Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social-periodista y politólogo
La
historia del periodismo colombiano señala que EL
TIEMPO siempre fue y lo es ahora más, un medio gobiernista. Cuando la
familia Santos estuvo detrás de sus dominios y orientación, claramente el
diario bogotano sirvió a los intereses políticos de la familia y los de los
gobiernos de turno. La misma narrativa del devenir del periodismo en este país
señala, con enorme justicia, que EL
ESPECTADOR fue y lo es aún, un medio crítico del Régimen político, manejado
por la familia Cano con una férrea ética periodística. La misma con la que se
enfrentaron al poderoso Michelsen Uribe, del Grupo Grancolombiano, y al
criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Esas diferencias en el ejercicio periodístico de
los dos diarios capitalinos hoy son más grandes cuando, en manos del banquero
Sarmiento Angulo, EL TIEMPO es hoy, junto a Semana y el noticiero de televisión RCN,
fichas del Establecimiento, lo que los convierte en estafetas de los intereses
de los sectores de poder económico y político que están detrás del histórico
régimen de poder.
Y como
ficha del Establecimiento, EL TIEMPO
debe informar y asumir posturas editoriales consecuentes con ese rol.
Efectivamente, a través de su editorial del 12 de marzo de 2021, intitulado Bombardeos y menores, el periódico del
banquero hace una defensa a ultranza del criminal bombardeo perpetrado por el
Ejército, en el que se afectó una parte del ecosistema boscoso y se asesinó a
varios menores de edad.
Por el
contrario, y siguiendo sus tradicionales principios éticos y periodísticos, EL ESPECTADOR, a través del editorial
del 13 de marzo, titulado La violencia
también se ejerce con el lenguaje, fustiga con vehemencia la acción armada
y el resultado ya conocido por el país.
Miremos
con algún detalle las posturas asumidas por estos periódicos frente al
bombardeo. En uno de los apartes del editorial de EL
TIEMPO, se lee que “los bombardeos son una expresión del uso legítimo de la
fuerza del Estado. Fueron un arma
fundamental para cambiar el curso del conflicto en Colombia y forzar a las Farc
a avenirse a una negociación política. Su utilización está reglada por
directrices en las que el respeto por las normas del DIH es la base, y en decenas
de oportunidades no se dio luz verde a operaciones contra objetivos de alto
valor por la presencia comprobada de personas que no formaban parte de la
organización ilegal”.
Lo primero que hay que decir es que el periódico confía
ciegamente en la sentencia weberiana que indica que el Estado es la única
estructura de poder facultada o autorizada para violentar a quienes se le
oponen militarmente o desconocen su autoridad. Lo que hace EL TIEMPO es obviar la discusión sobre la legitimidad del Estado colombiano.
Justamente, lo que está en cuestión es la legitimidad de un Estado que de
tiempo atrás funciona y actúa plegado más a los intereses privados y
corporativos de unos pocos, en detrimento del sentido de lo colectivo que de
manera natural se espera que acompañe su actuar institucional.
En otro momento del editorial se lee lo siguiente: “Toda
muerte es lamentable, y por supuesto que el Estado tiene que hacer mucho más
–incrementar las capacidades de inteligencia para planear los grandes golpes
contra los ilegales y así prevenir situaciones como la que hoy lamentamos–.
Pero quienes pusieron en situación de riesgo y, aparte de eso, les quitaron a
los menores la protección del DIH en el campamento de ‘Gentil Duarte’ son,
insistimos, los criminales que los reclutaron para la ilegalidad”.
La lectura que hace EL TIEMPO de la situación jurídico-política
de los menores asesinados es parcial en la medida en que olvida un detalle: se
trató de un bombardeo y no de un enfrentamiento en el que los menores guerrilleros
hubiesen participado activamente. La presencia de los adolescentes reclutados
ilegalmente por el criminal Gentil Duarte, obliga al Estado a proteger sus
vidas para arrebatárselos de las garras a las disidencias de las extintas Farc.
La explicación conceptual va en este sentido: “…El ministro
se equivoca. Un adolescente en armas puede ser considerado un objetivo militar
en circunstancias específicas: cuando participa directamente en un combate. Si
una guerrilla utiliza a esos menores en un asalto a un pueblo, el adolescente
se convierte en combatiente durante el asalto y la Fuerza Pública puede
atacarlo sin violar el DIH. El Ejército no puede considerar objetivo militar
a esos adolescentes guerrilleros por fuera de esas situaciones de combate pues
la doctrina actual del DIH, como la elaborada por el profesor René Provost, de la
Universidad McGill en Canadá, sostiene que un menor guerrillero no tiene el
mismo estatus que un guerrillero adulto”[1].
Es
claro que para EL TIEMPO es más
importante apoyar a la institucionalidad castrense, que citar a expertos
juristas que claramente erosionan su postura editorial, cargada de los
intereses políticos y económicos que exhibe el banquero y propietario del
diario.
Por el
contrario, EL ESPECTADOR, fiel a su
tradición, fustigó lo ocurrido y lo hizo apelando al sentido de humanidad, el
mismo que se pierde cuando los combatientes, legales e ilegales, creen que
dando golpes militares ejemplarizantes como el señalado bombardeo, la carga
moral por las <<bajas>> producidas, se aliviana en sus rabiosos
espíritus guerreristas.
“Si el Estado colombiano piensa sobre la
guerra lo mismo que el ministro de Defensa, Diego Molano, significa que estas
décadas de tanto dolor han sido en vano. Más allá del debate jurídico
sobre si bombardear campamentos de bandas criminales donde hay menores de edad
es legítimo bajo las reglas de la guerra, lo angustiante es que un funcionario
de tan alto nivel demuestre tal grado de insensibilidad ante la vida humana”.
Lo que hace EL ESPECTADOR es personalizar la discusión en la figura de Diego
Molano, y en particular en el lenguaje usado por el alto funcionario. Al
enfocarse en el acto de habla del ministro de la Defensa, el diario de los Cano
intenta caracterizar lo que sería el Estado colombiano, cuando las
institucionalidad estatal, en este caso, la castrense, actúa bajo la actitud
deshumanizante de un ministro que piensa y actúa como un vulgar chafarote y no
como un civil al que le han encargado guiar la cartera de Defensa.
Estamos, pues, ante dos posturas disímiles que
exponen la situación política de dos importantes medios escritos colombianos: EL TIEMPO, un actor político pro
establecimiento y EL ESPECTADOR,
otro actor político, pero alejado de las veleidades que acompañan la vida de un
banquero que usa el periódico de su propiedad, como una herramienta más para
acumular poder.
Imagen tomada de La verdad nada más que la verdad.
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