HABLEMOS DE LAS SANCIONES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio 

Las expresiones de rechazo de las víctimas de las Farc-Ep ante las sanciones impuestas por la JEP contra los miembros del Secretariado de esa guerrilla que firmó el Acuerdo de Paz de La Habana con el Estado colombiano pueden leerse desde dos esferas que deberían complementarse, pero que para el caso devienen distanciadas e incluso en una aparente oposición. La primera de estas esferas está atada al ámbito de lo privado en el que confluyen el dolor y la rabia de las víctimas de ese actor armado ilegal que claramente traspasó los límites éticos y morales de su lucha "revolucionaria" para quedar convertidos en simples estructuras delincuenciales con un debilitado estatus político. Esos mismos sentimientos los activan las víctimas de los militares que también cometieron delitos atroces. 

La segunda esfera nace del contexto político, de la mediatización del papel de la Justicia Especial para la Paz, pero sobre todo de lo negociado en La Habana y del texto mismo del Acuerdo Final (II) firmado en el teatro Colón de Bogotá. Hablamos entonces de una esfera pública en la que los sentimientos de rechazo por las sanciones que acaba de imponer el Tribunal de Paz y de justicia transicional no tienen cabida porque lo acordado en Cuba entre los plenipotenciarios de las Farc-Ep y el gobierno Santos dejó  claro que se trataba de una negociación política y no de un proceso de sometimiento a la justicia de parte de los facinerosos. Y esa negociación en particular implicaba tragarse el inmenso "sapo" (una especie de Rhinella marina) expresado en el hecho jurídico que hoy se cuestiona: los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un degradado conflicto armado no pagarían un solo día de cárcel. 

En esa línea, se aceptó que no habría cárcel efectiva para los victimarios y que en lugar de las deseables largas condenas para los máximos responsables de las Farc-Ep, incluidos los agentes estatales también comprometidos en la violación sistemática del DIH y los DDHH, habría un proceso judicial orientado bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enmarcados en un modelo de justicia transicional y restaurativa puesto en marcha en una sociedad que cree en la justicia por mano propia y en la institución carcelaria. 

Al haberse dado las sanciones contra los miembros del Secretariado en un agitado ambiente preelectoral, la JEP y sus magistrados quedan a merced del populismo punitivo de los medios masivos y de las fuerzas políticas que desde un inicio se opusieron a la negociación política surtida en territorio cubano. El uribismo en particular ya está explotando electoralmente las sanciones de la JEP para insistir en su desmonte por todo el daño político que produjo la verdad de los falsos positivos allanada por ese tribunal. 

Era fácil comprender que el proceso de paz de La Habana apuntaba a garantizar altos niveles de impunidad judicial para los victimarios, legales e ilegales, a cambio de conocer la verdad de los crímenes cometidos, esto es, contar las motivaciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el destino final de las personas asesinadas y desaparecidas. Quizás el gobierno de Santos falló en un ejercicio pedagógico clave: convencer a la sociedad y en particular al conjunto de las víctimas de las Farc-Ep y de los militares de las "bondades" del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Quizás sea necesario emprender una campaña encaminada a unir las dos esferas arriba presentadas con el objetivo de mostrar la importancia de haber conocido la verdad de unos hechos que confirman que el camino que nos trazaron  guerreristas y  los combatientes, legales e ilegales nos terminaron llevando al abismo en el que suelen caer juntos la venganza y el odio. En el fondo de ese acantilado seguiremos hasta que como colectivo entendamos que la construcción de la paz va más allá de un acuerdo político firmado entre combatientes o entre sus agenciadores. Al final, debemos entender que las Farc-Ep no fueron nunca revolucionarios y que dentro de las FFAA hubo militares que actuaron con la misma perversidad de un enemigo interno creado y recreado para extender una estúpida guerra fratricida que solo sirve a los intereses de los Señores de la Guerra (locales e internacionales). 

Así entonces, las críticas y las molestias expresadas por las víctimas en razón a las sanciones y las actividades de reparación harán parte de una campaña electoral caracterizada por el odio y la incapacidad para argumentar y dialogar entre diferentes. 

¿Por qué son distintas las sanciones de la JEP a exmilitares de La Popa frente a ex-FARC?