Por Germán Ayala Osorio
Álvaro Leyva Durán, en
ejercicio del derecho que le asiste como ciudadano a opinar y generar estados
divergentes de opinión pública, propuso hace ya varios meses, que la Justicia
Especial para la Paz (JEP) abra el macrocaso de la responsabilidad del Estado,
con el propósito de sentar en el banquillo a esa forma de dominación que
llamamos Estado. La propuesta de Leyva no solo tiene un anclaje natural en lo
discutido y en los documentos jurídico-políticos concebidos en La Habana, sino
que está atado a la urgente necesidad de procesar al Estado y condenar,
simbólicamente, a quienes sirviendo como funcionarios, facilitaron la
degradación moral de los agentes que dan vida al carácter represivo y
coercitivo del Estado, bien por acción directa o por actos omisivos. Por
supuesto que los grados de ignominia que acompañaron a militares y policías,
son compartidos con quienes, por línea de mando, avalaron sus acciones y
decisiones.
En el fondo, lo que Leyva Durán
propone es que la JEP llame a comparecer a expresidentes, agentes económicos de
la sociedad civil y a todos aquellos miembros de la élite que, con poder de
decisión, hicieron que el Estado operara con el carácter criminal que se
desprende de los militares que hoy están compareciendo ante el alto tribunal,
por haber participado en la comisión de los delitos de lesa humanidad conocidos
como los <<falsos positivos>>. Aunque es posible que el documento y
la narrativa que entregue la Comisión de la Verdad aluda a responsabilidades
estatales, el deseo del exconstituyente va camino a establecer máximas
responsabilidades políticas, por ejemplo, de los jefes del Estado que en su
calidad de comandantes supremos de las fuerzas armadas, tomaron decisiones en
el marco de la doctrina de seguridad nacional y el principio del enemigo
interno y por esa vía, le apostaron a extender en el tiempo las
hostilidades y en momentos históricos
precisos, haber convertido a militares y policías, paramilitares y
guerrilleros, en los únicos interlocutores con la población civil, con el
agravante de la consolidación de territorios en los que los últimos fungieron
como un para Estado.
Algo de lo que pretende el
exministro de Estado se perdió con el triunfo del NO en el plebiscito por la
paz: la comparecencia de los terceros civiles para que le explicaran a los
magistrados de la justicia transicional, en qué condiciones terminaron
aportando recursos de todo tipo, a las organizaciones armadas ilegales que
participaron de las hostilidades.
La apertura del macro caso por la
responsabilidad moral y jurídico-política del Estado debe cubrir no solo las
que le cabe por haber “facilitado” la aparición de las guerrillas y
posteriormente, el surgimiento de los paramilitares como brazo político y
armado de agricultores, empresarios y latifundistas, sino por haber generado
las condiciones para la extensión en el tiempo del conflicto armado y la
paulatina degradación de los actores armados. Y a ese llamado, también deben
llegar exministros de agricultura y agentes económicos de la sociedad civil que
hicieron parte del Pacto de Chicoral y aquellos que en adelante, de formas
legales e ilegales, aportaron y siguen aportando a los procesos de sometimiento
y de violencia simbólica y física en contra de campesinos y comunidades
ancestrales.
Ojalá lo planteado por Leyva
Durán tenga eco, pues es claro que el Estado colombiano deviene con el perfil
de un asesino serial, legitimado por la inercia institucional y por la fuerza
simbólica que lo acompaña como forma de dominación hegemónica. Es tal el nivel de degradación, que ya no es posible
diferenciar entre el Estado, como figura y categoría universal, y el régimen
político, mafioso y criminal, que lo sostiene.
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