Por Germán Ayala Osorio
Con una parte del Establecimiento
en contra, incluidas las empresas mediáticas, el gobierno Petro, después de dos
años, insiste en la idea de un gran Acuerdo Nacional, a pesar de que intuye o
sabe que a la derecha jamás le interesó llegar a un pacto con un presidente que
le dejó ver a los más poderosos agentes del establecimiento que no estaba
dispuesto simplemente a cumplir sus órdenes como lo hicieron todos los jefes de
Estado desde 1990 hasta la fecha. Aunque es prácticamente imposible que dicho
acuerdo se dé, resulta importante revisar los 5 puntos planteados en el
documento presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
El punto 1, Seguridad y
erradicación de la violencia del ejercicio de la política, se
entiende como un gesto de paz política, en medio de un sostenido proceso de
polarización, ataques y bloqueos institucionales que han impedido, entre otros
asuntos, la aprobación en el Congreso de las reformas sociales presentadas por
la actual administración. A lo anterior se suman las tozudas y anacrónicas
posturas asumidas por la “guerrilla” del ELN y las de otros grupos armados
ilegales, que terminaron por congelar la mesa de diálogos con los elenos y dejando
sin mayor sentido social y político de las otras mesas o acercamientos de paz.
En el texto oficial se lee que “se
debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos,
desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la
estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios…”
La propuesta gubernamental llega
después de la andanada contra el presidente Petro y su gobierno que se lanzaron
desde el Congreso de Fenalco. En dicho escenario, el expresidente y
expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y la directora de Semana insistieron en una
narrativa catastrofista con la que esos sectores de la derecha colombiana
buscan asustar a la ciudadanía y deslegitimar al gobierno con la idea de que el
país “va hacia un barranco”, de la mano del sempiterno fantasma del castrochavismo.
Quizás después de lo sucedido en
el encuentro de comerciantes, el ministro Cristo y su equipo de trabajo
pensaron en incluir en este primer punto del Acuerdo Nacional el tema de la
reconciliación. Lo más seguro es que jamás se dé esa reconciliación nacional si
el gesto de intercambiar sombreros vueltiaos entre Petro y el asesino
paramilitar y antiguo héroe de la derecha empresarial y política, Salvatore
Mancuso, generó rechazo del propio expresidente Uribe, figura política que, a
pesar de sus líos judiciales y sistemático desprestigio, sigue siendo un faro
(in) moral para comerciantes, banqueros y empresarios que se oponen a la
consolidación de un Estado moderno al servicio del colectivo.
En la propuesta se lee: “promover
y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la
reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela
Colombia”.
El plan para asesinar al
presidente de la República es un factor político que termina por alejar la
posibilidad de firmar ese pacto, puesto que la reacción de la oposición y de
los medios hegemónicos ante semejante posibilidad no ha sido consecuente con la
dimensión de semejante plan desestabilizador.
Llama la atención la inclusión
del tema del orden público dentro del primer punto del Acuerdo Nacional por
cuanto es un asunto del resorte exclusivo del presidente de la República. La Paz
Total de Petro, con todo y su carácter maximalista no despertó en los sectores
de la Oposición el interés debido y exigido, puesto que sus más representativos
miembros parecieran más interesados en extender en el tiempo el conflicto armado
interno, del que se sirvieron en el pasado hacendados, ganaderos, y empresas
agrícolas interesadas en extender los monocultivos de caña de azúcar y palma
africana y la ganadería de baja producción, sin consideraciones ecológicas y
ambientales y sin mirar que esas nuevas tierras estaban manchadas con la sangre
de las víctimas de los paramilitares.
“Debe haber un compromiso de
las partes de rechazar la violencia en la política, la interferencia de
cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y
movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales”.
El texto en negrilla y subrayado se
puede entender en dos sentidos: el primero, a manera de reconocimiento de una
verdad histórica y política que tiene en la parapolítica a su más grave y notoria
expresión; y el segundo, como una invitación a esos partidos de derecha que aún
simpatizan con la causa paramilitar.
En otro aparte de este primer se
alude a un anhelo institucional y a una realidad política que poco o nada le
aporta al sentido y al objetivo del Acuerdo Nacional. En el texto se lee que “el
Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la
recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en
contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia,
así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las
organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra
fuerza pública y de la población civil. La búsqueda de la paz
seguirá siendo un propósito superior y en él se avanzará con los actores armados
que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla. Acordar medidas
efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la
vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz”.
2. Respeto a las reglas
electorales y al calendario electoral
El miedo a la reelección del
primer presidente izquierda es un hecho social y político que la derecha no
oculta. El rechazo a esa posibilidad no está fundado en el susto que produce
que “Petro lleve al país por el camino del castrochavismo”, sino
en el pavor de que las políticas sociales, la idea de la reindustrialización, la
reforma agraria y la transición energética, junto al manejo responsable de la
economía, hagan posible superar la pobreza y la miseria y por ese camino
convertir al país en una potencia emergente.
En la propuesta oficial se lee: “se
debe garantizar la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto,
mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No se
promoverá la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de
la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos, en el marco
del proceso del Acuerdo Nacional, a estudiar y construir consensos sobre el cambio
en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente,
para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore
el sistema de financiación de las campañas políticas. Cualquier cambio
institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos
en la Constitución Política de 1991 y que implican un amplio proceso de
participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de
constitucionalidad”.
Lo subrayado y en negrillas no son otra cosa que la apuesta del progresismo por modernizar las instituciones democráticas y proscribir el ethos mafioso que la derecha naturalizó, en particular desde el 2002. Al final se envía un mensaje a las altas cortes, en particular al Consejo de Estado y la Corte Constitucional, corporaciones que en buena medida, con sus fallos, se han alineado políticamente con los objetivos de los sectores de Oposición que le están apostando a que al actual gobierno le vaya mal en todo lo que intente hacer.
3. Transformación territorial
de los municipios más afectados por el conflicto
La implementación del tratado de
paz de La Habana es quizás el factor que más distancia al gobierno de los
sectores que le hacen oposición. La distribución de la tierra a través de una
reforma agraria integral asusta a los viejos terratenientes y hacendados,
acostumbrados a vivir de la renta, a pagar un predial irrisorio y a especular
con el valor de la tierra. De allí que la transformación de los municipios PDET,
esto es, los más golpeados por los actores armados sea el punto de desencuentro
entre el gobierno Petro y los poderosos agentes agrarios interesados en seguir
apegados al modelo de la gran plantación con el que acabaron con la economía
campesina y afectaron la calidad y la consistencia ecológica de valiosos
ecosistemas.
En el ya mencionado documento se
lee que “es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16
regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET). Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz
firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y
gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el
sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las
iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los
6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Solo la intervención
integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las
distintas violencias en las zonas PDET y las regiones históricamente más
afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios
críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más
allá del gobierno de turno”.
El mensaje de este punto 3 va dirigido
a los alcaldes que la derecha logró poner en las pasadas elecciones regionales
y que hoy le apuestan a que los proyectos PDET fracasen en beneficio de los poderosos
agentes agrarios que operan dentro de esos territorios.
4. Crecimiento económico
con equidad – Transformación de la economía
Al ser Colombia uno de los países
más desiguales del mundo, la apuesta de Petro y del progresismo es modificar
sustancialmente esa inmoral realidad sociocultural y económica, a lo que se
oponen los actores de una derecha premoderna que históricamente se han
beneficiado de la producción y reproducción de esas condiciones de inequidad,
desempleo, informalidad y pobreza.
En este punto, cuando el gobierno
dice que “se debe transitar de una economía...” está hablando
en términos de un imperativo moral jamás reconocido como tal por la derecha,
aunque sí expuesto como promesas electorales de las candidaturas de Uribe,
Santos y Duque.
“Se debe transitar de
una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva,
incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya
competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la
conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el
fortalecimiento del Estado Social de Derecho. En ese sentido,
creemos que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo
rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible
con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros
recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria
estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito
y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el
turismo para jalonar la economía y el empleo”.
5. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales
Sin duda alguna, el Congreso de
la República, en particular las bancadas que se declararon en oposición han
cumplido al pie de la letra los “recados” (verdaderas órdenes) que les han enviado
los mecenas que les patrocinaron las campañas a los y las congresistas que
optaron por negarse a debatir con argumentos las propuestas presentadas por el
gobierno. Se trata de una actitud cobarde, indigna y mezquina de quienes dicen
representar al pueblo y a sus electores, pero que actúan para beneficiar a los
actores económicos que están detrás, por ejemplo, de la debacle de las EPS por
cuenta de un sistema que privilegió las ganancias y facilitó la corrupción
público-privada.
“Es esencial reconocer la
necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el
bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta
razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el
Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de
la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación,
en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la
búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso. “El
Acuerdo Nacional va más allá de los trámites legislativos. Es un compromiso con
la institucionalidad, con el reconocimiento a las realidades territoriales, con
el respeto a los disensos y a las construcciones civilizadas. Si no nos hemos
podido poner de acuerdo sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los
mínimos”.
A Petro le quedan dos años. Para
que esta propuesta de Acuerdo Nacional termine concretándose se requiere de una
altura moral que no pueden alcanzar los sectores de la derecha a los que va
dirigida. Se trata de una invitación a proscribir el ethos mafioso que hace
parte de las lógicas de la operación del Estado y en los agentes privados que
contratan y se relacionan con las entidades públicas. Un Acuerdo Nacional de
esas dimensiones necesita primero una “revolución cultural” que la derecha no
está dispuesta a dar porque sus más representativos agentes de poder están hoy
en “modo
venganza”, esto es, más interesados en recuperar la Casa de Nari, que en recoger
las buenas ideas que la izquierda y el progresismo les vienen planteando a
ellos y al país.
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