Por Germán Ayala Osorio
El caso de las posibles
relaciones del general Juan Miguel Huertas con las disidencias farianas de Iván
Mordisco hace parte de una larga historia de probadas conexiones
mafiosas entre oficiales, suboficiales y soldados con miembros de las “guerrillas”.
Ya veremos si el alto oficial tuvo o no negocitos con los ilegales. Si se logra
probar su responsabilidad en el ilícito, el presidente Petro
deberá asumir la responsabilidad política por haberlo devuelto al servicio activo;
así mismo, los líderes de la inteligencia y contrainteligencia deberán hacer lo
propio por no haberle advertido al jefe del Estado de las andanzas del oficial
durante su retiro.
Esos probados vínculos entre
militares y “guerrilleros” confirman una incontrastable degradación moral al
interior de las fuerzas militares en particular en el Ejército, fuerza sobre la
que recae la lucha contra esas estructuras armadas ilegales agrupadas en la categoría
“enemigo
interno” con la que se han justificado jurídica y políticamente
procesos de paz como el de La Habana y feroces y sostenidos ataques para buscar
su sometimiento o su eliminación física, durante la aplicación del Plan Colombia
y la política de seguridad democrática.
Por supuesto que el envilecimiento
y la inmoralidad también tocaron a las “guerrillas” que siempre se presentaron
como “salvadores de la Patria y revolucionarios honestos”, cuando sus comandantes
y mandos medios hacían negocios con militares, sus “eternos enemigos”.
A pesar de varias purgas ordenadas
en anteriores gobiernos y las propias del presidente Petro, si el próximo gobierno
le apuesta a reiniciar diálogos
de paz con esas estructuras armadas ilegales tendrá que poner en la agenda
y sobre la mesa la exposición de pasadas y presentes relaciones entabladas con miembros
de las fuerzas armadas. No tiene sentido hablar de desmovilizaciones, curules,
entrega de armas y procesos de justicia restaurativa mientras existan las
tenebrosas conexiones comerciales entre subversivos y miembros de la fuerza
pública.
Así las cosas, antes de reestablecer
conversaciones de paz con el ELN
o las disidencias de las disidencias, el próximo presidente de la República
deberá liderar procesos de limpieza al interior del Ejército para evitar filtraciones,
pero sobre todo frenar los negociados con los que pierden legitimidad social y
política nomenclaturas como paz, diálogos y conflicto armado interno. Y como muestra
de una real voluntad de paz, los comandantes “guerrilleros” estarán obligados a
reconocer y entregar a quienes desde sus propias mesnadas andan en negocios con
uniformados.
Sería importante también que desde
la Casa de Nariño se ordene la tarea de exponer a quienes suelen llamarse los
Señores de la Guerra, esto es, empresarios locales y empresas internacionales
que de manera legal o ilegal obtienen millonarias ganancias de la extensión en
el tiempo de las dinámicas de un “conflicto
armado interno” que se degradó militar y políticamente, hasta convertirse
en un escenario de mutuas conveniencias entre militares, guerrilleros,
empresarios y políticos. Ya el país entendió que las señaladas “guerrillas” están
más interesadas en sacar provecho de la minería, el contrabando y la
comercialización de la cocaína, que en tomarse en serio los diálogos de paz e
incluso, de hacerse con la Casa de Nariño. Para qué el poder político, si controlan
rutas del narcotráfico, amplios territorios, participan de las rentas de la minería, lavan dinero
con la ayuda de agentes estatales a través de la ganadería
extensiva, entre otras actividades. Al final, hay que preguntarles: ¿son
enemigos o socios?
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