Por Germán Ayala Osorio
Convertidas las “guerrillas” en
grupos mafiosos o en traquetos de camuflado como los llama el presidente
Petro hace casi imposible sostener en el tiempo la campaña militar pensada exclusivamente
en derrotarlas militarmente. Ni con el Plan Colombia y su naturalización en la política
de seguridad democrática se pudo acabar de fondo con las guerrillas del ELN
y las Farc-Ep.
La negociación política con las
Farc-Ep, fruto de parciales y contundentes victorias militares del Ejército
colombiano, resultó costosa en términos sistémicos para comunidades que viven
en selvas y en entornos rurales en donde se siembra la coca: desplazamientos
forzados, muertos, heridos y mutilados en la población civil y en las filas de
los combatientes, violaciones de los DDHH y del DIH y afectaciones ecológicas y
socioambientales en ecosistemas naturales históricos.
La presencia de las disidencias de
las disidencias es un indicador irrefutable de que las economías ilegales terminaron por someter o erosionar el sentido político de cualquier negociación,
transformaron a esos grupos en traquetos con brazaletes y por supuesto hicieron inviable presupuestal y humanamente mantener en el tiempo las operaciones
militares adelantadas por las fuerzas del Estado.
La pérdida del carácter político
de esas estructuras armadas obligaría a los negociadores del próximo gobierno a
consolidar unas agendas diferentes pensadas más con criterios económicos, institucionales, sociales y
territoriales que permitan proponer salidas novedosas como la conversión de
esos grupos en ejércitos convencionales que legitimados
por el Estado, cumplirían con labores policiales y el cuidado de selvas y otros
ecosistemas estratégicos, entre otras actividades que se puedan pensar y proponer. Por
supuesto que esa transformación vendría de la mano de procesos de capacitación
y de aceptación social, jurídica y política de ese nuevo rol. Igualmente,
serviría como una forma de responder judicialmente a la sociedad por los delitos
cometidos y los daños generados por su accionar criminal.
En lo que respecta al negocio de
la cocaína, el Estado asumiría el control de todas las etapas de producción,
mientras se consolidan los programas de sustitución de los cultivos de uso ilícito.
Los monocultivos de amapola, coca y marihuana pasarían a control estatal y
privado para la producción de medicamentos y otros usos posibles en beneficio
de la humanidad.
En el mundo hay experiencias
similares en las que grupos irregulares terminaron fusionándose a las fuerzas legítimas
de los Estados que le apostaron a superar graves conflictos internos. Quizás
sea tiempo en Colombia de apostarle a salidas diferentes a los procesos de paz
de los que siempre salen disidencias o a la salida militar que podría extender
el conflicto por otros 50 años de una guerra absurda que hace rato dejó de ser
política en los términos tradicionales atados a cambiar las correlaciones de
fuerza y las formas en las que se ejerce el poder. Es una guerra económica, financiera y
territorial que deviene ancorada al lenguaje mafioso propio de los carteles de
la droga.
Así las cosas, los eventuales
procesos de negociación a establecer con el próximo gobierno deberían de servir
para revisar el sentido político con el que suelen establecerse las mesas de diálogo,
normalmente asociadas a procesos de desmovilización, entrega de curules para
comandantes y la puesta en marcha de proyectos productivos para los reinsertados.
En varias ocasiones los comandantes del ELN han dicho que no les interesan las
curules y mucho menos adelantar proyectos productivos. Y a juzgar por el comportamiento
mafioso de las disidencias farianas, lo mejor es revisar lo que tradicionalmente
los gobiernos, en nombre del Estado, han ofrecido y aplicado para poner fin a
las hostilidades.
Esa ha sido la tradición en un
país con una larga historia de negociaciones de paz entre el Estado y los
grupos irregulares; unas fallidas y otras con aciertos y resultados positivos,
pero con amenazas de generar el colapso de lo acordado. Quizás es tiempo de jugársela
por salidas políticas diferentes atadas a dos objetivos paralelos: evitar más
víctimas civiles y uniformadas y afectar los intereses de los Señores de la
Guerra, locales e internacionales que se benefician de la existencia de lo
que se conoce como el conflicto
armado interno.
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