LOS CINCO HECHOS Y/O ESCENARIOS QUE DEJA PETRO

 Por Germán Ayala Osorio

 

Con aciertos y desaciertos, el gobierno de Gustavo Petro dejará en proceso de consolidación cinco hechos políticos e ideológicos que sí o sí la derecha, la izquierda, el progresismo y una eventual centroizquierda deberán recoger para construir con ellos los escenarios en los que sus posibles candidatos y programas de gobierno tendrán sentido, legitimidad y viabilidad. Estos son: 1. La anulación del carácter político de las “guerrillas”. 2. Unas élites desprestigiadas. 3. Unas bases sociales empoderadas y desafiantes. 4. En ruina la credibilidad de los medios masivos de información. Y 5. La obligación moral de construir una centroizquierda.

En medio del fracaso de la Paz Total, el presidente Petro logró lo que ni siquiera pudo alcanzar Álvaro Uribe Vélez con su temida política de seguridad democrática y la guerra a muerte que libró contra “lafar”: la anulación del carácter político de las “guerrillas”, a cuyos miembros llamó “traquetos de camuflado” y apéndices del cartel de Sinaloa. Así las cosas, cualquiera sea el candidato que llegue a la Casa de Nariño en el 2026 deberá lidiar con esa realidad política e ideológica que será determinante para los procesos de paz o de pacificación violenta que decida adelantar el próximo gobierno. Recordemos que en la entrevista que concedió a Juanpis González, el presidente Petro dijo que “en Colombia ya no hay guerrillas”. Esa conclusión a la que llegó el presidente de la República pone en “cuidados intensivos” a la categoría conflicto armado interno, cuya vida jurídica casi que se reduce a la aplicación del Protocolo II de Ginebra.

Con su discurso anti-oligarquía, Petro expuso a las élites tradicionales a un constante escarnio público, lo que le sirvió para reinstalar en los imaginarios colectivos la lucha de clases y la siempre latente posibilidad de que suceda en el país un nuevo estallido social, quizás superando los errores cometidos durante ese levantamiento: organización y liderazgo. En su última intervención, Petro señaló que “miedo es poner presos a 3.000 jóvenes y sacarles los ojos a decenas, solo por protestar, asesinar a 65 de ellos. Democracia y vivir sin miedo, es proteger el derecho de la ciudadanía a expresarse, a protestar y a la huelga”. Con unas élites desprestigiadas, los candidatos presidenciales deberán cuidarse de recibir apoyos y terminar defendiendo los intereses de aquellos empresarios que mandaron a sus lobistas al Congreso con la directriz de torpedear las reformas sociales presentadas por el Ejecutivo.

Gustavo Petro sale de la Casa de Nariño convertido en un caudillo popular y quizás en nuevo elector capaz de “poner” en la presidencia a quienes se comprometan con extender en el tiempo la promesa del cambio y por supuesto, la consolidación de este. Todas las marchas y movilizaciones dan cuenta de un despertar popular que bien se puede expresar en una realidad política que antes del 2022 el país no reconocía: unas bases sociales empoderadas y desafiantes. El trabajo social en las calles y comunidades adelantado por varios congresistas del Pacto Histórico podrá evaluarse positivamente si este escenario de conciencia colectiva se consolida y da vida a movimientos y líderes sociales con vocación de poder. Sin la formación de cuadros será imposible naturalizar las apuestas del progresismo. 

En el pasado reciente ningún presidente de la República había confrontado a los medios masivos y a sus periodistas vedettes como lo hizo Petro desde su cuenta en la red X.  El jefe del Estado los desmintió, contradijo y refutó con vehemencia, pero sin caer en amenazas de censura oficial como le “aconsejaron” varios petristas entre ellos Alfredo Saade. Semana, el medio que más oposición política le hizo a Petro, recogió el deseo del pastor: Alfredo Saade propone que el Gobierno Petro cierre medios de comunicación, “sin contemplaciones”. El gobierno Petro se abstuvo de chuzar e intimidar a los periodistas, tal y como ocurrió en los ocho años de Uribe Vélez.

La cofradía de empresas mediáticas que optaron por atacar sin piedad al gobierno Petro terminó en la ruina la credibilidad de los medios masivos de información, circunstancia que permitió la irrupción de Youtubers e Influencers de izquierda, convertidos todos en periodistas-activistas. Al final, los periodistas de los medios hegemónicos y esas nuevas figuras de las redes sociales terminaron actuando de la misma manera, afectando en materia grave la deontología del periodismo. La autocensura, las medias verdades, tergiversaciones y tratamientos periodístico-noticiosos amañados lograron poner en evidencia los mezquinos intereses de los propietarios de los medios masivos y la obsecuencia de sus más reconocidos periodistas, convertidos en amanuenses y estafetas de sectores privilegiados.

El quinto hecho y posible escenario político-electoral solo será posible si candidatos como Claudia López, Vicky Dávila de Gnecco, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria optan por abandonar sus egos y sus sórdidas relaciones con la derecha tradicional, para acercarse a la imperiosa necesidad de dar vida a un partido de centroizquierda o de centro, que recoja las banderas del cambio. Habrá que esperar por quién se decide el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe, si por la Cabal, Paloma Valencia, Guerra u Holguín. Eso sí, los candidatos del CD son los más débiles frente a los anteriores porque quieren llegar a la Casa de Gobierno a cumplir las órdenes que el expresidente antioqueño les dé. 

Quizás la figura política que pueda liderar ese proceso de conversión política sea Roy Barreras quien con su camaleónico carácter y experiencia en varios gobiernos pueda servir como puente para acercar a los eventuales candidatos del progresismo. Hablo de Camilo Romero, María José Pizarro, Carolina Corcho, Luis Gilberto Murillo, Daniel Quintero y Carlos Caicedo.

Urge que la clase política y empresarial le apueste a bajar los altos niveles de crispación política e ideológica, dado que sus más visibles y connotados líderes dejaron ver su avaricia y el desprecio por lo popular y hacia todos aquellos que se atrevieran a confrontar sus privilegios, así cómo su clasismo, racismo y aporofobia.

Si se acepta que los cinco hechos y/o escenarios aquí planteados están interrelacionados, entonces todos los agentes políticos y económicos de la sociedad civil deben asumir como una obligación moral construir una centroizquierda que le acabe de demostrar a la derecha uribizada que su tiempo ya expiró, que el país cambió y que Uribe Vélez jamás fue el referente moral y ético que la prensa bogotana inventó en su momento. Proscribir el uribismo es una apuesta cultural que podría acercar al país a estadios de modernidad, lo que significa superar las taras civilizatorias de una derecha premoderna y violenta. 

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SE ACERCA EL FINAL DEL GOBIERNO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la etapa final del gobierno Petro es preciso referirse a los hechos políticos, a las realidades institucionales, culturales y a los cambios, así sean menores, que deja el paso por la Casa de Nariño del primer gobierno de “izquierda” y progresista en Colombia.

Este ejercicio reflexivo e incompleto se da en razón a que los altos niveles de pugnacidad política e ideológica, la convocatoria a la Consulta Popular como antesala a las elecciones de 2026 y la degradación misma del debate público en nada lograrán cambiar las decisiones tomadas y las venideras, salvo que suceda algo extraordinario como la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con USA, el derrocamiento del jefe del Estado o su asesinato, de acuerdo con las versiones entregadas por el mismo presidente de la República.

Petro supo desnudar la avaricia, la sordidez y el carácter premoderno de una oligarquía que, aunque decadente, insiste en que sus más visibles agentes son el faro que ilumina a una sociedad como la colombiana que de tiempo atrás deviene en una confusión moral por cuenta de la entronización de un ethos mafioso y criminal que por más de 50 años ha guiado la vida de las familias que ostentan el poder en el país. Esa es una realidad política, social y cultural que Petro proyecta como un insumo electoral para volver a derrotar a la derecha en el 2026.

En lo corrido de este gobierno, quedaron en evidencia la incapacidad simbólica, discursiva y la debilidad ético-política de los sectores de poder tradicional que se vieron abocados a ser y ejercer oposición por primera vez. Al no estar preparados para cumplir con ese exigente rol, sus más connotados miembros se dejaron ver intolerantes, tercos, diminutos y violentos e incluso con tendencias desestabilizadoras y anárquicas, fruto del desespero y la inocultable furia que les generó haber perdido la Casa de Nari (antes, Casa de Nariño).

Las cabezas visibles de Fenalco y Andi dejaron ver su clasismo, racismo, pero sobre todo su reducida visión de Nación al oponerse a que Colombia entre a hacer parte de la Ruta de la Seda promovida por China. Aquello de que “Colombia es una nación a pesar de sí misma” es el correlato que explica las actuaciones de los más mediáticos agentes económicos de la sociedad civil.

Su abyecta postura progringa y el miedo a buscar nuevos mercados y reindustrializar al país permiten comprender que el subdesarrollo y el atraso en materia económica y de infraestructura obedecen en gran medida a su falta de visión y al haber asumido el liderazgo del país desde la precariedad de sus criterios. La verdad es que se autodenominan capitalistas y creen que pueden desarrollar el país con peajes caros y sin trenes. Al final, queda claro que son rentistas. No les gusta competir, les fascina concentrar el poder económico y político. Su apuesta es privatizar el Estado para el exclusivo beneficio de unos pocos.

Por esa misma línea, las empresas mediáticas quedaron expuestas ante unas audiencias que aprendieron a reconocer sus tratamientos amañados, mentirosos, exagerados y cargados de racismo, aporofobia y clasismo. Nunca los periodistas vedettes habían quedado tan expuestos como agentes políticos al servicio de una élite económica y política que los usó para deslegitimar al actual gobierno, “graduar” al presidente de la República como un “ser inmoral” basados en las versiones que puso a circular Leyva Durán, perniciosamente recogidas por esos mismos periodistas que terminaron emulando a la Negra Candela, a los chismosos de “El Lavadero” y a los miembros de la Red, programa dedicado al cotilleo,  la intriga y  a la trapisonda.

A falta de poco tiempo para que llegue el 7 de agosto de 2026, el fantasma del “castrochavismo” y la sentencia de que “nos convertiríamos en Venezuela” terminan debilitados y casi que proscritos. Al final, se respetó la propiedad privada, el modelo económico se mantuvo, se dio continuidad a la vigilancia e intervención del FMI en el manejo de la economía; no se dieron las esperadas nacionalizaciones, así los medios y los agentes políticos beneficiados del negocio de las EPS insistan en que la apuesta de Petro es acabar con el “mejor sistema de salud (privado) del mundo”.

En lo que respecta al proyecto político progresista, hay que señalar que la megalomanía del presidente de la República puede resultar dañina si no morigera un poco el carácter y la visión ideologizante con la que asume las discusiones alrededor de la operación del Estado. Su “graduación” como caudillo popular y su intención de convertirse en el más grande elector del país, superando al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez puede resultar positivo para el país siempre y cuando los candidatos y su ungido para el 2026 morigeren la oratoria y la pugnacidad ideológica y política. Lo anterior por una razón fundamental, expuesta por el propio Petro cuando dijo “somos gobierno, pero no tenemos el poder”.

Y en lo concerniente al “conflicto armado interno”, Petro le deja al nuevo gobierno sentencias que harán difícil volver a creer en que es posible pacificar el país a través de negociaciones políticas como la que se dio en La Habana. Al quitarles el ropaje político a las “guerrillas”, la derecha queda autorizada, si vuelve al poder, a jugársela por una salida militar, sin que ello signifique volver a los tiempos de la Seguridad Democrática, la operación conjunta con los paramilitares, el desplazamiento forzado de campesinos y los falsos positivos. Recordemos que Petro los llamó “traquetos vestidos de camuflado”; o “viejos guerrilleros curtidos en la lucha armada” se volvieron “traquetos”; o recientemente, en Colombia ya “no hay guerrillas”.

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MILITARES QUE VENDEN INFORMACIÓN Y ARMAS AL “ENEMIGO INTERNO”: SE DAÑÓ LA SAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estar los medios hegemónicos ocupados linchando moralmente al presidente de la República a través de los señalamientos publicados por Álvaro Leyva Durán y cubriendo la muerte del Papa Francisco y el cónclave que tiene como objetivo elegir su remplazo, pasó casi que desapercibido lo dicho por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Suárez en torno a una realidad que no es nueva.

El general (R)  confirmó “que dentro de la misma Fuerza Pública existen infiltrados que han sido retirados por motivos relacionados con venta de información y suministro de municiones. En ambos casos los procesos se están abordando en la fiscalía general de la Nación. Es apenas una muy diminuta minoría al interior de la Fuerza Pública, pero que le causa un inmenso daño que no es aceptable. Algunos de ellos los hemos detectado principalmente en Antioquia y en la Costa Caribe”.

La situación develada por Sánchez Suárez tiene efectos operativos porque impide que la fuerza pública avance en su objetivo de someter a los mafiosos de camuflado que insisten en llamarse guerrillas. Además de la desconfianza que genera al interior de las fuerzas, cuyos hombres ya no saben si las órdenes por cumplir devienen contaminadas por los negocios de los comandantes que las impartieron.

También deja efectos políticos lo expresado por el ministro de la Defensa en la medida en que aporta a la consolidación de la lectura que propone dejar de llamar Conflicto Armado Interno (CAI) a un escenario de degradación misional de militares y guerrillas que convirtieron en negocio la guerra interna. Esa nueva lectura propone que en adelante se hable del surgimiento de un escenario de Violencias Intestinas Despolitizadas (VID), sostenido por la evidente pérdida de validez jurídico-política y legitimidad del CAI.

La academia, los partidos políticos, empresarios del campo, las víctimas civiles que dejan los enfrentamientos  y consecutivos presidentes de la República, entre otros actores más, asumen de manera interesada que esa realidad socio económica, política y militar que llaman CAI siga vigente, a pesar de la tozudez de unos hechos que apuntan a describir un proceso de degradación misional de los actores armados, en particular de oficiales con mando de tropa que en público hablan de defender la Patria de la amenaza terrorista, cuando en privado negocian con los mafiosos de camuflado que también en público se presentan como “revolucionarios y representantes del pueblo”.

Insisto en que le corresponde a la academia, a los partidos políticos, periodistas y politólogos expertos en el cubrimiento de las dinámicas del “conflicto armado interno” asumir la tarea de “rebautizar” con una nomenclatura más precisa lo que sucede hoy en el país con unas “guerrillas” que están al servicio del Cartel de Sinaloa y un Ejército que tuvo altos oficiales y suboficiales - y que muy seguramente aún tiene- interesados en enriquecerse vendiendo información, armas y pertrechos al “enemigo interno”.

Lo peor de todo es que las purgas hechas por el gobierno Petro al interior del Ejército y de otras fuerzas son mal vistas por sectores de la derecha uribizada históricamente beneficiada por la extensión en el tiempo de la violencia armada en los territorios rurales y selváticos. El negocio de la guerra y las economías ilícitas (narcotráfico y minería) hace rato que le quitaron el ropaje político a un conflicto armado interno cuyas dinámicas hoy dan cuenta de que lo realmente se vive en el país son Violencias Intestinas Despolitizadas.

Imagen tomada de Semana

PETRO, LA RUTA DE LA SEDA Y EL GRINGO AHÍ

 

Por Germán Ayala Osorio

La decisión del presidente Petro de viajar a China para meter al país en la Ruta de la Seda es una jugada geopolítica arriesgada porque supone una toma de distancia de USA, socio comercial y “aliado” político que insiste en extender en el tiempo las relaciones con Colombia bajo el espíritu y los objetivos de la Alianza para el Progreso; en particular, en la tarea de mantener el combate contra el fantasma del comunismo que tantos réditos económicos y políticos le entregó a USA y a la élite colombiana que de manera obsecuente aceptó la injerencia gringa en los asuntos internos. El Plan Colombia es quizás la más representativa forma de dominación americana sobre el país, validada e impulsada por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Al final, la política de seguridad democrática fue la “nacionalización” de ese plan militar que metió de lleno a los gringos en las dinámicas de nuestra guerra interna.

Recordemos que dicha iniciativa americana “buscó establecer democracias al estilo estadounidense en la región para limitar la influencia extranjera, más específicamente comunista. Esto llevó a John F. Kennedy a apoyar la Alianza para el Progreso en las Américas para impulsar los intereses estadounidenses en la región… el presidente Kennedy creó la idea de la Alianza para el Progreso como un plan de desarrollo económico destinado a durar más allá de su mandato y basado en una cooperación y relaciones más estrechas entre Estados Unidos y América Latina. La Alianza para el Progreso tuvo un éxito limitado en el desarrollo de infraestructura en varios países latinoamericanos, pero fue cancelada en la década de 1970 debido a que no logró cumplir algunos de sus objetivos”.

Con el triunfo electoral y político, por primera vez, de un gobierno progresista y de “izquierda”, los miedos que inspiraron a la Alianza para el Progreso regresaron al país de la mano de los gringos, de la élite tradicional y de los medios masivos que revivieron el fantasma del comunismo, a través del “castrochavismo”, espectro creado por el expresidente Uribe Vélez. “Seremos la segunda Venezuela” advertían los medios hegemónicos y  todos los agentes políticos pro-gringos que siempre aplaudieron las injerencias americanas sin que estas se hayan reflejado en un desarrollo económico superlativo.

Las históricas intromisiones de los gringos en Colombia han servido para mantener un régimen de poder mafioso "vigilado" muy de cerca por la CIA, la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De esa manera, republicanos y demócratas lograron a través del tiempo asegurar no solo la dependencia económica, sino la extensión del conflicto armado interno en beneficio de las empresas fabricantes de glifosato, armas y Señores de la Guerra, locales, gringos e israelíes.

Con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, esa élite exageradamente obsecuente con los americanos y sus particulares maneras de asumir las relaciones bilaterales ve con preocupación la posibilidad de que Colombia haga parte de la Ruta de la Seda. Sus miedos van más allá de la amenaza que lanzó el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense para América Latina, Mauricio Claver-Carone sobre el futuro de las flores y el café. Lo que realmente les produce terror es que el desarrollo en infraestructura vial y marítima que promete y ejecuta China en los países que ya hacen parte de la Ruta de la Seda ya no esté en manos de unas cuantas familias poderosas que tienen hoy concesiones viales que por los altos costos de los peajes hacen imposible que el país avance económicamente. Esas mismas familias se oponen al regreso del tren como alternativa de transporte de carga y pasajeros. 

Es una lástima que el presidente Petro haya tomado la decisión de meter al país en el radar de los chinos, sin haber escuchado a la clase empresarial. Se suma a lo anterior la compleja coyuntura económica, arancelaria y comercial que creó Donald Trump con sus medidas proteccionistas. Ojalá el jefe del Estado sepa negociar la entrada de Colombia a la Ruta de la Seda, asegurando que China abra su amplio mercado a los productos insignias del país y ayude al objetivo trazado por Petro de reindustrializar el país. Antes de viajar a la China, Petro señaló que "vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados, y abordaremos problemas que hay vigentes, porque China tiene un superávit comercial [y] nosotros tenemos un déficit por 14.000 millones de dólares anuales".

La postura antiamericana del presidente y la decisión ya tomada de meternos en la Ruta de la Seda no pueden llevarnos, simplemente, a un “cambio de amo”. Bienvenido el soñado desarrollo económico que se espera alcanzar de la mano de los chinos. Eso sí, con todos los cuidados socioambientales y ecológicos por la fragilidad de los ecosistemas naturales que se verían afectados por los venideros proyectos de infraestructura vial y marítima en el marco de esta “nueva” Ruta de la Seda.

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COLOMBIA, TIERRA DE HP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Colombia mojigata, beata, gazmoña, hipócrita, pazguata, bobalicona, puritana y morronga sigue espantada por el madrazo que el presidente Petro le envió al congresista Efraín Cepeda. Con la ayuda de la prensa uribizada, el putazo presidencial mantendrá sus efectos políticos en las elecciones de 2026. Ya la candidata de los clanes Gilinski y Gnecco, Vicky Dávila de Gnecco le dijo al jefe del Estado que el único “HP en Colombia es él”.

En un país con un largo y degradado conflicto armado interno y uno de los más desiguales y corruptos del mundo tiene que haber bastantes “hijueputas”. Empecemos a reconocerlos. Los guerrilleros que se transformaron en “traquetos de camuflado”, los narcoparamilitares y sus patrocinadores de corbata hacen parte de uno de los tantos grupos de hijos de puta que viven en Colombia. Empresarios y magnates que patrocinaron a las AUC para que sus estructuras armadas robaran las tierras a los campesinos, los masacraran y desplazaran son unos verdaderos hijos de puta.

Los gobernadores, alcaldes y presidentes que patrocinaron, ocultaron y validaron la práctica de los falsos positivos merecen recibir el mismo putazo que Petro le lanzó, merecidamente, al presidente del Senado. Y ni qué decir de los militares que se prestaron para asesinar a sangre fría a civiles inocentes y a “legalizar” esos crímenes y hacerlos pasar como bajas en combate. Esos sí que son unos completos catre hijueputas.

Los periodistas que dicen mentiras y que desaparecen evidencias de crímenes y actos de corrupción público-privada son otros HP que le dan sentido al imaginario colectivo que señala que Colombia es uno de los países de América y quizás del mundo en donde más hijueputas nacen y se reproducen. Los intelectuales orgánicos que usan su pluma para matizar crímenes y actos de corrupción entran sin examen alguno en el grupo de los HP que viven en Colombia.

Otros hijos de puta son los militares y policías, oficiales y suboficiales que hostigan y acosan sexualmente a sus subalternos. En esa misma línea aparecen los profesores que presionan a estudiantes para que accedan a sus cachondas pretensiones. O qué tal los hijueputas médicos que violaron a sus pacientes o que emitieron diagnósticos errados para evitar que las EPS asumieran costosos tratamientos médicos.

Cómo no hacer referencia a los hijos de puta que violan las normas ambientales y afectan valiosos ecosistemas naturales y por ese camino las relaciones consustanciales que de tiempo atrás consolidaron comunidades negras e indígenas. Y los que maltratan y violan a mujeres, niños, niñas y animales de compañía. Estos sí que son unos verdaderos hijos de puta. Mención aparte merecen los curas pederastas y pedófilos. Estos, junto a los cientos de miles de politicastros que están en el Congreso, o al frente de alcaldías y gobernaciones, son unos verdaderos “catre hijueputas”.

Y los que se roban ideas y proyectos; así como los que pagan para les hagan los ensayos académicos o mienten al profesor usando el ChatGPT. Estos pueden ser considerados aprendices de esa “cualidad de ser hijos de puta”. Para graduarse de HP hay que empezar por ser tramposo, mentiroso, vivo bobo, tramador y libidinoso. Después de pasar por el Congreso e incluso por las altas cortes vendiendo millonarios fallos, quedan listos para recibir el título honorífico de Hijos de Puta.

Como los putazos son de uso común en el país y hay tanto mentiroso, ladrón, corrupto, matones de finas costumbres, violadores y acosadores, entre otros, decirle HP a quien actúa de las maneras aquí descritas no debe ser considerado una grosería. Por el contrario, espetar un madrazo debería de asumirse como una forma de reconocimiento social y político al tiempo, el esfuerzo y el dinero invertido en convertirse en un verdadero HP.

El putazo presidencial constituye una oportunidad para que cada colombiano se revise y examine sus conductas pasadas y presentes. A lo mejor y sin saberlo, es tan HP como dice Petro que es el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

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¿SIGUE SIENDO LA PAZ UN TEMA ELECTORAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Durante años el conflicto armado interno, sus dinámicas y efectos en la sociedad fueron un factor electoral importante que definió en las urnas las aspiraciones de varios candidatos presidenciales. Pastrana terminó derrotando a Samper con la imagen de su reunión con Tirofijo y Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de Nariño gracias a dos hechos, uno interno y el otro externo. El primero, por el fortalecimiento militar de las Farc-Ep y sus arremetidas contra la población civil; y el segundo, los ataques terroristas, contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Auto infringidos o no, ese suceso le sirvió a Uribe para justificar su política de seguridad democrática porque, según él, en el país no había conflicto armado sino una "amenaza terrorista".

A partir de la negociación en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, las dinámicas del conflicto cambiaron radicalmente. La conversión de las entonces Farc-Ep en el partido Comunes fue un fuerte golpe político a la guerrilla del ELN en la medida en que su lucha armada perdió sentido histórico, lo que terminó acrecentando sus divisiones internas, pero sobre todo su consolidación como una estructura armada narcotizada a la que no le interesa negociar curules y proyectos productivos porque tienen el músculo económico suficiente para extender las hostilidades por varios años más. Las economías ilegales les quitaron el ropaje político a los elenos.

Con el triunfo político de Gustavo Petro sectores de la sociedad pensaron que por haber militado en el M-19 sería más fácil negociar y firmar un armisticio con los elenos. Tanto Petro y los miembros del ELN llegaron a sendas conclusiones que alejaron la posibilidad de alcanzar la paz. El presidente Petro confirmó que el Ejército de Liberación Nacional abandonó su espíritu revolucionario y se convirtió en un conjunto de “traquetos con camuflado”. Mientras que la dirigencia del Coce llegó a la conclusión de que Petro no era el líder de izquierda que ellos pensaron que era.

En el presente hay asuntos electorales muchos más importantes y definitivos para la sociedad y los grupos de poder que se disputan el control del Estado: uno de ellos es la continuidad o no del proyecto progresista que encarna Petro o el regreso de la derecha uribista y neoliberal responsable de la privatización del Estado, la pobreza y la inequidad estructurales, así como de los efectos socioambientales y ecológicos que deja un modelo de desarrollo fincado en un tipo de Sostenibilidad Asistémica Funcional.

Hay un aparente despertar de una ciudadanía que habla más de condiciones laborales dignas, del cuidado de la naturaleza, del disfrute de la vida y del tiempo libre; de la superación de la pobreza, del clasismo y el racismo, dos de las taras civilizatorias que arrastramos como sociedad; de sectores interesados en reindustrializar el país y de superar los años de atraso que garantizó una élite conservadora, retardataria, mediocre e incapaz de leer los cambios societales.

Eso sí, ya hay candidatos presidenciales que intentarán poner como tema central la consecución de la paz a partir del fracaso de la apuesta maximalista de la Paz Total del gobierno Petro. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ya salió a los medios a decir que ella “impondrá la paz”. La goda y neoliberal congresista quiere poner en la agenda electoral de 2026 el tema de la paz sin reconocer la existencia del conflicto armado interno. Hábilmente la “generala o muñeca” de Uribe evita hablar de conflicto armado porque ello iría en contravía de la doctrina de su patrón. Ella habla de paz porque le sirve para despotricar de Petro, de su pasado guerrillero y de la fracasada Paz Total. El país sabe que a la Cabal le gusta es la bala, la bala y la bala. 

He venido diciendo que no tiene sentido de realidad hablar hoy de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Como tampoco el país enfrenta una “amenaza terrorista”, apelativo con el que sagazmente Uribe borró la historia de años y años de un conflicto social, económico y político que, gracias al proceso de paz de La Habana, a los avances territoriales que en varias materias dejará la administración Petro, pero sobre todo a la lumpenización y traquetización de los elenos y las disidencias perdió ese rimbombante nombre que tanto le sirvió a políticos y a la academia para justificar hechos de paz y de guerra.

Ya es tiempo de dejar de llamar conflicto armado interno a unos hechos de violencia originados por la traquetización de las organizaciones “postguerrilleras”. Que hay que combatirlos, por supuesto, pero no tiene mayor sentido hablar de paz en términos de una negociación política cuando todos los actores ilegales, con los que eventualmente se piense dialogar, se comportan como bárbaros, salvajes y agentes anacrónicos. Hay que poner mucho cuidado a los agentes de la derecha que quieran hablar de paz y de guerra a sabiendas de que lo único que les interesa son los lucrativos negocios del narcotráfico, la minería legal e ilegal y la comercialización de armas. Entonces, estaríamos hablando de Pactos Prepolíticos que terminan sirviendo a la derecha mafiosa y criminal y a esas "guerrillas" que dejaron atrás su espíritu revolucionario para convertirse en traquetos que dejaron de patrullar para montarse con Toyotas de alta gama. 

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CARACOL NOTICIAS + ELN + URIBISMO: LA ECUACIÓN PERFECTA DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe  Vélez se sugirió prohibir entrevistar a los líderes de las guerrillas. Quienes así lo hicieron fueron macartizados como auxiliadores o amigos del terrorismo. En la práctica, los medios afectos al uribismo acataron la sugerencia. Esto decía el senador del CD, Alfredo Rangel: "es antiético dialogar con un grupo criminal que no ha cesado sus acciones violentas contra el Estado y la sociedad". En este sentido recordó que el Centro Democrático ha insistido que es una condición indispensable que antes de conversar con "grupos terroristas" es que previamente hayan cesado todas sus acciones violentas”.

En los ocho años de la Seguridad Democrática quedó la sensación que dicha política de guerra se aplicaba exclusivamente a las Farc-Ep, estructura armada a la que Uribe se refería en los peores términos porque de acuerdo con la versión del político antioqueño, miembros de esa guerrilla asesinaron a su padre. Circula una versión contraria a la expresada por Uribe que no vale la pena recordar. 

El entonces presidente de la República los llamaba terroristas, narcotraficantes y a sus campamentos los señalaba de ser guaridas. En la posesión de su primer mandato, el ataque con morteros por parte de “lafar” contra la Casa de Nariño fue el preámbulo de una relación militar y política compleja.

Mientras que contra “lafar” se desplegó todas las capacidades que heredó Uribe del Plan Colombia de Pastrana, con el ELN se buscó dialogar. Incluso, se habilitó una casa en Medellín para esos efectos.

Después del proceso de paz de La Habana, las dinámicas del conflicto armado interno se modificaron sustancialmente. Al salir las Farc-Ep de la ecuación, tanto sus disidencias como el ELN confirmaron su transformación en estructuras mafiosas poco interesadas en firmar un armisticio. Con la llegada de Petro a la Casa de Nariño y a pesar de haber anunciado que buscaría pacificar al país, los señalamientos del presidente hacia esos grupos armados ilegales iban en la dirección contraria.  En varias ocasiones Petro los calificó de ser carteles de la droga, de ser traquetos con camuflados. Incluso, un sector de la prensa ya los llama grupos o estructuras postguerrilleras.  

En la efectiva transformación político-militar de esos grupos armados ilegales en estructuras que viven de la minería ilegal, del contrabando y del tráfico de cocaína viene circulando en redes sociales un imaginario y su narrativa que señala que cada vez que el uribismo necesita visibilizarse, cuenta con el apoyo del ELN. Más claro: que el ELN es de tiempo atrás “el brazo armado” del uribismo. Cierta o no esa narrativa, los fragmentos de una entrevista que Noticias Caracol le hizo a unos comandantes elenos, justamente van camino a darle asidero a ese imaginario.  Matador parece recoger en una caricatura el sentido de ese imaginario.

Noticias Caracol dio a conocer apartes de una entrevista con comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un encuentro periodístico que tiene un tufillo político con el que claramente el noticiero privado ataca la Paz Total de Petro, usando lo dicho por los comandantes de esa “guerrilla” como argumento de autoridad para deslegitimar la apuesta política del actual gobierno de pacificar al país.

La periodista que presenta la nota desde el estudio identifica a los comandantes, una mujer y un hombre y señala lo siguiente: “la primera afirmación que hicieron es que el ELN ya no firmará la paz con este gobierno y que tampoco se iba a dar en tres meses como la había prometido el presidente Petro”. A renglón seguido habla la señora “guerrillera”: “…Uribe nunca se expresó de la manera como lo está haciendo Petro. Se excede un poco Petro en las declaraciones que da a los medios… debería de ser más cuidadoso”. Luego entra el testimonio del “guerrillero”: “paz total se convierte en guerra total”. El periodista en terreno le pregunta si es posible alcanzar la paz con Petro. A lo que responde el ilegal: “No. Le recomendaría a Petro que vaya al psiquiatra, que se haga revisar porque va en contravía por lo que fue elegido”.

Quedó claro que Noticias Caracol está en campaña y que apoyará, nuevamente, la causa uribista. Al jugársela mediática y políticamente por el regreso de Uribe al poder así sea en las carnitas y huesitos de Vicky Dávila de Gnecco, María Fernanda Cabal, Sergio Fajardo, Claudia López o Miguel Uribe Turbay, Noticias Caracol está dispuesto como actor político a darle vitrina y vocería a los miembros de la narcoguerrilla del ELN. Lo que hace el noticiero privado es legitimar la lucha armada de los elenos y por esa vía darles un respiro político, al tiempo que deslegitima la pretenciosa y maximalista apuesta de la Paz Total de un presidente que siempre dudó del carácter revolucionario del ELN.

Caricatura de Matador. 

RTVC Y EL CÁNDIDO HOMENAJE A TIROFIJO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La entrevista a la congresista y firmante de paz, Sandra Ramírez, a propósito de los 17 años de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, “salió mal”. RTVC se equivocó al transmitir el diálogo con Ramírez, expareja del líder de las Farc-Ep, porque varios sectores de la opinión pública la asumieron con un homenaje al criminal de marras.

Cualquier documentalista que desee reconstruir hechos de la guerra interna e incluso hacer perfiles de los actores del conflicto armado interno jamás puede olvidar que paramilitares, guerrilleros, narcos y militares fungieron como victimarios de cientos de miles de mujeres, niños, niñas y hombres cuyas vidas fueron afectadas negativamente por el actuar criminal de los uniformados, legales e ilegales.

En el pasado los canales privados de televisión entrevistaron al criminal Carlos Castaño, al que elevaron a la condición de “héroe” por los periodistas que conversaron “amistosamente” con el entonces líder paramilitar. En ese momento, Caracol y RCN se equivocaron porque las dos entrevistas resultaron heroizantes y apologéticas. Claro, ahora que está en la Casa de Nariño un exmilitante del M-19 fungiendo como jefe de Estado y RTCV responde de muchas maneras a los valores contestarios y “revolucionarios” del presidente Petro, la señalada entrevista adquiere una dimensión apologética y heroizante que resulta inaceptable para los sectores que quizás en el pasado aplaudieron y gozaron viendo en horario prime time a Carlos Castaño.  

Les cabe razón a todos los agentes de la derecha que fustigaron las imágenes, en particular el “tierno” comentario del periodista: “muy lindo, muy tierno Marulanda hablando con un pajarito, aunque él se imaginaba eso”. Estamos ante una metida de pata fruto de haber olvidado que estamos en una sociedad que se resiste a perdonar a los guerrilleros de las extintas Farc-Ep y a los paramilitares, pero que sigue admirando y apoyando políticamente a quienes patrocinaron a los segundos. Si el comentario del periodista apuntaba a “develar” que detrás del líder guerrillero y responsable de masacres y sangrientas tomas guerrilleras había un ser humano, el reportero cayó en el infantil error de generar simpatía con su entrevistada. Y por esa vía, revictimizó a quienes se reconocen como víctimas de Tirofijo.

Lo que muy seguramente estaba justificado periodísticamente, terminó en un tremendo “papayazo político” para los detractores del gobierno y del propio sistema de medios públicos. El editorial de El Espectador es contundente: “vaya coincidencia: tanto alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central y responsable de múltiples crímenes, como un programa de RTVC, Sistema de Medios Públicos pagado con los impuestos de los colombianos, decidieron hacer un homenaje a Manuel Marulanda, más conocido como Tirofijo”.

El diario El País, hoy en manos del clan Gilinski, señaló que “el sistema de medios públicos RTVC está en el ojo del huracán luego de la transmisión de un programa sobre la vida de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, líder guerrillero de las Farc-EP. Durante la emisión fue entrevistada la hoy senadora Sandra Ramírez, quien fue la pareja de Marulanda y otros cinco firmantes de paz”.

Como en su momento comentó al aire Carlos Camargo, entonces defensor del Pueblo, la entrevista a Ramírez,  salió mal. 

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URIBE QUIERE ACABAR CON LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El odio visceral que expresa el expresidente Álvaro Uribe Vélez hacia la JEP se explica en gran medida porque dicho tribunal de paz está acusando a generales y otros altos oficiales del Ejército que asumieron la política de seguridad democrática como la patente de corso para asesinar jóvenes pobres e indefensos dentro de la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales conocida como los “falsos positivos”.

El expresidiario y expresidente de la República reduce maliciosamente el trabajo de la JEP a que apenas imputó a 64 miembros de las antiguas Farc-EP, mientras que los imputados de las fuerzas militares ascienden ya a 147. No se trata de un asunto de números, el asunto de fondo es sacar  las “manzanas podridas” que llegaron a ese nivel de descomposición por la politización e ideologización que Uribe exacerbó hasta convertir al Ejército en su fuerza particular.

El ladino político antioqueño insiste en que la Justicia Especial para la Paz (JEP) está debilitando al Ejército, de la mano del gobierno Petro por las purgas que viene haciendo al interior de las filas. Por el contrario, lo que están haciendo la JEP y Petro es reconstruir moral y éticamente a una institución castrense que se lumpenizó de tal manera que la desviación misional, como práctica cotidiana, se volvió paisaje, de ahí el alto número de oficiales de alta graduación involucrados en crímenes atroces.  

La discusión conceptual de fondo debe darse alrededor de las maneras como se entiende y se aplica la doctrina de seguridad nacional fondeada aún en la existencia de un conflicto armado interno que Uribe redujo a una “amenaza terrorista” plegado a la cruzada antiterrorista planteada por Bush después de los atentados contra las Torres Gemelas en territorio americano. Al hacerlo de esa manera, Uribe desideologizó la lucha armada al tiempo que convertía a todo el que pensara distinto, simpatizara con las ideas de la izquierda, defendiera los derechos humanos y a la Naturaleza en un nuevo enemigo interno.

Al quitarle el ropaje político e ideológico de las sempiternas guerrillas les facilitó la tarea a los comerciantes de armas al interior del Ejército pues la entrega de material de guerra a simples bandidos les evitó a los militares entrar en el dilema moral de si estaban traicionando o no a la patria. Acabar política y militarmente a lafar no tendría que significar el fin de las múltiples formas de violencia asociadas a la operación de las Farc-Ep. Por el contrario, su eliminación abriría el camino para que los paramilitares fungieran como fuerzas patrióticas cuya función sería evitar la llegada del comunismo y consolidar procesos de disciplinamiento social en las zonas rurales dominadas por palmicultores, azucareros, ganadería extensiva de muy baja producción y minería. Por lo anterior, la política de seguridad democrática terminó casi que exclusivamente aplicada y de manera violenta contra civiles (estudiantes, sindicalistas, reclamantes de tierras, académicos, campesinos y periodistas).

Si en el 2026 Uribe logra poner en la Casa de Nari a otro de sus “títeres” o  de pronto a una "muñeca”, el primer acto de Gobierno, de la mano del Congreso, será apostarle al desmonte de la JEP, cuya existencia y operación está blindada por una política de paz de Estado. Para hacerlo, buscará el apoyo político de Trump. Ya veremos si la nueva plataforma moral y ética que entre la JEP y Petro están tratando de consolidar al interior del Ejército es capaz de soportar el regreso de la seguridad democrática y con ella la desviación misional de las FFAA que tantos réditos políticos le entregó a Uribe y a la derecha.

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VIOLENCIA EN EL CATATUMBO Y LA CRISIS DE LA CATEGORÍA CONFLICTO ARMADO INTERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los hechos acaecidos en el Catatumbo deben generar, además de la ya conocida reacción político y militar del Gobierno y la indignación social, una reflexión de la academia en torno a la validez, credibilidad y la legitimidad del concepto conflicto armado interno.

La consolidación del ELN como una estructura “narco armada” y la operación espuria y también mafiosa de las disidencias farianas obligan a la academia, centros de pensamiento, ONG defensoras de DDHH y aquellas dedicadas a interpretar las disímiles expresiones de la violencia que ejercen esos grupos armados ilegales en vastos territorios, a revisar el sentido de la nomenclatura conflicto armado interno, usada históricamente para legitimar políticamente la operación de las antiguas guerrillas.

Constituye a todas luces una afrenta y un engaño insistir en el uso de una pomposa categoría cuando lo que a diario ven y soportan las comunidades es la “lumpenización” de aquellas estructuras armadas que sectores privilegiados de la sociedad siguen llamando guerrillas cuando en los territorios actúan como fuerzas de sometimiento social, económico y político alejadas de los deseos de “liberar al pueblo” de la tiranía estatal y del modelo de desarrollo económico vigente.

Vengo insistiendo en la idea de que al mutar el ELN y las disidencias farianas a organizaciones narco armadas ya no tiene mayor sentido hablar de conflicto armado interno a pesar de la permanencia en el tiempo de aquellas circunstancias objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Así las cosas, urge revisar la validez jurídico-política, la legitimidad y la credibilidad de la nomenclatura conflicto armado interno como concepto y categoría explicativa, pues las guerrillas de entonces dejaron de existir o simplemente mutaron a organizaciones criminales sin arraigo sociopolítico.

Poner en cuestión dicha nomenclatura puede tener implicaciones en la dimensión jurídico-política de la paz, en la medida en que no tendría mayor sentido de realidad hablar de negociaciones políticas con unas organizaciones mafiosas que, como el ELN, no les interesa dejar las armas a cambio de curules y mucho menos les atrae reincorporarse a la vida social y económica del país a través de proyectos productivos como los que echaron a andar los firmantes de paz del proceso de paz de 2016. Así las cosas, no queda de otra que hablar de procesos de sometimiento a la justicia. Así entonces, la variable jurídica estaría por encima de la política y de la potestad del presidente de la República para sentarse a negociar condiciones generales y particulares de eventuales armisticios.

Si se acepta que por cuenta de la transformación de las guerrillas en narco estructuras armadas la categoría conflicto armado interno ya no tiene la validez, la legitimidad y la credibilidad suficientes para sentar en la mesa en condiciones de igualdad a los plenipotenciarios de un gobierno y a los líderes de esos ejércitos mafiosos, entonces el país político debe abandonar la idea romántica de esa paz que genera aplausos y motiva la entrega de reconocimientos internacionales como el Nobel de Paz, para empezar a pensar en que ya es tiempo de hablar de postguerrillas y de pacificación a las malas.

Pasar de la búsqueda de la Paz Total a la Guerra Total como escenario en el que ya el conflicto armado interno no existe como categoría explicativa, necesita de acciones de limpieza al interior de las fuerzas armadas, del empresariado y de la clase política. Lo anterior implica golpear con firmeza a todos los agentes sociales, político y económicos que se benefician de la comercialización de armas y pertrechos, esto es, de la guerra. Lo primero que hay que hacer es identificar y procesar penalmente a los Warlord que operan en Colombia, muchos de ellos amparados por partidos políticos y la dinámica electoral.

 

 

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CRISIS EN EL CATATUMBO: ¿QUÉ HACER?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los cruentos enfrentamientos entre miembros del ELN y una de las tantas disidencias de las Farc en el Catatumbo sirven para constatar que la naturaleza política del conflicto armado interno se transformó: de aquel escenario en donde se dieron luchas y discusiones ideológicas y políticas alrededor del Estado y el modelo económico ya no queda absolutamente nada.

A lo que asiste el país es a ver por televisión que unos y otros se buscan, puerta a puerta, para asesinarse como vulgares matones. Lo único que les quedó de su pasado subversivo es el discurso de algunos de sus más viejos y táparos comandantes como Antonio García y Pablo Beltrán del ELN, su retórica barata, los brazaletes y los fusiles. Lo demás es el desespero con el que actúan por el control de las economías ilegales que convirtieron la zona del Catatumbo en un infernal polvorín. ¿Qué hacer es la pregunta recurrente que se hacen analistas, políticos, periodistas y líderes comunitarios?  Mientras aquellos buscan respuestas al interrogante, la Oposición celebra y grita alborozada que la Paz Total de Petro fracasó porque saben que en la campaña electoral de 2026 van a ofrecer bala, bala y bala, es decir, van a ofrecer el regreso de la temida seguridad democrática.

Si bien la suspensión de los diálogos con el ELN ordenada por el presidente Petro es una medida políticamente correcta, sigue siendo tímida frente al evidente desinterés de la dirigencia de esa “guerrilla” de avanzar en una negociación política cuyo objetivo final sea la desmovilización de esa estructura criminal. Se entiende y se aplaude la insistencia del jefe del Estado por mantener las conversaciones de paz en beneficio de las comunidades que en varios territorios sufren confinamientos y la violencia simbólica y física ejercida por los elenos, pero ya va siendo hora de revisar si la instalación de una mesa de diálogo nacional es la estrategia adecuada para enfrentar los desafíos que plantean la notable despolitización del ELN y su consecuente transformación en una estructura narco militar. Es más: ¿Valdrá la pena seguir dialogando cuando no les sirven curules en el Congreso y mucho menos están dispuestos a entregar las armas?

En cada territorio las dinámicas políticas, sociales, ambientales y económicas son diferentes así compartan la presencia de elenos y disidencias disputándose el control de las economías ilegales. Quizás, entonces, sea el momento de diseñar una estrategia para el Catatumbo consistente en reordenar el territorio en función de los intereses del Estado. De esa manera se le debilitaría el discurso comunitario y popular que suelen enarbolar esos neo mafiosos de camuflado para darle algún sentido político a su lucha por el control de las economías ilegales.

En estos momentos de crisis humanitaria y de desplazamiento masivo de habitantes de las zonas en las que se enfrentan elenos y disidencias hay que pensar en soluciones “novedosas”. Refundar veredas, corregimientos y pueblos puede servir para que el Estado construya nuevas relaciones con la población civil, al tiempo que ataca con artillería pesada a esas estructuras armadas narcotizadas. Hay que llevarlos hacia zonas despobladas para ver si aún recuerdan cómo se combate bajo las condiciones de una guerra irregular.

La presencia en el tiempo de esos “ejércitos del pueblo” obedece en gran medida a que los procesos civilizatorios echados a andar en territorios como el Catatumbo jamás el Estado tuvo total control. Esa circunstancia contextual facilitó la llegada y la naturalización de formas de poder paraestatal a las que cientos de miles de ciudadanos les rendieron y rinden aún pleitesía.

De allí que las mesas regionales de paz podrían funcionar para pacificar territorios, quitándole así el carácter nacional que imaginan que tienen los del ELN. Dos objetivos deben justificar las conversaciones locales: el primero, ceses bilaterales al fuego y el segundo, iniciar los procesos de refundación de las relaciones Estado-comunidad, bien sea a través de procesos de reubicación de pueblos y metiéndole la mano a las maneras como se conciben la construcción de civilidad en regiones en las que los referentes a seguir están representados por bandidos de cuello blanco y armados.

Ya quedó claro que el ELN no firmará ningún armisticio con el Estado colombiano. No es equivocado insistir en pacificar el país por las buenas. Quizás el error original que cometió Petro fue pensar que, por su pasado en el M-19, los elenos lo verían como un camarada que logró vencer a la República oligárquica. García y Beltrán son dos fósiles que deambulan por una realidad paralela en la que ondean triunfantes la hoz y el martillo.

OTTY PATIÑO Y LA CARTA AL ELN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La misiva que Otty Patiño Hormaza les envió a los miembros del Comando Central del ELN es en sí misma una bofetada y una amable invitación a los comandantes elenos para que revisen su doctrina y el proyecto revolucionario que da vida al mesiánico nombre de Ejército de Liberación Nacional que dicen y creen orientar.

 Siguen con la tonta idea de que, con 3.500 hombres en armas, sin aviación y con un nulo respaldo popular van a “liberar” a los colombianos del yugo capitalista.

En su viaje al pasado, Patiño Hormaza recordó a Camilo Torres, el cura que con su Amor eficaz quiso reivindicar la condición humana y en particular, orientar una transformación social, cultural e institucional que jamás ocurrió en Colombia, de allí que como nación estemos condenados a vivir en medio de múltiples violencias que ya no tiene mayor sentido continuar atándolas a esa realidad que acompañó por años al concepto de conflicto armado interno. En la carta, el Comisionado de Paz les recuerda que “la historia de la lucha por el cambio en Colombia es una lucha más amplia de la que predican ustedes. El mejor homenaje a Camilo debería ser una profunda reflexión sobre su legado. No reducirlo a ser el ícono de una organización, no ponerlo en el altar del martirologio, no culpar al Ejército Nacional…”

Patiño Hormaza parece olvidar los negativos efectos que dejan 60 años de una lucha con pírricas victorias militares, pero con evidentes derrotas políticas; después de seis décadas, ya se evidencian fracturas y posiblemente se dé una “implosión ideológica” propiciada por la militancia de jóvenes que jamás leerán y entenderán a Marx y a Engels, porque lo único que les interesa es “traquetiar” y ser los putos amos en los territorios en los que hacen presencia. El caso de los “Comuneros del Sur” es la prueba irrefutable de que el proceso de resquebrajamiento de la unidad política ya empezó.

En su epístola, Otty Patiño sugiere entre líneas que el haber llegado a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, el exguerrillero del M-19, era suficiente razón y circunstancia para que el ELN diera el paso que dieron las entonces Farc-Ep: desmovilizarse y reincorporarse a la vida social, política y económica del país. O quizás fue Petro quien imaginó que su pasado revolucionario sería suficiente motivación para que los señores del Coce dieran la orden a sus frentes de acogerse a la negociación política planteada por el excompañero de luchas. Recordemos que el Petro candidato dijo que “a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hará la paz”.

De cualquier modo, a los vetustos comandantes del ELN solo les sirve el viejo modelo socialista de la antigua URSS. O el “modelo” venezolano, una mezcla entre el socialismo del siglo XXI, la lucha antiyanqui y la operación mafiosa de un régimen militarista. La “izquierda” que representa Petro no les sirve, pues siguen soñando con llegar a Bogotá, barbudos y sucios, cantando la versión elena de la canción Y en eso llegó Fidel. Se escucharía, muy seguramente, a ritmo de reguetón mezclado con corridos mexicanos.

En este 2025 vence el plazo para firmar la paz. Por supuesto que no firmarán ningún armisticio con el Estado colombiano porque Antonio García y Pablo Beltrán son un par de cuchos mesiánicos y anacrónicos que dedicaron su vida a una causa perdida: la guerra.  

 

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ATENTADO DINAMITERO EN JAMUNDÍ: ¿ATAQUE KAMIKAZE?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El atentado dinamitero con el que la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc atacó a miembros de la fuerza pública apostados en un reten a las afueras del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) deja como resultado un guerrillero muerto, siete policías heridos e igual número de civiles. De acuerdo con la versión oficial, el bandido iba en una moto y ante la señal de pare de los uniformados activó el explosivo.

La acción temeraria y criminal del guerrillero bien podría asociarse al perfil suicida de los kamikazes japoneses que durante el ataque a la base americana de Pearl Harbor estrellaban sus aviones contra dicho objetivo militar. La hipótesis de que las disidencias de las Farc estarían apelando a sus propios kamikazes para atacar blancos militares no resulta del todo descabellada. Un largo conflicto armado interno como el colombiano va dejando huellas en la psiquis de los combatientes, en particular en los ilegales cuando al percatarse de que el objetivo de tomarse el poder político se diluye en el tiempo, solo les queda apelar a prácticas suicidas para generar miedo en la población civil con el fin minar la confianza en las fuerzas del orden y por esa vía afectar la legitimidad del gobierno Petro; estas acciones criminales suelen resultar de procesos de formación interna guiados por comandantes que apoyan las conductas dementes de milicianos y guerrilleros convencidos de estar defendiendo una causa justa.

Si las autoridades o los propios voceros de la Jaime Martínez confirman que efectivamente se trató de un ataque kamikaze, estaríamos llegando a unos niveles máximos de degradación y de insania en los combatientes. Así las cosas, las estrategias de vigilancia y control desplegadas en el Cauca, y en especial en Jamundí tendrían que cambiar ostensiblemente para evitar nuevos ataques. Por lo tanto, los retenes - combinados o no de policía y ejército-, no serían la mejor opción de cara a evitar más atentados dinamiteros en el municipio. En lo corrido de este 2024 ya van 7 ataques con explosivos en diferentes lugares del casco urbano y zona rural del municipio de Jamundí.

Al margen de la consistencia de la hipótesis, el orden público en el Cauca y esta parte del sur del Valle del Cauca afecta la vida económica y social de las comunidades circundantes. El miedo y la zozobra se toman a la población civil que ya no se siente tranquila ni siquiera con la presencia y mucho menos con los operativos de la fuerza pública.

En la zona de Villa Colombia, hasta un punto conocido como Mesetas, en donde operó hace años atrás una base militar, los miembros de la “Jaime Martínez” se pasean como “Pedro por su casa”, entreverados en la población civil. Mesetas está ubicada en las estribaciones de los Farallones de Cali. Su paisaje es hermoso. El refulgente bosque de niebla invita a hacer la paz con la naturaleza.

El ataque demencial del día de las “Velitas” en Jamundí hace recordar que, en Chalán, Sucre, en el año de 1996, el frente 35 de las Farc cargó con dinamita a un burro y lo hizo estallar. El saldo: 11 policías asesinados. Apelar a kamikaze o a burros para asesinar policías o soldados es propio de orates que se creen patriotas y salvadores. Al final, solo queda confirmar que la guerra es el mayor síntoma de desprecio por la propia condición humana.

Atentado con moto bomba en Jamundí deja 14 heridos y un policía en grave estado

A PABLO BELTRAN, DEL ELN, LE QUEDARON GRANDE LA VIDA CIVIL Y LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el argot militar solía escucharse, por allá en los años 80, la frase “te quedó grande la civil” para indicar con ella que dentro del Ejército había suboficiales y oficiales que seguían portando el uniforme más por miedo o incapacidad de enfrentarse y sobrevivir en la vida civil, que por mística y complacencia de mantenerse dentro de las filas. La sentencia tiene sentido si se revisan las garantías y beneficios laborales con los que cuentan oficiales y suboficiales de las instituciones armadas. Debe haber muchos que permanecen en el mundo castrense convencidos de que están aportando al país a través de su incondicional amor a la Patria.

Esa misma locución podría aplicarse a los señores del ELN y a los de las disidencias farianas. A estos les quedó grande la vida civil porque solo aprendieron a echar bala, a “traquetiar” con droga y a sentirse importantes cada que se instalan mesas de diálogo o la prensa registra atentados y secuestros de los que son protagonistas y responsables. Hacer la paz también les quedó grande justamente por la comodidad que les asegura a sus comandantes dar órdenes, convencidos de que están haciendo patria asesinando soldados y maltratando a la población civil. A los guerrilleros rasos también les debió asustar enfrentarse a la vida civil al crecer en condiciones de pobreza y marginalidad. Quizás el enunciado no se pueda aplicar a quienes llegaron al ELN por vía del reclutamiento forzado.

A Pablo Beltrán, el envejecido líder del Comando Central (Coce) del ELN, le quedó grande la vida civil y hacer la paz por su megalomanía y por creerse el cuento de que su organización tiene la capacidad, pero sobre todo la legitimidad de “liberar” a los colombianos del “yugo capitalista”. Después de aplazar la firma del armisticio hasta el próximo gobierno o hasta dentro de 10 mil muertos, el presidente Petro le contestó: “La verdad, no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Todos y todos los combatientes del ELN saben hoy, precisamente porque la historia es un río con muchas derivas, que deben escoger el camino del padre Camilo Torres, quien ofreció su vida por los demás, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre. Esto mismo me lo dijo personalmente Pablo Beltrán y lo escuché también del comandante Pizarro”.

Beltrán envejeció y lo más seguro es que morirá al frente del ELN sin haber firmado la paz y sin haberse tomado el poder a tiros. Qué manera de desperdiciar la vida por unos ideales que sus mismas órdenes y camaradas se encargaron de deslegitimar y manchar con sus ignominiosas acciones militares y prepolíticas.  Lo único que habrá logrado en su desperdiciada vida en la guerra es un lugar en la historia política del conflicto armado interno. Una historia que solo leen académicos y uno que otro ciudadano. A Pablo Beltrán y a Antonio García, entre otros, les quedó grande la vida civil y la paz por las garantías económicas que siempre les ofrecieron las economías ilegales en las que metieron a toda la organización. 

pablo beltran y los dialogos de paz con Petro - Búsqueda Imágenes

PATRIARCADO, MACHISMO, PATRIOTERISMO Y FÚTBOL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La derrota de la Selección de Fútbol de Mayores frente a su similar del Uruguay tiene al periodismo deportivo buscando explicaciones de lo qué pasó en el accidentado partido en el Centenario. Más allá de la falta de pundonor y jerarquía de los jugadores colombianos frente a la tradicional garra charrúa, resulta llamativo lo que hace la prensa deportiva cada que juega la selección: durante cinco o más días se dan a la tarea de ilusionar a las audiencias con expectativas de un empate o de una victoria. Entonces, hablan de hazañas y gestas para luego “graduar” a 11 jugadores de “héroes” en un país en el que, por cuenta del conflicto armado interno, paramilitares, guerrilleros y militares usaron el mismo apelativo para exaltar a sus miembros (hombres), a pesar de haber violado los derechos humanos.

Esos cubrimientos periodísticos a todas luces exagerados y con fines patrioteros están atados inexorablemente al patriarcado y a su correlato el machismo que tienen en el fútbol a su mejor aliado y exponente en la tarea cultural de mantener en el tiempo la supremacía masculina.

Es tan evidente la preferencia por el seleccionado de hombres (mayores) que las audiencias entienden cuando la prensa titula “hoy juega la selección”. A pesar de la existencia de seleccionados femeninos, la fiesta patriotera está asociada al fútbol masculino. Dicho favoritismo se torna peor cuando al examinar los títulos conseguidos por la Selección masculina de mayores se encuentra que poco o nada ganaron los venerados hombres del seleccionado. Si miramos a las selecciones femeninas, estas, en poco tiempo y a pesar de contar con una deficiente liga por decisión de los machos que dirigen la Federación Colombia de Fútbol, ganaron más que todas las selecciones masculinas juntas en más de 50 años.

No sé qué sentirán las jugadoras y sus familias al ver los reverenciados tratamientos periodísticos que hacen medios como Caracol y RCN, empresas que se disputan el rating cada que juega “mi selección”, frente a los tímidos cubrimientos de los juegos de los combinados femeninos. Lo cierto es que la predilección por la Selección (insisto: no es necesario decir que es la de los hombres mayores) no está pensada exclusivamente para entretener a las audiencias y despertar el manido sentimiento patriotero. No. También está dirigida a mantener la vigencia del patriarcado sin que importen mucho las derrotas y esa histórica escasez de títulos mundiales que no se compadecen con esos tratamientos de “héroes” a quienes parece que se acostumbraron a conseguir “triunfos morales” como aquel 5 a 0 contra Argentina en una eliminatoria, o el 2 a 0 contra Uruguay en el Mundial de 2014.

Eso sí, esa misma prensa hablará de la derrota frente a Uruguay hasta horas antes del próximo partido contra Ecuador en Barranquilla. Entonces, dirán sin vergüenza alguna que hay que “levantar la cabeza, recomponer el camino y recuperar la confianza”. Y nuevamente aparecerán las imágenes de hinchas furibundos apoyando a la Selección porque “es lo único que une a los colombianos”.  Esta última, una mendaz narrativa con la que se intentan tapar los graves problemas de convivencia social y política que arrastramos como Nación.

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JEP IMPUTA A SEIS EXFARC EL DELITO DE RECLUTAMIENTO FORZADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Justicia Especial para la Paz (JEP) acaba de imputar a seis máximos exjefes de las Farc-Ep el delito de reclutamiento forzado de 18.677 menores. En un comunicado, los firmantes de paz o exguerrilleros informaron que aceptan los cargos. Más allá del gesto de arrepentimiento, genuino o no, esa ignominiosa cifra hace parte del “inventario” que debemos hacer de la barbarie que como sociedad permitimos, por acción u omisión.

Los 18.677 niños reclutados por las Farc-Ep entre 1971 y 2016 (JEP), los 21.000 asesinatos perpetrados por estructuras paramilitares (Centro de Memoria Histórica) en 40 años y los 6402 crímenes de Estado perpetrados entre el 2002 y 2008 (JEP) dan cuenta del incontrastable dolor que dejan las dinámicas del conflicto armado interno de Colombia.

Según esas cifras, las entonces Farc-Ep durante 45 años reclutaron a por lo menos 18.677 menores de edad, lo que da un promedio de 415 niños y niñas por año. Mientras que los paramilitares masacraron civiles a cuenta de 525 por año. Sin duda alguna, ambos guarismos confirman la atrocidad de un conflicto y la degradación moral de todos sus actores armados.  Un dato no menor: el accionar criminal de esas dos estructuras ilegales se dio bajo dos constituciones: la de 1886 y la de 1991.

Quizás los hoy firmantes de paz justificaron en el pasado esos crímenes ocurridos en el marco de la carta política de 1886 por aquello  del espíritu conservador y violento de esa constitución y de las estructuras de poder que hacían gala del cumplimiento de sus preceptos jurídicos, con la ayuda de la cultura dominante; ese mismo espíritu violento se irradió a gran parte de la sociedad y guió las vidas y decisiones  de aquellos agentes del establecimiento que le apostaron a extender en el tiempo el conflicto armado para consolidar dos fenómenos complementarios: de un lado, la fragmentación del territorio entre las zonas de orden público (selvas y espacios rurales) y las urbes militar, económica y políticamente protegidas y desarrolladas. Al final, el país terminó dividido entre ciudadanos de quinta y primera categorías.  Y del otro lado, los procesos de estigmatización surgidos por la aplicación a rajatabla de la doctrina del enemigo interno a todo lo que oliera a izquierda, a defensa de los derechos humanos y a los de la propia naturaleza.

Con el cambio del orden constitucional, el reclutamiento forzado de las Farc-Ep se volvió sistemático, hecho que invalidó los alcances y el propio espíritu garantista de la carta política de 1991. La niñez en Colombia, bajo dos disímiles contextos constitucionales jamás fue protegida. Esa es una conclusión que debería de avergonzarnos como sociedad.

Y en lo que concierne a los 6402 falsos positivos o crímenes de Estado, estos fueron cometidos en un periodo de gobierno en el que operó una política de seguridad que, con el apellido “democrática”, legitimó y ocultó el desvío moral y misional del Ejército nacional. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y amparados en la carta garantista y liberal de 1991 se violaron los derechos humanos de manera sistemática. Al final, el país que venía golpeado por las acciones criminales de Farc-Ep y paramilitares durante 40 años, terminó sumido en la confusión que produjo constatar que a agentes estatales les bastó seis años para equipararse en barbarie a las guerrillas farianas y a las AUC.

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