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martes, 2 de junio de 2026

LOS VISOS FASCISTAS DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA





Por Germán Ayala Osorio

 

El proyecto de país que encarna Abelardo de la Espriella tiene visos fascistas porque recoge, entre otros elementos, el discurso y las prácticas arribistas, clasistas, racistas y aporofóbicas que nos identifican como una sociedad premoderna y cuasi primitiva por la fuerza de la tradición de esas y otras taras civilizatorias. El candidato de la ultraderecha  y Uribe habló de "destripar" a la izquierda. 

No olvidemos las recientes condenas contra Henry Alexis Velasco Rodríguez y Fabiola Rubiano por racismo y hostigamiento. El primero, arremetió contra un guarda de tránsito en la capital del Valle del Cauca por el color ébano de su piel; y la segunda, por llamar “simio” a la vicepresidenta Francia Márquez Mina. A lo que hay sumar los constantes episodios de “Usted no sabe quién soy yo” que se hicieron virales en las redes sociales. Baste con recordar el caso de la “Dra Liliana”, quien discriminó a un repartidor de pizza. Esa es la Colombia que votó masivamente a favor de De la Espriella. Ese es el caldo de cultivo en el que se incubó y se sigue incubando el fascismo criollo. 

Por supuesto que De la Espriella encarna ideas totalitarias y fascistas. Su discurso es violento, básico y alejado de cualquier posibilidad de entablar procesos comunicativos atados a lo expresado en la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. Con él, la comunicación siempre fracasará. Pero el peligro que representaría un eventual gobierno en manos del abogado y amigo del testaferro del régimen venezolano, Alex Saab está atado al apoyo que recibiría de sectores societales que por supina ignorancia o decisión de vida exhiben uno o varios de los rasgos del fascismo de los que habló Umberto Eco.

En adelante hago un ejercicio de extrapolación de algunos de los 14 rasgos que el escritor le entregó al mundo sobre el “fascismo original” con el propósito de ancorarlos a las taras civilizatorias que arrastramos de tiempo atrás como colectivo, fuente de poder y vida al proyecto autoritario que en tres semanas puede instalarse en la Casa de Nariño.

El miedo a la diferencia, que para el caso nuestro se traduce en odio hacia indígenas, negros y campesinos, pueblos y comunidades que Petro y su gobierno le devolvieron protagonismo, dignidad y el valor cultural que el neoliberalismo uribista les arrebató en 25 años; el pacifismo, esto es, quienes hablen de paz y propongan salidas negociadas al conflicto armado interno y las disímiles expresiones de violencia en urbes como Cali, Bogotá y Medellín fundadas en la segregación. A pesar de que la guerra y la paz hacen parte de la misma moneda, cada que un fascista la lanza al aire, ésta siempre cae del lado de la confrontación armada.

El desprecio de los débiles de parte de aquella élite aristocrática y militarista que lleva más de 50 años apostándole a la guerra total, fina estrategia para concentrar la tierra en pocas manos, eliminar a las comunidades rurales o desplazarlas forzadamente. Por supuesto que los Señores de la Guerra hablan de negocios con los miembros de esa élite porque la guerra es un lucrativo negocio. Y finalmente, las prácticas y el discurso machista del que se desprenden la misoginia, la homofobia y la transfobia.

Colombia está a tres semanas de volver a votar- ya lo hizo en primera vuelta- por un proyecto de país que nos condenaría a naturalizar todas las formas de violencia física y simbólica en nombre de quienes profesan un incontrastable odio hacia todo lo que les parezca diferente y contrario a la tradición y a las finas costumbres aristocráticas. El proyecto de Abelardo de la Espriella incluye, por supuesto, el sometimiento de los ecosistemas naturales-históricos a las lógicas de un desarrollismo avasallante y perturbador: el modelo de la gran plantación, la minería, legal e ilegal, el fracking, la potrerización de selvas y la inseguridad alimentaria son la prioridad para este abogado. En esa idea de país confluyen quienes siempre vieron a las selvas como obstáculos para los procesos de modernización urbana.


martes, 26 de mayo de 2026

LOS GRINGOS APOYAN A DE LA ESPRIELLA

 




Por Germán Ayala Osorio

La derecha norteamericana, con el apoyo del uribismo y otros agentes de ese mismo espectro ideológico, amparada en la Doctrina Donroe y los falsos, pero estratégicos objetivos del Escudo de las Américas, le está apostando a poner en el Solio de Bolívar al abogado Abelardo de la Espriella, ficha que el gobierno gringo entiende como el remplazo de Uribe como Señor de la Guerra y garante de la extensión en el tiempo del conflicto armado interno y de los beneficios de los agentes económicos que sacan réditos políticos y económicos del negocio de la producción y comercialización de armas y pertrechos para la guerra.

De llegar De la Espriella a la Casa de Nariño en calidad de presidente de la República, el gobierno Trump aseguraría la recuperación del eje integrado por Venezuela, Ecuador y Colombia, países sobre los cuales hay intereses particulares. Sobre el primero, USA se hizo ya al control de la producción de petróleo, lo que le permite jugar a la guerra en el Medio Oriente con un precio controlado del crudo y por supuesto, para el consumo interno. Venezuela es, prácticamente, un Estado más de la Unión Americana. Por lo menos, mientras haya petróleo para sacar.

Con el segundo, los gringos aseguran la entrada de banano y de cocaína, productos claves para la economía norteamericana. A los gobiernos estadounidenses, demócratas o republicanos, no les preocupa el ingreso de toneladas de cocaína, sino que su producción y comercialización esté asegurada a través de canales institucionalizados o casi que estatizados en los países de origen. Además, hay indicios de que hay “tierras raras” en Ecuador; y finalmente, a los gringos les interesa Colombia también por la producción- controlada- de la cocaína, así como la explotación de los recursos genéticos de la Amazonía y la extensión en el tiempo del “conflicto armado interno”. Con esto último aseguran negocios internos y la generación de estrategias de intervención político-militar como la Alianza para el Progreso y el Plan Colombia.

¿Por qué Abelardo y no Paloma Valencia? Por varias razones, a saber: la primera, es mujer y en negocios de “machos” la presencia de mujeres les genera desconfianza y riesgo. La segunda, el proceso judicial que enfrentará Alex Saab lo consideran suficiente para imponerle a De la Espriella la agenda gringa. Ya están saliendo hechos punibles como el lavado de activos que comprometerían al abogado colombiano, amigo y defensor de Saab.

Lo mismo pasó con los pendientes judiciales de Álvaro Uribe. Los Estados Unidos jamás se interesaron en procesarlo por las rutas que le entregó a Pablo Escobar durante su paso por la Aerocivil y sus relaciones con la mafia antioqueña, incluida la paramilitar. La tercera, porque Marco Rubio y Bernie Moreno, entre otros políticos republicanos, reconocen que Abelardo de la Espriella es el aliado inmoral que mejor representa los intereses de Trump en América Latina. Y la cuarta, porque Uribe está convencido de que De la Espriella lo reemplazará con lujo de detalles. Otros agentes del Establecimiento piensan lo mismo. 

Al imponer a De la Espriella en la Casa de Nariño, la derecha colombiana recupera el poder y el control para volver a los tiempos de la seguridad democrática y lo más importante: reversar los avances sociales y medio ambientales logrados por el gobierno Petro, como las reformas pensional y laboral, la reforma agraria, el freno a macroproyectos mineros en zonas protegidas y la devolución de las tierras- incluidos baldíos- que la Agencia Nacional de Tierras logró quitarles a los amigos de Uribe y Duque.

Un gobierno de Abelardo de la Espriella sería el caldo de cultivo para un estallido social de incontrastables dimensiones y consecuencias. Votar por el "Tigre de Temu" es un salto al vacío por la "Bukelización" y la "Mileización" del país. El perfumado abogado nos devolvería a los tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. 




Nota: imagen tomada de https://www.bing.com/images/search?q=abelardo+de+la+espriella+tendr%c3%ada+la+bendici%c3%b3n+de+los+Estados+Unidos&form=HDRSC3&first=1


miércoles, 6 de mayo de 2026

PRIMO DE PALOMA VALENCIA OBLIGADO A DEVOLVER EXTENSO BALDÍO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La tierra en Colombia ha sido, históricamente, la fuente de conflictos étnicos y políticos, expresados estos últimos en lo que se conoce como el conflicto armado interno. Esas dinámicas armadas terminaron generando procesos de concentración de la tierra por desposesión, validados por gobiernos de derecha y agentes económicos de la sociedad civil atados a las lógicas e intereses del modelo de la gran plantación caracterizado por la siembra de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana altamente disruptivos. Sin duda alguna, el reflejo del perfil feudal de una élite precapitalista y rentista.

Bajo esas circunstancias, los baldíos jugaron un papel protagónico gracias a que particulares, hijos o primos de la élite dominante se apropiaron de cientos de miles de hectáreas de esas tierras que por ley deberían pasar a manos de campesinos interesados en aportar a la autonomía y soberanía alimentarias.

El caso del primo de la candidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia Laserna resulta paradigmático porque ilustra con precisión que las prácticas ilegales, esto es, la violación de la ley, terminan legitimadas por las relaciones familiares y políticas de una derecha enemiga del campesinado y de la reforma y la jurisdicción agrarias. Nicolás Laserna explotó a su antojo y por 10 años, más de 6100 hectáreas de un baldío de la Nación. Tuvo que llegar un gobierno progresista interesado en consolidar la imaginada reforma agraria para recuperar dichos terrenos adquiridos “legalmente” por el primo de la candidata presidencial. La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Felipe Harman confirmó la recuperación del extenso baldío.

Los terrenos baldíos ocupados por Laserna están ubicados en el Vichada, departamento que sigue siendo considerado por la derecha que representa Paloma Valencia como parte de lo que en el marco de la Constitución de 1886 se conoció como los “territorios nacionales”, categoría que, con toda su carga eufemística, sirvió a las familias poderosas con conexiones en centros de poder político a hacer y deshacer en esos departamentos en los que el Estado brilla por su ausencia y decisión del centralismo bogotano.

Por estar íntimamente ligado a la moral uribista, las acciones ilegales cometidas por el primo de Paloma Valencia Laserna resultan legítimas. Es más, bajo esa particular moral, bien podría tratarse de “errores involuntarios” de la tradicional gente de bien. Lo mismo sucedió con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, quien en el pasado se apropió de El Laguito 2, un baldío que el ventajoso político antioqueño explotó a su antojo. Gracias a las gestiones y presiones del senador Wilson Arias, acompañado por la Contraloría y otras instituciones estatales, el exmandatario se vio obligado a devolver el baldío que muy seguramente se apropió y explotó por “error”. A lo mejor, siguiendo la lógica del Chavo del 8: “fue sin querer, queriendo”.

Alirio Barrera, congresista del Centro Democrático tiene abierto un expediente en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al parecer por posesión ilegal- léase por “error involuntario”- de baldíos de la Nación. El Tiempo, periódico uribizado dice que “el expediente administrativo que posee la ANT no es por acumulación de terrenos que actualmente ostenten la vocación de baldíos, sino por la acumulación de bienes que tienen un origen baldío”.

Baste con estos tres casos para entender que el uribismo es la inmoral doctrina política de una derecha enemiga de la reforma agraria y del campesinado. Los baldíos para su más visibles representantes son tierras abandonadas que tienen que ser explotadas por quienes tienen el suficiente músculo financiero y fuertes conexiones políticas. Finalmente, Nicolás Laserna, Álvaro Uribe y Alirio Barrera no violaron la ley: cometieron errores involuntarios. Punto. La candidata presidencial, "hija" de Uribe, defiende a su primo y al senador Alirio Barrera porque Paloma Valencia es enemiga del campesinado y de la idea de consolidar un Estado al servicio de la seguridad alimentaria. 




domingo, 26 de abril de 2026

COLOMBIA: LA CAJA DE LOS VIENTOS DE LA GUERRA PERPETUA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de conocido el saldo de 19  muertos que deja hasta el momento el cobarde y demencial ataque terrorista perpetrado por los criminales de la “Jaime Martínez” o de la “Dagoberto Ramos”, la cotidianidad regresa y la vida continúa. Casi de inmediato el consorcio vial reparó la bancada y recogieron los escombros.

Es probable que en el lugar del atentado aparezcan cruces con los nombres de los civiles que perdieron la vida en el país de lo absurdo. Porque eso es Colombia: el país de la belleza y de lo irracional, de lo ilógico, de lo paradójico, de lo inadmisible y de la estupidez humana en su más concentrada y grande expresión. Si de verdad hay un Dios creador, al parecer de manera caprichosa y quizás maliciosa dejó caer sobre este basto territorio los genes dominantes de la estupidez.

Esa es quizás la tragedia que enfrenta la condición humana: pase lo que pase, hay que seguir adelante, incluso, sin saber a ciencia cierta quiénes son los responsables de semejante salvajada. Entonces hablan de resiliencia, el vocablo de moda con el que terminamos por soslayar que no podemos vivir juntos, que aquí no cabemos todos y, por ende, hay gente que tiene que desaparecer físicamente. Esos 19 muertos de El Túnel (Cajibío- Cauca) serán vistos como “daños colaterales”. Así de simple y doloroso.

En el país del Sagrado Corazón y cuna del Realismo Mágico la tragedia que hoy todos lamentamos ocurrió en una vereda llamada El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío, muy cerca de la piadosa, conservadora, rezandera y camandulera ciudad de Popayán, la capital del Cauca, convertida en la covacha en la que una élite muy particular decidió oscurecer, de la mano de los bandidos, el futuro de una región como si se tratara del más tenebroso túnel. El Cauca es eso: un pasadizo entre la civilidad y la barbarie; entre los mundos indígenas y mestizos avergonzados de sus propios procesos de mestizaje. Siempre fue así.

Cajibío significa “caja de viento” en lengua indígena. Una hermosa acepción que junto a los nombres de las veredas El Carmelo, El Cofre y El Túnel, le dan al pequeño municipio caucano un carácter mágico que los guerreros, legales e ilegales, intentan marchitar con su promiscuo y enfermizo juego de la guerra eterna o interna.  

Y aparece lo de siempre: peticiones de justicia y venganza, el ofrecimiento de millonarias recompensas para lograr dar con los cabecillas, operaciones militares, periodistas que informan al borde de las lágrimas y discusiones familiares entre petristas y uribistas alrededor de la Paz Total, la defensa de los diálogos de paz y el deseo de volver a los tiempos de la seguridad democrática. Llevamos más de 50 años matándonos en una espiral de violencia que beneficia a los Señores de la Guerra y a los políticos que los representan.  Y de esto no se habla.

Lo único claro que se tiene es quiénes están sacando provecho político y electoral de la situación: la derecha uribizada cuya vigencia social y política está atada a las dinámicas de un degradado conflicto armado interno que es el espejo en el que nos miramos todos los días y reflejamos lo que somos como sociedad premoderna, incivilizada, clasista y racista.

Y aparecen entonces los dos únicos caminos posibles a seguir: el primero, la guerra total contra las “guerrillas”, lo que implica una inversión billonaria en recursos económicos y por lo menos ocho años de operaciones militares constantes, con bajas de lado y lado, desplazados y víctimas civiles, sin la certeza de que el Estado alcance la victoria militar; y el segundo,  insistir en dialogar con  aquellos comandantes, los mismos que no se ven firmando un armisticio con el Estado, pero que aprovechan los escenarios dialógicos para fortalecerse militarmente, recuperar heridos e insistir en el adoctrinamiento ideológico de jóvenes reclutados de manera forzada.

Paz en la tumba de los civiles que cayeron en El Túnel. La vida sigue en el país de lo absurdo y la estupidez; Colombia es la inmensa caja en donde los vientos de la guerra y la barbarie soplan más fuerte que los de una anhelada paz que nos seguirá costando las vidas de mujeres, hombres, niñas, niños, viejas y viejos que tuvieron el infortunio de nacer en el país del Sangrado Corazón. 




Imagen de EFE/Ernesto Guzmán, tomada de El Espectador.com

sábado, 25 de abril de 2026

ATAQUES TERRORISTAS Y AMBIENTE ELECTORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los atentados terroristas que en las últimas horas sacudieron a caucanos y vallecaucanos  y a  viajeros de la vía Panamericana ocurren en una coyuntura político-electoral que permite pensar que las reacciones en contra del gobierno nacional de la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali devienen con un tufillo electorero que se torna en constreñimiento indirecto al votante que al asumir  lo dicho por Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder como un efectivo abandono del gobierno central  al Valle del Cauca y su capital, de inmediato ese elector piensa en votar por los candidatos que ofrecen seguridad y bala, esto es, el regreso a la temida seguridad democrática de Uribe.

Llama la atención el tono de las reacciones del alcalde de Cali y la gobernadora. En lugar de hacer un balance de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se debieron poner en marcha y consolidar después del grave atentado terrorista contra las instalaciones de la Base Aérea, de inmediato responsabilizó a Petro de la ocurrencia de los bombazos en contra del Batallón Pichincha. Es tiempo que la señora Toro informe acerca de la inversión de los recursos obtenidos de la tasa a la seguridad. 

El registro lastimero y espectacular de los medios tradicionales de los violentos hechos prepolíticos ocurridos en Palmira, Cali y en la vía Panamericana a la altura del sector El Túnel (Cajibío, con saldo de víctimas fatales), sirve a la narrativa que señala que “Petro le entregó el país a los violentos”, situación que los únicos capaces de reversar son los candidatos presidenciales más visibles de la derecha: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo. En la historia del “conflicto armado interno” las “guerrillas” siempre recibieron y despidieron gobiernos con ataques similares a los que ocurrieron en las últimas horas en los dos departamentos. Lo vivido en las últimas horas es más de lo mismo de unos facinerosos que solo saben hacer daño. No defienden ideas y mucho menos tienen un proyecto político. Son, además de "traquetos de camuflado" como los llamó Petro, estúpidos, incivilizados y orates. Nada más que agregar. 

Todo indica que se trata de acciones criminales coordinadas que se ejecutan en las narices de unas autoridades asumidas como débiles por las audiencias y las víctimas directas e indirectas que dejan dichos actos demenciales. Los ataques dinamiteros contra los batallones Pichincha (Cali) y Codazzi (Palmira) y los usuarios de la vía Panamericana dan cuenta del sentido político-militar de dichos atentados: se ataca a los militares en una demostración de fuerza que deja en ridículo las actividades de inteligencia y contrainteligencia, lo que confirma la tesis que señala que contra el terrorismo es muy poco lo que hay que hacer; y se ataca a civiles para consolidar la idea de que definitivamente el actual jefe del Estado y comandante en jefe de las fuerzas armadas no está en capacidad de cumplir con la misión constitucional de proteger a los primeros y de llevar a los uniformados a la victoria militar.

Lo más probable es que sucedan nuevos ataques terroristas, pues los objetivos prepolíticos y criminales de la banda de “Iván Mordisco” terminan siendo compatibles con los de la derecha empecinada en recuperar la Casa de Nari para desatar una Guerra Total para la cual parecen estar preparados a librar los grupos al margen de la ley responsables de los ataques dinamiteros que llevan a muchos a pensar en que lo mejor es regresar a los tiempos de la seguridad democrática de Uribe. Aquello de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), el desplazamiento forzado de más de seis millones de campesinos, la destrucción de ecosistemas naturales a través procesos de defaunación y deforestación, y el acaparamiento por desposesión de cientos de miles de hectáreas de tierra son insignificantes efectos colaterales que no se pueden evitar cuando la apuesta es “acabar militarmente con los bandidos”. Olvidan que el Estado lleva más de 50 años negociando y combatiendo grupos armados ilegales. Uribe los arrinconó, pero lejos estuvo de acabarlos militarmente. 

Adenda: 19 muertos y más de 35 heridos es un saldo trágico, sumado a las pérdidas materiales. Son unos malditos los que perpetraron ese atentado criminal, al igual que los que electoralmente aplauden lo sucedido. 


Imagen tomada de ataques en el sector El Túnel de Cajibio deja muertos - Búsqueda

viernes, 24 de abril de 2026

DE LA PAZ TOTAL, A LA GUERRA TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A pocos meses de terminar el gobierno Petro, las estructuras armadas ilegales que sostienen relaciones o guardan simpatías ideológicas con sectores del Establecimiento (nacional, regional y local) arreciarán sus ataques terroristas e incursiones armadas, incluidas masacres, con el único propósito generar un ambiente de zozobra y caos que beneficie a los candidatos presidenciales que ofrecen “recuperar la seguridad” a punta de bala, negando cualquier posibilidad de negociar con los grupos al margen de la ley.  La idea es pasar de la Paz Total a la Guerra Total. Eso sí, ambos caminos resultan inconvenientes por el carácter maximalista con el que suelen presentarse.

El candidato presidencial del gobierno, Iván Cepeda Castro ha dicho que insistirá en los diálogos de paz con las “guerrillas” (Disidencias de las Farc y ELN). Cepeda dará continuidad a la Paz Total, decisión política que lo pone en contravía de los sectores de poder económico y político y de la opinión pública que están dispuestos a desatar y apoyar en el país una Guerra Total como la que desató el entonces gobierno de Uribe con la nacionalización del Plan Colombia que le dejó operando Andrés Pastrana. Fue la seguridad democrática la política pública con la que se obligó a las entonces Farc-Ep, junto a otras circunstancias, a aceptar los diálogos en La Habana que terminaron con la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón de Bogotá. El país no puede olvidar los 6402 crímenes de Estado, los seis millones de desplazados y el acaparamiento de cientos de miles de hectáreas de tierra que pasaron a manos de terratenientes y narco paracos.

Recién la capital del Valle del Cauca fue escenario de un ataque terrorista que, aunque fallido en contra de las instalaciones del Batallón Pichincha sirve a la narrativa de los sectores de la derecha y la ultraderecha que se benefician de dichos atentados. Electoralmente, la estructura armada “Jaime Martínez”, responsable al parecer de la acción terrorista, le hace el juego a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, aspirantes presidenciales que defienden a dentelladas aquello de la “violencia legítima del Estado”. Me pregunto: ¿Cómo puede ser legítima la violencia de un Estado precario, ilegítimo y que opera en muchos espacios del territorio de la mano de criminales? El batallón Agustín Codazzi de Palmira también fue atacado horas después de lo sucedido en Cali. ¿Se tratará de acciones criminales perpetradas en connivencia con las autoridades? ¿La derecha vallecaucana le está apostando a generar miedo en la población civil con propósitos electorales?

Si bien es cierto que la Paz Total de Petro salió bastante mal, las responsabilidades del fracaso son compartidas con los grupos ilegales con los que el gobierno se sentó a dialogar. Del lado del gobierno hay que señalar que hubo yerros en el manejo político de unos diálogos en los que jamás se consolidó una mutua confianza.  

En este juego de la Guerra Total y la Paz Total hay una realidad inocultable: la paz no es buen negocio para las disidencias, el ELN y el clan del Golfo, entre otras estructuras. No les interesan curules y vivir de proyectos productivos. El narcotráfico y la minería ilegal-legal son un negocio billonario que bien vale la pena mantener. Lo demás es retórica política de unas “guerrillas” que hace rato perdieron su naturaleza política.

La Guerra Total que proponen los candidatos presidenciales de la derecha hay que conectarla con los intereses de agentes económicos que se vienen oponiendo a la entrega de tierras y la formalización de propiedades rurales que benefician directamente a familias campesinas. Retornar a los procesos de contrarreforma agraria, por vía de la desposesión y acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado hace parte de esa apuesta de la Guerra Total. El objetivo no está en acabar militarmente con el “enemigo interno”. De lo que se trata es de garantizar condiciones de acaparamiento y la convivencia institucional con los ejércitos mafiosos (guerrillas), lo que se traduce en el mantenimiento del negocio del narcotráfico y las finas relaciones establecidas de tiempo atrás con agentes económicos y políticos del Establecimiento colombiano.

Ni la Guerra Total, ni la Paz Total servirán para pacificar el país. Si esa sentencia es válida y tiene asidero, entonces qué se puede hacer o cuál es la salida se puede preguntar el lector que llegó hasta aquí. Si vamos a insistir en el discurso académico entonces inexorablemente nos llevará a hablar de “copar el territorio, ganarse la confianza de las comunidades rurales, implementar procesos de sustitución de cultivos y construir Estado”. Acciones que se han intentado en el pasado e incluso en el actual gobierno, con resultados agridulces.

Quizás sea el momento de plantear salidas más audaces y adoptar costosas decisiones de índole político y económico. Entre las primeras, convertir en agentes armados estatales a los miembros de los grupos al margen de la ley que operan en los territorios en donde el Estado brilla por su ausencia. Por supuesto, con un acompañamiento internacional.  Suena terrible, pero podría intentarse un programa piloto.

Y finalmente, que a través de labores de inteligencia y contrainteligencia se expongan a los Señores de la Guerra, nacionales y extranjeros que se benefician de la extensión en el tiempo de las dinámicas de lo que se conoce pomposamente como conflicto armado interno. Esta salida suena, imposible porque implica quitarle la máscara a los belicistas que disfrutan en elegantes clubes sociales el cierre de negocios en los que se venden pertrechos y armas para la guerra. Estamos condensados a vivir buscando la paz en un país que disfruta de la guerra. 





jueves, 19 de marzo de 2026

JEP, "FALSOS POSITIVOS" Y NEGACIÓN SIMBÓLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

Los crímenes de Estado, mal llamados “falsos positivos”, dan cuenta de la degradación misional de los integrantes del Ejército que monetizaron la vida de jóvenes a los que convirtieron, por arte de birlibirloque, en “guerrilleros dados de baja en combates”, vestidos a la carrera, con las botas al revés y tiros de gracia. 

Los encuentros organizados por la JEP entre victimarios y víctimas terminan en reclamos, sollozos y la catarsis de madres adoloridas, rabiosas  y llenas de dolor que confrontan a exoficiales, exsoldados y exsuboficiales que ordenaron las ejecuciones o simplemente cumplieron sin pensar la orden de asesinar a por lo menos 6402 jóvenes.

En esas audiencias o encuentros dialógicos entre los comparecientes (exmilitares) y los familiares de las víctimas de la política de seguridad democrática hay lo que llamo aquí en esta columna una negación simbólica que favorece la imagen del Ejército nacional, en la medida en que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que responden ante la JEP ya no visten el uniforme militar con el que legitimaron la práctica de asesinar civiles para inflar las cifras y engañar al país sobre el devenir del conflicto armado interno.

Así las cosas, las madres de los jóvenes asesinados terminan haciéndole reclamos a individuos (civiles) que ya no representan a la institución militar que validó la comisión de semejante atrocidad. Las peticiones de perdón de los exmilitares pierden valor simbólico porque ya no ostentan el poder intimidatorio y desbordado con el que cumplieron y dieron las órdenes de asesinar a los muchachos de Soacha y de otros lugares a lo largo y ancho del país. 

Los execrables crímenes se entendieron en las unidades militares como actos del servicio, lo que obligaría a que la aceptación de responsabilidades por parte de los exmilitares la hicieran vestidos con los uniformes con los que dieron o cumplieron las órdenes de asesinar a cambio de permisos, condecoraciones y platos de arroz chino. Es más, la comparecencia debía de darse con las medallas que se ganaron por asesinar civiles inermes y de esa manera mentirle al país en torno a que estaban ganando la guerra contra las guerrillas. El retiro de los galardones alcanzados por asesinar jóvenes debía de hacer parte de las audiencias y los encuentros dialógicos entre victimarios y víctimas.

Ver a oficiales, suboficiales y soldados vestidos de civil graduados de asesinos sin los uniformes camuflados o de fatiga constituye una negación simbólica que afecta la consolidación de la narrativa que señala que dentro del Ejército operó una empresa criminal plegada a las exigencias del entonces comandante en jefe de las FFAA que aparecía en los medios masivos exigiéndole a la tropa “más y mejores resultados operacionales”.

Insisto en que la condición civil desde la que generales, coroneles, mayores y capitanes reconocen haber dado y cumplido órdenes consistentes en asesinar muchachos termina por favorecer la imagen de la institución castrense comprometida en la comisión de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por uniformados de alta, media y baja graduación.

Quienes piensen que lo que se propone aquí es la teatralización del dolor se equivocan. De lo que se trata es de aportar a la construcción de la verdad de lo acontecido con los “falsos positivos”, apelando a la reconstrucción de unos hechos criminales usando la simbología castrense que legalizó y legitimó los crímenes de lesa humanidad que deberían de avergonzarnos como sociedad civilizada.

La práctica institucional de los “falsos positivos” merece el rechazo de toda la sociedad. No es suficiente con que comparezcan ante la JEP, pidan perdón a las víctimas y prometan repararlas. La desviación misional que los convirtió en sicarios amerita, por su gravedad, la exposición de los comparecientes con la vestimenta castrense desde y con la que mancharon para siempre el honor militar, mancillaron la confianza de los civiles en el Ejército nacional y convirtieron al Estado en un asesino serial.

domingo, 15 de marzo de 2026

PALOMA VALENCIA Y LA JEP: LA VIEJA OBSESIÓN DE ACABARLA



Por Germán Ayala Osorio

 

El uribismo está obsesionado con la JEP. Y Paloma Valencia Laserna, también. Acabarla, desmontarla o ajustarla es un extraño propósito del expresidente y exconvicto Álvaro Uribe y el de su “hija-candidata presidencial” que insiste en que el alto tribunal de paz asumió una actitud persecutoria contra los militares que se sometieron a las condiciones de la justicia restaurativa, en gran medida para librarse de largas condenas proferidas por jueces de la justicia ordinaria, pero también por el compromiso de decir la verdad en torno a los crímenes de Estado, mal llamados “falsos positivos”, perpetrados por uniformados que monetizaron la vida de jóvenes que fueron asesinados con tiros de gracia.

Valencia Laserna repite hoy lo dicho por su mentor y “padre”: se trataría de confesiones presionadas por los magistrados de la JEP y las favorables condiciones jurídicas del modelo de justicia restaurativa.  Por supuesto que frente a largas condenas proferidas por los jueces ordinarios los uniformados comparecientes reciben sanciones morales y quedan en libertad siempre y cuando aporten verdad y expliquen las condiciones en las que se presentaron los hechos punibles a los cuales están vinculados en calidad de determinadores, testigos de excepción o ejecutores de las órdenes emanadas por oficiales de alta graduación que cumplían las directrices del ministerio de la Defensa y del Ejecutivo.

Frente a los togados de la JEP, oficiales y suboficiales han reconocido que asesinaron civiles para inflar las cifras de guerrilleros dados de baja en combates y señalado a la política de seguridad democrática como el inmoral marco institucional desde el cual se legitimó la práctica de secuestrar jóvenes para luego presentarlos como subversivos “neutralizados” en operaciones contrainsurgente.

Esa misma narrativa del uribismo se complementa con el imaginario que señala que la JEP ha sido permisiva con los comparecientes de las Farc-Ep, sobre los cuales ya hay acusaciones en firme por la comisión de delitos de lesa humanidad. Olvidan los detractores de la Jurisdicción Especial para la Paz que todos los comparecientes recibirán beneficios jurídicos mientras aporten verdad, se comprometan a no repetir las conductas criminales y a reparar a sus víctimas.

Valencia Laserna en varias ocasiones justificó sus ataques contra la Jurisdicción Especial para la Paz con un argumento falaz: defender el honor de los militares. Si la JEP fue creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado con las Farc-Ep para juzgar a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados en ocasión del conflicto armado por militares y guerrilleros, por qué la candidata presidencial insiste en proteger a los uniformados? La respuesta es evidente: los combatientes estatales (generales de tres soles, coroneles y mayores) han hecho referencia a la política de seguridad democrática como la pérfida realidad institucional impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los actores bisagra, que aportaron a la degradación misional del Ejército nacional.

No se trataría exclusivamente de defender el honor y la libertad de los altos oficiales comprometidos en los ajusticiamientos extrajudiciales, sino la imagen de su “padre”, responsable político de la aplicación sin límites éticos y morales de una política de seguridad y defensa diseñada para aplicar la doctrina del enemigo interno por fuera de las lógicas y las dinámicas de un degradado conflicto armado. Al final, asesinar civiles (por lo menos 6402 jóvenes vulnerables) y perseguir y violentar “mechudos, tatuados y gente de izquierda” dieron cuenta de la extensión social y política de la doctrina del enemigo interno.

Infortunadamente surgieron las disidencias de las Farc-Ep y el ELN se mantiene en pie de lucha, lo que hace pensar en que la candidata presidencial de la derecha uribizada estaría interesada, de llegar a la Casa de Nariño (o de Nari), en ajustar los procesos internos de la JEP de cara al regreso a la política de seguridad democrática a partir del 7 de agosto de 2026, esto es, del retorno de la práctica criminal de asesinar civiles, ponerles camuflados, un arma y las botas al revés.



sábado, 7 de marzo de 2026

TRUMP Y EL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el apoyo de 12 gobiernos de América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le apuesta a naturalizar su propia doctrina (Donroe) a través de la creación del Escudo de las Américas contra los Carteles de la Droga. Por fuera de esa alianza quedaron Brasil, México y Colombia, cuyos mandatarios no tienen afinidad ideológica con el pederasta que despacha desde el salón Oval de la Casa Blanca.

Se trata, sin duda alguna, de una nueva forma de intervención en el destino de América Latina. En el pasado fue la Alianza para el Progreso y más recientemente el Plan Colombia, aplicado durante los ochos años del gobierno de Álvaro Uribe con resultados discutibles: no se derrotaron a las guerrillas, aunque si obligaron a las Farc-Ep a replegarse y negociar con el Estado un tratado de paz; el negocio del narcotráfico se mantuvo a flote en gran medida porque sus dinámicas siguen atadas a los intereses de la banca, nacional e internacional que lava las fortunas de origen ilegal y a las lógicas del poder político y social; el desplazamiento forzado de comunidades campesinas, negras e indígenas y de colonos garantizó una contrarreforma agraria que favoreció el latifundio y los monocultivos de palma africana y caña de azúcar. Más de seis millones de colombianos fueron desterrados de sus territorios. Y en materia socioambiental se registró el deterioro socioambiental de valiosos y frágiles ecosistemas selváticos durante las dos administraciones de Uribe Vélez.

Con el Escudo de las Américas contra los Carteles de la Droga los ataques militares contra Irán, la eventual caída del régimen cubano y la consolidación del tutelaje sobre Venezuela el presidente Trump logra mantener alejados los focos de la prensa local y mundial de los archivos Epstein en los que está directamente implicado en calidad de violador de niñas y por supuesto  la  violenta persecución étnico-identitaria contra los migrantes latinos que desató de la mano de ICE, una fuerza supremacista con rostro nazista.

La reunión con los 12 presidentes se desarrolló en Miami. Trump lo dijo con asombrosa claridad: “Acordamos usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y sus redes terroristas". Las consecuencias de dicha amenaza-propósito tocan de manera directa el futuro de Colombia, único país de la región en el que sobreviven las guerrillas de los años 60 y está en un proceso electoral en el que hay candidatos presidenciales que proponen un Plan Colombia 2.0 y otros que insisten en hablar de paz con los grupos armados ilegales permeados por el negocio del narcotráfico.

El primer efecto práctico es que Trump desconoce la naturaleza sociopolítica del conflicto armado interno y por esa vía recupera la tesis de la “amenaza terrorista” que Uribe usó para borrar de un plumazo las causas objetivas y subjetivas que legitimaron el levantamiento armado en el país.

El segundo efecto se sentirá con rigor a partir del 7 de agosto de 2026. De continuar el proyecto progresista en cabeza de Iván Cepeda, su gobierno estaría impelido, por presiones de Washington, a abandonar la idea de pacificar el país a través de la negociación política. Si por el contrario la derecha logra poner en la Casa de Nari a Paloma Valencia, Sergio Fajardo o en su defecto al bukelista Abelardo de la Espriella, entonces Trump y la godarria colombiana estarán de plácemes porque volverá la “guerra contra las drogas y el terrorismo” y con esta la persecución a los líderes de la izquierda democrática y del progresismo como sucedió con la aplicación de la política de seguridad democrática (2002-2010).

Hay que leer con atención el mensaje allegado desde el Departamento de Estado, que la BBC registró: “Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva".

Y finalmente, habría un tercer efecto político e ideológico del orden territorial y continental con el que estilos de gobierno como los de Bukele (El Salvador), Kast (Chile) y Noboa (Ecuador) salen exaltados y legitimados por el belicista y violador de los derechos humanos que despacha desde la Casa Blanca.

Vale la pena recordar frases de Simón Bolívar y a Eduardo Galeano para comprender lo que puede significar el Escudo de las Américas: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad". Y estas dos del escritor uruguayo: 1. “El mundo está organizado por la economía de guerra y la cultura de la guerra”. 2. “El mundo se está convirtiendo en una inmensa base militar, y esa base se está convirtiendo en un hospital mental del tamaño del mundo. Dentro del manicomio, ¿cuáles están locos?”.




lunes, 2 de marzo de 2026

PERIODISTAS Y MEDIOS “ORGÁNICOS” DE LAS FARC Y DEL ESTABLECIMIENTO

 



Por Germán Ayala Osorio

 

La Silla Vacía, de Juanita León, señala en un reciente artículo que los medios Agencia de Prensa Rural, Kaos o Rebelión son “medios orgánicos de las Farc”. Estamos ante un señalamiento periodístico, ideológico y ético-político que nos lleva a una discusión de fondo que por supuesto no pretende soslayar las prácticas informativas de los señalados portales. Y esa discusión de fondo está atada a una pregunta: ¿Hubo o hay en Colombia “medios orgánicos de los paramilitares y del Establecimiento”? La respuesta al interrogante es un contundente sí.  

El cuestionamiento de la Silla Vacía deviene con una inocultable carga moral que vicia la discusión de fondo que no se propone en el mencionado artículo por obvias razones: Juanita León se presenta como una periodista objetiva que dirige un medio que interesado en analizar e informar.  Eso sí, el señalamiento aporta a los procesos de estigmatización de los que son víctimas todos aquellos pensadores, periodistas y académicos de izquierda o liberales cuyos artículos fueron reproducidos por los señalados portales. Aunque la Silla Vacía advierte “que eso no significa que todas las personas que hayan publicado en esos medios tuvieran vínculos con la guerrilla”, al declararlos como “orgánicos de las Farc-Ep”, de inmediato los lectores establecen una relación de por lo menos simpatía con el proyecto político de las Farc-Ep y lo que es peor, con sus actividades criminales.  

En el marco de un conflicto armado interno como el que soporta el país de tiempo atrás, los periodistas suelen quedar comprometidos e incluso impelidos o sometidos a variables contextuales que les ofrecen la “oportunidad” de desnudar sus simpatías ideológicas con los dos proyectos políticos enfrentados: el de las guerrillas, en este caso el de las entonces Farc-Ep y el de los paramilitares, atado institucional y moralmente a los intereses de las élites que los patrocinaron y convirtieron en un complejo fenómeno sociocultural, político y económico.

No se puede negar que hay periodistas que miraron y cubrieron con simpatías las operaciones de las Farc-Ep, e incluso, dejaron ver cierta admiración hacia los miembros del Secretariado de las Farc. De la misma manera hubo y hay reporteros que se escondieron y se esconden aún detrás de la aplicación de los “protocolos” o criterios periodísticos para tratar de ocultar su total obsecuencia a los discursos de los políticos, empresarios, paras y militares cuando estos, en calidad de “fuentes legítimas”, salieron a defender sus propios intereses, es decir, los asociados al mantenimiento del Establecimiento colombiano. Unos y otros aportaron de manera directa o indirecta a los procesos de heroización de los combatientes, legales e ilegales, en medio de las atrocidades perpetradas: masacres, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).

Para ser justos, las audiencias deben de saber que en un escenario complejo como el que rodea la historia política del país hubo “medios orgánicos de las Farc-Ep” y de otras guerrillas; así como hay empresas mediáticas y reporteros “orgánicos del Establecimiento”, en particular con los sectores que apoyaron a las fuerzas paramilitares.  

Hacer periodismo bajo las condiciones irregulares de un conflicto armado interno es quizás el desafío ético-político más grande al que se deben enfrentar los periodistas. Hacer creer que solo hay medios orgánicos que defienden o defendieron a las Farc-Ep, hace parte del juego moralizante en el que cae la Silla Vacía. Por todo lo anterior, no creo en la “objetividad periodística”. Eso sí, hay que apostarle a la rigurosidad. Los mayores enemigos de este último valor son los combatientes, legales e ilegales, y por supuesto los más visibles agentes económicos y políticos de lo que se conoce como el Establecimiento colombiano.

Hay medios y periodistas que apoyan denodadamente a poderosos actores económicos y políticos que además de justificar e incluso alentar el levantamiento armado de las guerrillas, llevan años impidiendo que el país alcance un desarrollo económico y un bienestar colectivo. Hablo de banqueros, los Señores de la Guerra y líderes gremiales que con posturas económicas ortodoxas y mezquinas le apostaron a precarizar la vida de los asalariados. 

Adenda: los portales Agencia de Prensa Rural y Rebelión reprodujeron varios artículos de autoría de quien firma esta reflexión. Jamás sentí simpatía alguna por las Farc-Ep y mucho menos admiración por sus jefes. El camino de las armas jamás fue una opción válida. 

jueves, 19 de febrero de 2026

LA DERECHA URIBIZADA SE QUEDÓ SIN PROMESAS DE CAMPAÑA

 



Por Germán Ayala Osorio

 

El incremento del salario mínimo en un 23,7%, las reformas pensional y laboral, la entrega de tierras a cientos de miles de campesinos y la recuperación de la SAE para fines comunitarios dejó sin margen de maniobra a los precandidatos y candidatos presidenciales de la derecha uribizada. Más claro: el gobierno Petro los dejó, prácticamente sin temas para lanzar promesas en la campaña electoral. Lo único que les queda es insistir en eslóganes cargados de patrioterismo: “vamos a recuperar a Colombia; vamos a salvar al país de la ruina comunista”.

De allí que solo les quedan dos temas históricos y recurrentes en todas las campañas presidenciales: el manejo de la orden público por cuenta de la operación criminal y mafiosa de las “guerrillas” y la lucha contra la corrupción público-privada. Hay un tercer asunto que ya explotan electoralmente: la crisis del sistema de salud y en particular las dificultades que afronta la Nueva EPS para atender de manera eficiente a sus afiliados.

Cuando se acercan las elecciones, las “guerrillas” se hacen sentir con sus ataques terroristas y emboscadas. Demostraciones de fuerza que afectan a la población civil y le sirven a la prensa hegemónica para atacar al gobierno Petro por el fracaso de la “Paz Total”. Las conversaciones o diálogos de paz se vuelven tema de debate entre quienes le apuestan al regreso de los tiempos de la seguridad democrática, con todo y falsos positivos, como Abelardo de la Espriella; y aquellos que, como Cepeda, insisten en darle continuidad a la apuesta gubernamental de buscar una salida negociada al “conflicto armado interno”. Insisten todos en la vieja fórmula: que el Estado llegue a los territorios dominados por los facinerosos. Y eso, jamás sucedió.

La corrupción público-privada es un tema habitual.  La promesa es la misma en todas las campañas: vamos a combatir el ethos mafioso. El resultado es el mismo: todos fracasan. La corrupción en la UNGRD es la mácula que ensucia la imagen del gobierno del cambio. Nadie parece advertir que ese ethos mafioso se naturalizó en Colombia de tal manera que no hay forma de erradicar la corrupción. Insistir en esa promesa constituye un engaño. Quizás sea mejor que recojan la frase del entonces presidente de la República, el inefable Julio César Turbay Ayala: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.

Sergio Fajardo, una de las fichas del expresidente Uribe para los comicios que se avecinan, promete hacer visibles a los mega contratistas que aportarán millones de pesos a su campaña. El ladino candidato presidencial promete hacer seguimiento y rendición de cuentas a los mecenas que invertirán millonarios recursos para llevarlo a la Casa de Nariño. El “Tigre” o alias Papucho, así como Vicky Dávila de Gnecco ofrecen “cárcel para los corruptos”.  Temas recurrentes y promesas vacías.

Y en cuanto a los problemas del sistema de aseguramiento en salud, a los aspirantes presidenciales de la derecha uribizada solo les queda repetir el mismo sonsonete: “el gobierno Petró acabó con el mejor sistema de salud del mundo”.  De la mano de la prensa tradicional explotan electoral y periodísticamente las desgracias de los pacientes, como lo ocurrido con el niño Kevin Acosta. Al final, ocultan el pérfido espíritu empresarial y mafioso con el que las EPS asumieron el cumplimiento de la Ley 100 de 1993. Insisto: no la tienen fácil los precandidatos y candidatos presidenciales de la derecha en estas elecciones en materia de promesas de campaña.



domingo, 8 de febrero de 2026

EL FALSO SALUDO MILITAR DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA



Por Germán Ayala Osorio

En el saludo militar y el grito Firmes por la Patria de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la ultraderecha, confluyen por los menos tres representaciones sociales que circulan al interior de las unidades militares y en general en el mundo castrense: la primera, en torno a eso de “ser hombre” (macho). Váyase al Ejército para que se "vuelva hombre", gritaban tíos y padres en el siglo XX;  la segunda, atada a la idea de “amar a la Patria” y la tercera y quizás la más inconveniente y peligrosa la del “enemigo interno”, extendida por Uribe, a la sazón, para perseguir periodistas, críticos, pensadores, académicos, progresistas y la gente de izquierda gracias a la relación amigo-enemigo que entre 2002 y 2010 se naturalizó y  convirtió en doctrina ideológica y política.

A pesar de presentarse como un “penalista exitoso”, De la Espriella es un hombre básico en su lenguaje y poco dado a dar discusiones más allá del ámbito de lo jurídico. Es monotemático, lo que le impide ofrecer una mirada compleja y sistémica de la vida humana y de los problemas del país y del mundo. 

Con el saludo castrense, el abogado y amigo personal de Alex Saab, ficha del régimen venezolano, busca afanosamente parecerse al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, un militarista que en ocho años usó a las fuerzas militares para sus fines dictatoriales y por supuesto para legitimar su tesis- falsa por demás- con la que aseguraba que “lafar” (léase las Farc-Ep) asesinaron a su honorable progenitor. Ya el país sabe lo que pasó con la seguridad democrática y el actuar de la tropa sin límites morales y éticos y lo que es peor, alejados de la mística castrense. Hay 6402 razones para evitar el regreso de la seguridad democrática y de Uribe, en las "carnitas y huesitos" de Abelardo. 

Así las cosas, elegir a De la Espriella es apostarle a posibilidad del regreso de los falsos positivos y a la privatización del Ejército para fines no patrióticos. El amor que dice profesar Abelardo de la Espriella a la Patria no brota de haberle servido a través del servicio militar obligatorio y mucho menos en calidad de oficial de la reserva. No.  Surge, por el contrario, del mutuo manoseo que suelen ofrecerse los presidentes de la República y los uniformados, imbuidos en las dinámicas de un degradado conflicto armado interno.

La amenaza que lanzó de “destripar a la izquierda” deviene ancorada, por supuesto, a la doctrina amigo-enemigo que inspiró a los uribistas. Con el eslogan “Mano firme, corazón grande” naturalizaron la degradación moral al interior de las fuerzas armadas y engañaron a millones de colombianos que creyeron en las buenas intenciones de un gobierno neoliberal que precarizó las condiciones de millones de trabajadores y afectó en materia grave el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano.

Si la actual cúpula militar y los demás miembros de las fuerzas armadas interpretan correctamente el fingido saludo castrense y su grito de campaña, Firme por la Patria, comprenderán que Abelardo de la Espriella es un patriotero más, esto es, un falso patriota. Militares y reservistas: el mencionado candidato presidencial es un actor político (y de teatro) que está jugando con las emociones y usando los símbolos patrios con la discrecionalidad propia de un ateo converso y de un godo recalcitrante. Avanzaremos como sociedad civilizada cuando dejemos de creer en Mesías, Héroes y Patriotas.


martes, 3 de febrero de 2026

REUNIÓN PETRO-TRUMP: ¿SALIÓ BIEN REALMENTE?

 



Por Germán Ayala Osorio

 

La reunión Petro-Trump resultó positiva a pesar del discurso cifrado y las declaraciones generales entregadas por el mandatario colombiano durante la rueda de prensa ofrecida en la embajada de Colombia en los Estados Unidos. El tono un tanto zalamero de la respuesta de Trump sobre cómo había salido el encuentro hace parte de la lectura positiva que la prensa y agentes políticos están haciendo en las redes sociales.

Más allá de los temas expuestos durante la reunión y los mecanismos acordados para que las mesas de trabajo técnico diseñadas arranquen con miras a solucionar las diferencias en el manejo de asuntos como el narcotráfico y el papel de Colombia en el tutelaje que sobre Venezuela ejerce hoy la administración Trump, nuevamente la derecha uribizada sale golpeada políticamente porque sus principales representantes esperaban o soñaban con un resultado catastrófico del encuentro entre los dos mandatarios: más de uno fantaseó con ver a Petro vestido de naranja y preso, como Nicolás Maduro Moros.  

Los esfuerzos por enlodar y deslegitimar al gobierno Petro que hicieron los alcaldes de Medellín y Cali, al igual que María Fernanda Cabal y Vicky Dávila, entre otros agentes políticos, en sus viajes a Washington, resultaron infructuosos a juzgar por la reunión misma y porque según dijo el presidente colombiano, entregó información clave, con nombres incluidos, de los capos internacionales que se benefician de la producción de cocaína en Colombia y que muy seguramente han estado conectados con miembros de la élite política y económica local.

Eso sí, el tono afable de Trump y el silencio de Marco Rubio no deberían asumirse como parte de una incontrastable victoria política de la delegación colombiana. El Gran Sheriff de la Casa Blanca no es precisamente un hombre de fiar: es impredecible, medio orate e influenciable por quienes desde las propias mesnadas republicanas y las siempre genuflexas huestes de la derecha colombiana se benefician de las finas redes de corrupción que vienen atadas al negocio de la cocaína y a los intereses binacionales en la fabricación y comercialización de armas y pertrechos que dinamizan el conflicto armado interno colombiano.

Si a Petro le devuelven la visa y si las autoridades gringas lo sacan de la lista Clinton (OFAC) nadie de la oposición podrá negar lo positivo que resultó el encuentro entre los dos presidentes. Un asunto crucial que también servirá para medir el impacto positivo o negativo de la reunión está atado a las apuestas electorales que se impulsarán desde el salón Oval en las elecciones presidenciales en el país. Si Trump hace público en unos meses el nombre del candidato presidencial que le gustaría que llegara a la Casa de Nariño, entonces sabremos si en la reunión o en las mesas técnicas se logró erosionar la narrativa uribista que indica que a Colombia llegó el comunismo, el socialismo o el neocomunismo y que Iván Cepeda se encargaría de hacer del país “otra Venezuela u otra Cuba”. Eso sí, se espera que Petro haya aprendido la lección y en adelante se controle y evite volver a agitar las relaciones con el consagrado pederasta.

 

Adenda: la periodista Vicky Dávila informó de la existencia de unas pruebas que dice tener el narcotraficante alias Pipe Tuluá, extraditado por orden del presidente a los Estados Unidos, sobre la entrega de dinero a Juan Fernando Petro en apoyo a la campaña Petro Presidente. Este tipo de información pretende, nuevamente, ensuciar la imagen de Gustavo Petro. Cuidado. 

lunes, 2 de febrero de 2026

PASTRANA, MAXWELL Y EL ERÓTICO JUEGO DE LA GUERRA

 




Por Germán Ayala Osorio

 

Como si se tratara de un capítulo de la serie el Superagente 86, el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y Ghislaine Maxwell, la proxeneta del pederasta Jeffrey Epstein se montaron en un helicóptero artillado del Ejército para sobrevolar una zona selvática colombiana y emprender una “cacería de terroristas”, de acuerdo con los documentos desclasificados por la justicia gringa. Al parecer, se divirtieron de lo lindo jugando a la guerra.

Estanislao Zuleta, años atrás habría definido a la guerra como una “fiesta”. Dijo además que “sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”. Quizás por lo anterior el proceso de paz del Caguán terminó en un absoluto fracaso: Pastrana no llegó “maduro” a la mesa de diálogo con la entonces Farc-Ep. Como tampoco los comandantes de la guerrilla.

De acuerdo con los correos desclasificados, Pastrana y la reconocida proxeneta y reclutadora de niñas para el “consumo” de hombres blancos, millonarios y poderosos llegaron al clímax no tanto por pilotear la aeronave militar, sino al ver trabajar la canana que alimentaba a la ametralladora. El viaje se habría producido al final del mandato de Pastrana.

Maxwell tenía licencia de piloto, lo que sin duda facilitó darse un “pichón” en el aparato militar para “dar balín” como dirían los candidatos presidenciales Santiago Botero y Abelardo de la Espriella”. En las redes se lee que “durante un viaje a Colombia, invitada por Pastrana, Maxwell piloteó un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana, un modelo militar artillado (equipado con armas como misiles y ametralladoras)”.

Pastrana y Maxwell aparecen en una imagen con uniformes de pilotos, lo que confirmaría que por lo menos hubo un vuelo en la aeronave militar. “Pastrana organizó el evento, incluyendo un "show" donde Maxwell pudo apuntar y disparar un misil o cohete contra un supuesto "campamento terrorista" (posiblemente refiriéndose a guerrillas como las FARC)” …, se lee en las redes sociales.

En los años 70 y 80 una parte de la sociedad disfrutó de las ocurrencias del personaje Maxwell Smart, el Superagente 86. Décadas después, y gracias a la desclasificación de los archivos del caso Epstein, los colombianos se están enterando de que el presidente Pastrana y la alcahueta Ghislaine Maxwell salieron una tarde-noche de cacería porque asumieron el conflicto armado interno o la guerra interna, como una fiesta. Y al parecer, se divirtieron como niños chiquitos.

Conclusión: no hay nada en el mundo más sensual y excitante que asesinar terroristas o guerrilleros vestidos de civil y violar niñas en una isla paradisíaca. Por ello jamás faltarán las guerras y siempre habrá pedófilos y pederastas en la política, la academia, en el mundo castrense, en la curia y en...

 

 

 

 

sábado, 13 de diciembre de 2025

¿ES POSIBLE OTRO MODELO DE NEGOCIACIÓN CON LAS “GUERRILLAS”?

 

Por Germán Ayala Osorio

Convertidas las “guerrillas” en grupos mafiosos o en traquetos de camuflado como los llama el presidente Petro hace casi imposible sostener en el tiempo la campaña militar pensada exclusivamente en derrotarlas militarmente. Ni con el Plan Colombia y su naturalización en la política de seguridad democrática se pudo acabar de fondo con las guerrillas del ELN y las Farc-Ep.

La negociación política con las Farc-Ep, fruto de parciales y contundentes victorias militares del Ejército colombiano, resultó costosa en términos sistémicos para comunidades que viven en selvas y en entornos rurales en donde se siembra la coca: desplazamientos forzados, muertos, heridos y mutilados en la población civil y en las filas de los combatientes, violaciones de los DDHH y del DIH y afectaciones ecológicas y socioambientales en ecosistemas naturales históricos.

La presencia de las disidencias de las disidencias es un indicador irrefutable de que las economías ilegales terminaron por someter o erosionar el sentido político de cualquier negociación, transformaron a esos grupos en traquetos con brazaletes y por supuesto hicieron inviable presupuestal y humanamente mantener en el tiempo las operaciones militares adelantadas por las fuerzas del Estado.

La pérdida del carácter político de esas estructuras armadas obligaría a los negociadores del próximo gobierno a consolidar unas agendas diferentes pensadas más con criterios económicos, institucionales, sociales y territoriales que permitan proponer salidas novedosas como la conversión de esos grupos en ejércitos convencionales que legitimados por el Estado, cumplirían con labores policiales y el cuidado de selvas y otros ecosistemas estratégicos, entre otras actividades que se puedan pensar y proponer. Por supuesto que esa transformación vendría de la mano de procesos de capacitación y de aceptación social, jurídica y política de ese nuevo rol. Igualmente, serviría como una forma de responder judicialmente a la sociedad por los delitos cometidos y los daños generados por su accionar criminal.

En lo que respecta al negocio de la cocaína, el Estado asumiría el control de todas las etapas de producción, mientras se consolidan los programas de sustitución de los cultivos de uso ilícito. Los monocultivos de amapola, coca y marihuana pasarían a control estatal y privado para la producción de medicamentos y otros usos posibles en beneficio de la humanidad. 

En el mundo hay experiencias similares en las que grupos irregulares terminaron fusionándose a las fuerzas legítimas de los Estados que le apostaron a superar graves conflictos internos. Quizás sea tiempo en Colombia de apostarle a salidas diferentes a los procesos de paz de los que siempre salen disidencias o a la salida militar que podría extender el conflicto por otros 50 años de una guerra absurda que hace rato dejó de ser política en los términos tradicionales atados a cambiar las correlaciones de fuerza y las formas en las que se ejerce el poder. Es una guerra económica, financiera y territorial que deviene ancorada al lenguaje mafioso propio de los carteles de la droga.

Así las cosas, los eventuales procesos de negociación a establecer con el próximo gobierno deberían de servir para revisar el sentido político con el que suelen establecerse las mesas de diálogo, normalmente asociadas a procesos de desmovilización, entrega de curules para comandantes y la puesta en marcha de proyectos productivos para los reinsertados. En varias ocasiones los comandantes del ELN han dicho que no les interesan las curules y mucho menos adelantar proyectos productivos. Y a juzgar por el comportamiento mafioso de las disidencias farianas, lo mejor es revisar lo que tradicionalmente los gobiernos, en nombre del Estado, han ofrecido y aplicado para poner fin a las hostilidades.

Esa ha sido la tradición en un país con una larga historia de negociaciones de paz entre el Estado y los grupos irregulares; unas fallidas y otras con aciertos y resultados positivos, pero con amenazas de generar el colapso de lo acordado. Quizás es tiempo de jugársela por salidas políticas diferentes atadas a dos objetivos paralelos: evitar más víctimas civiles y uniformadas y afectar los intereses de los Señores de la Guerra, locales e internacionales que se benefician de la existencia de lo que se conoce como el conflicto armado interno.

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sábado, 6 de diciembre de 2025

MILITARES Y GUERRILLEROS: ¿ENEMIGOS O SOCIOS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de las posibles relaciones del general Juan Miguel Huertas con las disidencias farianas de Iván Mordisco hace parte de una larga historia de probadas conexiones mafiosas entre oficiales, suboficiales y soldados con miembros de las “guerrillas”. Ya veremos si el alto oficial tuvo o no negocitos con los ilegales. Si se logra probar su responsabilidad en el ilícito, el presidente Petro deberá asumir la responsabilidad política por haberlo devuelto al servicio activo; así mismo, los líderes de la inteligencia y contrainteligencia deberán hacer lo propio por no haberle advertido al jefe del Estado de las andanzas del oficial durante su retiro.

Esos probados vínculos entre militares y “guerrilleros” confirman una incontrastable degradación moral al interior de las fuerzas militares en particular en el Ejército, fuerza sobre la que recae la lucha contra esas estructuras armadas ilegales agrupadas en la categoría enemigo interno” con la que se han justificado jurídica y políticamente procesos de paz como el de La Habana y feroces y sostenidos ataques para buscar su sometimiento o su eliminación física, durante la aplicación del Plan Colombia y la política de seguridad democrática.

Por supuesto que el envilecimiento y la inmoralidad también tocaron a las “guerrillas” que siempre se presentaron como “salvadores de la Patria y revolucionarios honestos”, cuando sus comandantes y mandos medios hacían negocios con militares, sus “eternos enemigos”.

A pesar de varias purgas ordenadas en anteriores gobiernos y las propias del presidente Petro, si el próximo gobierno le apuesta a reiniciar diálogos de paz con esas estructuras armadas ilegales tendrá que poner en la agenda y sobre la mesa la exposición de pasadas y presentes relaciones entabladas con miembros de las fuerzas armadas. No tiene sentido hablar de desmovilizaciones, curules, entrega de armas y procesos de justicia restaurativa mientras existan las tenebrosas conexiones comerciales entre subversivos y miembros de la fuerza pública.

Así las cosas, antes de reestablecer conversaciones de paz con el ELN o las disidencias de las disidencias, el próximo presidente de la República deberá liderar procesos de limpieza al interior del Ejército para evitar filtraciones, pero sobre todo frenar los negociados con los que pierden legitimidad social y política nomenclaturas como paz, diálogos y conflicto armado interno. Y como muestra de una real voluntad de paz, los comandantes “guerrilleros” estarán obligados a reconocer y entregar a quienes desde sus propias mesnadas andan en negocios con uniformados.

Sería importante también que desde la Casa de Nariño se ordene la tarea de exponer a quienes suelen llamarse los Señores de la Guerra, esto es, empresarios locales y empresas internacionales que de manera legal o ilegal obtienen millonarias ganancias de la extensión en el tiempo de las dinámicas de un “conflicto armado interno” que se degradó militar y políticamente, hasta convertirse en un escenario de mutuas conveniencias entre militares, guerrilleros, empresarios y políticos. Ya el país entendió que las señaladas “guerrillas” están más interesadas en sacar provecho de la minería, el contrabando y la comercialización de la cocaína, que en tomarse en serio los diálogos de paz e incluso, de hacerse con la Casa de Nariño. Para qué el poder político, si controlan rutas del narcotráfico,  amplios territorios, participan de las rentas de la minería, lavan dinero con la ayuda de agentes estatales a través de la ganadería extensiva, entre otras actividades. Al final, hay que preguntarles: ¿son enemigos o socios?

 




el negocio de la guerra en colombia - Búsqueda Imágenes

martes, 2 de diciembre de 2025

¿JUAN CARLOS PINZÓN SERÁ EL UNGIDO DE DONALD TRUMP?

 


Por Germán Ayala Osorio

 

El indulto dado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico y corrupción en su país y su denodado apoyo al virtual ganador de las elecciones en el país centroamericano, Nasry Asfura naturaliza la intrusión de USA y exhibe sin pudor la doble moral y el interés en poner en las casas de gobierno de los países de América Latina a juiciosos mandaderos y ejecutores de la particular política antidrogas diseñada por los Estados Unidos caracterizada por el control del negocio, esto es, la no persecución a los empresarios y políticos proamericanos que hagan ingentes esfuerzos por mantener sometidos a sus países a los intereses gringos que van más allá de la producción de la droga: explotación de oro y otros minerales; para el caso de Colombia,  extender en el tiempo las dinámicas del “conflicto armado interno” en beneficio de los Señores de la Guerra, exploración y  producción de hidrocarburos y  conservación de ecosistemas naturales para fines de investigación genética, entre otras actividades.

Para el caso del escenario electoral que se avecina en Colombia se espera que Trump haga lo mismo señalando a quien le gustaría que llegara a la Casa de Nariño. Juan Carlos Pinzón Bueno podría ser el ungido de Trump, decisión que, consultada o no con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, confirmaría al presidente norteamericano como una variable electoral a tener en cuenta en las elecciones de 2026. El tío de Pinzón Bueno, Jorge Bueno Sierra, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos y la actitud cipaya del precandidato presidencial pueden ayudar a que Trump le diga a la derecha colombiana que ese es su candidato preferido. ¿Estará de por medio la propuesta de indultar al tío de Pinzón?

Abelardo de la Espriella parece no contar con la total simpatía del gobierno gringo por sus relaciones con Alex Saab y por esa vía con el régimen de Nicolás Maduro Moros. En la actual campaña electoral en Colombia, precandidatos presidenciales como Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila han dejado ver una incontrastable actitud cipaya que termina legitimando y naturalizando la intromisión de USA en nuestros asuntos internos. Recordemos que Pinzón Bueno dijo que en una "sentada" - Petro le preguntó si en una "arrodillada"- arregla las relaciones con Washington. 

Eso sí, ese virtual “dedazo” de Trump hace parte de un proceso injerencista en Colombia del que hacen parte decisiones como la descertificación y la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton. Se trata de disposiciones jurídico-políticas ambientadas por los agrios enfrentamientos entre Trump y el mandatario colombiano.  La llamada “guerra contra las drogas” es la fachada con la que se encubren los procesos de intervención americana en Colombia con los que se pretende controlar la llegada de millones de dólares al país por cuenta de la venta de la cocaína en el enorme mercado norteamericano, así como la producción y distribución del alcaloide en manos de agentes locales (políticos y traquetos) que cuentan con el aval de la CIA y por ende de la Casa Blanca.

Las finas relaciones entre la derecha colombiana con el gobierno republicano en cabeza de Donald Trump están atadas a la vieja agenda narcotizada con una variación reciente: la llegada por primera vez a la Casa de Nariño de una fuerza progresista es vista por el uribismo, congresistas gringos de origen colombiano y el propio Trump como un riesgo castrochavista o neocomunista al que hay que enfrentar política y electoralmente. Lo anterior permite concretar acciones injerencistas que para el caso colombiano se han movido entre los esfuerzos de la prensa local hegemónica por deslegitimar al gobierno Petro, descertificar al país y calificar al presidente colombiano como “líder de organizaciones del narcotráfico”.

Las acciones injerencistas de los Estados Unidos en los procesos electorales y en la política interna de los países de América Latina son de vieja data. Con la CIA, por ejemplo, planearon el derrocamiento de Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar al mando de Augusto Pinochet Ugarte. Los Contras en Nicaragua y los intentos de golpes contra Chávez en Venezuela y diversos planes político-militares en Colombia confirman el poder injerencista de los gringos en las dinámicas domésticas de los países que componen su “patio trasero”. La Alianza para el Progreso, el Plan Laso y el Plan Colombia son formas de intrusión aprobadas por las élites locales y presidentes en ejercicio que disfrutan de los beneficios de haber entregado la soberanía estatal al Tío Sam y por esa vía extender en el tiempo la dependencia económica y política frente a lo que hagan y digan los gringos. De esa manera, se garantiza las condiciones de un sistémico subdesarrollo provocado por los Estados Unidos y aceptado por el Establecimiento colombiano. 



EL DECÁLOGO DEL MILLÓN DE VOTOS DE FAJARDO

  Por Germán Ayala Osorio   La tibieza y el ego de Sergio Fajardo Valderrama resultan inconmensurables. Después de la estruendosa derrot...