse aparentemente dentro de la constitución y la ley.

Cuando Petro habla de una “ruptura institucional” alude a las maniobras y acciones de persecución política emprendidas desde la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la ficha del clan Char en el Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco. Las sanciones al canciller Leyva Durán y al director de la SAE, Daniel Rojas dan cuenta de las pretensiones desestabilizadoras de Cabello Blanco. Las decisiones administrativas de la funcionaria parecen ir en defensa de los intereses de actores políticos y económicos asociados al negocio de los pasaportes y al manejo irregular y mafioso que se venía dando de los bienes administrados por la SAE, históricamente manejados con criterios politiqueros, clientelistas y mafiosos. Así las cosas, las actuaciones disciplinantes de la jefa del Ministerio Público estarían motivadas por presiones aceptadas de grupos de poder, legales e ilegales.

Mientras que Cabello Blanco actúa, al compás lo viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa quien convirtió a la Fiscalía en un partido político y en plataforma electoral, lo que le permitió erigirse como un precoz candidato de la ultraderecha para las elecciones de 2026. Gremios económicos como Fenalco y Andi apoyan al vocinglero funcionario que este 12 de febrero deja el cargo de fiscal general con una gestión negativa en materia de investigaciones y procesos penales concluidos. Con un 94% de impunidad en los casos de corrupción público-privada, Barbosa bien podría ser el “tigre” que Uribe presentará totalmente amaestrado a las elecciones de 2026.

Al respecto, Petro señaló en su trino que “la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”

Entre tanto, a la fuerza desestabilizadora y desinstitucionalizante de Cabello y Barbosa se sumó el silencio cómplice de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que nunca llamaron la atención del fiscal Barbosa, por sus intervenciones en política, en particular por los agrios enfrentamientos públicos con el jefe del Estado.

Mientras desde la Procuraduría y la Fiscalía se ataca al jefe del Estado, desde la Corte Constitucional se frenan decisiones de política pública encaminadas a resolver de una vez por todas los ECI (Estados de Cosas Inconstitucionales) que se expresan de tiempo atrás en La Guajira. El 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia en pleno podrá deslindarse de la Ruptura Institucional de la que habla el presidente en relación con la elección de la nueva fiscal general, de una terna de lujo. Al respecto, Petro señala en su denuncia que “esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”.

Lo expresado por Petro mete más presión a los togados y togadas del alto tribunal, en particular a los 13 que votaron en blanco, cuando votar en esa dirección se lee como un tardío rechazo a las calidades de las ternadas, cuyas hojas de vida ya han sido estudiadas por los magistrados y magistradas.

El proyecto político de la ultraderecha, consistente en sacar a Petro del poder, termina con el juicio político que ya anunció el exguerrillero del M-19 y excompañero de Petro, Carlos Alonso Lucio. Esta veleta ideológica fijó para el 12 de junio el juicio político contra Petro, orquestado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En plenaria del Senado se fijaría la salida del cargo del jefe del Estado.

Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es cumplir con la promesa de campaña, consistente en convocar una comisión internacional contra la corrupción, con el apoyo de la ONU. La misma que actuó en Guatemala, liderada por el hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez.  

Ni siquiera en los tiempos de Samper Pizano se buscó un quiebre o una ruptura institucional por la probada financiación de su campaña electoral con dineros del Cartel de Cali. En esta ocasión el quiebre institucional que se propone desde las entrañas del Estado está motivado por los resquemores hacia el primer presidente de izquierda que gobierna un país manejado por una derecha que no quiere soltar privilegios y mucho menos entregar el Estado para que desde sus instituciones se dé cumplimiento a los mandatos de la Carta Política de 1991. Por el contrario, esa misma derecha sueña con regresarnos a los principios de la Constitución de 1886, la misma que les facilitó la captura mafiosa del Estado. 

Imagen tomada de Semana.com 

PRESIDENTE GUSTAVO PETRO DENUNCIA “RUPTURA INSTITUCIONAL” PARA SACARLO DEL PODER

 

Por Germán Ayala Osorio

Por considerar de extrema gravedad lo que el presidente de la República, Gustavo Petro denuncia en su cuenta de X, se reproduce entre comillas la totalidad de lo dicho por el jefe del Estado, hoy 2 febrero de 2024. Las negrillas y el subrayado son míos:

 

“Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia: He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República.

Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo.

Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero.

No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias "el ñeñe" que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias "el ñeñe" la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas.

Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.

La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La.fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó.

Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

MIGRANTES EN LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y USA: OBSCENO ESPECTÁCULO

 

Por Germán Ayala Osorio

Las imágenes que dejan las prácticas genocidas perpetradas por Israel en Gaza son impúdicas y producen asco hacia el Estado sionista e invasor; quizás no en la misma dimensión, pero las imágenes de cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos y africanos apostados en la frontera entre México y Estados Unidos también son obscenas y generan repudio no solo hacia los gobiernos de los países de origen de estos migrantes, sino hacia el norte opulento y la globalización misma, mirada esta como una variable económica importante, que refleja las sempiternas relaciones de dominación entre Norte y Sur.

Mientras los migrantes esperan a que se abran las compuertas que les impide dejar atrás el infierno de las caminatas y sus sufridas vidas en sus países de origen, al interior de los Estados Unidos, la tierra prometida del capitalismo, republicanos y demócratas hacen todo para que semejante crisis humanitaria se extienda en el tiempo.

En el actual contexto electoral, la penosa situación de los inmigrantes en lugar de atenuarse tiende a volverse más gravosa. Si Trump resulta electo, lo más probable es que endurezca las medidas anti migratorias, que lo lleven a poner un inexpugnable tapón en la frontera con México. Además de cerrar la frontera con el país azteca, Trump iniciaría una persecución étnico-racial de todos aquellos latinoamericanos y africanos cuyo estatus migratorio no esté resuelto. Los sentimientos nacionalistas y xenofóbicos pondrían a los migrantes en situación de riesgo ante la intemperancia de la “migra” y de los americanos “puros” que odian a todos aquellos que les hablan con acento o que tienen un color de piel diferente.

Biden podría intentar morigerar sus medidas migratorias, pensando no solo en minimizar el impacto electoral de la actual crisis humanitaria que se vive en la frontera mexicana, sino en responder a los empresarios del campo afectados por el impedimento de contratar mano de obra barata e ilegal (mexicanos, colombianos, hondureños) para recolectar frutas y dar cuenta de otras actividades agrícolas.

Lo cierto es que la suerte de cientos de miles de andrajosos está en manos de los siempre interesados discursos de republicanos y demócratas. Sus militantes y seguidores juegan el rol de jueces, pues ellos terminan decidiendo quién entra, es decir, quién vive, o quién no. Así, de esa manera, se erigen como Dioses, hijos del capitalismo y de una malograda globalización. Mientras ello sucede, los gobiernos de los Estados expulsores siguen como si nada, porque lo de ellos es mantener la pobreza doméstica, la misma que les asegura su legitimidad y el tutelaje del gran país del norte.

Mientras que Israel asesina palestinos pobres, pensando muy seguramente en favorecer los procesos de gentrificación que se pondrán en marcha en las zonas devastadas y ocupadas, los pobres de esta parte del mundo mueren lentamente, mirando cómo se desvanece el llamado “sueño americano”. Las prácticas genocidas de Israel y el juego electoral y político con los inmigrantes, al interior de los Estados Unidos, hacen parte de un mundo deshumanizado y violento.

Imagen tomada del NYT

FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS POLÍTICAS: ENTRE EL CLIENTELISMO Y LA MEZQUINDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La financiación privada de las campañas electorales en Colombia es una forma de clientelismo y de corrupción público-privada que suele usarse, cada cuatro años, para deslegitimar a los ganadores, llámense presidentes, alcaldes o gobernadores. Mientras ello sucede, los mecenas, pequeños, medianos y grandes, exigen devuelta lo invertido, bien sea en contratos millonarios, puestos corbata para hijos y familiares o contraticos en oficinas  públicas. 

Entonces, viene el asunto de los topes, mecanismo falaz y artificioso con el que se justifica el trabajo siempre amañado de las autoridades electorales, conformadas previamente con criterios politiqueros. Como siempre ocurre, se abren y se celebran a rabiar investigaciones contra los gerentes, fiscales y contadores, para luego irlas cerrando en completo silencio.

Mientras se señala e investiga a quienes manejaron la campaña Petro presidente, la derecha, con denodado ahínco, exige la caída de Petro por ser beneficiario directo de la financiación irregular de las actividades proselitistas, por los dineros que su hijo se apropió de polémicos políticos de la costa Caribe que desembolsaron grandes cantidades de dinero en efectivo y por haber violado los topes, de acuerdo con las versiones periodísticas que circulan en los medios tradicionales. Los topes máximos constituyen una ridícula invención porque todos saben, incluidas las autoridades, cuáles son las triquiñuelas que existen para producir el engaño y el auto engaño a la hora de justificar gastos y desviar los recursos recibidos.

En todo este asunto sobresale la hipocresía de unos agentes políticos que en el pasado se opusieron a que, en proyectos de reforma política y electoral se aprobara que fuera el Estado el responsable de la financiación total de los costos de las campañas, en particular de las presidenciales. La reposición de votos es ya una forma de financiación estatal. La idea es que los costos en publicidad también los asuma el Estado, para evitar así la hiperinflación que sufren cada cuatro años los precios de las piezas publicitarias.

La participación interesada de poderosos agentes privados en la financiación de las aventuras electorales está asociada a las ideas que estos tienen sobre el país, cuál debe ser el papel del Estado y cuál el tipo de desarrollo económico que necesita Colombia. Porque hay una realidad inocultable: el actual modelo de desarrollo, insostenible sistémicamente, sale de las imposiciones de los mecenas que por décadas financiaron las campañas de candidatos presidenciales de corte neoliberal, ignaros de lo que significa ser un país biodiverso y enemigos de consolidar un Estado y una sociedad modernas y civilizadas.

Agentes económicos como Sarmiento Angulo y otras familias de terratenientes y clanes políticos que viven de la captura mafiosa del Estado regional en varios departamentos y que claramente son enemigos de las selvas, son responsables de costear los sueños presidenciales de candidatos como César Gaviria Trujillo, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e Iván Duque Márquez, politicastros que jamás entendieron qué es eso de ser un país biodiverso y pluricultural.

Por el contrario, todos a pie juntillas creyeron en el desarrollo agroindustrial soportado en el modelo de la gran plantación (monocultivos de caña de azúcar y palma africana) considerados por ambientalistas como “ecosistemas emergentes”, mirados así con el objetivo de legitimar su existencia, subvalorando o negando sus impactos socio ambientales, paisajísticos y ecológicos. Fueron también cómplices de la potrerización de selvas y praderas y por supuesto de la expansión de títulos mineros que terminaron en manos de guerrillas y narco paramilitares. La minería ha devastado ríos y selvas bajo la mirada serena de gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, quizás el peor de todos en materia de debilitamiento de las instituciones ambientales, deforestación, potrerización y expansión de la minería legal e ilegal en territorios biodiversos y diversos culturalmente hablando.

Así entonces, en la financiación de las campañas electorales confluyen lo que somos como individuos y como sociedad: mezquinos, estúpidos, hipócritas, cercanos y admiradores del ethos mafioso; así como temerosos y alejados de complejas discusiones en torno a lo que significa vivir en medio de selvas húmedas, meandros y otros ecosistemas estratégicos, asumidos por millones de colombianos, incluidos los políticos, como obstáculos para alcanzar el siempre fantasioso desarrollo sostenible.

Imagen tomada de Caracol

NO HUBO CONCILIACIÓN ENTRE PETRO Y PASTRANA: ¿QUÉ HACER CON LOS EXPRESIDENTES?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No hubo conciliación entre Pastrana y el presidente Gustavo Petro en el marco de la demanda que por injuria y calumnia el jefe del Estado interpuso contra el expresidente conservador. Mientras Pastrana señaló que no se retractaría de lo dicho, Petro exigió una indemnización de 130 millones de pesos por los daños morales que le produjo los señalamientos de Pastrana en los que dijo que el gobierno tiene vínculos con narcotraficantes, razón por la que los estaría favoreciendo; afirmó también que Petro se benefició de dineros calientes que entraron a la campaña Petro presidente.

Un sector de la prensa afecta al establecimiento del que hace parte marginal el hijo de Misael Pastrana Borrero, insiste en que se trata de una persecución política del gobierno contra un agente de la Oposición. Sin duda alguna, una exageración si se tiene en cuenta que la vigencia política del politicastro conservador obedece más a la pleitesía mediática y a la tarea que asumieron varios periodistas de deslegitimar al gobierno. Pastrana no tiene el reconocimiento social y político suficiente para asumir su figura como la de un intelectual o la de un líder de opinión, valorado por sus sólidos e iluminantes discursos.   

En ese mismo sentido, Pastrana Arango se preguntó en su cuenta de X si ya estaba operando la “Policía Política” en Colombia porque una agencia estatal retuiteó el comunicado de la Casa de Nariño en el que se habla del valor tasado para la indemnización y el destino de ese dinero en caso de ganar la demanda.

Aunque Pastrana no aportó pruebas, sustenta sus declaraciones en versiones periodísticas que han circulado ampliamente y sobre las cuales se ha intentado deslegitimar al gobierno Petro.

Los golpes contundentes que la Fuerza Pública viene dando a los narcotraficantes hacen pensar en que no es posible que Petro tenga vínculos directos con las estructuras mafiosas. Sus luchas contra la corrupción libradas por varios años como Congresista y las denuncias de los nexos entre clase política con narco paramilitares permiten desestimar los temerarios señalamientos de su enemigo, Andrés Pastrana.  Si Pastrana tuviera razón, cómo explicar que el gobierno de los Estados Unidos apoye su política de golpear exclusivamente las finanzas de los narcos, en lugar de perseguir a los campesinos que sobreviven de cultivar la hoja de coca.

La campaña de Petro no podría estar alejada de escándalos similares por tratarse del primer presidente de izquierda que conquista el poder presidencial. En esta oportunidad no se habla de narcos en ejercicio, sino de ex narcos que habrían donado fuertes cantidades de dinero a Nicolás Petro, hijo del jefe del Estado, quien colaboraba en la campaña de su padre. Eso sí, los daños que su primogénito le hizo a la imagen del presidente y en general a la izquierda son incalculables. A ello hay que sumar denuncias de gastos excesivos de su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer.

Más allá de la situación judicial, vale la pena recordar algunos históricos y sonados señalamientos que no terminaron en querellas, entre presidentes en ejercicio y los siempre incómodos expresidentes que no saben qué hacer ante la viudez del poder.

Recordemos cuando Andrés Pastrana señaló de paramilitar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los paramilitares y con procesos abiertos en Fiscalía y en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por las masacres del Aro y la Granja y el crimen del defensor de derechos humanos, José María Valle, perpetrados por estructuras paramilitares.

En entrevista que concedió al periodista mexicano, Jorge Ramos, y ante la pregunta “¿Uribe está vinculado con los paramilitares?”, Pastrana respondió: “yo lo he denunciado, yo fui de los primeros, tanto que Uribe cuando fue el señor Mancuso al Congreso dijo que 60% del Congreso estaba comprado”. La pregunta es: ¿Por qué Uribe no lo demandó? Son muchas las elucubraciones que se pueden hacer para explicar la no actuación judicial del ladino caballista y latifundista antioqueño.

En otro momento de la reciente historia de señalamientos y peleas entre los expresidentes, y con el mismo tema de la financiación mafiosa de las campañas políticas, el expresidente Uribe Vélez dijo que a la campaña Santos presidente de 2010 entraron dineros de los narcotraficantes. Para ese entonces, el expresidente iliberal, César Gaviria Trujillo, que acompañó a Santos en su aventura presidencial, gritó, muy a su estilo vocinglero, “Uribe mentiroso, Uribe mentiroso…Uribe tiene que presentar las pruebas, o si no, este pueblo de Colombia va a estar gritando, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso”.

Tanto los señalamientos del infantil Andrés Pastrana, como las sospechas que Uribe puso a circular sobre los dineros sucios que entraron, según él, a la campaña de Santos, dan cuenta del eterno problema de la financiación de los políticos que buscan llegar a la Casa de Nariño. Huelga recordar que lo mismo sucedió con la empresa electoral de Iván Duque Márquez, con las fotografías que circularon masivamente, en las que se ve su cercanía con el empresario y narcotraficante, Ñeñe Hernández, quien habría aportado millones de pesos para sufragar gastos de la campaña electoral que llevó a Duque a la presidencia en calidad de presidente-títere.

Con lo sucedido vuelve a ponerse en cuestión el papel de los expresidentes de la República. Y es que el país no sabe qué hacer con estos “muebles viejos” que siguen opinando y dando cátedra sobre los errores cometidos por los presidentes en ejercicio, cuando durante sus periodos presidenciales cometieron los mismos errores y otros más graves. La verdad es que está en mora el Estado en construirles una casa de reposo para que pasen en esta sus últimos días, porque son más los daños que hacen, que los aportes que le entregan a la construcción de un mejor país. Eso sí, sin acceso a internet, y mucho menos podrán tener acceso a mujeres o niñas. 

Imagen tomada de la FM

 

ELECCIÓN DEL REMPLAZO DE FRANCISCO BARBOSA: DOS NARRATIVAS, UNA SOLA VERDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ya sospechosa dilatación de la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de los 23 magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene enfrentado ideológica y políticamente al país. Se ven dos bandos claramente diferenciados: de un lado, están quienes sospechan que hay togados interesados en pagarle favores clientelares al fiscal saliente, Francisco Barbosa, asegurando que la controvertida vicefiscal Martha Mancera asuma la encargatura del ente acusador por lo menos por dos meses o más. También, que hay poderosos agentes económicos y políticos, legales e ilegales, interesados en que la administración de Barbosa se extienda en el tiempo en los “huesitos y las carnitas” de Mancera. En ese bando aparecen los petristas, algunos juristas serios, periodistas independientes y el gobierno de Gustavo Petro.

El otro bando, en el que están uribistas y fervorosos anti petristas, creen que la presión que desde las redes sociales se viene haciendo a los magistrados de la CSJ obedece al interés del presidente Petro de que rápidamente se elija a la fiscal para salvaguardar la suerte de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito. La nueva fiscal, de acuerdo con esa narrativa, por el hecho de haber sido ternada por el jefe del Estado estaría en la obligación de defender los intereses, políticos y personales del presidente de la República. Es decir, que cualquiera de las tres mujeres ternadas que resulte elegida como fiscal general de la Nación será ficha de Petro y en consecuencia actuará desde uno de los bolsillos de la camisa del presidente de los colombianos.

De ambos bandos surgen narrativas diametralmente opuestas, defendidas con ardentía por Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. El primero, acusa al presidente Petro de proteger y beneficiar a las estructuras criminales (narcos, en particular), de ahí su interés de poner en el búnker de la Fiscalía a quien daría continuidad a esa apuesta presidencial. Por supuesto que ese discurso de Barbosa no tiene asidero por ser fruto de la animadversión que le produce la figura presidencial y porque, contrario a su propio caso, las ternadas por Gustavo Petro no son sus amigas entrañables. En este punto hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez ternó a Francisco Barbosa y fue la CSJ que lo eligió Fiscal general de la Nación, hasta el 12 de febrero de 2024.

Recientemente, periodistas afectos a Barbosa recogieron la insinuación del saliente fiscal en la que señaló que Petro estaría preocupado por la suerte de su hijo, Nicolás Petro, quien está procesado por enriquecimiento ilícito, por haber recibido millonarios recursos económicos durante la campaña Petro presidente. Lo mejor que puede pasar es que el juez que lleva el caso del hijo de Petro falle cuanto antes, para evitar que caiga mancha alguna sobre las mujeres ternadas, y en particular sobre quien resulte elegida. Si hay pruebas contundentes, que lo condene. Y si, por el contrario, no hay pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito, entonces que falle en consecuencia.

Entre tanto, Gustavo Petro descalifica la gestión de Barbosa, apoyado en investigaciones de periodistas muy serios como Gonzalo Guillén, Daniel Coronell y Jahir Ackerman, que señalan, entre otras cosas, que Mancera tendría vínculos con fiscales mafiosos de Cali que a su vez tendrían relaciones con narcos del norte del Valle del Cauca. De igual manera, las mismas investigaciones periodísticas aluden a que Barbosa y Mancera estuvieron comprometidos en defender las actuaciones oscuras de políticos de los clanes Char, Gnecco y Name; y en la decisión institucional de no someter a la justicia a los miembros del clan del Golfo.

El tamaño de la corrupción público-privada en Colombia es colosal. Y lo peor de todo es que no se vislumbra solución alguna, pues en las prácticas corruptas están involucradas, políticamente, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces, congresistas y magistrados de las altas cortes.

Los carteles de la Toga, la Hemofilia, y el caso de las Marionetas dan cuenta de verdaderas empresas criminales cuya operaciones giraron, de un lado, en torno a magistrados que vendían fallos amañados y, del otro, alrededor de congresistas corruptos con capacidad para desviar millonarios recursos de dependencias estatales a las que tuvieron acceso gracias a funcionarios conectados directamente con dependencias estatales como el Departamento para la Prosperidad (DPS) o a programas de inversión para la paz o aquellos asociados a políticas públicas de corte social.

En medio de esos entramados de corrupción aparece la Fiscalía general de la Nación no como una entidad diseñada para perseguir, investigar y acusar a los corruptos, sino como una convertida para evitar, justamente, que se investiguen esas conductas punibles. De tiempo atrás la Fiscalía opera como una bolsa de empleo a la que se accede a través de componendas entre togados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales generales que han dirigido el ente acusador para tapar, minimizar, ocultar  y evitar calificar las conductas de altos funcionarios del Estado y las de particulares con poder económico y político,  con acceso a las más altas esferas de la dirección de la Fiscalía general de la Nación e incluso, de la presidente de la República.

Por todo lo anterior, la elección del Fiscal general de la Nación se asume, desde un deber ser, como una oportunidad para frenar y castigar los crímenes, incluidos los actos de corrupción; por el contrario, desde la tradición y el ya naturalizado ethos mafioso, para perpetuarlo, así como las relaciones clientelares y el crimen. No es gratuito que la impunidad en el país ronde el 94%.

Los mecanismos para elegir a las cabezas visibles de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía general de la Nación devienen enrevesados desde el diseño constitucional mismo. Es así porque están contaminados por los sempiternos intereses políticos asociados al pago de favores cuando quien gana las elecciones comprende que está en la obligación de entregar dichas entidades a los partidos políticos para su administración, saqueo o direccionamiento para tapar o destapar, de acuerdo con los acuerdos mafiosos logrados entre las colectividades que resultaron ganadoras en las elecciones. Petro está lidiando con los acuerdos clientelares y políticos que Iván Duque Márquez consolidó y legitimó durante sus pérfidos cuatro años. Lo cierto es que hay dos narrativas contrarias en la ya enrevesada elección del remplazo de Barbosa y una sola verdad: la corrupción en Colombia no se acabará jamás.

Imagen tomada de Canal 1. 

7 PREGUNTAS PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

Ante la posibilidad de que el fiscal Francisco Barbosa Delgado siga al frente de la Fiscalía, en las “carnitas y huesitos” de Martha Mancera, su vicefiscal, expongo estos interrogantes a los magistrados y magistradas que componen el alto tribunal de justicia.

Barbosa termina su desastrosa gestión el 12 de febrero. Y cuatro días antes, es decir, el 8, el pleno de la corporación judicial se reunirá por segunda vez para votar la elección de la nueva fiscal, de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro.

Al parecer, ese mismo 8 de febrero escucharán al saliente fiscal general, quien rendirá el informe sobre su oscura gestión. Imagino que no reconocerá que el 94% de los delitos en Colombia quedan en la impunidad y mucho menos dará explicaciones del porqué en tres ocasiones aprobó que varios de sus subalternos solicitaran la preclusión del proceso penal en contra del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Recuérdese que Uribe está imputado – imagino que también emputado- por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

Así las cosas, no parece que el 8 de febrero los togados y togadas elegirán a la nueva fiscal, para incumplir así con la tarea constitucional de elegir el remplazo del ladino Francisco Barbosa. Les pregunto, señores magistrados y magistradas:

1.      1. ¿Les importa en algo las versiones periodísticas que hablan de las relaciones clientelares entre la Fiscalía, el fiscal Francisco Barbosa y algunos de los togados?

2.      2. ¿Les preocupa la mala imagen que por estos días ustedes mismos están consolidando en la opinión pública por la demora injustificada de elegir a la nueva fiscal general de la nación?

3.      3. ¿Cómo reciben las graves denuncias y señalamientos que periodistas serios como Daniel Coronell, Johir Ackerman y Gonzalo Guillén vienen haciendo del fiscal Barbosa y de su vicefiscal, Martha Mancera?

4.      4. ¿Por qué jamás llamaron la atención a Francisco Barbosa por sus burdas actuaciones y por haber convertido la Fiscalía en su sede de campaña para aspirar a la presidencia en el 2026?

5.     5.  Ante los agrios enfrentamientos entre Barbosa y el presidente de la República, ¿por qué la CSJ guardó silencio?

6.      6. ¿Qué piensan del lobby que Barbosa hizo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el objetivo de “validar” lo que ya parece una realidad: que Martha Mancera, señalada de tener vínculos con narco fiscales del Valle del Cauca, se quedará un par de meses al frente de la Fiscalía?

7.      7. ¿Han recibido presiones de poderosos agentes económicos y políticos (de clanes políticos) para dejar en interinidad el cargo de fiscal general?

Como son 7 las preguntas y porque sé que no las van leer y mucho menos a responder,  aspiro a que por lo menos sean recogidas por un admirador de aquel presidente-títere, que en un evento internacional habló de los 7 principios de la espectral economía naranja porque ese número era muy importante para la humanidad por la existencia de los 7 enanitos, las 7 maravillas del mundo y las 7 artes.

Imagen tomada del Canal 1. 

UN FISCAL TORCIDO NO ES FRUTO DEL ENREVESADO MECANISMO DE ELECCIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nadie discute el carácter garantista y liberal de la actual constitución política de Colombia. De ahí que las soluciones planteadas a los problemas de la sociedad colombiana no pasan tanto por la eficacia y eficiencia del diseño constitucional, sino por la cultura mafiosa que contaminó todos los ámbitos de la vida social, económica, judicial y política del país. Los efectos de ese ethos mafioso se agrandan porque como sociedad, un importante número de sus miembros son godos, violentos, incivilizados, premodernos, aporofóbicos, clasistas, misóginos, torcidos y racistas.

Ningún diseño constitucional servirá para profundizar la democracia y dar cuenta de lo prescrito en la carta política de 1991 en materia de derechos, mientras el ethos mafioso guíe la vida de políticos, periodistas, empresarios, maestros y jueces, entre otros más.

Por estos días la opinión pública se enfoca en el ya enrevesado proceso de elección del remplazo del saliente fiscal general de la Nación (FGN), Francisco Barbosa Delgado, quien dejará el cargo el 12 de febrero. El mecanismo constitucional reglado para hacer la transición en la dirección del ente acusador deviene “contaminado” por intereses políticos y clientelares, valoraciones jurídicas y presiones de agentes legales e ilegales que están involucrados de muchas maneras en procesos penales por narcotráfico, violencia sexual, paramilitarismo, manipulación de testigos, fraude procesal y corrupción en obras públicas de gran calado. Esas circunstancias, todas juntas, convirtieron a la FGN en una entidad poco técnica y confiable, debido en buena medida a su politización. El ente acusador es hoy un costoso nido clientelar y de transacciones mafiosas entre criminales de cuello blanco y bandidos armados, con fiscales e investigadores inescrupulosos que se dejaron comprar o capturar por clanes políticos corruptos y organizaciones criminales como el clan del Golfo.

Que el presidente de la República presente la terna para que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno la que elija finalmente el nuevo fiscal general, no es garantía de pulcritud, seriedad y mucho menos de probidad en el elegido o elegida. La elección misma de Barbosa constituye una prueba irrefutable de lo señalado. Este ladino personaje llegó al cargo únicamente por ser amigo íntimo de Iván Duque Márquez, quien lo ternó para que sirviera a los intereses del uribismo y de poderosos actores del establecimiento colombiano procesados por graves delitos. Ello explicaría las tres solicitudes de preclusión que Barbosa apoyó con el firme propósito de salvarle el pellejo al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, imputado por la Sala de Instrucción de la CSJ de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

La historia reciente del país en torno a la elección de los anteriores fiscales generales señala con claridad y perplejidad que esas designaciones estuvieron motivadas en perversos intereses políticos de parte de castas, clanes y familias que necesitaron en su momento de los favores para cerrar casos o evitar investigaciones penales. Es decir, todos los gobiernos anteriores a Petro, los presidentes de la República ternaron amigos cercanos, esto es, fichas fácilmente manipulables. Baste con recordar la cínica respuesta que dio el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez, cuando se le cuestionó su cercanía a Francisco Barbosa Delgado: “Yo no he visto el primer presidente que terne enemigos, salvo que ustedes me digan si hay algún presidente que en su fuero haya ternado enemigos o personas desconocidas”.

A pesar de esa tradición, el presidente de la República, Gustavo Petro presentó a tres mujeres de las que no se conoce cercanía alguna con el mandatario. Por lo menos, no ha trascendido que estudiaron con el jefe del Estado o que las une una entrañable amistad como sucedió en el caso de Duque y Barbosa.

Así las cosas, por primera vez hay una terna de solo mujeres, que, sin tacha alguna sobre sus trayectorias, esperan que los magistrados y magistradas de la CSJ voten y elijan cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación, evitando así la interinidad en manos de la vicefiscal, Martha Mancera, ficha de Barbosa, tal y como la esperan poderosos agentes del establecimiento colombiano.

Cualquiera de las tres abogadas que resulte electa como la nueva fiscal podrá actuar con independencia tanto del presidente que la ternó, como de los togados que finalmente confiaron en sus capacidades profesionales. Otra cosa es que una vez al frente de la entidad, la elegida decida torcerse con el fin de favorecer a nuevos o viejos actores políticos, legales e ilegales, metidos en delicados procesos penales. La nueva fiscal recibirá muy seguramente todo tipo de presiones, tanto de actores legales como de los ilegales.  

Imagen tomada de Colombia Informa. 

EL ESTABLECIMIENTO ESTARÍA DETRÁS DE LAS DILACIONES PARA ELEGIR LA NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los términos establecimiento y régimen son de uso cotidiano para dar cuenta de grupos de poder tradicional que lograron capturar el Estado y su operación para favorecer intereses particulares y los de miembros de clanes (mafias políticas) cuyas vidas están guiadas por el sempiterno ethos mafioso del que hablo de tiempo atrás en esta tribuna.

No es fácil percibir o visibilizar esas correlaciones de fuerza que, instaladas bajo la lógica de un régimen de poder mafioso y criminal como el colombiano, se oponen a que el Estado opere armónicamente bajo la separación de poderes y las condiciones propias de un orden establecido moderno y democrático.

La intención manifiesta del fiscal saliente, Francisco Barbosa Delgado de dejar como fiscal encargada a su mano derecha, la inefable vicefiscal, Martha Mancera, sirve para verificar la existencia en el país de un régimen de poder que no solo desea impedir la elección de la nueva cabeza del ente acusador, sino la recuperación de la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad. Se trata de un juego de poderes del que hacen parte el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en particular los 13 magistrados que votaron en blanco en la sesión del 25 de enero, en la que debían escoger a la nueva fiscal general de la Nación.

La sala plena de la CSJ está en la obligación constitucional de elegir entre las tres, al remplazo del ladino Francisco Barbosa. De acuerdo con lo que trascendió, 13 de los 23 votos posibles, fueron en blanco. Es decir, 13 togados del alto tribunal no aceptan los perfiles de las candidatas, a pesar de que están obligados a estudiar a fondo sus hojas de vida. Quizás ese voto en blanco se dio porque estarían a la espera de instrucciones de agentes políticos y económicos que hacen parte de ese entramado de intereses legales e ilegales en los que siempre opera el régimen de poder. El país sabe que varios de esos poderosos agentes se vieron afectados en materia grave con la llegada de Petro a la jefatura del Estado, pues perdieron el control de importantes entidades oficiales y recursos económicos.

Es posible pensar en varios actores a los que no les conviene la llegada de una nueva fiscal. Por ejemplo, el poderoso Sarmiento Angulo estaría preocupado por la posibilidad de que se reabra el caso de corrupción de Odebrecht en el que está involucrado. Huelga recordar que Sarmiento Angulo reconoció actos de corrupción ante las autoridades americanas. Otro agente político, conexo al banquero, sería el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, en particular en el caso de la muerte de Jorge Enrique Pizano, "controler" de la Ruta del Sol II. Otro interesado en perpetuar a Barbosa, en las "carnitas" de Mancera, sería Álvaro Uribe Vélez, a quien la fiscalía de Barbosa lo favoreció con por lo menos tres solicitudes de preclusión ante los jueces, de su proceso por manipulación de testigos y fraude procesal. Y también, otros poderosos políticos y empresarios que guardan relación con grupos de paramafiosos como el Clan del Golfo. 

Dilatar en el tiempo la elección de la fiscal general solo puede entenderse por la injerencia de poderosos agentes políticos y económicos a los que no les conviene que la Fiscalía caiga en manos de una mujer sobre la que no tienen control alguno, para satisfacer sus siempre mezquinos intereses. Por el contrario, con Mancera un tiempo más como fiscal general encargada, sus negociados se mantendrían bajo una enorme confiabilidad jurídica.

Ya lo había advertido Gustavo Petro en una entrevista a María Jimena Duzán en la que afirmó que él era el presidente de la República, pero que otros tenían el poder. Para el caso que nos ocupa, el mandatario de los colombianos cumplió con el envío de la terna para elegir la nueva cabeza de la Fiscalía. Por primera vez y contra todo pronóstico, Petro conformó la terna de solo mujeres, todas probas y sin manchas en sus trayectorias.

En estos momentos, el régimen de poder tradicional está interesado en evitar a toda costa el cambio de mando en la Fiscalía. Las gestiones de Barbosa y Mancera en los Estados Unidos muestran, con preocupante claridad, que hay incontrastables fuerzas políticas interesadas en mantener los tentáculos del poder mafioso que se tomó la institucionalidad del ente acusador, convertido por Barbosa y Mancera en uno encubridor de delitos, a juzgar por las denuncias hechas por el propio presidente de la República y respetados periodistas.

Poco importa si el 8 de febrero la CSJ elige a la nueva fiscal o si decide mantener la interinidad en la deseada y manoseada institución de justicia. Ya quedó claro que detrás de las dilaciones está el régimen de poder o el viejo establecimiento colombiano que, aunque perdió con Petro el control de una parte del Estado, está dispuesto a dar la pelea por mantener sometida a la Fiscalía.

Imagen tomada de Semana.com

MILEI, PETRO, JANIOT Y EL LLAMADO A CONSULTAS DEL EMBAJADOR ROMERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el llamado a consultas al embajador de Colombia, en Argentina, Camilo Romero, es probable que se dé el enfriamiento o quizás la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Colombia. Ojalá la calentura política pase rápidamente y ese escenario no se dé.

Como se sabe, en una entrevista concedida a la periodista colombiana, Ángela Patricia Janiot, el presidente de los argentinos se refirió a su homólogo, Gustavo Petro como un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.

Más allá del cruce de misivas diplomáticas que produzca la arremetida de Milei, resulta interesante reflexionar en torno a los perfiles de los dos mandatarios y al propio de la periodista que lanzó el anzuelo y que Milei picó sabiendo de los efectos políticos y mediáticos que iba a provocar.

Lo primero que hay que decir, antes de ir a mirar el carácter de los dos mandatarios es que la política y el periodismo se parecen mucho. Al fin y al cabo, sus ejercicios son formas del poder.  En lo que toca a las personalidades de Petro y Milei hay que advertir que ambos son unos provocadores profesionales. Los dos son subversivos, en el sentido en el que le apuntan a subvertir, radicalmente, los órdenes establecidos y dominantes en Argentina y Colombia.

El presidente colombiano es considerado por una parte importante del “viejo” establecimiento colombiano, como un político que llegó a perturbar la operación del ethos mafioso que por siglos le funcionó a la clase política y empresarial que lidera eso que se conoce como el régimen de poder tradicional. Después del estallido social y las crisis generadas por la pandemia del Covid19, la pobreza y el malestar social crecieron de tal forma, que el discurso reivindicativo al que apeló Petro en campaña, lo catapultó para llegar al Solio de Bolívar. Petro tiene en su cabeza el modelo de Estado de Bienestar europeo, pero olvida que aún la sociedad colombiana, incluida las élites, deviene premoderna, incivilizada, goda, aporofóbica, misógina, machista, violenta, tramposa, miserable, clasista y racista, circunstancias estas que hacen casi imposible pensar en que funcione el Estado bajo esos parámetros del bienestar colectivo.

Entre tanto, Milei llegó a la Casa Rosada para alterar los planes de una casta política que dice defender ideas peronistas, sin que ello les fuese óbice para consolidar mafias clientelistas responsables en buena medida de la debacle económica que sufren hoy los argentinos. De ese malestar social brotaron los votos que llevaron a Milei a sentarse en el sillón de Rivadavia. Macri (derecha) y la familia Kirchner (izquierda) son responsables de la crisis socio económica que hoy ahoga al pueblo gaucho. Milei, con su discurso neoliberal, expone su clara animadversión contra todo lo que huela a socialismo y comunismo. Para el mandatario argentino, ambos modelos son una “enfermedad del espíritu y quienes los promueven son basura, o excremento humano”. “La verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre”.

Entonces, Petro y Milei se parecen mucho, así ideológicamente estén parados en orillas ideológicas distintas. Eso sí, esta crisis diplomática no se hubiera presentado si la periodista Ángela Patricia Janiot no actuara también como una provocadora profesional. Eso sí, su actuar resulta comprensible cuando se asume el ejercicio periodístico para suscitar enfrentamientos ideológicos y políticos y crisis diplomáticas como la que está en camino de producirse con el llamado a consultas que acaba de hacer Colombia. En una anterior oportunidad, Janiot sacó de casillas al entonces presidente Iván Duque Márquez. Y lo hizo, preguntándole que si él era el títere de Uribe. Janiot, hija de un exfutbolista argentino, molestó al entonces presidente-títere y cumplió así con el principio periodístico de incomodar a quienes ostentan poder. 

Al ver la entrevista con Milei, Janiot la manejó muy a su estilo, esto es, sin confrontar las ideas y las explicaciones económicas que le estaba dando Milei a sus preguntas. Prácticamente, se trató de un monólogo que parecía disfrutar Janiot, periodista que bien podríamos ubicar a la derecha del espectro ideológico y político.

Janiot sabía que no podía dejar que la entrevista-monólogo terminara de esa manera. Por ello, acudió a la “vieja escuela del periodismo farandulero” y le lanzó el anzuelo con el que hoy millones de argentinos y colombianos acudieron a las redes para reproducir el video de la entrevista o por lo menos a escuchar los minutos finales en los que se produjo la arremetida de Milei. El presidente argentino aprovechó la oportunidad que le brindó Janiot para revivir el enfrentamiento político con Petro que se produjo durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Recordemos que Petro lo comparó con Hitler, en respuesta a Milei por haber dicho que el socialismo y los socialistas son excremento. Así las cosas, Petro, Milei y Janiot son tres provocadores profesionales. Y ninguno va a cambiar. 

 

Adenda: resulta inconveniente y poco diplomática la reacción del embajador, Camilo Romero, al calificar al presidente Milei de “hipócrita”.

Imagen tomada de Telam

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LE INCUMPLIÓ AL PAÍS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los togados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no fueron capaces de elegir la nueva fiscal general de la Nación. Enredaron la esperada decisión, de la mano del engorroso mecanismo reglado para hacerlo: se elegirá a quien obtenga 16 votos.

Trascendió que hay división al interior de la corporación entre quienes quieren elegir cuanto antes a la nueva fiscal, y aquellos que quieren darle largas al asunto, así implique dejar en la interinidad la dirección de la Fiscalía, lo que supone que, la actual vicefiscal, Martha Mancera, quede al frente de la cuestionada entidad. En la sesión de hoy 25 de enero, hubo 13 votos en blanco de los 23 posibles. Si no existen cuestionamientos públicos sobre la idoneidad y probidad de las ternadas, ¿qué puede justificar esos votos en blanco? En el 2015 y 2022 circularon versiones de magistrados cuyos familiares tenían contratos en el ente acusador y en la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. ¿Acaso se trata de intereses personales?

Mientras que los magistrados “deliberaban” a través del siempre sospechoso mecanismo de la votación, el fiscal y la vicefiscal, Francisco Barbosa y Martha Mancera daban un parte de victoria después de reunirse con agentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En tono triunfalista, Barbosa habló a los medios como queriéndole mandar un mensaje a la CSJ. Dijo el anodino personaje que las autoridades americanas quedarían tranquilas si la Fiscalía queda en manos de Martha Mancera, una vez entregue el cargo el 12 de febrero.

El combativo y certero periodista, Gonzalo Guillén desmintió a los dos cuestionados personajes. “La Vicefiscal adjunta Nicole Argentieri de EE.UU. no ha dicho nada de lo que dice esta noticia falsa y oportunista de @FiscaliaCol” se lee en su cuenta de la red social X.

La reunión de Mancera y Barbosa con la vicefiscal Nicole Argentieri de los Estados Unidos, justo cuando los magistrados de la CSJ se disponían a votar por las candidatas ternadas por el presidente de la República deviene con un pecaminoso tufillo lobista de los funcionarios colombianos, para contrarrestar las versiones e insinuaciones que señalan los riesgos de que la Fiscalía quede en manos de Mancera. Las versiones periodísticas que señalan a la vicefiscal de tener vínculos con mafiosos del Valle del Cauca y los miedos que hay en sectores y agentes políticos y económicos, legales e ilegales, por la llegada de una fiscal proba y alejada de los sempiternos y sucios intereses con los que se eligieron los fiscales anteriores, incluido Barbosa, constituyen una presión muy fuerte sobre los togados.

Con la reunión con el Departamento de Justicia, Mancera y Barbosa quieren convertir la elección de la nueva fiscal en un asunto bilateral. Si es así, y la avanzada diplomática de estos dos funcionarios, debe ser contrarrestada por la acción también diplomática del embajador Murillo ante la DEA y los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Lo cierto es que la decisión de la CSJ es de carácter político, incluso, podría ser de corte clientelista, de acuerdo con las versiones periodísticas que circulan de tiempo atrás. La no elección de la nueva fiscal también puede obedecer a una correlación de fuerzas que supera y subvierte el interés del gobierno de recuperar la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad, en particular para las víctimas de diversos delitos, que no encuentran en el ente investigador y acusador la suficiencia moral y técnica para acusar a bandidos de todos los pelambres. De ahí que la impunidad ronde el 94%, lo que claramente permite cuestionar la administración de Barbosa.

La próxima reunión será el 8 de febrero, 4 días antes de que termine el azaroso y cuestionado periodo de Francisco Barbosa al frente del ente acusador (bueno, también defensor de bandidos de cuello blanco). Permitir que Mancera quede al frente de la Fiscalía servirá para confirmar las sospechas que rondan sobre los magistrados y la extensión en el tiempo de la mala fama y el desprestigio del ente acusador.

Adenda: al parecer, el plantón que se convocó para “presionar” a los magistrados de la CSJ fue tímido en términos de la cantidad de gente que llegó.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: EL 25 DE ENERO ES EL DÍA PARA ELEGIR LA NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

El 25 de enero pasará a la historia como el día más esperado por actores políticos y económicos, legales e ilegales. Sectores de la opinión pública guardan la esperanza de que se elija la nueva fiscal de una vez por todas, para que no se dilate en el tiempo semejante decisión. Y es así, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá para que los magistrados y magistradas voten y elijan a la nueva fiscal general de la Nación.

Estamos ante unas circunstancias inéditas que bien vale la pena recordar, horas antes de que se produzca la trascendental reunión al interior de la corporación judicial. Lo primero que hay que señalar es que la responsabilidad de la elección no recae tanto en los nombres y las relaciones amañadas de las abogadas ternadas en esta oportunidad, como sucedió en ocasiones anteriores en las que los abogados (hombres) ternados, su llegada a esa instancia definitiva venía teñida de politiquería y del sempiterno ethos mafioso asociado a la clase política y a las mafias acostumbradas a imponer fiscal, de la mano de los presidentes de la República.  Por el contrario, la CSJ está ante la imperiosa necesidad de evitar que el saliente fiscal logre dejar encargada a su ladina mano derecha, la vicefiscal, Martha Mancera.

En esta ocasión hay consenso académico, político y periodístico alrededor de la probidad de las tres mujeres que ternó finalmente el presidente Gustavo Petro. Esa particular circunstancia, solo mujeres y sin tacha moral o ética, hace que la decisión de la CSJ suscite toda suerte presiones mediáticas y políticas sobre los togados, pues no hay elementos que les permitan dudar de las condiciones morales y éticas de las ternadas para ser merecedoras de la designación. Ello debe facilitar la decisión.

Los togados están en la obligación de leer e interpretar muy bien la coyuntura ético-política que enfrentan como institución, ante el evidente deterioro de la imagen y de la institucionalidad derivada de la operación de la fiscalía en manos del anodino Francisco Barbosa, un ególatra que convirtió la entidad en su sede de campaña electoral con miras a las elecciones de 2026. Los magistrados de la CSJ deben comprender que no elegirán al “remplazo” de Barbosa, pues ninguna de las ternadas tendría los defectos, los intereses y las mañas que Barbosa dejó ver al país desde su postulación. Recordemos que su único mérito para ser ternado es haber sido amigo del presidente-títere, Iván Duque Márquez. La elección está prevista para recuperar la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad, dada su captura y penetración por toda suerte de mafias y carteles políticos, en una mixtura entre lo ilegal e ilegal que logró debilitar la confianza de los ciudadanos y de grupos de víctimas, en el ente acusador e investigador.

Si hay consenso alrededor de la positiva formación académica de las abogadas ternadas, no deben existir mayores discrepancias entre los togados para tomar rápidamente la trascendental decisión. De no hacerlo el 25 de enero, como lo espera una parte importante de la opinión pública, cabría pensar en que sobre los togados recayeron fuertes presiones del fiscal Francisco Barbosa, para dejar en la interinidad a la temida Martha Mancera. 

Esa actitud dilatoria de los magistrados se explicaría por el silencio corporativo que guardaron frente a las actuaciones y decisiones politizadas y clientelizadas que adoptó Barbosa durante su oscura administración. Baste con recordar tres hechos políticos que ameritaban un llamado de atención de la CSJ, que jamás se produjo: 1. La intención institucional de la Fiscalía de lograr la preclusión del proceso penal en el que está en curso el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 2. El enfrentamiento político e institucional que Barbosa provocó contra el presidente de la República y la JEP. 3. La ineficacia y el desinterés de la Fiscalía de golpear a estructuras criminales como el Clan del Golfo. 4. El 94% de impunidad en los procesos penales que deja el mequetrefe y homúnculo, llamado Francisco Barbosa. La CSJ está en deuda con el país. Los magistrados se pueden “poner al día” eligiendo cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM 

¿QUÉ HACER CON EL DECAPITADOR DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La decapitación de una mujer, en La Unión, Valle del Cauca, es el más reciente, macabro y escabroso feminicidio en Colombia. En plena calle y después de ser perseguida por su expareja, la mujer fue decapitada con un machete. El hombre responsable está en manos de las autoridades. El victimario se llama Hernando de Jesús Suárez y la víctima, Diana Carolina Serna. 

Los feminicidios, infortunadamente, se están haciendo cada vez más comunes en este país conservador, machista, misógino y violento. Llegará el momento en el que se volverán paisaje, como ocurrió con la corrupción público-privada, los raponazos callejeros, las masacres, las violaciones y manoseos de mujeres y niñas, y la violencia política.

El aparato de justicia en Colombia opera muy de cerca de las prácticas machistas y del lenguaje sexista de jueces y operadores judiciales que ven a las mujeres víctimas como culpables de “provocar” la ira o los deseos incontrolables de los hombres agresores. Baste con señalar que la ruta para denunciar tocamientos en el transporte público está plagada de lecturas maliciosas e incluso de burlas por parte de quienes intervienen en el proceso de recepción de las quejas y denuncias. Las víctimas sufren múltiples formas de revictimización.

Los gritos de justicia llevan a la eterna petición: pena de muerte o la cadena perpetua. Sabemos que esas penas no están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. La máxima pena de 60 años parece mínima para las víctimas y esa parte de la sociedad que cree que, con la pena capital o la cadena perpetua, los criminales lo pensarán dos veces antes de violar o asesinar a una mujer o a una menor. Aunque en la realidad no necesariamente sucede así, hay coyunturas violentas que ameritan respuestas contundentes de parte de un Estado y de una sociedad que no protegen a las mujeres y a las niñas.

Con el caso del descabezamiento ocurrido en el Valle del Cauca vuelven entonces las solicitudes de reformar la constitución y el código penal, para encauzar a los feminicidas y violadores, con el firme propósito de hacerlos pagar con la vida por los ultrajes al cuerpo femenino.

Podría pensarse en un ajuste de la carta política en este sentido, a partir del impacto psico social que debería dejar la decapitación de la mujer en La Unión, Valle del Cauca. El ajuste que propongo va en el siguiente sentido: cuando se trate de feminicidios como el mencionado, un comité de mujeres (juezas, profesionales de otras disciplinas, amas de casa y estudiantes universitarias y víctimas que sobrevivieron a ataques similares) asuma la discusión en torno al castigo que merecería el tipo que le cortó la cabeza a su ex, con un machete.

Habría unos atenuantes que justificarían la conformación de dicho comité: 1. Se trata de un feminicidio ocurrido en vía pública, lo que claramente constituye un acto que no solo violenta la identidad y el cuerpo de la mujer asesinada, sino que podría afectar en materia grave la psiquis de la comunidad (municipio). Eso sí, hay que decir que la valoración social y colectiva del hecho criminal no es la misma si el crimen hubiese ocurrido en Bogotá o en Cali. Si así hubiese ocurrido, la misma prensa habría titulado en primera página el hecho y el repudio social y político habría sido distinto. 2. La decapitación podría considerarse como un agravante por ser considerado una acción bárbara, propia de un individuo premoderno y extremadamente violento. 3. El victimario construyó una relación de dominación, apropiación y subvaloración temprana sobre la mujer y su cuerpo, lo que explicaría el descabezamiento, asumido por el asesino como un castigo ejemplarizante por haberse negado a volver con él.

Sé, que el caso pasará rápidamente como uno más de las violencias que sufren las mujeres en Colombia. Como también sé que operadores judiciales y políticos y gente del común esperarán que el asesino, una vez sea trasladado a la cárcel, se active dentro del penal la “venganza” de parte de otros criminales que no aceptan dentro de sus celdas a violadores y decapitadores de mujeres. Entonces, aquellos dirán: merecía morir. Así las cosas, la pena capital sería una realidad en el mundo de la ilegalidad en el que operan las prisiones colombianas.

Imagen tomada de Infobae. 

YA DEJEN DESCANSAR A PIEDAD CÓRDOBA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En los tratamientos periodísticos dados por varios medios masivos al fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba Ruiz confluyen dos tipos de periodistas: de un lado, aquellos que reconocen en la congresista su lucha por los derechos de las mujeres, los negros y los de la comunidad LGTBI y su papel clave en la liberación de civiles secuestrados por las entonces Farc-Ep; y del otro, los que dejan aflorar, sin vergüenza alguna, el racismo y la misoginia, lo que les da licencia para cuestionar que Piedad Córdoba se habría “blanqueado” y operado la nariz. La insinuación o el señalamiento tiene la clara intención de visibilizar en la congresista liberal una crisis identitaria o quizás un problema de "falsa conciencia", atadas ambas a la búsqueda de una aceptación social fruto, en gran parte, del discurso publicitario hegemónico que tiene como único referente de belleza aceptable a la mujer blanca, de sonrisa perfecta, cuerpo esculpido por médicos hombres, pelo liso y nariz respingada.

Néstor Morales, de Blu radio y varios de los miembros de su mesa de trabajo reconocieron a Piedad Córdoba como una política luchadora, contestaria y liberal. La mezquindad, el racismo y la misoginia aparecieron cuando la periodista (mujer) de la mesa (prefiero no mentar su nombre) hizo referencia a un hecho estético que está atado de manera inexorable al racismo estructural en el que sigue instalada más de la mitad de los colombianos, incluida la periodista que emitió su “juicio estético”. De la colega se esperaba algo de sororidad y no semejante comentario.

Jamás escuché que se fustigara en los medios a mestizos o “blancos” (hombres o mujeres públicas) por haberse operado la nariz. En cambio, cuando una mujer afro, como Piedad Córdoba, se hizo la rinoplastia, entonces emerge la lectura que señala que esa decisión sobre su cuerpo está asociada necesariamente a una “crisis identitaria” o a un problema de "falsa conciencia", que dejó ver la intención de la congresista de borrar estéticamente ese rasgo afro, al igual que el blanqueamiento al que habría sido sometido su piel negra.

Cuando no es el pelo, la nariz o la boca, es el tono de voz lo que les molesta a quienes desde la “hegemonía blanca” insisten en ver a los miembros de los pueblos afrodescendientes destacarse, exclusivamente, en el fútbol, atletismo y boxeo (lo llaman el deporte de las narices chatas) y por supuesto, bailando salsa en ciudades como Cali, reconocida como la “capital mundial de la salsa” y como una urbe segregadora de la población afro. Y es así, porque les resulta inadmisible verlos como abogados, congresistas contestatarios y liberales, médicos, científicos o generales de la policía, del ejército, la fuerza aérea o la armada nacional. Y mucho menos, aceptan, como en el caso de Francia Márquez Mina, exempleada doméstica, como vicepresidenta de la República.  Eso sí, los prefieren ver pidiendo en los semáforos o en las notas judiciales que suelen comentar con frases como “negros tenían que ser”, al referirse a los ladrones aprendidos por policías rasos que también son afros.

Es muy duro ser negro en este país. Si se mantienen fieles a sus prácticas culturales y las expresiones identitarias asociadas a los territorios, entonces los asumimos como una curiosidad folclórica; pero si osan vestirse de manera distinta y más aún, alisarse el cabello, “blanquearse” y operarse la nariz, entonces ya toca descalificarlos por no conservarse tal y como los cánones estéticos hegemónicos “blancos” lo señalan.

Ya dejen descansar en paz a la negra Piedad Córdoba Ruiz. Cuando le toque el turno de partir a la periodista que desde Blu radio lanzó el “juicio estético” contra Piedad Córdoba, muy seguramente una parte del país la despedirá advirtiendo las luces y las sombras de su vida, tal y como lo hicieron con la congresista liberal.

Adenda 1: el congresista Polo Polo, también afrodescendiente, se operó la nariz y al parecer viene sometiéndose a un proceso de “blanqueamiento” en su piel oscura. Por estar al servicio de la derecha y ser la “mascota” de María Fernanda Cabal, entonces la periodista en cuestión guarda silencio ante la crisis identitaria del ciudadano de Tolú, quien en el pasado también se auto reconoció como indígena.

Adenda 2: el partido Alianza Verde está en la obligación ético-política de expulsar al patán, vulgar, anacrónico, ignaro, misógino y racista, conocido como Jota Pe o Jota P. No se sabe si la sigla JP alude a Jumento Político o si oculta que el congresista no soporta que lo llamen por su nombre de pila: Jota P Hernández o Jota Pe Pulido. Llamar bandida a la congresista fallecida, en un discurso de odio en el que celebró su muerte, es propio de aquellos que claramente jamás conocieron la urbanidad de Carreño. Por el contrario, fueron formados bajo los principios (también bajos) de la urbanidad de Carroña.

Imagen tomada de internet.