GENTE DE BIEN Y EL FEMINICIDIO DE LUZ MARY TRISTÁN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Parece haber consenso en torno a que somos una sociedad clasista, machista, homofóbica y racista. Cuando uno o dos de estos factores o características confluyen en un hecho delictivo, llámese atraco, homicidio o feminicidio, el clasismo aflora como determinante para descalificar a quienes participaron de los hechos delictivos o por el contrario, para tratar de proteger a un “hijo ilustre” de la sociedad, cuya responsabilidad en uno o varios de esos hechos punibles siempre se asociará a la comisión de un error, a una equivocación, pero jamás a una acción premeditada o repetida.

Si quien roba o asesina es un afrodescendiente, entonces surge el racismo y las narrativas que lo consolidan: los epítetos, en estos casos, siempre llevarán consigo la frase “negro tenía que ser”. Si se trata de un mestizo pobre, podrá aparecer el siempre deshumanizante adjetivo de “monstruo”, con el que legitimaremos la posibilidad de hacer justicia por nuestra propia mano, pues se trata de una “rata, de una bestia, de un animal”.

Cuando se trata de hechos crueles como el recordado crimen de la niña indígena, pobre y desplazada, Yuliana Samboní, vuelve el clasismo a hacer presencia en la valoración individual y colectiva de los hechos. Recuérdese que el autor material fue un “hombre de bien”, es decir, “blanco, de clase alta, adinerado”. Una parte de la sociedad, incluidos los medios masivos, se cuidaron de descalificar al homicida o feminicida por tratarse, justamente, de un miembro del selecto grupo “gente de bien”. Los feminicidas con dinero suelen ser protegidos por los sectores sociales y económicos desde donde se legitima el machismo y reproduce el régimen patriarcal. De esa cofradía suelen hacer parte jueces y médicos que se prestan para consolidar cuartadas y estratagemas para evitar el “ajusticiamiento” social y la acción de la justicia que sí sufren los que a diario roban en las calles o aquellos que asesinan mujeres. Estos últimos suelen ser sometidos a los ya comunes “masajes o paloterapia” que lo único que confirman es que llevamos el gen paramilitar en nuestro ADN.

Esos sectores de poder económico, social, político y mediático, en los que cobra sentido la manida frase “gente de bien”, necesitan mantener en el tiempo esas características y circunstancias sobre las cuales se construyeron castillos, emporios, sectas o logias; es por eso por lo que el clasismo brota con sus fuerzas centrífuga y centrípeta para insistir en que siempre habrá una clase y cultura dominantes, lo que significa, para el caso colombiano, que de ese exclusivo grupo hacen parte realmente, gente decente. Habría que empezar por revisar qué entendemos hoy en Colombia por decencia.

Frente a los feminicidios hay que reconocer que las reacciones de rechazo crecen, síntoma de una tardía toma de conciencia frente a las reclamadas relaciones de respeto de los hombres frente a las mujeres. Pero aún falta mucho por hacer.

El reciente feminicidio de Luz Mary Tristán constituye un buen ejemplo de lo que aquí estoy exponiendo. Varios medios de comunicación entraron en el juego de cuidar la imagen del presunto homicida, hombre que entra en la peligrosa subcategoría “gente de bien”. Aunque aún la justicia no definió calificar así el crimen de Tristán, todo indica que se trata de un feminicidio. “la conducta consiste en causar la muerte por la condición de ser mujer. Esta expresión introduce un elemento subjetivo del tipo, el cual se fundamenta en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida a una mujer. El móvil comporta no solo una vulneración al bien jurídico de la vida, sino también la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.” (Ámbito Jurídico).

La manida frase que sirvió en el pasado para encubrir la vida criminal de mafiosos, también es usada para persuadir a las autoridades ante cualquier requerimiento por cuanto son muy pocos los que pueden auto llamarse “gente de bien”. Como diferenciador socio económico funciona a la perfección a quienes siempre estarán dispuestos a excluir a los demás, esto es, los que no tienen los bienes suficientes para ostentar y ubicarse en un siempre inmerecido plano moral superior.

Quizás lo sucedido en Cali durante el estallido social, sirvió para que una parte de la sociedad empezara a sospechar de esa “gente de bien” o los “camisas blancas” que salieron a darle bala a los indígenas y marchantes. Bueno, esa “gente de bien” ya existía desde los tiempos de los carteles de la droga.

Recuerde entonces evitar a toda costa auto definirse o auto proclamarse como “gente de bien”, porque a lo mejor lo que usted está tratando de ocultar es un crimen, tomar distancia para parecer mejor persona, o quizás, sin quererlo, reconociendo que pertenece a una casta superior de la que se puede esperar lo peor.

Al final, lo que debemos entender todos es que los riesgos de vivir juntos estarán siempre ahí, por una razón natural y fundamental: de todos nosotros se puede esperar lo peor, seamos pobres, acomodados, o ricos. Y es así, porque la condición humana deviene aviesa y llena de pulsiones.

Adenda: no se alude de manera directa a la identidad del presunto asesino de la deportista por una razón fundamental: exhibirlo, en una sociedad que deviene confundida moralmente como la colombiana, en lugar de exponerlo al escarnio, puede servir de ejemplo a quienes desde el poder económico y el reconocimiento social, se puedan sentir identificados. 

Imagen tomada de Blu radio

LOS RIESGOS DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como camino expedito para lograr las reformas sociales y políticas que las bancadas en oposición del Congreso insisten en no tramitar, deviene peligrosa e inconveniente por varias razones. Antes de exponerlas, hay que recordar que en los tiempos del gobierno de Uribe Vélez se planteó convocar a una Constituyente para discutir reformas alrededor de temas específicos. La propuesta del uribismo estuvo precedida del enfrentamiento que Uribe sostuvo con las altas cortes, en particular con la Corte Suprema de Justicia. Luego, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se hizo la misma propuesta, esta vez para refrendar el acuerdo de paz de La Habana.  En ese momento, fueron las Farc-Ep quienes propusieron esa salida.

El profesor Rodrigo Uprimny, el 9 de junio de 2013 hizo referencia a una ANC cerrada: “…Otra posibilidad es una asamblea constituyente, pero no soberana, sino para temas específicos. Y eso es posible pues la Constitución establece que la ciudadanía aprueba la convocación de una constituyente, pero con base en una ley que define su “competencia, período y composición”. Una asamblea con competencia limitada no pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al definirse su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos minoritarios, como las víctimas y los grupos étnicos. Es pues una opción a explorar, pero que también tiene peligros, pues una vez convocada podría querer transformarse en una asamblea soberana…Debemos pues empezar a debatir cómo refrendar un eventual acuerdo de paz”.

Si bien el gobierno Petro cuenta con un importante respaldo popular, hay sectores de la población que siguen firmes con la derecha, lo que, en un escenario electoral para elegir a los delegatarios, haría posible que la derecha termine con las mayorías de los constituyentes lo que se traduciría en una derrota política para el petrismo. A lo que se suma el riesgo de que ese sector del espectro ideológico modifique el actual diseño constitucional para regresarnos al modelo de sociedad y Estado de la Constitución de 1886, que es el sueño del uribismo.  

Al no contar con las mayorías en el Congreso, el gobierno Petro le daría a la ultraderecha la enorme posibilidad de cambiarlo todo, para dar rienda suelta a sus ideas conservadoras.  Derogar la Carta Política de 1991, sin haber alcanzado la consolidación del Estado Social de Derecho y la generación de una cultura política y democrática en todos los niveles de la sociedad colombiana y sobre todo sin haber solucionado problemas como el empobrecido capital social de millones de colombianos, es un riesgo que el país no puede correr. Si bien es legítimo que Petro proponga ese camino institucional, las circunstancias económicas, mediáticas y políticas no lo favorecen del todo.

Las circunstancias contextuales que llevaron al gobierno de César Gaviria a convocar la Asamblea Nacional Constituyente en nada se parecen a las que hoy vive el país. Ni tenemos una violencia generalizada y muchos menos una crisis institucional que haga inviable al país. Hay, sí, una férrea oposición en el Congreso frente a las reformas a la salud, al sistema pensional y a las condiciones laborales presentadas por la actual administración, lo que pone en evidencia que la derecha tradicional, representada en los partidos declarados en oposición y en independencia, está dispuesta a defender los privilegios de la élite tradicional que se siente amenazada con las reformas planteadas por el presidente de la República.

Si bien hay sectores del Establecimiento que están con Petro, hay otros igual o más poderosos que le hacen oposición y hacen ingentes esfuerzos para que al país le vaya mal. Aquellos que hoy le sonríen a Petro, al momento de una ANC lo más probable es que le den la espalda. En ese momento, los reformistas, enemigos de la Carta de 1991, se la jugarían por regresarnos al pasado.

Por lo anterior, convocar a una ANC se acercaría más bien a una decisión caprichosa del jefe del Estado, tal y como sucedió cuando el entonces presidente Uribe propuso conformar una constituyente. Petro debe evitar a toda costa ser comparado con el expresidente y expresidiario antioqueño. Lo que debe hacer el petrismo y la izquierda en general, es formar los cuadros suficientes y entregarle las banderas del cambio a un candidato como Luis Gilberto Murillo.

Imagen tomada de Youtube. 

CLAUDIA LÓPEZ Y EL FRACKING: COMO DIGO UNA COSA, DIGO LA OTRA

  

Por Germán Ayala Osorio

 

Al apostarle a la transición energética expresada en negarse a nuevas exploraciones de combustibles fósiles, entre otras medidas, el presidente Petro sacudió a los ambientalistas aletargados y a los amigos de las actividades desarrollistas insostenibles ecológica y ambientalmente como la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos legales e ilegales como la coca, caña de azúcar y palma africana y la gran minería.

A veces con una mirada catastrofista alrededor de una eventual extinción de la humanidad, el presidente Petro enfrentó a los sectores de poder tradicional que jamás valoraron aquello de ser un país biodiverso por ser amazónico y contar con las riquezas del Chocó Biogeográfico.

En medio de una incontrastable crispación ideológica y política provocada en gran medida por su intención de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del pueblo, candidatos presidenciales como Claudia López Hernández sumaron un ingrediente más a ese ambiente de polarización: volver a las prácticas extractivistas como el fracking. El uso de esa técnica había sido prohibido en 2023 por “el senado de la república con 62 votos por el sí y 9 en contra, aprobó el proyecto que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de Hidrocarburos, se ordena la reformulación de la política de transición energética y se dictan otras disposiciones”. Posteriormente, la Corte Constitucional en un fallo histórico de 2024 ordenó hacer una consulta previa para los proyectos piloto de fracking en la región del Magdalena Medio, en particular en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

La candidata presidencial Claudia López “alborotó” las redes sociales y a los ambientalistas con su promesa de hacer fracking si en el 2026 resulta elegida como la primera mujer presidente de Colombia. Suele pasar que los candidatos presidenciales, en escenarios electorales, se comprometen con desarrollar políticas y acciones a pesar de que en el pasado se opusieron a las mismas. Es el caso del fracturamiento hidráulico o fracking, que la exalcaldesa de Bogotá rechazó con vehemencia en el 2017. Quedó en evidencia que la exalcaldesa de Bogotá no tiene convicciones en materia de protección ambiental y ecológica de los ecosistemas. Su incoherencia y capacidad de acomodarse a las circunstancias la convierten en una veleta ideológica con todo y los riesgos que conlleva actuar de esa manera.

Con tal de ganar el apoyo de las empresas interesadas y en capacidad de aplicar dicha técnica para extraer gas, Claudia López desestima los efectos negativos y los riesgos ecológicos y ambientales que produce el fracking. Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera el primer ministro del medio ambiente de Colombia sostiene que “por cada pozo se inyectan al suelo entre 9 y 29 millones de litros de fluidos (lo cual no debería permitirse en regiones con escasez de agua). Y existe el riesgo de que estos, así como los gases del pozo (incluyendo metano y compuestos orgánicos volátiles), migren hacia los acuíferos (aguas subterráneas) y los contaminen, ya sea a consecuencia de una defectuosa construcción de los pozos o a través de las fracturas inducidas en el proceso, y otras vías”.

El principio de precaución consagrado en la Ley 99 de 1993 no se puede desestimar a la hora de autorizar pilotos del fracking. La institucionalidad ambiental estatal siempre será débil y precaria cuando se juntan los intereses económicos y políticos de agentes de poder que además de negar los efectos del cambio climático, subvaloran los ecosistemas naturales-históricos.

No olvidemos entonces que la polémica promesa de Claudia López se da en medio de una fuerte polarización ideológica y política entre el progresismo y la derecha, a lo que se suman desde ya posturas desarrollistas para intervenir valiosos y frágiles ecosistemas y de esa forma rechazar la transición energética a la que le apostó el actual gobierno. Días atrás, la candidata Vicky Dávila dijo que una vez electa presidenta mandaría a construir una prisión en alguna de las selvas de Colombia, para encerrar allí a corruptos de cuello blanco. Tanto la propuesta de López como la de Dávila se asumen desde una sostenibilidad basada exclusivamente en criterios económicos y políticos, olvidándose de los efectos ecológicos y ambientales que generarían las dos propuestas. Quizás López Hernández  está sufriendo del síndrome de la Chimoltrufia. Y Dávila se está dejando llevar de su ignorancia supina. 

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GUSTAVO PETRO Y LA DEMOCRACIA PLEBISCITARIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si algo saber hacer el presidente Gustavo Petro es incomodar a los momios del Establecimiento. Después de señalar en Cali, en Puerto Resistencia, que Colombia debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, los medios masivos hegemónicos se dieron un banquete periodístico y político con la propuesta presidencial: les abrieron los micrófonos a los agentes políticos que se oponen a las tres reformas planteadas por el gobierno, encaminadas estas a tratar de profundizar la democracia y por ese camino, cumplir con lo que señala la Constitución de 1991: que Colombia es un Estado Social de Derecho.

La propuesta es a todas luces inviable, por una razón fundamental que parece que Petro olvidó: no tiene las mayorías en el Congreso. Mientras la derecha pasa el trago amargo que les hizo pasar la simple propuesta, lo que tendría que hacer el gobierno nacional es avanzar en la reforma agraria, la recuperación de las vías férreas, frenar la deforestación de las selvas; en cuanto a las reformas, debe darle más poder a la Superintendencia de Salud para esta entidad sancione con dureza a las EPS que se nieguen a prestar a entregar a tiempo los medicamentos y autorizar los procedimientos. Igualmente, crear una red de centros de salud en los lugares más apartados del país.

Las resistencias al cambio de los agentes del Establecimiento no son óbice para avanzar en otros asuntos en los que se requiere la atención del Estado y que no necesariamente pasan o tocan los temas de las tres reformas. Mientras tanto, los seguidores del presidente deben entender que hay que prepararse desde ya para las elecciones de 2026. No haber votado masivamente en las elecciones del Congreso le permitió a la derecha conservar sus curules, las mismas que está usando para atravesarse a las reformas.

Hay que comprender que con un exguerrillero como presidente de la República (2022-2026), se resintieron los cimientos conservadores, excluyentes y autoritarios de quienes lideraron el establecimiento colombiano durante más de 50 años de guerra. La figura de Petro presidente genera unas grietas por las que deberán por fin colarse las ideas modernas que la élite feudal dominante jamás acogió, porque estaba cómodamente instalada en la tradición, en el pasado y en la cultura dominante. O quizás, plácidamente moviendo los hilos de un eterno estado de naturaleza. La conquista del poder, por la vía democrática, del primer gobierno nacional de izquierda, abre el camino para que Colombia se vea inmersa en una especial coyuntura política, que muy seguramente irradiará a ámbitos como el económico, el social y en particular, en el de la cultura. La llegada de Gustavo Petro a la jefatura del Estado, después de haberse levantado en armas en su contra, le da un valor innegable a la vida democrática, a pesar del cerramiento que la democracia colombiana exhibió desde los tiempos del Frente Nacional. Pero también, legitima los esfuerzos de paz que desde el Estado se emprendieron en el pasado y los que se ojalá se pongan en marcha para lograr la desmovilización del ELN y la de las disidencias de las extintas Farc-Ep, otoñales grupos armados que se quedaron en el pasado.

Como líder carismático, Gustavo Petro tiene la oportunidad, junto con los cuadros que lo acompañan ideológicamente, de proscribir todos los procesos de estigmatización, persecución y exclusión que la gran prensa aupó, siguiendo las narrativas violentas con las que se logró demonizar a todo lo que oliera a izquierda. Si Petro y su gobierno cumplen con lo más sustancial de lo prometido en campaña, será posible transitar los caminos de una modernidad que lleve a la consolidación de una verdadera democracia, pluralista y respetuosa de las diferencias y al nacimiento de unas nuevas ciudadanías, más acordes con los desafíos que hoy, entre otros fenómenos, nos impone el cambio climático y la crisis humana-ambiental (civilizatoria) que abraza al planeta. Por eso no es conveniente distraerse haciendo propuestas inviables, que solo sirven para molestar a la derecha.

La presencia de público en la Plaza de Bolívar durante la ceremonia de transición de mando debe leerse en clave cultural y política, en la medida en que Petro se reconoce como un líder carismático, circunstancia esta con la que podría instaurar durante su mandato, una democracia plebiscitaria en la perspectiva de Weber, con todo y los riesgos que ello depara. Ello explicaría no solo la presencia masiva y remota  en plazas y parques de centenares de sus seguidores, sino su genuina preocupación, expresada en la frase “no les podemos fallar”. Petro Urrego sabe muy bien que perder el carisma es fácil por cuenta de no satisfacer ampliamente las expectativas y necesidades de un pueblo que tiene hambre y que ha sufrido la exclusión de una élite “blanca” que jamás se conectó con sus aspiraciones de ejercer una combativa ciudadanía política. Por el contrario, esa misma élite construyó una relación de dominación con la que dio vida al más inmoral de los asistencialismos y a la consolidación de un clientelismo que se extendió a todas las esferas de la sociedad.  

Baste con extraer algunas frases de su conmovedor  discurso, para entender la dimensión de lo dicho, los mensajes cifrados que envió y los que están atados a su lucha revolucionaria:

“Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión”.

Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos”.

Estamos ante una ruptura histórica alejada moral, ética y democráticamente del quiebre institucional y cultural que el país vivió durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2002-2010 emergió un líder carismático como resultado de una invención mediática.  Quizás Uribe pensó en que sus consejos comunales de gobierno lo llevarían a liderar una democracia plebiscitaria o por lo menos, a ejercicios de una democracia directa. Ni lo uno, ni lo otro. El liderazgo del hoy imputado expresidente (1087985) estuvo fundado en el poder los clanes regionales que lo respaldaron y que supieron cobrarle dicho apoyo, por ejemplo, con la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS). De la misma manera, Uribe operó un Estado militarista, el mismo que terminó asesinando a su propio pueblo (6402 falsos positivos). Por el contrario, el que encarna Petro Urrego está fundado en el poder de un Estado cuya legitimidad no está anclada exclusivamente  en el poder de las armas y en la persecución de aquellos asumidos como “enemigos de la patria”, sino en el surgimiento de un Estado moralmente superior y obligado a comportarse como un Estado social y democrático de derecho. Entre 2022 y 2026 veremos  a un líder carismático y magnánimo, surgido de las entrañas de la exclusión y de la lucha revolucionaria. Por lo anterior, insisto en que Petro debe dedicarse a gobernar y dejar de soltar globos que el grueso del pueblo no está en capacidad de entender sus alcances.

“Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz”.

Si terminado su mandato, Petro pierde el respaldo popular por haber incumplido las promesas de campaña, el hoy derrotado régimen volverá a sacar el garrote disciplinante para asegurarse que jamás la izquierda vuelva a poner presidente y arrebatarles el poder. Si, por el contrario, logra consolidar una democracia plebiscitaria, dejará que sea el pueblo el que defina su sucesor o la continuidad de su mandato.

 

Imagen tomada de la red X.

EL HUMOR “NEGRO” DE FUCK NEWS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si fuera cierto que “somos -o que fuimos- el país más feliz del mundo”, los humoristas, en todas sus modalidades y estilos, quizás no tendrían mucho trabajo en Colombia porque los colombianos no necesitarían burlarse de sus desgracias cotidianas para hacer más llevadera sus vidas. De la mano de los humoristas es posible evitar que los agobiantes problemas (societales, familiares o individuales) terminen en estadios de depresión, cansancio o de aburrimiento individual y colectivo.

Por fortuna, el humor, como práctica social, no es uno solo, de ahí que existan modalidades más o menos universales como el humor político, como el que en su momento practicó Jaime Garzón y que lo convirtió en objetivo militar de los paramilitares y de sectores de poder político que lo vieron como un peligroso generador de opinión pública divergente. Garzón lo intentó a través de la burla mordaz, la interpretación de los hechos públicos y la crítica velada o directa a específicos agentes de poder. Estoy seguro de que no todos los colombianos estuvieron en la capacidad de entender cuando con su personaje Godofredo Cínico Caspa dijo: “Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta Semana, que trae en la tapa al civilista gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado. Líder que impulsa, con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas que él, iluminado por los soles de Faruk, llamó Convivir. Acierta Semana, en cabeza del diligente vástago de César Gaviria, Mauricio Vargas, al proyectar sobre el escenario nacional a la nueva neoliberal lumbrera. Álvaro vislumbra todo un país convertido en zona de orden público, como una sola Convivir donde la gente de bien pueda disfrutar en paz de la renta. Y será él quien traiga por fin a los redentores soldados norteamericanos para que humanicen el conflicto y hagan de Uribe Vélez el dictador que necesitamos". O cuando el mismo Jaime Garzón, en una conferencia en Cali (1995), dijo: “Álvaro Uribe es peligrosísimo”.

Entre tanto, el humor “negro” es otra modalidad culturalmente aceptada a través de la cual es válido burlarse de las desgracias humanas. Opera en los ámbitos público y privado, asegurado en buena medida por la doble moral de cientos y de miles de colombianos que ríen en privado con este tipo de humor, pero se atreven a censurar o limitar a los humoristas que lo practican en teatros y otros escenarios abiertos al público. El humor “negro” es catalogado como menos inteligente, si se le compara con el humor político. Suele despertar susceptibilidades por considerarse ofensivo y poco empático con quienes sufren accidentes, padecen enfermedades o mueren en circunstancias que facilitan a los humoristas mofarse. Pues bien, los jóvenes de Fuck News practican ese tipo de humor, que bien se puede calificar como “básico” y mucho menos inteligente que el humor político que otros practican.

En su reaparición, los presentadores de Fuck News (una parodia de noticiero que sirve para burlarse de los hechos que los medios convierten en noticia) aludieron al crimen de la DJ Valentina Trespalacios. Recordará el país que la joven fue asesinada por Jhon Poulos, un norteamericano que la metió en una maleta, dejando su cabeza por fuera. Posteriormente, la abandonó en un depósito de basura, huyó del país, fu e capturado en Panamá y devuelto a Colombia.

Los presentadores se burlaron del insuceso, lo que motivó el rechazo de algunos ciudadanos en redes sociales, que consideraron que es necesario ponerle límites a ese tipo de expresiones humorísticas. Hago las siguientes disquisiciones al respecto:

Hay un público que goza de ese tipo de humor, a juzgar por quienes llenaron el teatro y rieron a carcajadas por los comentarios burlones expresados por los presentadores de Fuck News. Al validarla socialmente, la burla en torno a los hechos que rodearon la muerte de la DJ adquiere o entra en una dimensión que en doble vía permite la descalificación de lo sucedido, esto es, la conducta y la acción criminal del victimario, al tiempo que la convierte en un antidepresivo, individual y colectivo, e incluso, en una forma de hacer conciencia en torno a los riesgos que corren las mujeres en una sociedad patriarcal y machista que legitimó, a través de la publicidad sexista y los ejercicios del poder político y económico, que los hombres las asuman como objetos sexuales, o como sujetos de seducción, dominación y sometimiento.

“El  humor  sería  un  aspecto  muy importante  para entender  el pensamiento  y los  aspectos  más profundos de  una cultura. Sería importante no caer en la dualidad de "serio/humor", ya que aunque el humor pueda relacionarse en un primer momento con lo jocoso, el hecho de que se esté usando,  así  como  lo  que  está  diciendo,  puede  estar  comunicando  consciente  o inconscientemente cosas “serias” (Abril 1991; Berger 1999)”.(Casado, María Isabel, 2017).

Siempre queda la opción de no consumir ese tipo de oferta cultural. De allí que proponer ponerle límites a ese tipo de humor constituye una forma antidemocrática de control en contra de un tipo de humor que está ancorado en lo que somos como sociedad: violenta, pero capaz de reírse de sus desgracias, producidas en buena medida, porque nuestros comportamientos y acciones cotidianas están soportadas en las negativas representaciones sociales que hemos construido sobre los demás.

El humor de los jóvenes de Fuck News es básico y retador, pero podría servir, si se hace una lectura más reposada, para que tragedias humanas, dentro de las cuales cabe el asesinato de Valentina Trespalacios, puedan hacerse más llevaderas para las familias víctimas de feminicidios y el resto de la sociedad. Y para lograrlo, todos debemos entender que los feminicidios son el resultado de una sociedad patriarcal, machista y misógina de la que hacemos parte todos. De ahí que todos, de alguna manera, somos responsables de los crímenes de Valentina Trespalacios, Rosa Elvira Cely y de Yuliana Samboní, entre otras más.

Imagen tomada de El Colombiano

ARRIBISMO, CLASISMO Y RACISMO EN COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

La potenciación en Colombia del clasismo, del racismo y del arribismo está atado a la perversa relación amigo-enemigo que se promovió desde el Estado por la presencia histórica de las guerrillas y desde los sectores tradicionalmente acomodados económica y políticamente. En esas circunstancias, el colombiano promedio entró en una dinámica de competencia extrema no solo por sobrevivir, sino por alcanzar un reconocimiento social esquivo, por cuenta de su origen de clase y de un ejercicio político circunscrito al linaje de unas cuantas familias que por (des) gracia del destino, emergieron para controlar el Estado y a través de este, definir las condiciones de vida de millones de sus connacionales.

Llegará el momento de hacer un balance de lo que nos dejó la irrupción de las guerrillas en los años 60, más allá de los ámbitos militar y político en los que tradicionalmente se inscribieron los análisis y la comprensión del devenir de la confrontación armada. Y dicho análisis bien podría partir de la relación amigo-enemigo que brotó de la doctrina de seguridad nacional y por supuesto, de las naturalizadas prácticas de lo que se conoce como el racismo estructural, el clasismo y el arribismo, tres graves fenómenos en los que confluyen el individualismo moderno como máxima expresión de la crisis de la solidaridad y de todo aquello que dio sentido a que el ser humano es, fundamentalmente, un animal social. Y en el arqueo al conflicto armado interno, con todo y sus protagonistas, hay que decir que el aborrecimiento o la tirria desbordó el escenario militar y político, y se instaló en las relaciones sociales cotidianas, en las maneras de asumir la economía y de entender el sistema capitalista y, por supuesto, en la consolidación de un sistema político que, en lugar de promover prácticas democráticas, terminó por afianzar un cerrado modelo de democracia social, económica y política.

En ese camino, odiar o la repulsión hacia el Otro diferente, se volvió paisaje en Colombia. No importa si primero empezamos a odiar a los negros, a los indígenas, a los campesinos; o a los homosexuales, a los de izquierda e incluso, a los poetas, marihuaneros, a los guerrilleros o los nadaistas. Lo realmente importante es reconocer es que los resquemores los empezamos a tramitar en función del lugar que cumplía cada uno de los anteriores y de otros que se pueden sumar a esta penosa lista, o al lugar, en términos de reconocimiento, que pretendía alcanzar dentro de una sociedad poco dada a la discusión dialogada de las diferencias.

Por todo lo anterior, los riesgos de vivir juntos en Colombia son altísimos por cuenta de una notable resistencia a reconocer a los Otros, lo que sin duda alguna constituye un problema comunicativo y dialógico que hace imposible matizar los peligros de convivir. Decía Touraine que “cuando estamos todos juntos, no tenemos casi nada en común, y cuando compartimos unas creencias y una historia, rechazamos a quienes son diferentes de nosotros”.

Quizás la mayor marca que como sociedad exhibimos sin asomo alguno de vergüenza es la del “valor humano inferior” del que habla Norbert Elias, asumido por grupos superiores como un arma que usan contra otros grupos en el marco de una lucha por el poder, por conservarlo o adquirirlo, asumida esa lucha como un medio para conservar la superioridad social que le precede a quienes hacen parte de esos grupos superiores.

Con la llegada al poder de Gustavo Petro y el empoderamiento de miembros de comunidades históricamente marginadas y miradas como “inferiores” (negros, campesinos, indígenas y ciudadanos pobres de barriadas en las principales ciudades del país) se pueden consolidar los odios en esos “grupos superiores” que perdieron el poder político, hacia quienes hoy gozan del privilegio de ser reconocidos por el presidente de la República. Justamente, esos “grupos superiores” fueron durante mucho tiempo la fuente desde donde salieron los elementos y los valores sobre los que fundaron el clasismo, el arribismo y el racismo. Quienes hoy están en la Oposición, en la resistencia y en contra de Petro son los responsables y aupadores de esos tres fenómenos socioculturales que instalaron en Colombia disímiles formas de violencia, en las que sobresalen prácticas de animadversión étnica, ideológica y política.

Es poco probable que después de cuatro años de un gobierno progresista y cercano a los históricos “nadies y las nadies” se logre un cambio sustancial en las relaciones sociales, fundadas en lo económico. Por el contrario, una vez regresen al poder los aupadores del clasismo, arribismo y el racismo, lo más probable es que la inquina bidireccional aumente y escale a peores formas de violencia contra los proyectos colectivos de afros, indígenas y campesinos, y contra esos otros ciudadanos invisibles que deambulan en las barriadas de las principales ciudades del país.

Por todo lo anterior, lo que realmente necesita Colombia es un profundo cambio cultural. El problema está en que nadie lo está liderando. Por el contrario, las empresas mediáticas, azuzadas por sus propietarios y periodistas que practican muy bien el clasismo y el arribismo, están en la tarea de profundizar el racismo y esos dos más fenómenos que nos hacen ver como sociedad premoderna, incivilizada, violenta y estúpida.

Imagen tomada de RCN

OTRA SEMANA DE “PASIÓN” POR JESUCRISTO CRUCIFICADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el Jueves Santos inician los sempiternos rituales en torno a los cuales hombres y mujeres católicas se congregan para ratificar creencias, contar sus pecados, pedirle a Dios favores a cambio de diezmos y prometer mejoramientos individuales que suelen terminar en eso, en promesas.

En unos cuantos días será una más en el calendario. Otra semana de pasión por Jesucristo y la narrativa que lo acompaña, la misma que deviene entre lo real, el misticismo y la imposición simbólica de un relato, con todo y personajes, tan violento como la historia de la humanidad; y claro, se da inicio al “puente” más largo del año para aquellos que asumen la Semana Mayor como el momento para descansar de las rutinas laborales. Así lo reconocen las presentadoras de los noticieros de televisión que fungen como agentes legitimadores de una hegemonía religiosa responsable de las Cruzadas, de la Santa Inquisición, de la naturalización de la pederastia y la pedofilia en una congregación religiosa que protege a los curas violadores de niñas y niños.

Será una semana más en la que la Iglesia Católica expone ante el mundo su incontrastable poder y profundiza el patriarcado que la convirtió en el símbolo universal del machismo, la misoginia, la pederastia y la pedofilia. Baste con ver las homilías en el Vaticano, con Papa a bordo, en las que desfilan, confiesan y se persignan únicamente hombres, jóvenes y vetustos, que adoran a la imagen violentada de Jesucristo crucificado: otro hombre.

La imagen del Señor crucificado representa el sufrimiento de quien murió por salvar la humanidad, de acuerdo con el relato universal que se acepta como verdad, a pesar de las dudas que recaen sobre esta y que intentan lo mismo: ser universales. Pero también da cuenta de la vileza del ser humano, en particular la de aquellos que fueron capaces de colgar en un madero a un hombre vivo, clavado de pies y manos, hasta que murió y ascendió al reino de los cielos. Por supuesto que la Iglesia Católica prefiere que se ponga la atención en la lectura literal de la otoñal figura y relato, para anclar en ella los miedos e incertidumbres de sus fieles que aceptan sin mayores disquisiciones la vida y muerte del salvador.

La Semana Santa suelen promocionarla y venderla los medios masivos y los curas católicos como un espacio para el recogimiento y la reflexión, en un mundo capitalista que no da espacio para pensar y mucho menos para rediseñar o reinventar las relaciones con la Naturaleza.  El propósito, loable por demás, es que una vez terminen las liturgias celebradas durante los días santos, cada uno de los fieles católicos regrese a sus vidas cotidianas siendo mejores seres humanos. Se trata, sin duda, de un anhelo que chocará, inexorablemente, con los niveles de educación y formación ciudadana de cada uno de los que van a misa a persignarse, a pedir perdón por sus pecados y a pedirle a Dios que les ayude a mejorar aquellos aspectos que los alejaron de los 10 mandamientos. Una vez pase la SS e incluso, minutos después de escuchar a los curas en sus homilías, esos creyentes saldrán a continuar con sus mismas prácticas: robar, maltratar al prójimo, violar los derechos humanos y amenazar. Que se sepa, el genocidio en Gaza continuará por obra y gracia de Netanyahu, su ejército sionista y el dios que los ampara, ilumina y guía. Tanta locura junta, acompaña la historia de todas las religiones involucradas en crímenes y éxodos.

Esos buenos deseos ocurren mientras el Estado de Israel hace ingentes esfuerzos por borrar de la faz de la tierra al pueblo Palestino para gentrificar esa zona con hoteles cinco estrellas. Gaza será reconstruida para el gran capital y el turismo internacional. Eso sí, sin gazatíes, porque representan para Netanyahu atraso, terrorismo y pobreza. La pregunta obligada es: ¿Qué piensa Dios u otros dioses del genocidio que ocurre en Gaza? Imagino que los sacerdotes cristianos dirán que Dios vigila todos los actos humanos, incluidos los que ocurren en los conflictos bélicos. Al final, estos curas resuelven todo señalando que los miembros del ejército genocida “pagarán” por sus actos cuando entren al purgatorio o al infierno, escenarios que hacen parte de toda esa narrativa en la que la Iglesia Católica envolvió y mantiene cautivos a millones de seres humanos en el mundo que creen a pie juntillas en el infierno y el paraíso.

Pasará esta Semana Santa y los riesgos de vivir juntos, entre diferentes, se potenciarán y se harán inevitables las guerras, los conflictos étnicos y religiosos; los crímenes pasionales, los feminicidios, los duelos de sangre y las más estúpidas de todas las disputas y conflictividades: por un dios o una camiseta de un equipo de fútbol. Lo curioso es que millones de fanáticos al fútbol van a misa y confiesan sus pecados. Sus vidas son el espejo de la trayectoria de la Iglesia Católica: entre luces y sombras.

 

@germanayalaosor

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QUE VUELVAN LOS BOMBARDEOS: ALCALDE CALI

Por  Germán Ayala Osorio

La reciente escalada dinamitera y terrorista de las disidencias de Iván Mordisco en Jamundí y el norte del Cauca hicieron que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le exigiera al gobierno nacional volver a los bombardeos de los campamentos guerrilleros, a sabiendas de que estos están prohibidos por el presidente Petro por razones humanitarias, cuando en estos se tenga conocimiento de la presencia de menores de edad. 

La instrucción del presidente de la República se explica porque durante el gobierno de Iván Duque se bombardearon campamentos del ELN en los que, de acuerdo con actividades de inteligencia militar, en esos lugares se sabía de la presencia de niños y niñas. Esos crímenes constituyen violaciones al DIH que el actual gobierno no está pensando en perpetrar. 

Una vez la prensa recogió lo dicho por Eder, el mandatario local intentó matizar su exigencia, mostrando preocupación por el reclutamiento de adolescentes por parte de esas estructuras armadas que operan en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, al mando del "guerrillero" Iván Mordisco. Eder señaló que las disidencias farianas usan a los menores como escudos humanos, violando así el DIH. 

Sobre lo propuesto y exigido por el alcalde de Cali hay que hacer varias consideraciones. La primera, que las lógicas operativas de esas agrupaciones armadas ilegales ya no contemplan establecerse en campamentos visibles por los riesgos de ser sorprendidos por la fuerza pública. Es claro que se mimetizan entre la población civil, lo que hace difícil someterlos a fuego intensivo. De tiempo atrás, esos grupos ilegales volvieron a la estrategias propias de una guerra de guerrillas. Bajo esas circunstancias, exigir el regreso a los bombardeos no tiene mayor sentido en una guerra irregular en la que esas "guerrillas" optaron por las prácticas terroristas contra blancos civiles, justamente para provocar reacciones como las del alcalde la capital del Valle del Cauca. Así las cosas, para la estructura "Jaime Martínez"  es relativamente fácil mover pocas unidades en los cascos urbanos de pueblos como Jamundí, con el objetivo claro de generar zozobra y miedo en la población civil. 

La segunda consideración tiene que ver con el reclutamiento de los menores de edad. Esa responsabilidad es del Estado en su conjunto en la medida en que el ingreso forzado  o no a esas estructuras armadas ilegales se produce por la presión y coacción de las disidencias, pero también porque lo ofrecido a los menores, poder y dinero, los seduce justamente porque sus familias y ellos mismos sobreviven en condiciones de pobreza, abandono y falta de oportunidades. También juegan factores como las conexiones familiares por la presencia de tíos, hermanos mayores, o primos que hace rato son miembros de esos grupos "subversivos". Así, la preocupación de Eder por los menores no es genuina y más bien la usa para presionar al presidente y a los militares para que regresen a los bombardeos, como si con estas acciones se tuviera la certeza de que los grupos armados ilegales desaparecerían de un día para otro. En el gobierno de Duque se usaron bombas contra esas instalaciones rurales de las "guerrillas" y esos grupos no desaparecieron. 

Lo que hace Eder obedece a un cálculo electoral y político en la medida en que se aprovecha del dolor, la desazón y el miedo que generan las acciones terroristas y cobardes perpetradas por las disidencias de Iván Mordisco. Es muy fácil  salir a hacer exigencias de tipo militar que podrán ser muy efectistas mediáticamente, pero que no resultan ser efectivas a la hora de menguar la presencia armada de esas agrupaciones ilegales. A Eder parece importarle muy poco los impactos ecológicos y ambientales que producen los bombardeos en las zonas rurales en las que, posiblemente, estén ubicados los campamentos que el alcalde desea que se sometan a una descarga de artillería pesada. Cali será sede la COP16 y le queda muy mal al alcalde de la ciudad sede de esa cumbre ambiental, salir a los medios a exigir bombardeos en zonas rurales biodiversas. Hay que recordarle al burgomaestre que en la zona rural de Jamundí, en un paraje llamado Mesetas, están los Farallones de Cali. Se trata de una zona en la que subsiste el bosque de niebla. Sería bueno que se diera una pasada por ese hermoso paraje. 

Es posible que falte contundencia en las fuerzas armadas. Quizás el estar más concentrados en golpear las finanzas y las economías ilegales esté facilitando a esas "guerrillas" la ejecución de la estrategia político-militar de golpear blancos civiles y estaciones de policía. Es decir, golpear y salir corriendo. 

Lo que sí va quedando claro es que al "traqueto" del Iván Mordisco, como lo llamó el presidente Petro y los hombres bajo su mando no los guía una lucha política: están metidos en el negocio de las drogas y la minería ilegal y de allí no les interesa salir. Cualquier conversación de paz solo les sirve para afianzar su presencia en el norte del Cauca, Jamundí y el Naya, triángulo en el que están sus negocios ilegales. 

Imagen tomada de Youtube.com

ASESINATO DE SOFÍA DELGADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Sofía Delgado, como era de esperarse, desató el rechazo generalizado de la opinión pública, en razón a su mediatización y porque se trata de una menor de edad (12 años) vilmente asesinada.

Ahora que se cuenta con la confesión de su victimario, Brayan Campo, de 32 años, entonces nuevamente la pena de muerte o la cadena perpetua aparecen como exigencias de máximo castigo para el hombre que la asesinó y abandonó en un cañaduzal. El populismo punitivo reaparece como varita mágica. Proponer la pena de muerte o la cadena perpetua como castigos ejemplarizantes en un país cuyo aparato de justicia es frágil y en varios niveles de su estructura se aprecia la naturalización de un ethos mafioso (corrupción), daría para que se cometieran toda suerte de injusticias condenando a inocentes a morir, bien sea en la horca o por la inyección letal. O quizás se proponga una reforma constitucional en la que los declarados culpables por crímenes execrables como el de Sofía, terminen asesinados a pedradas en la plaza pública. En Colombia somos muy dados a enfrentar la barbarie, con más barbarie. Eso es típico de una sociedad que deviene enferma y con procesos civilizatorios fallidos.

El victimario de Sofía tiene antecedentes de abuso a menores, hecho que pone en el foco de la crítica a los operadores de justicia y al propio sistema por cuenta de procedimientos y decisiones que terminan favoreciendo a los victimarios con órdenes de libertad condicional, prisión domiciliaria o vencimiento de términos. Un exceso de garantías para todo tipo de criminales, lo que incluye a políticos, empresarios y "gente del común" como el asesino de Sofía. Por casos como los de Sofía Delgado, la narrativa punitiva le quita espacio a acciones reparadoras propias de la justicia transicional con la que se apunta, por ejemplo, a darle cierre a las atrocidades cometidas por guerrilleros de las Farc-Ep y militares contra jóvenes y menores de edad abusadas sexualmente. Hay que recordar en este punto los empalamientos que sufrieron decenas de mujeres por cuenta de los paramilitares y las sistemáticas acciones de violencia sexual apuntaladas en la conversión de las mujeres en botines de guerra.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que los responsables de crímenes contra niñas y niños reciban sanciones menores bajo el modelo restaurativo. Lo que quiero indicar es que la fuerza punitiva del modelo de justicia imperante en Colombia no evitará que se sigan presentando crímenes execrables como el de la pequeña Sofía. Esto no se resuelve con la pena capital, ni con condenas de 60 años. Las acciones temerarias y violentas de los vecinos que prendieron fuego a la vivienda del feminicida de Sofía resultan contrarias a cualquier posibilidad de poner por encima de la “maldad” del victimario, el “buen corazón” de los vecinos que lloran la desaparición de la menor y que exigen que al asesino “le caiga todo el peso de la ley” en un país en el que operó y quizás opera aún  un cartel de togados dispuestos a vender fallos por cuantiosas sumas de dinero.

Al dejarse llevar por los reflectores cargados del discurso moralizante del periodismo, la sociedad en su conjunto termina por ubicar al victimario de Sofía como un “monstruo”, con el objetivo de despojarlo de toda humanidad, cuando justamente el problema de fondo está en la condición humana y en los riesgos que implica vivir juntos en medio de una sociedad y de un sistema mundo que desprecian la vida en todas sus manifestaciones.

A cientos de miles de kilómetros de Candelaria, en la franja de Gaza, Netanyahu celebra, de la mano del ejército israelí, la muerte de centenares de niñas y niños bombardeados; otros tantos, quedarán a la deriva por la desaparición de sus madres y padres. Las diferencias entre Brayan Campo y Netanyahu son meramente circunstanciales. Eso sí, a ambos los une el desprecio por el otro, en particular por los más vulnerables, inofensivos y pobres. Los dos son dignos exponentes de esa perversa condición humana de la que aquí hablo. 

Mientras que Netanyahu se da un festín asesinando niñas y niños palestinos, en Bogotá, a unos 300 kilómetros de Candelaria, hombres de corbata asedian mujeres y niñas, las violan o les dicen que les pueden pagar con su cuerpo. Por ahí anda una sospecha enorme sobre un expresidente de la República que según dejó entrever una reconocida periodista, siendo presidente en ejercicio, la violó. Hay un trasfondo cultural que amplifica la perversidad humana, hecho que no se mira cuando se cae en lecturas moralizantes sobre hechos dolorosos que deben mirarse desde otras perspectivas. 

El punto es que las circunstancias en las que fue desaparecida, muy seguramente violada y asesinada Sofía Delgado hacen parte de nuestra naturaleza humana, cuyo espíritu avieso se potencia en una sociedad insolidaria, clasista, racista, machista, misógina y patriarcal como la colombiana que cada cierto tiempo se asombra de lo que son capaces de hacer sus hijos, incluidos los más “honorables”: su clase política y empresarial, así como el clero. Allí se esconden pedófilos, pederastas y violadores de mujeres y niñas.

Paz en la tumba de la pequeña Sofía Delgado y algo de sosiego para su mamá. Ojalá la prensa asuma con mayor responsabilidad el tratamiento de este hecho luctuoso y delictivo, que pone de presente que vivir en sociedad implica riesgos y que estos están profundamente atados a nuestros procesos civilizatorios y de socialización, que devienen fallidos o truncos. Años atrás, la opinión pública y los medios masivos se conmovieron con el cruel asesinato de Yuliana Samboní a manos de un "hombre blanco y rico" de la capital del país. ¿Algo cambió de aquel momento, al que hoy nuevamente nos confronta como seres humanos? Nada cambió. Los riesgos siguen latentes y se mantendrán en el tiempo. 

Juez legalizó captura del presunto asesino de Sofía Delgado, la menor hallada muerta en Candelaria (vanguardia.com)

QUIÉN MANDA EN COLOMBIA: URIBE O DUQUE?

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

A poco menos de un año de haberse instalado en la Casa de Nariño, la imagen de Iván Duque Márquez como presidente se mueve en el péndulo mismo de la confrontación política entre quienes insisten, desde el propio Establecimiento, en continuar apoyando el “proyecto político uribista”[1] y quienes desde orillas e instancias bien distintas desean pasar las páginas de la guerra y de los odios, pero  sobre todo, buscan superar o dejar atrás el ethos mafioso[2] que el señalado proyecto logró inocular en las institucionalidades privada y estatal. Es decir, para unos, Duque es el presidente de Colombia en propiedad y para otros, simplemente es alguien que fue puesto allí para cumplir con unas órdenes emanadas por quien realmente parece ostentar el poder: Álvaro Uribe Vélez.

Con la gobernabilidad mínima que entrega y asegura un Establecimiento históricamente capaz de mantener a flote a cualquier gobernante[3] a pesar de sus bajos niveles de aceptación social y política, Iván Duque Márquez intenta hacerle creer a una parte de los colombianos (a los que votaron por el Sí en el plebiscito) de que efectivamente es él quien gobierna en Colombia. A juzgar por los imaginarios individuales y colectivos y las ya negativas Representaciones Sociales (RS) que en torno a su imagen circulan a través de diversos discursos[4], pareciera que quien realmente señala derroteros, toma decisiones y le indica al presidente de la República cómo actuar, es el hoy senador, expresidente (2002-2010) y jefe único del Centro Democrático (CD).

Por ser el ungido de Uribe, Iván Duque ha expresado una inconveniente admiración por el político nacido en Salgar. Recuérdese que lo llamó “presidente eterno”, acto de habla que no es más que la expresión genuina, como diría el propio jefe de Estado, no solo de su veneración, lealtad y fidelidad, sino de la dependencia política y moral de quien claramente se “encontró” con la Presidencia de Colombia.

 

El proyecto político

 La administración de Iván Duque y el propio proyecto político de Uribe Vélez enfrentan hoy el desafío o quizás al enemigo más grande de la corta existencia de lo que se conoce como “el uribismo”: la construcción de la Paz. Es claro que para el ganadero y latifundista la consolidación de una paz estable y duradera es toda una provocación y obstáculo para el desarrollo del proyecto de país que de tiempo atrás tienen en mente no solo el senador y expresidente, sino los ricos empresarios, varios académicos, militares y exmilitares que lo respaldan.

Dicho proyecto de país tiene, por supuesto, varias dimensiones. En la dimensión política, sueñan con un Partido Único al mejor estilo de regímenes socialistas o estatista como el venezolano (Chávez y Maduro). En la dimensión económica, insisten en mantener y extender en el tiempo privilegios para las élites de poder y los mesocontratos con los que suelen asegurar la gobernabilidad autoritaria de la que habla Édgar Revèiz (1997). Es decir, creen en el mercado, pero en uno controlado que les permita exhibir una relativa competitividad. Desde esta dimensión, continúan promoviendo un desarrollo insostenible pues solo creen en el modelo de la gran plantación (monocultivo como práctica líder), en el fracking, en la ganadería extensiva (potrerización de zonas selváticas). Los grandes obstáculos a vencer son los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas.

Al final logran ordenar los viejos territorios nacionales con fines de especulación inmobiliaria por el crecimiento desordenado de ciudades capitales de aquellos departamentos en los que siguen en pie selvas y ecosistemas biodiversos, a pesar de la arremetida de enormes retroexcavadoras que militares y policías no ven pasar y mucho menos se percatan de su instalación, en ríos y bosques, para adelantar actividades de minería, legal e ilegal.

En la dimensión sociocultural, seguirán intentando la generación de estados de opinión asociados a la idea de un inquebrantable unanimismo ideológico[5] con el que sea posible abrazar y premiar  a quienes decidan instalarse en esa idea y de perseguir y castigar a todos aquellos que insistan en mantenerse por fuera de ese obligado círculo y critiquen lo peligroso que resulta para la democracia eliminar, simbólica y políticamente, a la diferencia.  

 

Objeciones, Santrich y la JEP

Lo que ha venido pasando en el país es un inocultable enfrentamiento entre instituciones del Estado[6], lo que claramente demuestra, de un lado, que el actual gobierno está empeñado en hacer trizas[7] el Acuerdo Final y del otro, que el presidente Duque, al mejor estilo de su mentor, desconoció los fallos de la Corte Constitucional cuando objetó[8] seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Justamente, la más fuerte reacción en contra del proceso de construcción de una paz estable duradera la tuvo el gobierno de Duque debido a la decisión que en derecho adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno a conceder la garantía de no extradición al compareciente exguerrillero, Jesús Santrich[9].  Las reacciones de voceros y funcionarios de alto nivel en el gobierno buscaron generar una crisis institucional de tal magnitud, que los hizo pensar en la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[10] y por esa vía intentar quitarle el ropaje y el estatus constitucional que tiene el Acuerdo Final II; y por ese mismo camino, pensaron en declarar la Conmoción Interior, buscando a toda costa saltarse el estado de derecho y extraditar a los Estados Unidos al controversial excomandante fariano.

En reciente publicación, el diario EL ESPECTADOR titula así una nota informativa:Uribe explica por qué Duque no decretó la conmoción interior[11]. En otras circunstancias, el titular no tendría por qué generar suspicacias pues se trataría de una simple opinión política. Pero no nos llamemos a engaños: Uribe no es un político cualquiera. No solo indicó a sus admiradores[12], sino que acordó con empresarios que su candidato a la presidencia para el periodo 2018-      ) era Iván Duque Márquez. Al final, con el respaldo de unos y otros, esa parte de Colombia votó por el que dijo Uribe, bien por simpatía, conveniencia o por miedo a una eventual presidencia de Gustavo Petro Urrego[13].

Al revisar el contenido del artículo publicado en el diario bogotano, queda claro que en el alto gobierno sí se contemplaron escenarios jurídico-políticos para responder a ese desafiante enemigo en el que se convirtió tener que cumplir con lo establecido en el Tratado de Paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc[14].

En dicho texto se lee lo siguiente: “Me preguntan que por qué Duque no decretó la conmoción interior. Porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, incumplió su promesa, los elevó y la conmoción interior no puede suspender la Constitución”, dijo Uribe. Con lo anterior, Uribe ratificó que la idea sí se puso sobre la mesa tan pronto se dio la decisión de la JEP, a pesar de que ese mismo día la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió los rumores surgidos al respecto”[15].

En cuanto a la convocatoria a una peligrosa Asamblea Constituyente, EL ESPECTADOR recoge así lo dicho por el expresidente Uribe: “La otra idea planteada abiertamente por el partido de Gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar el sistema de justicia transicional. Una propuesta que acogió el expresidente Uribe pero que, al mismo tiempo, criticó por las condiciones que plantea la Constitución para convocarla. “La Constitución de 1991, incluyó la Constituyente. Sin embargo, creó tanto formalismo para convocarla que es casi una creación sin posibilidades de realidad”, dijo el expresidente”.

De lo publicado quedan varias conclusiones. La primera, que Uribe Vélez ostenta un inconveniente poder político que no solo afecta el buen juicio y contamina las decisiones políticas del presidente Duque, sino que debilita la institución presidencial y revive viejos enfrentamientos[16] entre el Ejecutivo y la rama judicial, en particular con las altas cortes, ocurridos durante el periodo 2002-2010.

La segunda, que las explicaciones dadas por Uribe Vélez debilitan aún más la imagen de un presidente que en casi un año de gobierno no ha podido imponer su propio estilo, o por lo menos fijar su propio proyecto político. A pesar de haber sido elegido bajo la sombra de Uribe, el entonces presidente Juan Manuel Santos[17] supo tomar distancia, por lo menos política, con el mayor elector que tiene hoy Colombia.

Al final, Santos se la jugó por ponerle fin al conflicto armado con las Farc y les dejó a los sucesivos gobiernos la obligación ética, moral, jurídico-política y constitucional de cumplir con lo acordado en La Habana.  Así entonces, lo que está esperando la Colombia no “uribizada” son dos cosas: la primera, que Duque tome la decisión de hacer a un lado a su “presidente eterno” para erosionar la consistencia de los negativos imaginarios y representaciones sociales que en torno a su talante se vienen consolidando en el país; y la segunda, que asuma como Jefe de Estado el compromiso de cumplir con lo que se firmó en el teatro Colón.  

Y la tercera conclusión es que esas explicaciones las debió dar el propio presidente Duque, o incluso, su gris ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El protagonismo de Uribe y su enfermiza necesidad de figurar como el principal y poderoso enemigo de la paz en Colombia termina no solo alimentando la polarización política, sino debilitando la imagen de su ungido.

Es apenas evidente que las negativas representaciones sociales que en torno al presidente Duque circulan en redes sociales y en los propios “mentideros políticos”, alimentadas, sin duda, por el humor político de caricaturistas como Vladdo y Matador, las reconocen dentro del llamado uribismo. De allí que las explicaciones dadas por el expresidente Uribe  y opiniones de la propia ministra del Interior, lo que hacen es confirmar de que Duque no parece actuar de manera autónoma.

Expongo tres comentarios que tienen que ver directamente con lo que se viene exponiendo en esta columna. El primero sucedió durante la plenaria del senado en la que se hundieron las objeciones presidenciales.   En la misma plenaria del martes 30 de abril, el senador Uribe pidió la palabra y señaló lo siguiente: “Hombre, respetemos al presidente Duque, él es dueño de su criterio jurídico. Él como senador fue a la corte a presentar la demanda contra el ‘fast track’; él con su criterio jurídico fue ahora a defender la necesidad de modular la sentencia sobre las fumigaciones. Yo creo que esa cosa de estar poniendo al presidente Duque como alguien susceptible a influencias extrañas, es un irrespeto, no solo a su persona sino a su persona y trayectoria”. Al salir en defensa del Presidente, Uribe no solo confirma que sabe de los comentarios que en redes sociales y otros espacios se viene construyendo la idea de que quien realmente manda en el país es el hijo de Salgar y no Iván Duque Márquez, sino que genera el efecto contrario al que ya produce en la opinión pública el imaginario social con el que se duda de la real capacidad del Presidente para gobernar y tomar decisiones”.

Y el segundo comentario lo hizo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En entrevista concedida al diario El Espectador y ante la pregunta, “Finalmente, ¿siente que sus relaciones con el Centro Democrático están bien?, contestó: “Las mejores relaciones, claro. Es mi partido, respeto a cada uno, obviamente somos parte de una visión de país y en eso nos movemos. La cabeza es el presidente Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe”[18]

Al parecer, estamos ante un gobierno bifronte que, en lugar de fortalecer la institucionalidad estatal, la debilita, por cuanto al final los colombianos que con sus votos eligieron a Duque, no saben si realmente es él quien gobierna[19].

Y termino con lo dicho por Uribe Vélez y que aparece consignado al final de la nota ya referida y publicada por EL ESPECTADOR. Dice el diario que “finalmente (Uribe), se refirió a las denuncias que publicó el diario estadounidense The New York Times que revelaron una directriz emitida por la alta comandancia del Ejército y con la que, presuntamente, se corría el riesgo de que regresaran los denominados ‘falsos positivos’ al país. El exmandatario aseguró que lo dicho por el periódico norteamericano no es más que una estrategia para desprestigiar no solo a las Fuerzas Armadas sino al Gobierno del presidente Duque.  “Duque, ahora que está recuperando el sentido de la autoridad, lo que quieren es desacreditarlo a él y al Ejército. Le entregaron el país al narcoterrorismo y ahora que hay un gobierno diferente lo que quieren es desacreditar a este gobierno y a los generales de la patria para que el país siga en manos del terrorismo”, señaló en referencia al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, cuyo ascenso está pendiente de ser aprobado en la plenaria del Senado la próxima semana”.

Ciertas o no las dudas que subsisten hoy en torno a quién gobierna o manda en Colombia, lo más probable es que el presidente Duque esté preso de una genuina admiración y lealtad por su mentor, lo que lo pone en desventaja a la hora de discutir asuntos de gobierno y otros que derivan en obligaciones que como jefe de Estado debe asumir, entre estas, gobernar para todos los colombianos y dejar de oponerse al proceso de implementación del Acuerdo Final II.

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[1] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/12/duque-y-el-regreso-de-un-ethos.html

[2]   Ese ethos mafioso hace referencia a prácticas sinuosas que hicieron posible consolidar la idea de que en Colombia hay un “Doble Estado”. Véase:  https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/04/doble-estado.html  Esas mismas prácticas permitieron que entre el 2002 y el 2010 funcionarios, empresarios, militares, académicos y ciudadanos del común actuaran bajo el principio del Todo Vale. Véase:http://laotratribuna1.blogspot.com/2010/01/se-impuso-el-todo-vale.html Durante ese periodo, una parte importante de la sociedad legitimó la trampa, la mentira y la corrupción, convencidos sus miembros de que el real y único problema del país eran las Farc (o lafar). De esa forma, la lucha “contra el terrorismo” fue la enorme cortina de humo con la que el gobierno de Uribe, con el concurso de la Gran Prensa, tapó el clientelismo y la corrupción y los desastres socio ambientales generados por quien mandó en el país más con criterio de latifundista y ganadero, que como el estadista que aún sigue esperando Colombia.

[3] Los momentos críticos que soportó la institucionalidad estatal en los tiempos del proceso 8.000 son prueba clara de que el propio régimen de poder o el establecimiento actuó para proteger el orden institucional, así la institución presidencial se hubiese visto comprometida por la entrada de dineros de la mafia (Cartel de Cali) a la campaña Samper Presidente (1994-1998). Al final, la ínfima gobernabilidad con la que pudo medianamente gobernar Ernesto Samper Pizano provino de la tradición y de la inercia institucional de un régimen de poder que se auto reproduce y se autorregula sin que ello se traduzca en beneficio para los colombianos. Por eso quizás Álvaro Gómez Hurtado señaló en su momento que: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente”. Revista Diners 303, de junio de 1995.

[4] Pensado el humor como discurso, a través de este se insiste en proyectar la imagen de un presidente manipulado por los hilos del poder que controla Álvaro Uribe Vélez; el mismo discurso periodístico noticioso ha recogido en varias ocasiones esa imagen y la ha puesto en titulares y en informes.  En particular la prensa internacional. Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/visados-morales.html

[5] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática, 2016.

[6] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/01/estado-y-proceso-de-implementacion.html

[7] Véase: https://www.sur.org.co/centro-democratico-esta-haciendo-trizas-el-acuerdo-de-paz/

[8] Véanse: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/por-german-ayala-osorio-comunicador.html yhttps://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/03/lo-dicho-y-lo-no-dicho-por-duque-en-su.html

[9] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/santrich-nhmn-anc-y-la-jep-i.html

[10] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/04/los-riesgos-de-una-asamblea-nacional.html

[11] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-explica-por-que-duque-no-decreto-la-conmocion-interior-articulo-863721

[12] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/11/palaciegos.html

[13] Véase: https://www.alainet.org/es/articulo/196879

[14] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/09/por-german-ayala-osorio-comunicador.html

[15] Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-explica-por-que-duque-no-decreto-la-conmocion-interior-articulo-863721

[16] Recuérdese el episodio de las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban y condenaban a congresistas, cercanos a Uribe, por los hechos conocidos como la parapolítica.

[17] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/despues-de-leer-juan-manuel-santos.html

[18] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-gobierno-no-podia-pasar-de-agache-en-el-debate-sobre-las-objeciones-de-la-jep-nancy-patricia-articulo-853730

[19] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/trapisondas-e-institucionalidad.html

Imagen tomada de internet.