MILITARES Y GUERRILLEROS: ¿ENEMIGOS O SOCIOS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de las posibles relaciones del general Juan Miguel Huertas con las disidencias farianas de Iván Mordisco hace parte de una larga historia de probadas conexiones mafiosas entre oficiales, suboficiales y soldados con miembros de las “guerrillas”. Ya veremos si el alto oficial tuvo o no negocitos con los ilegales. Si se logra probar su responsabilidad en el ilícito, el presidente Petro deberá asumir la responsabilidad política por haberlo devuelto al servicio activo; así mismo, los líderes de la inteligencia y contrainteligencia deberán hacer lo propio por no haberle advertido al jefe del Estado de las andanzas del oficial durante su retiro.

Esos probados vínculos entre militares y “guerrilleros” confirman una incontrastable degradación moral al interior de las fuerzas militares en particular en el Ejército, fuerza sobre la que recae la lucha contra esas estructuras armadas ilegales agrupadas en la categoría “enemigo interno” con la que se han justificado jurídica y políticamente procesos de paz como el de La Habana y feroces y sostenidos ataques para buscar su sometimiento o su eliminación física, durante la aplicación del Plan Colombia y la política de seguridad democrática.

Por supuesto que el envilecimiento y la inmoralidad también tocaron a las “guerrillas” que siempre se presentaron como “salvadores de la Patria y revolucionarios honestos”, cuando sus comandantes y mandos medios hacían negocios con militares, sus “eternos enemigos”.

A pesar de varias purgas ordenadas en anteriores gobiernos y las propias del presidente Petro, si el próximo gobierno le apuesta a reiniciar diálogos de paz con esas estructuras armadas ilegales tendrá que poner en la agenda y sobre la mesa la exposición de pasadas y presentes relaciones entabladas con miembros de las fuerzas armadas. No tiene sentido hablar de desmovilizaciones, curules, entrega de armas y procesos de justicia restaurativa mientras existan las tenebrosas conexiones comerciales entre subversivos y miembros de la fuerza pública.

Así las cosas, antes de reestablecer conversaciones de paz con el ELN o las disidencias de las disidencias, el próximo presidente de la República deberá liderar procesos de limpieza al interior del Ejército para evitar filtraciones, pero sobre todo frenar los negociados con los que pierden legitimidad social y política nomenclaturas como paz, diálogos y conflicto armado interno. Y como muestra de una real voluntad de paz, los comandantes “guerrilleros” estarán obligados a reconocer y entregar a quienes desde sus propias mesnadas andan en negocios con uniformados.

Sería importante también que desde la Casa de Nariño se ordene la tarea de exponer a quienes suelen llamarse los Señores de la Guerra, esto es, empresarios locales y empresas internacionales que de manera legal o ilegal obtienen millonarias ganancias de la extensión en el tiempo de las dinámicas de un “conflicto armado interno” que se degradó militar y políticamente, hasta convertirse en un escenario de mutuas conveniencias entre militares, guerrilleros, empresarios y políticos. Ya el país entendió que las señaladas “guerrillas” están más interesadas en sacar provecho de la minería, el contrabando y la comercialización de la cocaína, que en tomarse en serio los diálogos de paz e incluso, de hacerse con la Casa de Nariño. Para qué el poder político, si controlan rutas del narcotráfico,  amplios territorios, participan de las rentas de la minería, lavan dinero con la ayuda de agentes estatales a través de la ganadería extensiva, entre otras actividades. Al final, hay que preguntarles: ¿son enemigos o socios?

 

el negocio de la guerra en colombia - Búsqueda Imágenes

¿JUAN CARLOS PINZÓN SERÁ EL UNGIDO DE DONALD TRUMP?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El indulto dado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico y corrupción en su país y su denodado apoyo al virtual ganador de las elecciones en el país centroamericano, Nasry Asfura naturaliza la intrusión de USA y exhibe sin pudor la doble moral y el interés en poner en las casas de gobierno de los países de América Latina a juiciosos mandaderos y ejecutores de la particular política antidrogas diseñada por los Estados Unidos caracterizada por el control del negocio, esto es, la no persecución a los empresarios y políticos proamericanos que hagan ingentes esfuerzos por mantener sometidos a sus países a los intereses gringos que van más allá de la producción de la droga: explotación de oro y otros minerales; para el caso de Colombia,  extender en el tiempo las dinámicas del “conflicto armado interno” en beneficio de los Señores de la Guerra, exploración y  producción de hidrocarburos y  conservación de ecosistemas naturales para fines de investigación genética, entre otras actividades.

Para el caso del escenario electoral que se avecina en Colombia se espera que Trump haga lo mismo señalando a quien le gustaría que llegara a la Casa de Nariño. Juan Carlos Pinzón Bueno podría ser el ungido de Trump, decisión que, consultada o no con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, confirmaría al presidente norteamericano como una variable electoral a tener en cuenta en las elecciones de 2026. El tío de Pinzón Bueno, Jorge Bueno Sierra, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos y la actitud cipaya del precandidato presidencial pueden ayudar a que Trump le diga a la derecha colombiana que ese es su candidato preferido. ¿Estará de por medio la propuesta de indultar al tío de Pinzón?

Abelardo de la Espriella parece no contar con la total simpatía del gobierno gringo por sus relaciones con Alex Saab y por esa vía con el régimen de Nicolás Maduro Moros. En la actual campaña electoral en Colombia, precandidatos presidenciales como Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila han dejado ver una incontrastable actitud cipaya que termina legitimando y naturalizando la intromisión de USA en nuestros asuntos internos. Recordemos que Pinzón Bueno dijo que en una "sentada" - Petro le preguntó si en una "arrodillada"- arregla las relaciones con Washington. 

Eso sí, ese virtual “dedazo” de Trump hace parte de un proceso injerencista en Colombia del que hacen parte decisiones como la descertificación y la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton. Se trata de disposiciones jurídico-políticas ambientadas por los agrios enfrentamientos entre Trump y el mandatario colombiano.  La llamada “guerra contra las drogas” es la fachada con la que se encubren los procesos de intervención americana en Colombia con los que se pretende controlar la llegada de millones de dólares al país por cuenta de la venta de la cocaína en el enorme mercado norteamericano, así como la producción y distribución del alcaloide en manos de agentes locales (políticos y traquetos) que cuentan con el aval de la CIA y por ende de la Casa Blanca.

Las finas relaciones entre la derecha colombiana con el gobierno republicano en cabeza de Donald Trump están atadas a la vieja agenda narcotizada con una variación reciente: la llegada por primera vez a la Casa de Nariño de una fuerza progresista es vista por el uribismo, congresistas gringos de origen colombiano y el propio Trump como un riesgo castrochavista o neocomunista al que hay que enfrentar política y electoralmente. Lo anterior permite concretar acciones injerencistas que para el caso colombiano se han movido entre los esfuerzos de la prensa local hegemónica por deslegitimar al gobierno Petro, descertificar al país y calificar al presidente colombiano como “líder de organizaciones del narcotráfico”.

Las acciones injerencistas de los Estados Unidos en los procesos electorales y en la política interna de los países de América Latina son de vieja data. Con la CIA, por ejemplo, planearon el derrocamiento de Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar al mando de Augusto Pinochet Ugarte. Los Contras en Nicaragua y los intentos de golpes contra Chávez en Venezuela y diversos planes político-militares en Colombia confirman el poder injerencista de los gringos en las dinámicas domésticas de los países que componen su “patio trasero”. La Alianza para el Progreso, el Plan Laso y el Plan Colombia son formas de intrusión aprobadas por las élites locales y presidentes en ejercicio que disfrutan de los beneficios de haber entregado la soberanía estatal al Tío Sam y por esa vía extender en el tiempo la dependencia económica y política frente a lo que hagan y digan los gringos. De esa manera, se garantiza las condiciones de un sistémico subdesarrollo provocado por los Estados Unidos y aceptado por el Establecimiento colombiano. 

LOS BOMBARDEOS, EL GRAN TEMA DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del proceso del Acuerdo de La Habana, la paz dejó de ser el gran tema electoral, decisivo en anteriores campañas presidenciales. Ahora, con la muerte de por lo menos 12 menores de edad a causa de un par de bombardeos a campamentos de los facinerosos de Iván Mordisco, al escenario electoral de 2026 muy seguramente llegará el asunto de la continuidad o no de los certeros y duros ataques aéreos usados por Uribe, Santos, Duque y Petro para golpear y diezmar militarmente a las estructuras armadas ilegales que aún muchos llaman “guerrillas”.  Por lo menos, se espera que en los debates presidenciales la pregunta surja acompañada del tono moralizante e hipócrita alrededor de si se ordenarían bombardeos a pesar de la presencia de adolescentes en los campamentos de las disidencias farianas y del ELN.

Eso sí, el posicionamiento electoral del tema de los bombardeos a los acantonamientos selváticos de las narcoguerrillas no le devolverá la importancia sociopolítica y mediática que años atrás se les dio a las negociaciones con los grupos armados ilegales y a la idea de superar el conflicto armado interno a través de negociaciones políticas. Poco a poco el concepto de conflicto armado interno se irá vaciando de sentido social y político. La Academia se encargará de mantener su legitimad por el peso jurídico que se deriva de las dinámicas militares. Al igual que las ONG locales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. 

Iván Cepeda, como candidato del progresismo deberá tener mucho cuidado al momento de responder las preguntas y los cuestionamientos alrededor de si mantendría o no los bombardeos contra las “guerrillas”. Una respuesta negativa lo pondría en la misma situación contradictoria en la que cayó Petro, pues los ataques de esas estructuras ilegales a la población civil, a estaciones de policía y batallones en algún momento lo obligarían a ordenar ataques aéreos. Es más, si llega a la presidencia, muy seguramente la cúpula militar y los gremios lo presionarán para que use la fuerza de las bombas para diezmar a los facinerosos.

Que otros temas aparezcan en la escena electoral de 2026 significa que la operación de los grupos irregulares perdió importancia política, fruto en gran medida de la sistemática transformación de las antiguas guerrillas en estructuras mafiosas al servicio de la Junta del Narcotráfico tal y como lo ha señalado en varias oportunidades el presidente Petro. También puede tratarse de unos mejores niveles de conciencia en sectores societales que entendieron que realmente las “guerrillas” no tienen voluntad de paz y que existencia hace rato se alejó de las románticas ideas revolucionarias que defendieron en los años 60.

Por supuesto que estas nuevas circunstancias contextuales en las que la búsqueda de la paz dejó de ser una prioridad social y política se explica porque desmovilizar a los grupos ilegales a través de negociaciones políticas dejó de ser un objetivo alcanzable por varias razones: la primera, porque los comandantes del ELN y las disidencias farianas así lo han expresado; la segunda, porque su operación no constituye un riesgo político y militar para el régimen colombiano; y la tercera, porque la narrativa final del gobierno Petro convirtió a esas estructuras ilegales en “ejércitos privados al servicio de las mafias del narcotráfico y la minería ilegal”.

Los temas prioritarios son otros, gracias en gran medida al proyecto progresista y en particular a las ejecutorias del gobierno Petro en materia de reforma agraria, fortalecimiento de lo comunitario, vías terciarias y secundarias, el uso de los recursos de la SAE para beneficio de comunidades y universidades y la naturalización de las exigencias de los derechos laborales, entre otros. Se suman a estos los problemas no resueltos por la administración Petro como la inseguridad en las urbes, la extorsión, los secuestros y la operación criminal de las estructuras armadas ilegales y la crisis del sistema de salud.

Imagen tomada de: BOMBARDEOS EN GUAVIARE, PETRO PIDE PERDÓN - Búsqueda Imágenes

SIETE MENORES ASESINADOS, MOCIÓN DE CENSURA, HIPOCRESÍA Y COHERENCIA IDEOLÓGICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El escándalo político y mediático generado por la muerte de siete adolescentes en el reciente bombardeo del Ejército a un campamento en el que hacían presencia facinerosos de Iván Mordisco deviene con un tinte electoral y una clara intención de confrontar la coherencia ideológica y política del presidente Petro. Es casi imposible ser coherente por la misma aviesa condición humana y los siempre acomodaticios marcos morales y éticos creados por el propio ser humano. 

La defensa de la vida y la dignidad de viejos y viejas y en particular la de los menores de edad casi que es exclusivo de los sectores progresistas y la izquierda democrática  y una bandera agitada con furor por Petro; mientras que la ocurrencia de los falsos positivos, la estigmatización y persecución contra periodistas y críticos durante el gobierno Uribe fueron acciones y actitudes legitimadas por quienes creyeron a pie juntillas en la superioridad moral con la que fue concebida la política de seguridad democrática.

El anuncio de dos congresistas de la radicación de una Moción de Censura en contra del Mindefensa, Pedro Sánchez, así como las reacciones de varios precandidatos presidenciales, entre ellos Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras, frente al trágico saldo del ataque aéreo están dirigidos a poner a prueba la coherencia ideológica del presidente Petro y de los miembros del Pacto Histórico que en el pasado criticaron la caída de menores de edad durante un bombardeo similar autorizado por el entonces presidente Iván Duque Márquez.

Si hay algo difícil en un país tan complejo como Colombia son las dinámicas de un “conflicto armado interno” que se degradó hasta tal punto de que todos los actores armados, legales e ilegales, en el pasado violaron el DIH y los DDHH. Al poner el foco en la lamentable muerte de los siete menores, los políticos que señalan hoy, a grito herido, que el gobierno Petro violó el DIH y los DDHH olvidan que las llamadas “guerrillas” jamás aceptaron someterse a las reglas de juego planteadas por ejemplo en el Protocolo II de Ginebra. Muestra de lo anterior es el reclutamiento forzado de los menores que cayeron en el referido bombardeo, los constantes ataques a las misiones médicas y los secuestros de civiles.

Con razón el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez expresó su molestia porque solo escucha señalamientos contra el presidente y contra él mismo por el resultado del operativo militar.  Sánchez espetó que “aquí deberíamos estar rechazando a los criminales, ¿por qué no escucho una sola voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos es a los que tenemos que rechazar. Aquí el único crimen es el reclutamiento".

Quizás a manera de respuesta al rabioso interrogante que lanzó el ministro de la Defensa señalo que no se escucha esa voz de rechazo porque en Colombia la coherencia política e ideológica empieza a fracturarse a partir del momento en el que obligados por las circunstancias sí o sí se termina defendiendo el principio aquel de la “violencia legítima del Estado”. Es claro que esa doctrina le sirvió a Petro como parapeto jurídico-político para autorizar el bombardeo con el saldo ya conocido y por esa vía intentar cubrir la inmensa grieta que él mismo abrió en sus creencias al momento de asumir el cargo de jefe del Estado y autorizar el ataque.

La tormenta desatada continuará por varias semanas de la mano de las empresas mediáticas que harán todo lo que periodísticamente esté a su alcance para magnificar lo ocurrido y politizar en grado máximo una difícil decisión militar que termina por ocultar el origen mismo de la problemática que está detrás del reclutamiento forzado de los siete menores que hoy, con evidente hipocresía, “lamentan” precandidatos presidenciales; los mismos  que de llegar a la Casa de Nariño lo más probable es que se verán abocados a tomar decisiones como las que tomó Petro por una razón histórica: en los territorios en los que son reclutados cada día menores de edad el Estado no es un referente de orden establecido  y mucho menos un faro moral para aquellos menores seducidos por todo lo que les ofrecen los criminales al mando de Iván Mordisco.

Qué fácil resulta desde una curul en la fría y distante capital de la República reclamar por el trágico saldo de siete menores asesinados víctimas de la violencia legítima del Estado y de las narcoguerrillas, cuando desde el mismo Congreso de la República se legitima el ethos mafioso con el que se eligen alcaldes y gobernadores, los débiles regentes que creen que gobiernan en territorios como el Guaviare en los que hace rato se legitimaron las “guerrillas”. Como dijo alguien por ahí: “en fin, la hipocresía”.

SIETE MENORES CAÍDOS: BOMBARDEAR O NO, ESA ES LA CUESTIÓN… MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

Lamentable que en el más reciente bombardeo a un campamento de las disidencias de Iván Mordisco hayan caído siete menores de edad. ¿La inteligencia militar supo de la presencia de los adolescentes? ¿El presidente de la República sabía? Las respuestas a estos interrogantes no les devolverán la vida a los muchachos caídos en el ataque militar, pero servirán para atizar la crispación ideológica en un ambiente electoral en el que todos los precandidatos presidenciales tienen la solución para superar las dinámicas de las disímiles violencias que confluyen en lo que se insiste en llamar conflicto armado interno.

El saldo cruel de víctimas lo están usando precandidatos presidenciales como Sergio Fajardo Valderrama, varios periodistas uribizados y bodegueros de la ultraderecha para atacar la política de paz del gobierno Petro y la propia orden de bombardear a esas estructuras criminales.

Fajardo habla de una Petro-contradicción al recordar que Petro en el 2021 calificó el asesinato de menores de edad en un bombardeo en el Guaviare como “crímenes de guerra”. Petro le respondió que “es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva emboscan a 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”.

Petro expone un complejo dilema moral y militar: era preferible que cayeran los siete menores de edad de cuyas vidas muy seguramente ninguna institución estatal tenía información y no los 20 soldados sobre los que el Estado tiene, además de información precisa de su existencia, los elevados costos económicos de haberlos formado para combatir a un degradado enemigo interno.

Los menores que cayeron son víctimas del reclutamiento forzoso, pero también del Estado, de la política y de políticos en la medida en que ninguna institución fue capaz  de protegerlos y brindarles una vida diferente en territorios en los que justamente el Estado brilla por su ausencia o en el mejor de los casos, por su debilidad institucional;  de ahí la facilidad con la que son enganchados por esas y otras estructuras narco criminales que les ofrecen lo que el modelo económico, el régimen político y el sistema sociocultural les negó por el solo hecho de haber nacido en departamentos y zonas que el centralismo bogotano sigue viendo como los viejos “territorios nacionales”.

Y si vamos un poco más allá de las lecturas moralizantes y oportunistas con las que hoy atacan al jefe del Estado, esos niños y adolescentes ya estaban condenados a vivir en la ilegalidad y a morir en cualquier momento porque tanto el sistema financiero internacional y por supuesto el nacional se benefician de la producción de la cocaína que mantiene la operación de esos ejércitos mafiosos que insisten en llamarse guerrillas y que les brindan una "oportunidad" a esos adolescentes de quizás enriquecerse con el negocio de la droga, el secuestro, el sicariato y la extorsión. 

Existe, entonces, una cadena de actores responsables de la muerte de esos 7 menores de edad y de los que cayeron en anteriores bombardeos ordenados por los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. En ese inmoral encadenamiento aparecen los militares y policías que hacen negocios con las “guerrillas”. Y por supuesto, los políticos corruptos que se roban los presupuestos de las alcaldías y gobernaciones en cuyas jurisdicciones operan a sus anchas los narco criminales del ELN y las disidencias de las disidencias. 

Adenda: la muerte de estos 7 menores de edad puede servir de argumento en la discusión alrededor del tema del envejecimiento de la sociedad colombiana en razón a que no “hay suficientes mujeres para parir”; tema que recién tocó el precandidato de la derecha, Juan Daniel Oviedo.

siete menores murieron en bombardeo ordenado por Petro - Búsqueda Imágenes

40 AÑOS DESPUÉS DEL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay una conexión moral que hay que hacer entre las acciones militares y prepolíticas realizadas tanto por el M-19 en la toma, como por el Ejército en la retoma del Palacio de Justicia y hechos posteriores como los falsos positivos y las sangrientas tomas guerrillas a bases militares con los saldos ya conocidos por los colombianos.

Más allá de las grietas y contradicciones de los relatos que dan cuenta de una verdad a medias sobre lo ocurrido en la toma y retoma del Palacio de Justicia, hay una realidad inobjetable: a los guerrilleros del M-19 y a los militares los unió en ese escenario caótico el desprecio por la vida de los magistrados, empleados de la cafetería y visitantes. Lo que vino después para el país en materia de orden público fue la degradación moral de los combatientes, legales e ilegales.

Si aceptamos el relato que indica que el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia patrocinado con dineros del asesino serial Pablo Escobar Gaviria, encontramos, más allá de la veracidad y legitimidad de las fuentes consultadas, que ese contubernio con el Cartel de Medellín explica con claridad la actitud inmoral y la contradicción de la ética “revolucionaria” de los miembros del M-19. Aliarse con semejante criminal es suficiente muestra de la degradación moral de la que aquí hablo.

Y si aceptamos la versión que indica que el Ejército se aventuró a retomar el Palacio de Justicia para vengarse  del M-19 por el robo de las 5.000 armas del cantón norte y la sustracción de la espada de Bolívar; y para desaparecer los expedientes de las investigaciones que se adelantaban en contra de altos oficiales por violaciones a los derechos humanos, entonces queda claro que la retoma no fue una acción para “defender la democracia” y mucho menos para recuperar a los magistrados secuestrados. Que los servicios de inteligencia del Estado y las huestes castrenses conocieran que el M-19 estaba planeando el asalto al Palacio de Justicia da cuenta del grado de desprecio por la vida de los magistrados. Los procesos en contra de altos oficiales del Ejército venían desde el gobierno de Turbay Ayala y la aplicación del violento Estatuto de Seguridad.

Luego del Holocausto del Palacio de Justicia vinieron los sangrientos ataques a pueblos y a bases militares por parte de otros grupos guerrilleros y los falsos positivos. Temerarias, violentas y prepolíticas acciones que se conectan muy bien con los inmorales hechos del Palacio de Justicia y la consecuente degradación moral de los actores del conflicto armado interno. ¿Acaso no es inmoral asesinar civiles inermes, ponerles camuflados y hacerlos pasar como “guerrilleros muertos en combates”? ¿Acaso no es inmoral someter a tratos degradantes a militares en campos de concentración que las Farc construyeron? ¿O acaso no es inmoral lo sucedido con el magistrado Carlos Horacio Urán que salió vivo del Palacio de Justicia, luego el Ejército lo asesinó y apareció calcinado al interior del recinto?

La génesis de dicha degradación moral está atada a los hechos de lo que se conoce como el Holocausto del Palacio de Justicia, pero sobre todo a los efectos pasajeros de una tragedia presentada como nacional por la prensa de la época, pero que apenas si logró atrapar a las familias de los magistrados, de los guerrilleros, de los empleados de la cafetería, de los visitantes y de las personas que el Ejército desapareció.

Desde ese trágico momento, el desprecio por la vida, animado por la doctrina del enemigo interno, su extensión a todo lo que oliera a izquierda y la llegada de Petro al poder se convirtió en una constante en una sociedad como la colombiana que desprecia la paz, al tiempo que aplaude las soluciones armadas en las que no solo caen los combatientes ilegales, sino civiles inocentes. Para darle continuidad a ese sentimiento de desprecio por la vida hay precandidatos presidenciales y políticos que hablan de “destripar”, dar bala o balín a diestra y siniestra, e incluso de diseñar un segundo Plan Colombia. 

Con los actos conmemorativos del Holocausto nos damos cuenta que somos buenos para rezar por las víctimas y exigir verdad y justicia, pero bastante "malitos" para mirarnos al espejo de la inmoralidad y la ética acomodaticia en el que todos los días nos miramos como sociedad premoderna e incivilizada. 

HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA Y EXTERMINIO DE LA UP: ¿PODREMOS PASAR LA PÁGINA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay hechos de la violencia política de Colombia que parecen ser los mayores obstáculos para que como sociedad allanemos el camino en aras de consolidar relaciones sociales y políticas respetuosas en medio de las diferencias en el ya caldeado ambiente electoral de cara a las elecciones de 2026.

La toma y retoma del Palacio de Justicia y el casi exterminio de la Unión Patriótica (UP) sirven por estos días para discurrir  alrededor de  si esos dos particulares y dolorosos hechos políticos y prepolíticos en sí mismos impiden que podamos como sociedad “pasar la página” o si son las interpretaciones jurídico-políticas que todavía circulan sobre ambos sucesos las que hacen prácticamente imposible allanar esa ruta que nos lleve como colectivo a perdonar a todos los responsables y a tratar de entender a quienes pretenden reivindicarlos por representar las luchas políticas que daban cuenta de una realidad superior: la existencia de un conflicto armado interno que terminó degradándose  y evitando la discusión sensata y argumentada en torno a su naturaleza social, económica y política y por supuesto sus dinámicas.

Los enfrentamientos políticos, discursivos e incluso los choques entre el presidente Petro y miembros de la familia Gaona, víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia; y por supuesto, la grosería con la que María Fernanda Cabal trató al sumiso periodista Daniel Pacheco en reciente entrevista a propósito de la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio político de la UP hacen pensar en que los hechos en sí mismos no impiden el entendimiento y el diálogo respetuoso, y que más bien el pétreo obstáculo está atado a la concepción que cada uno tiene de la Verdad y de la Memoria, elementos que al devenir contaminados por intereses e ideologías, facilitan y promueven la irritabilidad, la construcción de nuevos enemigos, la negación comunicativa del Otro como un interlocutor válido, los deseos de reescribir la historia negando los fallos de la justicia e incluso el aplauso del saldo trágico de víctimas fatales aludiendo al “bien superior del Estado”, forma de dominación que arrastra graves problemas de legitimidad.

En este discurrir hay que señalar que como animal simbólico el presidente Petro ha exagerado en la exhibición de la bandera del M-19 y en la reivindicación de su lucha como guerrillero y revolucionario en una sociedad que a pesar de procesos de paz fallidos y otros exitosos, sigue viendo su consecución como un desgaste innecesario no solo por los elevados costos económicos de los diálogos de paz, la rebaja de penas y las desmovilizaciones de los grupos al margen de la ley, sino porque al no producirse la eliminación física de los excombatientes se asume como una derrota social y política de aquellos que defienden la institucionalidad estatal sin el más mínimo asomo de responsabilidad política por haber evitado la construcción de una verdadera República.

Por todo lo que representa para el país el presidente de la República, al agitar en varias ocasiones la bandera del M-19 reabre heridas, alimenta los reduccionismos conceptuales que al final evitan la comprensión de las lógicas de los llamados “revolucionarios” y las propias de los “contrarrevolucionarios y la circulación de versiones oficiales y no oficiales que extienden en el tiempo las dudas sobre la Verdad y la Memoria en torno a los dos hechos que provocaron la escritura de esta reflexión.

Lo mejor que podemos hacer como sociedad es dejar que “hablen” las historias, las memorias y las verdades, judiciales y las versiones populares construidas sobre los vergonzosos hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia y la eliminación de los militantes de la UP. No es necesario estar de acuerdo alrededor de quiénes fueron los responsables directos e indirectos; bastaría con sentirnos avergonzados por esos dos episodios que dicen mucho de lo que somos como ciudadanos y colectivo. Quizás a partir de ese momento estemos listos para “pasar estas dos y otras páginas de nuestra vergonzante historia como pueblo aparentemente civilizado.

 

petro, los gaona y el palacio de justicia - Búsqueda Imágenes

MARÍA FERNANDA CABAL: NEGACIONISTA, INTOLERANTE Y GROSERA CON LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Negar la responsabilidad del Estado colombiano en las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos y en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) es parte fundamental de la narrativa de los uribistas. Son, además, negacionistas de la naturaleza política del conflicto armado interno y del cambio climático. El país recordará que en la política de seguridad democrática de Uribe se afirma que en el país no había en ese momento un conflicto armado sino una amenaza terrorista.

María Fernanda Cabal Molina, una de las “tigresas” del expresidente Álvaro Uribe Vélez se hizo viral en las últimas horas porque negó la responsabilidad del Estado en el genocidio político de la UP. Lo hizo en un tenso diálogo con el periodista Daniel Pacheco a quien además ofendió al decirle que “tenía cemento en el cerebro” por recoger la versión oficial e incluso la propia sentencia de la CIDH[1] (2023) por el asesinato de por lo menos 4153 militantes de la Unión a manos de miembros de las AUC, los Pepes, los 12 Apóstoles y el MAS (Muerte a Secuestradores), en connivencia de actores estatales, en particular de agentes del temido y ya desaparecido DAS.

La actitud grosera de la senadora Cabal Molina hacia el periodista y su reiterada intención de invalidar los tozudos hechos de la violencia política y desconocer las sentencias de los jueces hacen pensar en los riesgos que correrían los periodistas en una eventual presidencia de la señora Cabal. El país pasaría de “otra pregunta amigo”, como decía Uribe, a “Usted no le contesto porque tiene cemento en el cerebro”. Incluso, de llegarse a presentar nuevos hechos criminales en los que estuviesen comprometidos agentes estatales, lo más probable es que desde la Casa de Nariño se ordenaría torpedear las investigaciones de la justicia.

En el referido rifirrafe con el periodista, Cabal espetó: “No me diga jamás que el Estado aniquiló a la Unión Patriótica, a la Unión Patriótica la aniquiló…”. El periodista, con evidente timidez, dijo que fue el Estado. En ese preciso momento la precandidata presidencial de la derecha montó en cólera y le dijo a su interlocutor que “es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad”.

Llama la atención la reacción de Daniel Pacheco quien trató de defenderse de la patanería de la senadora uribista. Lo hizo en un tono timorato que terminó por agrandar la ya evidente intolerancia de Cabal Molina frente a quienes no comparten su versión de unos hechos criminales probados por la justicia colombiana y la internacional. Esto dijo Pacheco: “pero tampoco, no tiene por qué decir eso, podemos estar de acuerdo…”.

En su andanada en contra del reportero, Cabal Molina continuó en estos términos: “no, no, ese es el problema cuando a usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelven memoria, la Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que ver…”. Aunque el gremio periodística se caracteriza por su desunión, la actitud arrogante, estólida, displicente, sobradora, altanera, grosera e intimidante de María Fernanda Cabal debe asumirse como una afrenta contra la prensa en general. Pacheco hoy sufrió los embates de la intransigente precandidata presidencial, mañana puede ser cualquier otro periodista. Eso sí, no se espera una reacción colectiva de las empresas mediáticas en defensa del reportero ofendido, pues dentro de aquellas hay colegas uribizados que se rinden a los pies de la señora Cabal y a los de su mentor, el caballista, expresidente antioqueño y exdirector de la Aerocivil. ¿Se atreverá la FLIP a decir algo?

Detengámonos un instante en algunos términos que usa la senadora. Dice que la UP “tuvo una tragedia”. De manera sinuosa la precandidata presidencial elude hablar de exterminio o de genocidio político. Su intención es clara: minimizar la naturaleza política de la persecución y el aniquilamiento de los militantes de la UP. Hay tragedias aéreas y familias que sufren la pérdida de varios familiares en masacres, accidentes de tránsito. Lo que vivieron las familias de los militantes de la UP asesinados fue más que una tragedia: fueron estigmatizados, perseguidos y sintieron el terror de un Estado que los convirtió que los buscó para "cazarlos" como si se tratara de animales. 

A renglón seguido, con la expresión “le mataron mucha gente” pretende borrar cualquier responsabilidad penal y política de los agentes estatales y no estatales que de manera coordinada perpetraron los crímenes. Se puede matar sin querer a otra persona, en un accidente, por ejemplo.

Si hay algo que a la señora Cabal y al propio expresidente Uribe les molesta es que el país conozca la verdad en relación con las dinámicas del conflicto armado interno y los hechos del Palacio de Justicia, los falsos positivos y el exterminio de la UP. Por ello siempre se opusieron al tratado de paz de La Habana y a la operación de la JEP. Su actitud negacionista se explica porque creen ciegamente en aquella doctrina de la “violencia legítima del Estado”, pues la convirtieron entre 2002 y 2010 en la patente de corso para perseguir y estigmatizar a periodistas y a otros que se atrevieron a cuestionar sus decisiones.

 

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[1] “En la mañana del lunes 30 de enero de 2023, tras casi tres décadas de espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un fallo histórico, condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, los derechos políticos. La sentencia leída por el presidente de la Corte, juez Ricardo Pérez, señaló, entre otras cosas, que el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio desatado en 1984 en contra de este partido político. La Corte también ordenó que, en un plazo no mayor a dos años, “el Estado debe iniciar, impulsar, reabrir y continuar, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso”. Tomado de https://corporacionreiniciar.org/caso-up/caso-up-sistema-interamericano/sentencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-sobre-el-caso-up/

 

EXPRESIDENTES COLOMBIANOS CIERRAN FILAS EN FAVOR DE TRUMP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El calificativo de líder de narcotraficantes que lanzó Trump contra el presidente Petro sirvió para probar la cohesión y la coherencia de la institucionalidad estatal y la visión de Estado de los expresidentes Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach rechazaron el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos en contra del presidente colombiano. Dichas posturas contrastan con el silencio de los presidentes de las altas cortes que a la fecha no rechazaron la irrespetuosa y temeraria arremetida verbal del convicto Donald Trump. Parece ser que los togados temen que el pederasta presidente norteamericano les quite la visa, documento que la clase política y empresarial asumen como un invaluable tesoro con el que suelen justificar las arrogantes, desafiantes y desobligantes posturas asumidas por las autoridades gringas en contra de Colombia. Lo que queda claro es que los líderes de esas altas corporaciones judiciales no tienen una clara visión de Estado.

La misma miope y empobrecida visión del Estado la exhibieron los exmandatarios Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez. En la carta que enviaron a Petro dejaron ver que su condición de expresidentes está alejada y no se conecta con la dignidad del cargo de jefes del Estado que ostentaron en el pasado. Pastrana estuvo en la Casa de Nariño en calidad de cipayo de los Estados Unidos. La aprobación del Plan Colombia en el Congreso americano y su nula discusión en el Congreso colombiano y el diseño mismo de dicho plan de intervención militar de los gringos en el conflicto armado interno dan cuenta del nivel de estulticia y de la actitud lacaya del genuflexo presidente conservador, quien jamás actuó como un verdadero estadista.

En esa misma línea inmoral y pasmosa indignidad actuó Álvaro Uribe Vélez, de quien las autoridades gringas tienen información de sus andanzas en el pasado que lo enredan con paramilitares, masacres como las del Aro y la Granja, el asesinato de José María Valle y relaciones con narcotraficantes, de acuerdo con investigaciones periodísticas, procesos penales a los que está vinculado y su aparición en una lista de una autoridad americana en la que aparecen narcotraficantes. Uribe aparece en ella bajo el número 82. El país recuerda que el mismo Pastrana acusó de ser paramilitar a Uribe. Hoy, años después, cogidos de las manos le hacen oposición al gobierno Petro.

Esa actitud lacaya de Uribe y Pastrana, ambos eficientes y obedientes criados apoyados por la Casa Blanca en sus nefastos periodos presidenciales se confirmó con la reciente misiva que le enviaron a Petro. En lugar de exigir explicaciones y rechazar el señalamiento de Trump, estos dos consagrados mercaderes de las soberanías popular y estatal y ladinos políticos dicen en su carta que “con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia abajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político”.

Sin duda alguna, estamos ante una vergonzosa actitud de dos expresidentes que gobernaron al país sin saber qué es eso de ser jefe del Estado. En su abierta y clara actitud lacaya e incoherente, estos dos exmandatarios se atreven en la misma carta a “exigir serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”. ¿Sentido nacional? ¿Sabrán qué significa aquello del sentido nacional este par de politicastros? La verdad, no lo creo.

La respuesta de Petro, en su calidad de jefe del Estado, fue contundente: “Por respeto a la juez y a la justicia de Colombia esta carta no debe ser contestada, por dos expresidentes del que se tienen sospechas de vínculos con uno de los negocios más grandes de Colombia, y dos: porque uno ha sido condenado y paga condena por la justicia”.

Entre tanto, Iván Duque Márquez, el pasante que pernoctó por cuatro años en la Casa de Nariño, reaccionó con la misma indignidad de Pastrana y Uribe. Por su condición de títere de Uribe y eterno aprendiz de presidente no se le puede exigir que oficie como exjefe de Estado. Duque Márquez será recordado por su mediocridad, su infantil discurso en inglés, en particular aquella alusión que hizo en un evento internacional a los 7 enanitos y por supuesto su inolvidable auto entrevista en la misma lengua.

El expresidente Santos sin exhibir una visión integral de Estado, por lo menos reconoció que tanto Trump como Petro se han insultado. El único expresidente que asumió una postura cercana a la visión de Estado que en esta columna se reclama fue Ernesto Samper Pizano, político que frente a los gringos ha mantenido una actitud digna desde antes de que le retiraran la visa americana.

Imagen tomada de la red X. 

MARÍA CORINA MACHADO, NOBEL DE PAZ 2025

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El Nobel de Paz entregado a María Corina Machado se suma a la lista de reconocimientos otorgados por el Comité Noruego del Nobel que en el pasado despertaron fuertes críticas en amplios sectores de la opinión pública global. Desde el entregado a Henry Kissinger, pasando por el que exaltó a Yasser Arafat, hasta llegar al de Barack Obama. La historia del Premio Nobel de Paz confirma que dicho galardón deviene con un carácter político y veleidoso, fruto de lecturas ligeras e irresponsables de coyunturas internacionales en las que el concepto de paz y su búsqueda se diluyen por políticas intervencionistas de potencias militares pensadas más para escalar conflictos políticos internos y otros de dimensiones regionales.

A las negativas reacciones al premio otorgado a la venezolana y líder opositora al régimen de Nicolás Maduro Moros se suma la nominación no oficial al mismo galardón del convicto y pederasta presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si su discutible plan de paz en Gaza se concreta, no se descarta que el mandatario de los estadounidenses resulte nominado en el 2026 y termine haciendo parte del “salón de la fama”, junto a Kissinger y Obama.

Machado se solidarizó con Israel cuando el grupo extremista y terrorista Hamas masacró a por lo menos 1200 civiles que disfrutaban de un concierto en territorio israelí. En adelante, la líder venezolana guardó silencio cómplice frente al evidente genocidio que el ejército sionista de Israel viene perpetrando en contra del pueblo palestino, en venganza por la acción criminal de Hamas.

La Nobel de Paz 2025 en varias ocasiones exhortó a los Estados Unidos a presionar la salida de Miraflores del ilegítimo presidente de la Bolivariana República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. María Corina Machado ha pedido públicamente una “mayor presión internacional para sacar a Maduro del poder”; también dijo en su momento que “Venezuela es un problema de seguridad hemisférica" y frente a las últimas decisiones de Trump, incluida la presión militar en aguas del mar Caribe, la política venezolana espetó que el “régimen está al borde del colapso" y que "los días de esa organización criminal están contados".

Una cosa es que Machado luche por liberar a los venezolanos que no comparten la línea ideológica y política del régimen de Maduro Moros y otra muy distinta es apostarle a una salida sangrienta del presidente de Venezuela. Lo cierto es que las acciones políticas adelantadas por María Corina Machado poco están conectadas con ejercicios y apuesta de paz en la medida en que en territorio venezolano no se libra una guerra civil o un conflicto armado interno como el que sufre Colombia desde los años 60. Lo que hay ciertamente es una crisis política interna y unos intereses muy grandes de los Estados Unidos y otras potencias por hacerse con las reservas de petróleo.

Si USA decide finalmente intervenir militarmente en Venezuela para derrocar a Maduro, el premio Nobel a María Corina Machado y ella misma terminarían convertidos en meros instrumentos políticos con los que el mundo seguiría aprobando las aventuras militares del gran Sheriff de las Américas.

Con la decisión del Comité Noruego del Nobel la invitación a dar golpes de Estado y a intervenir en asuntos internos de otros países entran a hacer parte de los criterios con los que dicho conclave define quién merece el Nobel de Paz. El Comité Noruego del Nobel tomó una decisión política que debilita la concepción de la paz como anhelo y estadio en el que trabajan mujeres, hombres y organizaciones en aras de mitigar el dolor, evitar la muerte de inocentes y hasta de “humanizar” las guerras y los conflictos. Lo mejor habría sido declararlo desierto y esperar a ver cómo evolucionan los conflictos en Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania.

 

CEPEDA, CORCHO Y QUINTERO A LA CONSULTA DEL PACTO HISTÓRICO

Por Germán Ayala Osorio 

Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero son las cartas presidenciales con las que el Pacto Histórico hará su consulta interna el 26 de octubre para que su gente defina quién de los tres llevará las banderas del progresismo en las elecciones de 2026. 

Los tres se han encargado de demostrar lealtad al presidente y compromiso con las ideas de una izquierda progresista. Eso sí, con diferencias de estilo que van dejando entrever cómo afrontarían la campaña presidencial de resultar elegidos en aquellos momentos en los que sean señalados de seguir órdenes de Petro ya en su calidad de expresidente. 

Cepeda es un hombre sereno y de hablar pausado, características que bien puede llevar a que muchos las  asocien con debilidad de carácter. Defiende las ideas de Petro y recientemente calificó  de "memorable" la intervención del presidente de la República en la ONU. Eso sí, el país no puede esperar de Cepeda declaraciones de amor hacia Petro como lo hizo Gustavo Bolívar, cuando en el pasado le dijo al presidente "yo a usted lo amo". 

El senador cuenta con una trayectoria política limpia y libre de escándalos de la sempiterna, aceptada y naturalizada corrupción de la clase política colombiana. Sus luchas por la paz y la defensa de los derechos humanos de las víctimas de todos los actores armados, legales e ilegales  que participaron de las hostilidades en el marco del conflicto armado interno es un punto a su favor que convoca a todos los colombianos sensibles con asuntos como los falsos positivos y la consecución de una paz "estable y duradera"; pero esas mismas luchas de Cepeda, en caso de ganar la consulta del Pacto Histórico, lo alejaría ética, política e ideológicamente de los cientos de miles de connacionales que niegan  y se oponen a que el próximo gobierno insista en negociar el fin de las hostilidades con los grupos al margen de la ley, a que las víctimas sean reparadas y a que el país siga conociendo la verdad de lo acontecido porque ello compromete a los militares y a la seguridad democrática. En ese punto, una eventual candidatura de Cepeda no convocaría a quienes sin ser necesariamente uribistas no ven en esos asuntos de la paz y el respeto de los DDHH una virtud importante para asumir los destinos del país. 

La campaña sucia que en su contra iniciaron agentes del uribismo (los hijos de Uribe, por ejemplo) muy seguramente reaparecerá en caso de que resulte ser el candidato presidencial por el Pacto Histórico. Llamarlo "el candidato de las Farc" es el estigma perfecto al que seguirá apelando la derecha para asustar al electorado indeciso que reconoce que la administración Petro ha hecho cosas positivas en materia social y económica, pero otras negativas como el fracaso de la Paz Total y por supuesto la corrupción al interior de la UNGRD. 

Carolina Corcho, como exministra de salud sabe que le tocará lidiar con los negativos imaginarios que la prensa hegemónica logró posicionar en la opinión pública a propósito de la crisis de las EPS, en particular los problemas de atención a los usuarios de la Nueva EPS. A pesar de las alocuciones de Petro en las que desenmascaró a los que se "robaron billones de pesos del sistema de salud", hay pacientes que siguen echándole la culpa al gobierno Petro por la mala atención y la negación de procedimientos y en la entrega de medicamentos esenciales. Su salida abrupta del ministerio de Salud, cargo en el que duró apenas 8 meses puede pesar negativamente al sopesar su activismo político con la experiencia en el manejo de asuntos públicos. 

Corcho sabe también que su condición de mujer le ofrece dos caminos. En uno, encontraría el respaldo de los sectores liberales y de avanzada que entienden que ya es tiempo de ver en el Solio de Bolívar a una mujer presidenta, en particular por su formación académica, garantía que las decisiones más complejas las tomará dando primero una discusión conceptual atada al proyecto político en el que ella cree. En el segundo camino, Corcho se encontrará a los sectores más godos, machistas, patriarcales y retardatarios del país que insisten en que Colombia jamás debería ser manejado por una mujer, por el solo hecho de serlo. 

Finalmente, aparece Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien viene haciendo una campaña efectista agitando temas sensibles como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tal y como lo viene planteando el presidente Petro. Sobre este específico asunto, Quintero y Corcho creen en la necesidad de ese escenario. Por el contrario, Iván Cepeda rechaza ese camino. 

Quintero se presenta como anti uribista, apuesta que lo acerca a cientos de miles de colombianos que reconocen los daños que Álvaro Uribe le hizo al país no solo en sus ocho años de mandato, sino en los 8 de Santos y en los cuatro de su consumado títere, Iván Duque Márquez. Sus problemas judiciales (está imputado por delitos de corrupción) son la mácula que generó divisiones al interior del Pacto Histórico y que lo perseguirá en caso de que resulte elegido como el candidato único del Pacto Histórico. Justo por esos líos, hay sectores del electorado que tienen de él una imagen negativa.  

Su eslogan de "resetear la política" no convence del todo a un electorado que entiende que hay un imposible sociocultural y político en Colombia: proscribir el ethos mafioso, fuente y dinamizador de la corrupción público-privada. Sobre las dudas que recaen sobre Quintero éstas devienen atadas a  su origen paisa pues hay ciudadanos que lo asocian con Álvaro Uribe y otros políticos antioqueños por la demostrada capacidad de aquellos para engañar y enredar a la hora de dar explicaciones y "vender" promesas. Ya veremos quién gana la consulta del Pacto Histórico: si el sosegado y tranquilo senador Iván Cepeda, la psiquiatra y activista Carolina Corcho o el histriónico y verborreico exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, conocido como "pinturita". 

Adenda: el término activista en esta columna no tiene el mismo sentido que la derecha le da para atacar a la exministra Corcho Mejía. Lo uso en la perspectiva de resaltar su lucha valerosa con los movimientos sociales. 

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HABLEMOS DE LAS SANCIONES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio 

Las expresiones de rechazo de las víctimas de las Farc-Ep ante las sanciones impuestas por la JEP contra los miembros del Secretariado de esa guerrilla que firmó el Acuerdo de Paz de La Habana con el Estado colombiano pueden leerse desde dos esferas que deberían complementarse, pero que para el caso devienen distanciadas e incluso en una aparente oposición. La primera de estas esferas está atada al ámbito de lo privado en el que confluyen el dolor y la rabia de las víctimas de ese actor armado ilegal que claramente traspasó los límites éticos y morales de su lucha "revolucionaria" para quedar convertidos en simples estructuras delincuenciales con un debilitado estatus político. Esos mismos sentimientos los activan las víctimas de los militares que también cometieron delitos atroces. 

La segunda esfera nace del contexto político, de la mediatización del papel de la Justicia Especial para la Paz, pero sobre todo de lo negociado en La Habana y del texto mismo del Acuerdo Final (II) firmado en el teatro Colón de Bogotá. Hablamos entonces de una esfera pública en la que los sentimientos de rechazo por las sanciones que acaba de imponer el Tribunal de Paz y de justicia transicional no tienen cabida porque lo acordado en Cuba entre los plenipotenciarios de las Farc-Ep y el gobierno Santos dejó  claro que se trataba de una negociación política y no de un proceso de sometimiento a la justicia de parte de los facinerosos. Y esa negociación en particular implicaba tragarse el inmenso "sapo" (una especie de Rhinella marina) expresado en el hecho jurídico que hoy se cuestiona: los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un degradado conflicto armado no pagarían un solo día de cárcel. 

En esa línea, se aceptó que no habría cárcel efectiva para los victimarios y que en lugar de las deseables largas condenas para los máximos responsables de las Farc-Ep, incluidos los agentes estatales también comprometidos en la violación sistemática del DIH y los DDHH, habría un proceso judicial orientado bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enmarcados en un modelo de justicia transicional y restaurativa puesto en marcha en una sociedad que cree en la justicia por mano propia y en la institución carcelaria. 

Al haberse dado las sanciones contra los miembros del Secretariado en un agitado ambiente preelectoral, la JEP y sus magistrados quedan a merced del populismo punitivo de los medios masivos y de las fuerzas políticas que desde un inicio se opusieron a la negociación política surtida en territorio cubano. El uribismo en particular ya está explotando electoralmente las sanciones de la JEP para insistir en su desmonte por todo el daño político que produjo la verdad de los falsos positivos allanada por ese tribunal. 

Era fácil comprender que el proceso de paz de La Habana apuntaba a garantizar altos niveles de impunidad judicial para los victimarios, legales e ilegales, a cambio de conocer la verdad de los crímenes cometidos, esto es, contar las motivaciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el destino final de las personas asesinadas y desaparecidas. Quizás el gobierno de Santos falló en un ejercicio pedagógico clave: convencer a la sociedad y en particular al conjunto de las víctimas de las Farc-Ep y de los militares de las "bondades" del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Quizás sea necesario emprender una campaña encaminada a unir las dos esferas arriba presentadas con el objetivo de mostrar la importancia de haber conocido la verdad de unos hechos que confirman que el camino que nos trazaron  guerreristas y  los combatientes, legales e ilegales nos terminaron llevando al abismo en el que suelen caer juntos la venganza y el odio. En el fondo de ese acantilado seguiremos hasta que como colectivo entendamos que la construcción de la paz va más allá de un acuerdo político firmado entre combatientes o entre sus agenciadores. Al final, debemos entender que las Farc-Ep no fueron nunca revolucionarios y que dentro de las FFAA hubo militares que actuaron con la misma perversidad de un enemigo interno creado y recreado para extender una estúpida guerra fratricida que solo sirve a los intereses de los Señores de la Guerra (locales e internacionales). 

Así entonces, las críticas y las molestias expresadas por las víctimas en razón a las sanciones y las actividades de reparación harán parte de una campaña electoral caracterizada por el odio y la incapacidad para argumentar y dialogar entre diferentes. 

¿Por qué son distintas las sanciones de la JEP a exmilitares de La Popa frente a ex-FARC?

POR SANSÓN, TELMO, LESTER Y WILSON, ¡SAQUEN A LOS PERROS DE LA GUERRA!

 

Por Germán Ayala Osorio 

En el marco del conflicto armado interno, el uso de perros en actividades antinarcóticos y la detección de minas antipersonales se ha naturalizado de tal forma que cuando los caninos pierden la vida o se pierden en espesas selvas durante operaciones militares y policiales, los medios de comunicación en lugar de cuestionar la presencia de los canes en la guerra, editan emotivas notas en las que exaltan a los peludos con las que los elevan a la condición de "Héroes". Incluso, los despiden con toques de corneta y disparos de salva. Con esa distinción y las sentimentales y compasivas notas periodísticas la gran prensa valida la instrumentalización de los "firulais" que acompañan y protegen  a los miembros de la fuerza pública. 

Noticias Caracol en la emisión central de hoy 19 de septiembre dedicó varios minutos al registro del  reencuentro entre el policía Diego Alejandro Herrera y Telmo, el pastor Belga Malinois con el que cumplía labores antinarcóticos. El hermoso ejemplar canino sobrevivió al ataque dinamitero perpetrado por las disidencias en Amalfi, en el que murieron 13 hombres de la Policía y Lester, el otro peludo que junto a Telmo acompañaban a los uniformados en la erradicación de cultivos de uso ilícito. Durante varios días duró perdido en la zona en donde fue atacado el helicóptero. 

Con esta columna hago un llamado a las congresistas ambientalistas Esmeralda Hernández y Andrea Padilla para que presenten una iniciativa legislativa que permita sacar a los perros de la guerra interna. Es urgente que como sociedad civilizada y moderna transitemos del antropocentrismo, ideología desde la que se legitima y defiende el uso de perros en operaciones militares y policiales para proteger la vida de los uniformados, hacia el biocentrismo. Es preciso abandonar la racionalidad instrumental sobre la que se basa la inclusión y participación de los caninos en las dinámicas del conflicto armado interno. 

Sé que la propuesta de inmediato pone de presente el dilema antropocentrista que se expresa en sentencias como estas: "esos perros salvan las vidas de policías y uniformados"; "es preferible que mueran los caninos y no los seres humanos". Estamos ante un falso dilema o quizás ante un forzado dilema atado al perverso antropocentrismo desde el que subvaloramos e instrumentalizamos la vida de los peludos. Todas las vidas son útiles porque hacen parte de ese gran ecosistema llamado Naturaleza. 

El Estado debe hacer los esfuerzos presupuestales necesarios para invertir en tecnología militar para enfrentar desafíos como las minas antipersona que siembran los grupos armados ilegales para atacar a la fuerza pública. La petición es clara desde esta tribuna: ¡hay que sacar a los perros de la guerra! 

Con el mismo clamor con el que se exige sacar a los niños y a la población civil de las hostilidades, desde aquí propongo a las congresistas animalistas que presenten un proyecto de ley que "saque a los perros de la guerra". 

En una sociedad desmemoriada como la colombiana, muy seguramente muy pocos recuerden a Wilson, el pastor Belga que participó del operativo militar e indígena que finalmente dio con los niños que durante 40 días caminaron perdidos por la selva del Guaviare. O más recientemente a Sansón, quien activó una maldita mina antipersona sembrada por los malditos grupos al margen de la ley. Sansón murió días después. Para Lester no hubo funeral y despedida de héroe, a pesar de los titulares de prensa. Hoy aplaudimos y nos conmueve el regreso de Telmo y el reencuentro con su amigo Herrera. Pero muy seguramente seguiremos viendo en los medios masivos que más y más caninos caen en combates o en atentados dinamiteros. Y los despedirán como Héroes. Eso sí, esa distinción no servirá para ocultar que somos una especie aviesa, perversa y estúpida. 

PRIMERAS SANCIONES DE LA JEP A EXCOMANDANTES DE LAS FARC-EP

 

Por Germán Ayala Osorio 

La primera sentencia de la JEP contra los miembros del Secretariado de las Farc-Ep por una constelación de delitos graves (secuestro, homicidio, violencia sexual, tortura y tratos crueles) cometidos en el marco del conflicto armado interno llega en un mal momento para el país, a pesar de la connotación histórica de las sanciones que el alto tribunal de justicia transicional oficializó hoy 16 de septiembre de 2025 contra Timochenko, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, entre otros comandantes de esa guerrilla. 

Las circunstancias en las que la JEP se pronuncia de fondo están dadas por el hostil ambiente de polarización política y crispación ideológica que nacieron con el proceso de paz de La Habana y el plebiscito por la Paz de 2016 con el pírrico triunfo del No. Se suman por supuesto las expectativas electorales de millones de votantes divididos entre quienes piden a gritos que regrese el uribismo y la seguridad democrática, e incluso, que se diseñe un nuevo Plan Colombia, y los que le apuestan a que el proyecto progresista siga instalado en la Casa de Nariño cuatro años más; y claro que no se puede quedar por fuera de ese listado la descertificación de los Estados Unidos al gobierno Petro, los ataques indiscriminados de las disidencias farianas a estaciones de Policía,  centros poblados y carreteables, y el aumento de los secuestros.  

Los problemas de orden público y el fracaso de la Paz Total sirven a los detractores del Acuerdo Final de La Habana para recabar en la idea de que las sanciones de ocho años, sin cárcel y sin restricciones a la libertad de los procesados por la JEP constituyen una burla a las víctimas y el descrédito para la majestad de la justicia. De eso se encargó muy bien Noticias Caracol que editó varias notas con políticos y expolicías de alta graduación  que las Farc-Ep secuestraron y torturaron durante varios años. 

En lugar de destacar el sentido de la histórica sentencia, el noticiero privado revive la discusión política que suscitó en su momento lo acordado en Cuba en materia de justicia transicional entre los plenipotenciarios de la guerrilla fariana y los del gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado. Desmantelar a esa máquina de producción de víctimas en la que se convirtieron las Farc-Ep fue vista en su momento como una apuesta ética de quienes votaron Sí al plebiscito por la paz y aceptaron "tragarse el sapo" que significaba que ninguno de los máximos responsables de crímenes atroces pagaría un solo día de cárcel, puesto que en la discusión jurídica triunfó el modelo de la justicia transicional con los elementos de verdad, justicia, reparación y no repetición y con estos la imposición de penas alternativas. Entonces, los ochos años de sanción los pagarán con el desarrollo de actividades como siembra de árboles, reconstrucción de infraestructura afectada durante las hostilidades y construcción de bibliotecas, entre otras. A dichas acciones se conocen como las TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador o Restaurativo). 

Muy seguramente la sentencia que la JEP acaba de proferir contra los integrantes del entonces Secretariado de las Farc será usada por los candidatos presidenciales de la derecha para insistir en el desmonte de la JEP o por lo menos en su debilitamiento como tribunal de una paz que los militaristas jamás aceptaron como legítima para castigar a los comandantes guerrilleros por la comisión de delitos atroces cometidos en el marco de un conflicto armado que se degradó. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, asegura que de llegar a la presidencia no entablará negociaciones con los grupos al margen de la ley y mucho menos con aquellos que incumplieron lo acordado en La Habana. 

Aceptar los principios de la justicia transicional y restaurativa exige de las víctimas y del resto de la sociedad haber transitado por el dolor, hasta llegar al máximo sentido de humanidad al que podemos llegar como especie: perdonar a quienes violaron la dignidad de sus familiares. Se trata de una apuesta ética y moral, individual y colectiva, que debe enfrentarse a la narración periodística proclive al populismo punitivo y al discurso de la derecha que cree posible acabar militarmente con todos los grupos al margen de la ley. 

Más allá de las críticas a las sanciones que hoy expone la JEP, escuchar y documentar las voces de las víctimas y los episodios en los que los victimarios (militares y guerrilleros) fueron confrontados constituye un valioso trabajo de construcción de memoria histórica para una sociedad desmemoriada y selectiva a la hora de reconocer las responsabilidades de los victimarios que participaron de las hostilidades. 

Quizás sea tiempo de amplificar la idea de que la guerra no fue para el caso colombiano el camino para hacer las transformaciones sociales que la sociedad demanda. Y también quizás sea el momento para gritar que todo hombre en armas, sin importar la causa que defienda y de quién escriba la historia, es un potencial asesino o uno ya consumado. 

Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Tomada de El Espectador.

¿Y SI CAROLINA CORCHO ES LA CANDIDATA PRESIDENCIAL DEL PACTO HISTÓRICO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

¿Algún día en la Colombia patriarcal, machista y misógina veremos a una mujer llegar a la Casa Nariño en calidad de presidenta?  Esa es la pregunta que de un tiempo para acá se hacen millones de colombian@as.

El sentido del interrogante por supuesto que va acompañado de la participación cada vez mayor de la mujer en la política, actividad histórica y culturalmente dominada por hombres que en sus ejercicios de poder han dejado ver prácticas machistas y otras muy cercanas a la misoginia.

Las dinámicas del conflicto armado interno dan cuenta de esas prácticas de dominación y violencia hacia las mujeres. En las fuerzas armadas y en las filas de los narcoparamilitares y las narcoguerrillas: violaciones, empalamientos y asesinatos. Dichos crímenes ocurren a diario en ciudades capitales y zonas rurales.

Esa irrupción de las féminas viene de la mano de la afortunada erosión de la idea de que “solo los hombres” pueden gobernar a un país tan complejo como Colombia, lo que debe entenderse como un momento propicio para que una mujer llegue a gobernar a los colombianos.

En mucho viene ayudando el feminismo como corriente de pensamiento que reivindica a las mujeres y pone en crisis los roles de esposas y madres obedientes dedicadas al cuidado de hijos, de los esposos y del hogar.

Ahora que se acerca la campaña presidencial, en el escenario electoral aparecen varias mujeres que aspiran a ser elegidas candidatas para disputar la hegemonía masculina en el poder político. Eso sí, dentro del ramillete de féminas existen diferencias sustanciales alrededor de cuál debe ser el perfil de una eventual presidenta de Colombia. Todas en mayor o menor medida han sido víctimas de la sociedad patriarcal, misógina y machista en la que crecieron. Es posible, incluso, que varias de ellas se “sientan a gusto” con esas circunstancias de dominación, a otras poco les importe y quizás en el fondo otras las impulse llegar a la presidencia de la República para “refundar la patria” en función de unas nuevas relaciones entre Hombres y Mujeres.

Por el lado de la ultraderecha aparecen las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, hijas y legitimadoras del machismo en la política y en la vida cotidiana; y es así porque llevan años sometidas al poder, con visos de misoginia y probado machismo de su jefe político el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un recio “machito” acostumbrado a domar bestias, en especial yeguas. Recordemos cuando la senadora Cabal descalificó a un grupo de feministas que salió a protestar. Les dijo que eran “un poco de locas, además, feas, horrorosas y empelotas”. Esa forma despectiva de la señora Cabal de referirse a las feministas deviene ancorada a su enfermiza lealtad hacia Uribe, un macho que habla de las mujeres como si se tratara de “yeguas” listas para ser montadas. Los que leyeron el libro de Héctor Abad, El olvido que seremos saben perfectamente de lo que aquí se habla.

Por el lado del progresismo, la exministra de salud, Diana Carolina Corcho Mejía y la congresista María José Pizarro también están enfrentadas al machismo que ronda a la izquierda y esperan el aval de su partido para enfrentar el desafío cultural y político de llegar a la Casa de Nariño.

Ahora que se vienen las consultas internas en los partidos políticos, es más probable que del lado del progresismo se termine eligiendo a una mujer como candidata única de cara a las presidenciales. En particular, creo que la psiquiatra y exministra de salud del gobierno Petro, Diana Carolina Corcho Mejía tiene la solidez académica para enfrentar el desafío de gobernar a un país lleno de machitos cabríos que se oponen a que las mujeres se liberen del yugo patriarcal. Corcho Mejía conoce el sistema de aseguramiento en salud y comprende los factores culturales, ideológicos y políticos que rodearon la operación de dicho sistema, atado a las lógicas neoliberales que se impusieron en el país desde César Gaviria Trujillo,  pasando por Pastrana y las que se entronizaron con Uribe Vélez y continuaron Juan Manuel Santos y el subpresidente Iván Duque Márquez. Dichas lógicas se aplicaron de la mano de un ethos mafioso que debe ser leído no exclusivamente en clave masculina, pues ha sido validado por mujeres que alcanzaron las más altas dignidades del Estado.

Un salto hacia adelante y un verdadero golpe de opinión lo darían el Pacto Histórico, su dirigencia y seguidores si avalan a Diana Carolina Corcho como la candidata única. Ojalá sepan leer el momento histórico por el que atraviesa el país y el creciente cansancio social y cultural de las maneras como los hombres asumen el poder y promueven la hegemonía masculina en el ejercicio de la política, casi siempre en contravía de los derechos de las mujeres a participar de las grandes decisiones.

No caben aquí expresiones como es que “no tiene la experiencia y la formación suficientes para gobernar al país”. ¿Acaso Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque las tuvieron? Estos llegaron a la casa de gobierno validados por el “cacorraje nacional” del que habló en su momento la escritora Carolina Sanín.

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