Por Germán Ayala
Osorio
El 25 de enero pasará a la historia como el día más esperado por actores políticos y económicos, legales e ilegales. Sectores de la opinión pública guardan la esperanza de que se elija la nueva fiscal de una vez por todas, para que no se dilate en el tiempo semejante decisión. Y es así, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá para que los magistrados y magistradas voten y elijan a la nueva fiscal general de la Nación.
Estamos ante unas circunstancias
inéditas que bien vale la pena recordar, horas antes de que se produzca la trascendental
reunión al interior de la corporación judicial. Lo primero que hay que señalar
es que la responsabilidad de la elección no recae tanto en los nombres y las relaciones
amañadas de las abogadas ternadas en esta oportunidad, como sucedió en ocasiones
anteriores en las que los abogados (hombres) ternados, su llegada a esa
instancia definitiva venía teñida de politiquería y del sempiterno ethos
mafioso asociado a la clase política y a las mafias acostumbradas a imponer
fiscal, de la mano de los presidentes de la República. Por el contrario, la CSJ está ante la
imperiosa necesidad de evitar que el saliente fiscal logre dejar encargada a su
ladina mano derecha, la vicefiscal, Martha Mancera.
En esta ocasión hay consenso
académico, político y periodístico alrededor de la probidad de las tres mujeres
que ternó finalmente el presidente Gustavo Petro. Esa particular circunstancia,
solo mujeres y sin tacha moral o ética, hace que la decisión de la CSJ suscite
toda suerte presiones mediáticas y políticas sobre los togados, pues no hay elementos
que les permitan dudar de las condiciones morales y éticas de las ternadas para
ser merecedoras de la designación. Ello debe facilitar la decisión.
Los togados están en la
obligación de leer e interpretar muy bien la coyuntura ético-política que enfrentan
como institución, ante el evidente deterioro de la imagen y de la
institucionalidad derivada de la operación de la fiscalía en manos del anodino
Francisco Barbosa, un ególatra que convirtió la entidad en su sede de campaña
electoral con miras a las elecciones de 2026. Los magistrados de la CSJ deben
comprender que no elegirán al “remplazo” de Barbosa, pues ninguna de las
ternadas tendría los defectos, los intereses y las mañas que Barbosa dejó ver
al país desde su postulación. Recordemos que su único mérito para ser ternado
es haber sido amigo del presidente-títere, Iván Duque Márquez. La elección está
prevista para recuperar la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad,
dada su captura y penetración por toda suerte de mafias y carteles políticos,
en una mixtura entre lo ilegal e ilegal que logró debilitar la confianza de los
ciudadanos y de grupos de víctimas, en el ente acusador e investigador.
Si hay consenso alrededor de la positiva formación académica de las abogadas ternadas, no deben existir mayores discrepancias entre los togados para tomar rápidamente la trascendental decisión. De no hacerlo el 25 de enero, como lo espera una parte importante de la opinión pública, cabría pensar en que sobre los togados recayeron fuertes presiones del fiscal Francisco Barbosa, para dejar en la interinidad a la temida Martha Mancera.
Esa actitud dilatoria de los magistrados se explicaría por el silencio corporativo que guardaron frente a las actuaciones y decisiones politizadas y clientelizadas que adoptó Barbosa durante su oscura administración. Baste con recordar tres hechos políticos que ameritaban un llamado de atención de la CSJ, que jamás se produjo: 1. La intención institucional de la Fiscalía de lograr la preclusión del proceso penal en el que está en curso el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 2. El enfrentamiento político e institucional que Barbosa provocó contra el presidente de la República y la JEP. 3. La ineficacia y el desinterés de la Fiscalía de golpear a estructuras criminales como el Clan del Golfo. 4. El 94% de impunidad en los procesos penales que deja el mequetrefe y homúnculo, llamado Francisco Barbosa. La CSJ está en deuda con el país. Los magistrados se pueden “poner al día” eligiendo cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación.
Imagen tomada de EL TIEMPO.COM
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