PETRO, GOBERNABILIDAD Y CONSENSOS POLÍTICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La gobernabilidad está atada a la consecución de consensos políticos. Esa parece ser una verdad que nadie discute, aunque haya factores ético-políticos, históricos y culturales que irrumpen como obstáculos insalvables que terminan impidiendo la consecución de los anhelados consensos políticos.

Al presidente de la República, Gustavo Petro se le endilga que ha sido incapaz de lograr consensos con las fuerzas políticas tradicionales, esto es, con la derecha colombiana de la que hacen parte todos los partidos políticos, incluido el Liberal. Esta colectividad, de la mano de César Gaviria Trujillo, eliminó el ala de izquierda y si se quiere progresista, con la que el actual gobierno podría haber establecido los puentes para dialogar sobre las reformas sociales que el Congreso no quiere tramitar. Ese mecanismo y salida institucional no funcionó por culpa de la intemperancia del presidente de la República, sino por el giro ideológico que Gaviria le dio al partido Liberal, en buena parte, fruto de las transacciones políticas y económicas que estableció con los mecenas que patrocinan las campañas electorales y garantizan el funcionamiento del partido.

En parte tienen razón quienes critican a Petro por su insistencia en “meterle pueblo” a la discusión, en lugar de buscar dentro de los canales institucionales los momentos y los mecanismos para discutir las reformas que prometió hacer en campaña y que hoy, institucionalmente hablando, se las tienen bloqueadas en la corporación que arrastra la responsabilidad histórica de haber legislado en contra de los intereses de las grandes mayorías y del desarrollo armónico y sostenible del país: el Congreso de la República.  

También hay que señalar que los consensos no se lograron porque hay agentes poderosos del “viejo” establecimiento colombiano que no están dispuestos a ceder privilegios por el solo hecho de que a un presidente de izquierda le dio porque es posible transformar las históricas condiciones de inequidad, pobreza y desigualdad que abruman a millones de colombianos. En el fondo, esos actores de poder le apuestan a que en el 2026 recuperarán la Casa de Nariño para seguir naturalizando esas condiciones de marginalidad y esos sempiternos “estados de cosas inconstitucional” ya advertidos por la propia Corte Constitucional.  

Esos agentes de poder, que hacen parte de la élite más conservadora y neoliberal del país, temen que jugársela por esas transformaciones los puede llevar a perder poder político, en particular el que está asociado a los partidos políticos que ellos mismos patrocinan, con los que han sabido consolidar el clientelismo, es decir la corrupción, y el asistencialismo, gracias a que los niveles de pobreza, desigualdad e inequidad se han mantenido a lo largo del tiempo. A estos, nunca les preocupó en demasía aquello de la gobernabilidad.

Petro cree que es posible instaurar en Colombia un Estado de Bienestar. Y ese es quizás el factor que distancia más a Petro de las fuerzas políticas con las que ya no fue posible “negociar” y lograr los señalados consensos políticos. La columnista Cristina Carrizosa dicelo siguiente: “A Petro se le puede criticar todo, pero no se puede negar que nos puso a conversar, en serio, sobre la tragedia de la desigualdad. Ese es, sin duda, su principal logro hasta hoy. Es una lástima que no logre sentarse erguido en la cabecera para conciliar divergencias y liderar fórmulas que nos permitan superarla”.

Si aceptamos como verdad incontrastable la frase subrayada y en negrilla, entonces las resistencias a los cambios de poderosos agentes de la dirigencia política y empresarial no estarían soportadas en miedos a perder privilegios, sino en la situación vergonzante en las que los expone el discurso reivindicativo del presidente Gustavo Petro. Nunca un jefe de Estado confrontó al establecimiento como lo hace el actual presidente. Ese atrevimiento lo asumen como una herejía, pues dentro de su particular ética empresarial y política han hecho todo para “sacar adelante al país”. No es fácil soportar que un exguerrillero venga y les diga de un momento a otro que lo que han hecho por más de 50 años solo benefició a sus cerrados círculos de poder.

Claro que hubiese sido mejor lograr consensos políticos, pero no solo para garantizar condiciones de gobernabilidad, sino para intentar reversar lo que se viene haciendo mal de tiempo atrás. Y de esta última idea nace el abismo moral y ético que separa a Petro de quienes siempre asumieron la operación del Estado para extender en el tiempo privilegios y consolidar el Estado de derecho que les ha sido funcional a sus mezquindades, apelando exclusivamente al imperio de la ley para asegurar gobernabilidad.

Así entonces, estamos ante dos formas de incapacidad para generar consensos políticos. Empeora la situación porque no se vislumbra un tercero que sirva de mediador entre esas dos maneras de asumir e interpretar lo que sucede en el país. Y no aparecerá ese tercero mediador porque venga de donde viniere, también será responsable, por acción u omisión de las ominosas condiciones sociales y económicas que llevan soportando millones de compatriotas.  

Imagen tomada de Diario As. 

OTRA SEMANA SANTA QUE TERMINA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Terminó otra Semana Santa. Una más en el calendario. Otra semana de pasión por Jesucristo y la narrativa que lo acompaña, la misma que deviene entre lo real, lo mítico y la creación fantasiosa y simbólica; y claro, llega a su fin el “puente” más largo para aquellos que asumen la Semana Mayor como el momento para descansar de las rutinas laborales.

Una semana más en la que Iglesia Católica expuso ante el mundo su incontrastable poder y profundiza el patriarcado que la convirtió en el símbolo universal del machismo, la misoginia, la pederastia y la pedofilia. Baste con ver las homilías en el Vaticano, con Papa a bordo, en las que desfilan, confiesan y se persignan únicamente hombres, jóvenes y vetustos, que adoran a la imagen violentada de Jesucristo crucificado: otro hombre.

La imagen del Señor crucificado representa el sufrimiento de quien murió por salvar la humanidad, de acuerdo con el relato universal que se acepta como verdad, a pesar de las dudas que intentan lo mismo: ser universales. Pero también da cuenta de la vileza del ser humano, en particular aquellos que fueron capaces de colgar en un madero a un hombre vivo, clavado de pies y manos, hasta que murió y ascendió al reino de los cielos. Por supuesto que la Iglesia Católica prefiere que se ponga la atención en la lectura literal de la otoñal figura y relato, para anclar en ella los miedos e incertidumbres de sus fieles que aceptan sin mayores disquisiciones la vida y muerte del salvador.

La Semana Santa (SS) suelen promocionarla y venderla los medios masivos y los curas católicos como un espacio fundamentalmente para el recogimiento y la reflexión, en un sistema mundo capitalista que no da espacio para pensar.  El propósito, loable por demás, es que una vez terminen las liturgias celebradas durante los días santos, cada uno de los fieles católicos regresen a sus vidas cotidianas siendo mejores seres humanos. Se trata, sin duda, de un anhelo que chocará, inexorablemente, con los niveles de educación y formación ciudadana de cada uno de los que van a misa a persignarse, a pedir perdón por sus pecados y a pedirle a Dios que les ayude a mejorar aquellos aspectos que los alejan de los 10 mandamientos. Una vez pase la SS e incluso, minutos después de escuchar a los curas en sus homilías, esos creyentes saldrán a continuar con sus mismas prácticas: robar, maltratar al prójimo, violar los derechos humanos y amenazar. Que se sepa, el genocidio en Gaza continuará por obra y gracia de Netanyahu, su ejército sionista y el dios que los ampara, ilumina y guía. Tanta locura junta, por dios.

Esos buenos deseos ocurren mientras el Estado de Israel hace ingentes esfuerzos por borrar de la faz de la tierra al pueblo Palestino. La pregunta obligada es: ¿Qué piensa Dios u otros dioses del genocidio que ocurre en Gaza? Imagino que los sacerdotes cristianos dirán que Dios vigila todos los actos humanos, incluidos los que ocurren en los conflictos bélicos. Al final, estos curas resuelven todo señalando que los miembros del ejército genocida “pagarán” por sus actos cuando entren al purgatorio o al infierno, escenarios que hacen parte de toda esa narrativa en la que la Iglesia Católica envolvió y mantiene cautivos a millones de seres humanos en el mundo.

Pasará esta Semana Santa y los riesgos de vivir juntos, entre diferentes, se potenciarán y se harán inevitables las guerras, los conflictos étnicos y religiosos; los crímenes pasionales, los feminicidios, los duelos de sangre y las más estúpidas de todas las disputas y conflictividades: por un dios o una camiseta de un equipo de fútbol. Lo curioso es que millones de fanáticos al fútbol van a misa y confiesan sus pecados. Sus vidas son el espejo de la trayectoria de la Iglesia Católica: entre luces y sombras.

 Imagen tomada de CNN

New condemnation of the Colombian State for HR violations

New condemnation of the Colombian State for HR violations

LA ERA DE LA NUEVA FISCAL, YA EMPEZÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde su creación en 1991, con la nueva constitución, la elección de un fiscal no había generado tanta expectativa en el país como la que se generó en relación con la terna de solo mujeres, de la que hizo parte Luz Adriana Camargo Garzón, la nueva fiscal general.

Son varias las circunstancias que contribuyen a la enorme expectación que millones de colombianos tienen sobre cuál será la agenda con la que llega la nueva fiscala, en particular, que no tenga una oculta que termine empeñando su desempeño a las intrigas y exigencias que muy seguramente le harán los sempiternos agentes del nefasto régimen de poder colombiano.

Una de esas circunstancias tiene que ver con la configuración de la terna de solo mujeres. Ello rompió con una larga tradición en la manera en la que los presidentes de la República proponían a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las ternas dominadas por hombres. Tanto fue así, que el magistrado de ese alto tribunal, Gerardo Botero, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, aduciendo que violaba los derechos de los hombres a participar de la elección. Sin duda alguna, un ataque de misoginia y machismo que dice mucho del talante del togado y del impacto que generó en sectores conservadores de la sociedad, la terna compuesta por solo mujeres.

La segunda circunstancia tiene que ver con la no cercanía del actual presidente de la República con la nueva fiscala general de la Nación. Este factor es importante porque Francisco Barbosa, el fiscal saliente, era íntimo amigo del entonces jefe del Estado, Iván Duque Márquez, lo que convirtió a Barbosa en una ficha del presidente de la República. Realmente, Barbosa fue una ficha del régimen y del uribismo, sectores de poder interesados en salvarles los pellejos al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y a miembros de la familia Sarmiento Angulo, propietarios del Grupo Aval.

Si bien hay que reconocer un importante peso a esas dos circunstancias en la generación de las enormes expectativas de cientos de miles de colombianos en el desempeño de la nueva fiscala, existen otras que podrían pesar más sobre los hombros de Luz Adriana Camargo, si ella, claro está, lo permite. El enrevesado proceso de elección del que participó la nueva fiscal aporta a que las expectativas sociales aterricen en las profundidades de las dudas que siempre aparecen cuando emergen sospechas asociadas a maniobras clientelistas originadas en los togados que terminaron eligiendo a Camargo Garzón.

La periodista María Jimena Duzán expuso en su podcast situaciones que hacen pensar en que la nueva fiscala llega al cargo con dos agendas: una, en la que sobresale el genuino interés de recuperar el prestigio perdido del ente acusador y otra, la que le impusieron los magistrados que votaron por ella.

Si bien Luz Adriana Camargo defendió su independencia, no podemos llamarnos a engaños: la elección del fiscal general de la Nación deviene con un carácter político, lo que supone intrigas y presiones de poderosos agentes del establecimiento colombiano. La defensa de Camargo se hizo en referencia a las suspicacias que la prensa puso a circular en torno al nombramiento del vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero, de quien las versiones periodísticas indican que es cercano a la cuestionada Martha Mancera, a quien la Corte Suprema de Justicia le permitió fungir como fiscal encargada por treinta días.

Si Luz Adriana Camargo logra recuperar la Fiscalía para la sociedad y el Estado de Derecho, habrá dejado un legado importante. Para poder lograrlo, deberá dejar que los fiscales actúen con criterios jurídicos en casos delicados como Odebrecht, en el que están involucrados Óscar Iván Zuluaga y su hijo; también, el caso del crimen de Jorge Enrique Pizano en el que estaría comprometido el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, en lo que tiene que ver con la valoración y la custodia de las pruebas que desvirtuarían que se trató de un suicidio. De igual manera, los procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez y Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Y quizás el más delicado de todos los casos: las responsabilidades que debería de asumir en el país la familia Sarmiento Angulo en lo que tiene que ver con actos de corrupción en la Ruta del Sol II, reconocidos ante las autoridades norteamericanas.

Camargo Garzón lleva sobre sus hombros una enorme responsabilidad, en un país en el que el ethos mafioso y la corrupción público-privada se naturalizó de tal forma, que la institucionalidad de la Fiscalía hace rato que viene capturada por los agentes de poder político y judicial cuyas vidas privadas y públicas son guiadas de tiempo atrás por ese ese nefasto y criminal ethos mafioso. Eso sí, confío en que Camargo Garzón no se emulará la gestión del inefable, Francisco Barbosa. 

Imagen Óscar Pérez, de EL ESPECTADOR. COM

JAVIER MILEI Y OTROS MACHITOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Creo que nadie discute que el mundo deviene masculinizado de tiempo atrás. Y que, bajo esa circunstancia, el ejercicio del poder político contemporáneo ha estado asociado a la presencia de Hombres (Machos) a los que les correspondió ponerse al frente de Estados y corporaciones, así como ser responsables de tomar complejas decisiones como declarar las guerras, o asumir, desde lo más férreo de sus masculinidades, disputas ideológicas y políticas, casi siempre entre las dos orillas dominantes: la izquierda y la derecha.

La tensión diplomática que por estos días desató el presidente de Argentina, Javier Milei, constituye un buen ejemplo de esa condición masculinizada en la que deviene el ejercicio del poder político. Milei es el típico machito que todo lo quiere resolver a los golpes, a los trancazos y a los gritos. Hablar duro, golpear una mesa, señalar con el dedo índice y lanzar amenazas e improperios es propio de estos hombres a los que la templanza y la sindéresis les parece una cursilería, cosa de hombres débiles e incapaces de gobernar porque, justamente, gustan de las buenas maneras al hablar y de referirse a los demás.

América Latina está llena de ejemplos de políticos a los que les gusta comportarse como bravucones. En Colombia, tenemos al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, un hombre ordinario, básico, violento y poco leído. Este hombrecillo fue admirado por millones de colombianos y colombianas a quienes les fascinó tener en la Casa de Nariño a un macho cabrío, capaz de “dar en la cara marica” y de irse a las manos con cualquier parroquiano, por defender unas ideas o su cuestionada honorabilidad o las de sus hijos. No en vano el presidente Juan Manuel Santos lo llamó “rufián de esquina”.

En Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros son buenos ejemplos de esas masculinidades fundadas en la idea de que ser hombre es sinónimo de hablar duro, de ser y comportarse como un semental, así como ser valiente, temerario y bravucón. El primero, un poco más leído que el segundo, emergió como un líder político valeroso por su condición de militar y por haber estado preso. El segundo, menos leído, es el típico machito de barriada acostumbrado a retarse a los golpes con quien fuera capaz de disputarle su territorio y posesiones. Eso incluye a mujeres, pues estos políticos machitos normalmente asumen a la mujer como un objeto de deseo al que hay que conquistar o someter.  Malhablado y con una inocultable pobreza lexical, Maduro es el hazmerreír de otros gobernantes del mundo que lo ven como el típico político y hombre latinoamericano.

Nicaragua cuenta con Daniel Ortega, exguerrillero revisionista que terminó convertido en un machito de derecha, también violento y malhablado. El Salvador tiene al joven Bukele, otro varón que exhibe un discurso violento. Ya veremos en qué queda la tensión diplomática entre Argentina y Colombia. No veo probable que Milei, calificado por el ministro colombiano, Luis Fernando Velasco, como un “matón de pueblo”, sea capaz de morigerar su discurso frente al presidente colombiano.  

Imagen tomada de Youtube.com

MILEI ARREMETE CONTRA PETRO Y GENERA CRISIS DIPLOMÁTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

Por cuenta del lenguaje procaz, violento e inamistoso de Javier Milei, presidente de la Argentina, el gobierno de Gustavo Petro ordenó la expulsión de miembros de la diplomacia argentina con presencia en Colombia. Es probable que Milei responda de la misma manera o quizás de una vez decida romper relaciones diplomáticas y comerciales. Lo cierto es que estamos ante una grave crisis diplomática, por cuenta de la intemperancia verbal del presidente argentino. Al final, son los pueblos y los agentes económicos los que sufrirán las consecuencias por la destemplanza verbal del “loquito” Milei.

La Cancillería colombiana, en su cuenta de X, señaló que “en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos”

Por tercera vez Milei arremete contra su homólogo, Gustavo Petro, a quien llamó “guerrillero, comunista y asesino terrorista”. Sin duda alguna, estamos ante un presidente gaucho desencajado y alejado de la sindéresis a la que está obligado mantener por ser el presidente de una República hermana, con la que Colombia sostiene históricas relaciones diplomáticas, comerciales y políticas.

Milei actúa como un burdo machito camorrero que, acosado por las complejas circunstancias socio económicas que afronta la Argentina, con una inflación incontrolada, opta por distraer la atención nacional e internacional, ofendiendo la dignidad del presidente de Colombia.

Los tres epítetos que usó Milei para referirse al presidente Petro dejan entrever no solo la actitud hostil del presidente argentino y el comportamiento propio de miembros de barriadas infestadas de ignorantes, sino el desconocimiento general del pensamiento político y económico del jefe del Estado colombiano. ¿Petro comunista? Todo lo contrario. Petro cree en el mercado y su pensamiento es funcional al capitalismo. Otra cosa es que Petro sueñe con un Estado de Bienestar para un país como Colombia en donde priman el clasismo y el racismo, y opere un proyecto político oligárquico y feudal que capturó el Estado para favorecer a unos pocos, en detrimento de la calidad de vida de las mayorías. Ya en una ocasión el presidente colombiano invitó a Milei a discutir qué es eso de comunismo.

Acierta Milei en llamarlo “guerrillero”, categoría que alude a los tiempos en los que Petro se levantó en armas contra el Estado, haciendo parte del movimiento M-19, pero que también sirve para señalar la actitud y el discurso subversivo que aún mantiene Gustavo Petro. Subversivo, en el sentido en el que se busca subvertir un orden establecido de tiempo atrás.  En este punto, hay que decir que Petro busca subvertir el orden político mundial. Ya lo hizo en su discurso ante la ONU (sesión 77 de 2023), en el que confrontó al Norte opulento por sus negativos aportes a las crisis climáticas que se congregan alrededor de lo que se conoce como el Cambio Climático.

En sus palabras, Petro les dijo a los líderes de ese Norte arrogante y a los miembros de sus sociedades mezquinas, que “nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que los lleva a vivir en medio de las burbujas de las drogas”. En su intervención, Petro exhibió el carácter subversivo que aún lo acompaña y con el que busca subvertir, perturbar o molestar el orden hegemónico, criminal y obtuso que impusieron los países desarrollados, el mismo con el que han logrado dominar a los países de un Sur sumiso, por cuenta de jefes de Estado que, en el pasado, llegaron a plegarse a esa forma de dominación, apenas llevando consigo unas raídas rodilleras.

Por supuesto que Milei no entiende esa acepción de “guerrillero”, pues él debe odiar a Petro porque el político colombiano le recuerda la historia de la guerrilla de los Montoneros que operó en la Argentina y Uruguay, así como las movilizaciones de las Madres de la Plaza de Mayo.

En cuanto a la categoría de “terrorista asesino”, el machito gaucho estira en el tiempo, equivocadamente, el sentido del término terrorista. En la época en la que Petro se levantó en armas, ese concepto no se usaba para (des) calificar la operación de las guerrillas de izquierda que surgieron en América Latina en el convulsionado contexto de los años 60. Así que, el uso que hace Milei del epíteto “terrorista” obedece más a su odio visceral hacia Petro, que a un señalamiento que dé cuenta del pasado revolucionario del hoy presidente de los colombianos. Fue a partir de los atentados del 9/11 en los Estados Unidos que ese concepto se universalizó. 

El presidente argentino parece seguir un guión cuyo objetivo es congraciarse con la derecha local de su país y la que opera en este hemisferio, ancorada a la derecha europea, en caso de que sus medidas económicas y sociales no sirvan para sacar del fango a la Argentina. Ante un eventual fracaso de su programa neoliberal de reducir el Estado a su mínima expresión, Milei esperaría un apoyo denodado de la derecha internacional, en caso de que haya en su país un ruido de sables que permita el regreso de los militares al poder político.   

Imagen tomada de Youtube.com

INMORALES SILENCIOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Colombia es el santuario de la inmoralidad, del ethos mafioso y del doble rasero. En ese extenso templete de éticas y moralidades acomodaticias, los periodistas vedettes, fieles mandaderos del Establecimiento, la clase política tradicional y una parte importante del empresariado, guardan silencio frente a la sempiterna corrupción público-privada, árbol de levas que mueve el débil aparato productivo del país.

El mutismo generalizado de aquellos agentes de poder, frente a la donación de 10 millones que hizo el clan del Golfo o también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la “vaca” que abrió la Gobernación de Antioquia, por iniciativa del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, es el mejor ejemplo de los inmorales silencios de aquellos que  suelen presentarse como faros morales para una sociedad como la colombiana que deviene tan confundida moralmente, que ya no sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo ilegal y lo legal. Queda claro no son faros morales. Apenas si les alcanza para ser cucuyos. 

Ya que han sido tan críticos del gobierno de Petro, ante actos de corrupción como el caso de los carro tanques de agua para La Guajira, se esperaría que salieran en bloque (cosas del lenguaje) a rechazar la pútrida donación del clan del Golfo. 

Es decir, un grupo criminal, paramilitar y narcotraficante dona dinero a la gobernación de Antioquia y ninguna entidad de control y mucho menos la Fiscalía anuncian aperturas de investigación ante semejante inmoralidad. Dirá el filósofo antioqueño que “plata es plata” y que no importa su origen, porque lo más importante es terminar las vías 4G (no se sabe si significa las vías del clan del Golfo) de cuya parálisis, atrasos, otrosíes o posibles sobrecostos, prefieren no decir nada. Al final, la “vaca” de Uribe Vélez y del departamento de Antioquia constituye un pulso ético-político con el gobierno de Petro y una confrontación cultural de Antioquia con el resto del país, por cuanto en ese territorio habita una “raza indomable, berraca, echada palante y avispada”. Los demás colombianos, devienen apendejados y sumisos, en particular aquellos que dicen no al ethos mafioso.

La donación de los mafiosos del clan del Golfo es la prueba fehaciente de que crimen, política y obras civiles van siempre de la mano: Odebrecht, Chambacú y ahora las 4G. Nadie, hasta antes de cerrar esta columna, salió espantado a expresar su rechazo a los 10 millones. Entre tanto, el presidente Petro solicitó el cierre de la "vaca" para evitar que a esa cuenta llegue dinero sucio. 

Seguramente no pasará a mayores el obsequio de los paramilitares porque llegó la Semana Santa, tiempo para el recogimiento espiritual de una sociedad que tempranamente aprendió a vivir en medio de la inmoralidad. Esos mismos que hoy optaron por el mutismo ante semejante impudicia son los mismos que van a misa, se persignan, dan un poco limosna y se arrepienten. Eso sí, una vez pasa la Semana Mayor, volverán a sus andanzas, a continuar aportando para que Colombia se consolide ante el mundo como el santuario más grande de la corrupción. Eso sí que le sirve a la cooperación internacional y al sistema capitalista que de tiempo atrás “lava” y se beneficia del dinero ensangrentado de los carteles de la droga, las narcoguerrillas y los narco paramilitares como las AGC que le regalaron 10 millones a la Antioquia más educada e indómita.

Ni Uribe, ni la señora Cabal y mucho menos Polo Polo, Jota P, Juvinao, o el presidente del Senado, el señor Name; o la senadora Holguín han dicho nada de la señalada transacción. ¿Por qué será?

LA “VACA” DE URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La colecta pública de dinero, popularmente conocida como “vaca” a la que invitó el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, tiene elementos ético-políticos y culturales que vale la pena poner de presente.

Recordemos primero que la curiosa “vaca” del expresidente tiene como objetivo primordial recoger dineros para terminar de ejecutar proyectos de infraestructura en Antioquia, que afrontan problemas presupuestales, retrasos en la ejecución o los sempiternos otrosí. El expresidente Uribe propuso que, si un millón de antioqueños donan cada uno un millón de pesos, con ese dinero se podrían culminar las obras viales que no contarán con dineros de la nación. Según la prensa, en tan solo 24 horas de abierta la colecta, se recogieron 716 millones de pesos.

El primer desafío ético tiene que ver con que la “vaca” de Uribe evita el ejercicio de hacer un balance de las obras de infraestructura vial (vías 4G) que están paradas o que requieren más dinero por asuntos que podrían estar relacionados con sobrecostos.

Una de las obras que se terminarían con los dineros recibidos a través de la “vaca” es el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como el Túnel del Toyo, ubicado entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas. Su ejecución se impulsó en el gobierno de Juan Manuel Santos y los diseños, en la era Uribe. Hasta el 7 de octubre de 2023, la obra llevaba en ejecución 62 meses (más de 5 años), de acuerdo con información publicada por el diario La República.

En una nota del diario El Colombiano, del 23 de marzo del año en curso, señala que “el problema está en que el tramo de la autopista que le corresponde a Invías, es decir al Gobierno Nacional, no solamente va colgado, aproximadamente en el 45%, si no que el Gobierno Nacional dice que no tiene plata para financiar lo que falta”.

El segundo desafío se presentó pocas horas después de que el gobernador de Antioquia abriera el mecanismo mediante el cual se recolectaría las donaciones de los antioqueños: el grupo armado ilegal, AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), también conocido como el Clan del Golfo, a través de un comunicado público, informó que consignó a la cuenta prevista para recoger los fondos, 10 millones de pesos. Si ese depósito es real, así como el anuncio, se esperaría que las autoridades intervengan pues podría configurarse delitos como lavado de dinero o captación de dinero de origen ilegal.

Mientras esos asuntos ético-políticos se resuelven o quizás se subestimen por irrelevantes, el asunto cultural que está de fondo en la “vaca” es la narrativa de varios políticos paisas con la que se insiste en hablar de la “indomable raza antioqueña”, tal y como lo exaltó el gobernador del departamento, el uribista Andrés Julián Rendón, en un discurso con el que confrontó la decisión del presidente de la República de priorizar proyectos viales en otras regiones del país con necesidades más urgentes. Estamos ante una ridícula oda al regionalismo antioqueño, el mismo que lleva a varios a hablar de “Antioquia federal” para acabar con el centralismo bogotano.

El escritor Jorge Orlando Melo, en magistral columna de agosto de 2013, intitulada ¿Raza antioqueña?, explica los orígenes de semejante entelequia: “Entre 1880 y 1930 se afirma la idea de que los antioqueños son una “raza superior”, distinta a la del resto del país. A pesar de que la población era mezclada, con blancos, negros, mulatos y mestizos, muchos escritores exaltaron esta ‘raza’, predestinada para dominar a Colombia. Apoyados en el nuevo auge económico regional de 1890 a 1940 (café, oro e industria), respondieron a la desconfianza ajena diciendo que eran mejores… Desde el punto de vista de la raza, todos somos, en esos aspectos, iguales, demasiado iguales. Hablar de raza antioqueña, del origen español o vasco, reitera la vieja mentira de que esos ancestros son genéticamente mejores que los de África o los de América”.

Mientras se aclara el asunto de la consignación del Clan del Golfo o de las AGC, el humor ya hace de las suyas con la denominación de las vías de última generación, 4G: las 4 del Golfo o las 4 de los Gaitanistas.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

LA MISOGINIA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE SANTANDER

 

Por Germán Ayala Osorio

La violencia verbal y psicológica que ejerció Jesús Alfredo Ariza Obregón, actual presidente de la Asamblea del departamento de Santander, contra quien fuera su esposa en el momento en el que se produjo la agresión, es el correlato de una sociedad machista y misógina como la colombiana.

Para contrarrestar el escándalo mediático, Ariza ofrece una rueda de prensa, acompañado de varias mujeres de su núcleo familiar. El político de Cambio Radical instrumentaliza a sus familiares (madre, hermana y paraje actual) para mandarle un mensaje a sus críticos: “amo a las mujeres”. Por supuesto que se trata de una estratagema que termina por victimizar a su exesposa, tratando de construir una imagen negativa de la víctima, asociada a la idea de que se trata de una “venganza premeditada”, pero jamás una denuncia sustentada por maltrato.

Llama la atención el silencio sepulcral de la colectividad política en la que milita Ariza Obregón. Si dentro del partido Cambio Radical, microempresa electoral del inefable y también violento, Germán Vargas Lleras, hubiese una mínima empatía con las mujeres, ya hubiese entregado a la opinión pública un comunicado rechazando la actitud violenta del diputado Ariza Obregón. No hay que esperar a que la Procuraduría y la Fiscalía hagan su trabajo para que el partido exprese su condena a semejante lenguaje procaz y la violencia que acompañó al vocabulario soez e impúdico del presidente de la Duma departamental; sin duda alguna, estamos ante un patán consumado.  

Claro, es mucho pedir que un partido como Cambio Radical se pronuncie con celeridad ante semejante acto de misoginia, pues está compuesto por “machitos” que suelen taparse con la misma cobija. Responde ese mutismo a lo que la escritora Carolina Sanín llamó “el cacorraje nacional”, que no es otra cosa que la cofradía o los cerrados círculos de poder que los hombres públicos suelen conformar para minimizar o desacreditar a las mujeres. En este caso, el silencio de Cambio Radical busca soslayar la violenta reacción del “machito” Ariza Obregón.

Incluso, los otros partidos están en la obligación moral y ética de expresar su rechazo. De igual manera, los diputados de la Asamblea. Como hombres debemos demostrar empatía con las mujeres, lo que nos obliga a rechazar la aberrante misoginia de Ariza. Esta columna se escribe porque no podemos ser simples espectadores de lo que hacen otros hombres en contra de las mujeres. 

PETRO ANDA EN “MODO CONSTITUYENTE” Y LA DERECHA, EN “MODO MALICIOSO”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Mientras que el presidente Gustavo Petro anda en “modo constituyente”, de la mano de porciones del constituyente primario, los representantes del “viejo” Régimen, de la mano de los medios masivos tradicionales, andan en “modo malicioso”.

Las correrías de Petro por pueblos y veredas y las que prometió hacer en universidades públicas dan cuenta de una aceptación social, pero necesariamente ello no se traducirá en la generación de un bienestar sostenible en el tiempo en las comunidades más vulnerables. A dos años de terminar su mandato, Petro cree posible que, haciendo ejercicios de democracia directa y confrontación discursiva, podrá lograr, por fuera de la institucionalidad democrática, animar al pueblo para que él mismo exija el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El fenómeno de la Séptima Papeleta no estuvo anclado categóricamente en el pueblo al que Petro le habla en sus correrías.

Estar en “modo constituyente” no es garantía de gobernabilidad. Por el contrario, puede terminar distrayendo al presidente de los asuntos macros sobre los que venía ocupándose. Quizás el fallo de este gobierno esté en los micro asuntos asociados a la operación de un Estado que en varias regiones no ha logrado conectarse con ese constituyente primario que poco entiende de convocatorias constituyentes, porque las afugias del día a día no les da tiempo para sentarse a pensar si conviene o no ese escenario político- electoral. Y mucho menos tendrá la capacidad para avizorar los riesgos que traería abrir semejante compuerta, pues la derecha, encarnada en Germán Vargas Lleras, está presta a regresarnos a la constitución de 1886.  

Justamente, Vargas Lleras, representante de la rancia y anquilosada ultraderecha, anda en “modo malicioso”, tratando de revivir el fantasma del “castrochavismo” en la figura deificada de Hugo Chávez Frías. Aunque Vargas fue el único del “viejo” Régimen que salió a los medios de comunicación a decir que él sí “le cogía la caña” al llamado de Petro a la constituyente, días después, el exvicepresidente de Santos reculó. Quizás los mecenas que estarían dispuestos a patrocinar su campaña en el 2026, en su obsesión de llegar al Solio de Bolívar, le jalaron las orejas al otoñal delfín. Así, salió a los medios masivos a decir que el llamado de Petro a una ANC obedecía a la intención de quedarse en el poder indefinidamente, como lo hizo en Venezuela el entonces presidente Hugo Chávez Frías.  

Bajo esas dos circunstancias, el país se sume cada vez en una tensa confrontación de clases, animada en buena medida por el discurso confrontacional del jefe de Estado y la parálisis legislativa que le plantó la Oposición en el Congreso de la República.  

Sería conveniente que el presidente Petro morigerara un tanto su discurso confrontador, pues hay una realidad política y social que parece que el jefe de Estado olvida: las empresas mediáticas aún conservan un poder de penetración importante en la opinión pública e incluso, en esa parte del constituyente primario que, por físico desespero, está dispuesto a retirar el apoyo al progresismo, porque sus demandas sentidas no han sido atendidas y resueltas por este gobierno.

Un presidente, con todo y su poder simbólico, al andar en “modo constituyente”, aporta a la generación de incertidumbres sociales y económicas y coadyuva a que el país se divida aún más entre quienes tienen privilegios y aquellos que poco o nada han tenido en sus vidas. El escenario se vuelve aún más complejo cuando no aparece una voz desde la Iglesia Católica, de la Academia y de los partidos, que insista en el diálogo nacional que tempranamente se frustró por culpa de las intemperancias de las partes convocadas.

 

Imagen tomada de la red X

GUSTAVO PETRO, IVÁN MORDISCO Y LA PAZ TOTAL EN VILO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el “traqueto vestido de revolucionario”, alias Iván Mordisco, puede terminar en una ruptura definitiva del diálogo de paz que se adelanta entre el Estado y las disidencias de las Farc, también conocidas como estado mayor central (EMC).

Un levantamiento de la mesa de paz significaría el fracaso de la idea maximalista de la Paz Total planteada por el presidente Petro. De igual manera, serviría para confirmar que ninguna de las partes estuvo realmente comprometida con el proceso de paz. Mientras que las disidencias usaron el cese bilateral al fuego para reclutar menores indígenas y consolidarse militarmente, el presidente Petro estuvo más interesado en deslegitimarlos políticamente, al tiempo que atacaba con decisión sus economías ilegales.

Por el lado del gobierno, el presidente Petro lanzó su idea de la Paz Total con el loable deseo de proteger a la población civil, poniéndola en el centro de la discusión política de las mesas instaladas con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco. Eso sí, de manera paralela y en diferentes escenarios, Gustavo Petro, fungiendo más como analista político, que, como jefe de Estado, deslegitimó la lucha armada. En una ocasión, en reunión con el generalato, Petro ancló la lucha subversiva en una etapa en la que el factor económico se puso por encima del factor político, pensado este como factor original y motivacional para alcanzar el poder y lograr las transformaciones que el país reclama de tiempo atrás. Incluso, en el mismo escenario de instrucción histórica con la cúpula militar, Petro puso en duda la legitimidad de los viejos comandantes del ELN, preguntándose si los “guerrilleros” más jóvenes realmente obedecían a sus otoñales líderes.

En por lo menos dos ocasiones el presidente Petro emparentó, con toda razón, la operación armada y los proyectos políticos de las disidencias de las Farc y al ELN, con las economías ilegales de las que obtienen enormes ganancias, lo que claramente, para el jefe de Estado, constituye una contradicción ideológica y política que hace que pierdan legitimidad social y política. Es decir, Gustavo Petro instaló unas mesas de diálogo más para enrostrarles a la nueva “guerrillerada” lo que significa realmente ser revolucionario: aceptar que militarmente no se podrán tomar el poder, dejar las armas, firmar la paz y luchar, sometiéndose a las reglas de la democracia. Esto explica el calificativo que usó en contra de Iván Mordisco: “traqueto vestido de revolucionario”.

Al haber militado en el M-19, guerrilla urbana diferente a los perfiles históricamente exhibidos por las Farc y el ELN, Gustavo Petro creyó posible hacer la paz con quienes tiene irreconciliables diferencias ideológicas y políticas, las mismas que le permitieron jugar el doble rol de presidente interesado en hacer la paz, y de analista político, proclive a quitarles legitimidad a la lucha armada que sostienen aún esas agrupaciones. Al final, y gracias al propio carácter confrontador del presidente, el rol que terminó por imponerse fue el de analista político.

Entre tanto, por el lado de las disidencias dirigidas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, “le cogieron la caña” a Petro de hablar de paz, a sabiendas de que tendrían que soportar las lecturas “desobligantes” del analista político, Gustavo Petro y las decisiones militares del presidente de la República de golpear las economías ilegales que alimentan la operación militar de todas las “guerrillas”. Así entonces, siempre hubo ruidos y mutuas desconfianzas, asociadas estas al doble rol que jugó Gustavo Petro.

En los tiempos del proceso de paz de La Habana, el entonces presidente Santos conformó un equipo plenipotenciario de gran altura académica y dejó que fueran los voceros militares los que libraran la eterna “confrontación discursiva” cada que ocurría un hecho de guerra. Hay que reconocer que para la época casi todos los frentes de las Farc-Ep llegaron convencidos de que era el momento de parar la guerra y firmar el armisticio. Por el lado del Estado, pero sobre todo del Establecimiento colombiano, hubo la decisión casi unánime de apostarle a la paz.

Se pudo pensar que al venir de la lucha armada el presidente, iba a hacer más fácil negociar con los grupos armados ilegales que aún operan en el país. Pero no. Todo lo contrario, el M-19 siempre fue la guerrilla diferente. El largo tiempo que ha pasado Petro jugando con las reglas de la democracia, su carácter confrontador y su interés en consolidar su perfil académico e incluso, de intelectual, lo alejó de la pragmática política con la que actuó Juan Manuel Santos Calderón, apoyado por gran parte del Establecimiento colombiano, para firmar el Acuerdo Final y poner fin al conflicto armado con las Farc-Ep.

Así las cosas, el fracaso de la Paz Total se podría explicar por la confluencia de todos los elementos arriba expuestos, a los que, por supuesto habría que sumar el interés de agentes de poder político, social y económico del Establecimiento que, al verse afectados por la llegada de Petro al poder, le vienen apostando al fracaso de la Paz Total, por cuanto de llegar a darse ese escenario, la izquierda se volvería una opción electoral atractiva para los millones de colombianos que anhelan la paz, pero que no necesariamente votaron por Petro en el 2022.  

Adenda: la respuesta de Iván Mordisco al señalamiento del presidente Petro confirmaría la confianza que representó la llegada del primer exguerrillero a la Casa de Nariño, pero también podría servir para ratificar que el líder de las disidencias jamás leyó y mucho menos entendió el origen y la lucha del M-19. Esto dijo Néstor Gregorio Vera: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”.

Imagen tomada de Semana.com

DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO Y SU GUERRA CONTRA LOS NASA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Carmelina Yule Paví, lideresa Nasa, a manos de miembros de las disidencias de Iván Mordisco provocó la ruptura del cese al fuego bilateral firmado entre los delegatorios del Gobierno de Gustavo Petro y los de esa estructura armada ilegal.

El presidente Petro debió ir más lejos y ordenar el levantamiento de la mesa de la delegación gubernamental, pues ese grupo “guerrillero” viene usando el cese bilateral del fuego para armarse y reclutar menores de edad, en particular adolescentes indígenas. Justamente, en un intento por recuperar a un menor plagiado, con fines de reclutamiento forzoso, comuneros Nasa y miembros de la Guardia fueron atacados a tiros. Al final, el doloroso balance deja a la señora Yule Paví muerta y herido a Rodrigo UI Musicué. 

En el mal llamado Estado Mayor Central (EMC) hay “guerrilleros” con una nula formación política y académica, si se les compara con los perfiles de Alfonso Cano y Manuel Marulanda Vélez, líderes que en varios procesos de paz sentaron sus tesis bajo las cuales justificaron el levantamiento armado en los años 60. Por el contrario, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es un personaje violento y poco leído, que representa la decadencia de la lucha armada. El mismo presidente Gustavo Petro llamó a alias Iván Mordisco “traqueto vestido de revolucionario”.

El alias de Iván Mordisco dice mucho del talante de este “subversivo”.  Su perfil se acerca más a la altura moral y política del Mono Jojoy o de alias el Negro Acacio. InSigth Crime dice de Vera Fernández que “es conocido por ser un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar menores de edad”.  

La decisión valerosa de la Guardia Indígena de salir en la búsqueda de otros menores plagiados por la "Dagoberto Ramos" o la "Jaime Martínez!, con fines de reclutamiento, así como de los cabecillas que asesinaron a Carmelina Yule, los expone aún más a las retaliaciones de un grupo armado ilegal que exhibe un enorme desprecio por la población civil, circunstancia esta que deviene atada a la nula formación política de los auto llamados “revolucionarios”. En esa línea argumentativa, el actuar de los “guerrilleros” está ancorado al espíritu violento de unos “machitos” a los que, internamente, solo les interesa demostrar fiereza y arrojo para descrestar a sus comandantes; en el plano externo, su rabiosa testosterona está dirigida a intimidar mujeres y menores de edad y dado el caso, provocar a hombres indígenas capaces de salirles al ruedo, acompañados solamente de sus bastones de mando.

El insuceso, ocurrido en Toribío (Cauca), puede inscribirse en la tesis planteada por Daniel Pécaut, “Guerra contra la sociedad”. El autor francés propuso esa denominación a los múltiples fenómenos de violencia, incluida la guerrillera, lo que confirmaría la desaparición de tensiones sociales. La llegada de un exmiembro del M-19 al Solio de Bolívar debió asumirse por las disidencias de las Farc y el propio ELN como una oportunidad histórica para facilitarle las cosas al primer gobierno de izquierda. Insistir en la violencia armada confirma su anacronismo y el interés de mantener una lucha armada, más por las ganancias que les entregan la economía ilegal (narcotráfico y minería), que por el loable propósito de luchar por asegurar los cambios que el país necesita.   

Para el caso que nos ocupa en esta columna, lo que estaría sucediendo en los resguardos del Cauca es una “guerra contra los Nasa”, declarada por Iván Mordisco. Lo curioso es que dentro de las filas de ese grupo armado ilegal que obedece a Néstor Gregorio Vera hay mestizos e incluso, hombres con aspecto indígena a los que les queda muy fácil “mimetizarse” entre los comuneros y la población que vive en los alrededores de los resguardos indígenas del Cauca.

El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas. Los sistemáticos ataques de la "Dagoberto Ramos" y la "Jaime Martínez" a los Nasa del Cauca le restan legitimidad a la mesa de diálogo. Tanto los Nasa, como las autoridades, deben prepararse para enfrentar de manera conjunta el desafío social, militar y político que el EMC viene consolidando en el departamento del Cauca. El gobierno debe levantarse de la mesa de diálogo, así ello signifique pasar del anhelo maximalista de la Paz Total, al retorno a una vieja condición que loa colombianos ya conocen: la Guerra Total. No hay tiempo para tibiezas.  

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOSTENIBILIDAD, CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La consulta que los gobiernos de Chile y Colombia acaban de hacerle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de crisis climática y derechos humanos, abre el camino para que el alto tribunal y otras instancias internacionales de justicia tomen nota de los efectos psico sociales, económicos, culturales y ambientales  que viene dejando la crisis climática. La idea es que los examinen en perspectiva de derechos humanos, lo que implica ampliarlos, más allá del derecho a tener un ambiente sano.

Establecer esa relación jurídico-política entre los efectos que deja el modelo de desarrollo agro extractivo a nivel mundial y los derechos humanos complejiza el actuar de los Estados, y pone de presente que el discurso de la sostenibilidad debe superar los reduccionismos en los que viene cayendo por culpa de quienes lo promueven desde las perspectivas empresariales y/o corporativas, atadas exclusivamente a los ámbitos económicos. Esto es, una sostenibilidad más pensada desde la viabilidad de los negocios y del capitalismo, dejando por fuera la mirada sistémica con la que deben observarse los efectos del cambio climático. Se requiere, por el contrario, hablar de una sostenibilidad más centrada en una ética ecológica y en un biocentrismo. 

Los cancilleres de Colombia y Chile enviaron un documento al tribunal de justicia en el que sobresalen seis puntos, a saber: “1. Deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática. 2. Preservación del derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos. 3. Obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática. 4. Procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática. 5. Protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática. 6. Responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados frente a la emergencia climática”.

Si la consulta de los cancilleres la asume la CIDH como esperan los gobiernos de Chile y Colombia, estaremos ante la juridización de la crisis climática que es no es otra cosa que la revisión del papel Estado en materia económica, lo que debería, en un futuro cercano, legitimar intervenciones públicas alejadas de las lógicas del capitalismo, para llegar, finalmente, a la construcción de Estados ecológica y humanamente comprometidos en la mitigación de los efectos del cambio climático a través de un reordenamiento territorial que atienda circunstancias étnico-territoriales, pero también, que promueva la recuperación de especies claves (plantas y animales) para recuperar ecosistemas valiosos; igualmente, los Estados de América Latina deberán emprender, bajo una celosa vigilancia de la CIDH, ajustes al modelo económico y a la transformación de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.

Si el tribunal de justicia tramita la consulta elevada por Chile y Colombia y redacta una declaración o incluso, determina acciones vinculantes para los Estados que están bajo su jurisdicción, las luchas políticas e ideológicas estarán en lo consecutivo atadas a la sostenibilidad, asumida esta como una apuesta educativa y de cambio cultural de los pueblos comprometidos en esta parte del hemisferio, así como de los políticos y de los líderes. Al final, humanizar la política y con esta la operación de los Estados serán las consecuencias que dejará el cambio climático, siempre y cuando este se asuma con la seriedad y la responsabilidad que acompañan la consulta de los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva y de Chile, Antonia Urrejola. Los próximos pronunciamientos y fallos que emita la Corte muy seguramente se podrán leer en clave de ecología política.

Ojalá la respuesta de la CIDH vaya encaminada, también, a contrarrestar la naturalización del posthumanismo y de la postnaturaleza, discursos estos que no solo miran de soslayo la crisis climática, sino que validan la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), dispositivo con el que se cree que se superan los asuntos morales y éticos que confluyen en la crisis climática generada en y durante el Antropoceno.

CIDH VUELVE A CONDENAR AL ESTADO COLOMBIANO

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, hoy 18 de marzo de 2024, al Estado colombiano por la persecución política, institucional e ideológica que efectivos del DAS realizaron en contra del Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (Cajar).

En el fallo se lee que el Estado “vulneró, en perjuicio de las víctimas, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos”.

Los delitos estatales se cometieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la aplicación a rajatabla de la tenebrosa política de seguridad democrática, implementada entre el 2002 y el 2010, con el objetivo de socavar la legitimidad de los defensores de derechos humanos, considerados por agentes públicos como “amigos del terrorismo y de la guerrilla”. Esa fue la narrativa a la que apeló el entonces jefe del Estado para estigmatizar y perseguir a los miembros del colectivo Cajar.

Con esta nuevo fallo, el Estado colombiano acumula ya 13 condenas, proferidas por la CIDH, asunto que lo confirma como un orden social y político asesino y violador de los DDHH. Ahora, más allá del fallo condenatorio y de las acciones simbólicas que deberá adelantar para pedir perdón y reparar a las víctimas, lo que resulta de enorme valor ético-político es empezar a exigir que la Corte Penal Internacional (CPI) y la CIDH construyan el discurso  jurídico suficiente que permita hacer click entre las responsabilidades políticas y morales que se espera que asuma el Estado colombiano en su conjunto por los delitos cometidos, y las responsabilidades individuales (políticas y penales) de los presidentes de la República en cuyos mandatos se produjeron las violaciones a los derechos humanos; bien a través de masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y persecución política como el caso ejemplarizante del Colectivo de Abogados.

Urge que la CIDH y la CPI trabajen en la armonización de sentencias, buscando que las condenas morales a los Estados que reconocen sus jurisdicciones, en este caso al colombiano, sobrepasen esos límites y condiciones simbólicas, para llegar a establecer responsabilidades penales y políticas.

Hay que recordar que Uribe Vélez usó al DAS como su policía política para estigmatizar y perseguir a sus críticos y detractores, a los que señaló varias veces como “amigos de los terroristas”. Cajar, en su momento, recordó los violentos y desobligantes epítetos que usó Uribe para desprestigiar a los defensores de los DDHH: “Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para atacar durante sus siete años de gobierno a los defensores de derechos humanos. En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos comunales de gobierno, el presidente Uribe ha arremetido contra personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, así como en tareas de denuncia contra las acciones perpetradas por organismo de seguridad del Estado violatorias de derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Insisto en la necesidad de que los dos tribunales internacionales construyan puentes jurídicos que conduzcan, ojalá, a juicios penales y políticos a los jefes de Estado que de manera directa e indirecta auparon, azuzaron, permitieron o cohabitaron con la violación sistemática de los derechos humanos. Las peticiones de perdón y los actos simbólicos son importantes para las víctimas y el registro noticioso de los fallos condenatorios, pero poco o nada sirven para evitar que jefes de Estado usen el aparato represivo para dar rienda suelta al odio que profesan hacia los defensores de los DDHH.  En juego está la legitimidad del Estado. Para el caso colombiano y por su carácter criminal, el Estado arrastra una histórica ilegitimidad que supera las 13 condenas que lleva a cuestas. 

EL COLOMBIANO QUE LE LAVA LA IMAGEN AL EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El editorial del periódico El Colombiano, titulado Mancuso, el cínico, es una oda silenciosa al expresidente antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. De manera soterrada, apelando a la fuerza de lo no dicho, el diario que representa a la godarria paisa defiende la “honorabilidad” del exmandatario, dejando de lado una realidad insoslayable: que está imputado de graves delitos, los mismos que llevaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a librarle orden captura. Aunque estuvo detenido en su hacienda y no en una cárcel, sobre su espalda pesa el haber sido reseñado por el Inpec bajo el número 1087985. Al final, logró enfrentar en libertad el proceso penal por fraude procesal y manipulación de testigos, lo que lo convierte en un expresidiario.  La Fiscalía, de manera cínica, ha solicitado en tres ocasiones la preclusión de ese proceso penal. Ahora sí, vamos al texto.

La férrea defensa del político antioqueño se da en medio de la lapidación pública que El Colombiano hace del confeso criminal, Salvatore Mancuso. Veamos algunos apartes del mencionado editorial, para dar cuenta de la intención del diario conservador de sacar incólume al nefasto político.

Dice el editorial: “Durante diez años, entre 1996 y 2006, Mancuso convirtió con sus bandas a Colombia en un triste y aterrador cementerio. Es investigado por crímenes de la mayor gravedad, entre ellos 12.315 homicidios en persona protegida, 2.050 desapariciones forzadas, 13.951 desplazamientos forzados, 880 crímenes de violencia basada en género y 4.997 crímenes de guerra y una larga lista de hechos delictivos que se pueden consultar en su expediente de Justicia y Paz”.

Lo que oculta o deja de señalar El Colombiano es que entre 2002 y 2006, Uribe Vélez fue presidente de la República. En el corte sincrónico que hace el editorialista olvida ese dato que resulta clave para comprender los hechos a los que hace referencia. Justamente, las declaraciones de Mancuso ante Justicia y Paz y luego ante la JEP, en las que involucra a Uribe con la operación de las estructuras paramilitares, se expone ese periodo de 4 años en el que se habrían dado los apoyos estatales a las AUC. Mancuso actuó como un general de facto, patrullando con tropas paramilitares, que las hacía pasar como Ejército nacional, con la anuencia de los altos mandos militares, en el marco de la política de seguridad democrática.

El editorialista pega un brinco en su proceso narrativo, para decir, a renglón seguido que “ahora viene a señalar con su dedo acusador al expresidente Álvaro Uribe con el argumento de que está involucrado en un proceso judicial de presunta manipulación de testigos. Dice Mancuso: “Nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios”. De manera sinuosa, el responsable de este editorial pone en duda la existencia del proceso judicial del que hace parte el expresidiario y expresidente en calidad de imputado. No se puede negar que Uribe Vélez es agente procesal en ese tormentoso y mediático caso.

En otro párrafo, vuelve El Colombiano a ocultar información contextual relevante: “Lo cierto es que Salvatore Mancuso no había aterrizado en Colombia deportado desde Estados Unidos y ya estaba levantando una polvareda. El hombre, que hace 20 años entró al Congreso y pronunció un discurso que alentaba a pensar que en el país era posible la rendición de estas estructuras criminales en el marco de Justicia y Paz, regresó con el propósito de buscar beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que fue admitido el año pasado, y de paso cumplir una misión que le encomendó el presidente Gustavo Petro: ser gestor de paz”.

El diario les niega a sus lectores un dato clave: Mancuso llegó al Congreso gracias a dos congresistas uribistas, amigas de Uribe Vélez: Eleonora Pineda y Rocío Arias, ambas señaladas por Mancuso de ser cercanas a los paramilitares.

Este editorial constituye un buen ejemplo para entender cómo operan las funciones de informar (lo dicho) y ocultar lo que no conviene o pueda resultar inapropiado (lo no dicho). En esos dobleces del lenguaje, El Colombiano intenta lavar la imagen de un expresidente sobre el que pesan graves señalamientos y procesos penales en diferentes instancias: por ejemplo, en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, por los casos de las masacres de La Granja y El Aro y el crimen del defensor de derechos humanos, José María Valle. El mismo Mancuso declaró ante la JEP que Uribe “siempre estuvo al tanto de la masacre de El Aro”.

Está muy bien que El Colombiano califique a Mancuso de cínico, pero lo que no está bien es que intente librar al expresidente y expresidiario de responsabilidades penales y políticas por el solo hecho de ser paisa.

 

Imagen tomada de Canal 1

PUEBLO, INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay un grupo de categorías o conceptos que a diario resultan manoseados para propósitos político-electorales y defender intereses de clase: pueblo, institucionalidad y democracia. Después del zafarrancho político-mediático que desató Petro con aquello de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es preciso detenerse a pensar alrededor de esos tres conceptos que de inmediato emergieron en la discusión sobre la viabilidad, pertinencia y necesidad de llevar el país hacia una ANC.

El primero de estos es la categoría Pueblo. En innumerables oportunidades el presidente de la República usó el término Pueblo para anclar en este, a pesar de su indeterminación y de su no presencia totalizante, su proyecto político y las reformas sociales que el Congreso no quiere aprobar.

Nadie puede negar que hay una parte importante del pueblo colombiano que acompaña al presidente Petro. A Puerto Resistencia, lugar desde donde Petro sacudió a los momios del Establecimiento, llegaron más de 10 mil personas que representan al pueblo al que el presidente de la República le habló y le dijo que él estaba dispuesto a llegar hasta donde ellos, el pueblo, le dijera. ¿Si 11 millones de colombianos votaron por Petro, ese es el pueblo colombiano al que el jefe del Estado le habla? En el mismo sentido de ese interrogante, hay que preguntarse por los más 10 millones que votaron por el entonces candidato presidencial, Rodolfo Hernández, recién condenado por corrupción. ¿Esa cantidad de compatriotas que votaron por un corrupto (estaba ya imputado), a qué pueblo pertenece? En estricto sentido, habría “dos pueblos”: uno derechizado, uribizado, cómodo, tranquilo y dispuesto a defender a dentelladas su bienestar, asociados a clanes y sectores privilegiados; y el otro, izquierdoso, progresista, insatisfecho y proclive a defender sus derechos y los de los demás, históricamente vulnerados.

En el periodo en el que mandó -no gobernó- Álvaro Uribe Vélez se presentó la misma situación: ¿Quienes no votamos por el político antioqueño, porque sabíamos de sus andanzas del pasado, jamás hicimos parte del pueblo colombiano que votó masivamente para elegir y reelegir al padre de la Seguridad Democrática?

Ahora hablemos de la institucionalidad. Varios de los voceros de la derecha que la prensa tradicional entrevistó a propósito del llamado presidencial a una ANC usaron este vocablo para indicar que Petro irrespeta o desconoce que hay una vigorosa institucionalidad y unas sólidas instituciones, lo que les permite invalidar el llamado a una ANC. En particular, defendieron la institucionalidad que brota de las actuaciones y decisiones de un Congreso alejado de los reclamos de unas mayorías que exigen mejores condiciones de vida. Por cierto, estamos ante una institucionalidad funcional a los intereses de los sectores económicos, sociales y políticos que, al no estar dispuestos a perder privilegios, se niegan a discutir con argumentos las reformas presentadas por el gobierno. Habría, entonces, al igual que en el caso del término Pueblo, dos institucionalidades: una, que brota de la idea de Estado social de derecho que tiene el presidente de la República y la otra, que emerge de la idea que tiene la derecha en torno a lo que debe ser el Estado. Para este sector de poder basta con que opere un Estado de derecho (el imperio de la ley) para cumplir con lo prescrito en la Carta Política de 1991.

Y termino con la categoría democracia. De inmediato, los alborotados momios del Establecimiento colombiano hablaron de que Petro los iba a llevar hacia una “dictadura”, antónimo de democracia. De hecho, creen que ya vivimos bajo un régimen dictatorial, tipo El Salvador de Bukele o el que soportan los venezolanos con Nicolás Maduro Moros. Mientras que Petro quiere “profundizar la democracia” en los términos planteados por Chantal Mouffe, la sempiterna godarria insiste en vivir bajo el cerramiento democrático del Frente Nacional. Dados los niveles de crispación ideológica y política que se viven en el país de tiempo atrás, habría por lo menos dos acepciones de democracia.

Aquellos que consideran que Petro busca perpetuarse en el poder y que ya vivimos bajo una dictadura, están dispuestos a defender con todas sus fuerzas la democracia, la misma en la que fueron asesinados 6402 jóvenes (falsos positivos), se persiguió y se chuzó a los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia; se cooptó a la prensa y se sometió al Congreso a los caprichos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa idea de democracia obligó a la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, frenar la segunda reelección de Uribe por considerar que efectivamente se había debilitado el equilibrio de poderes y los pesos y contra pesos de la democracia.

Así las cosas, el problema de fondo que tenemos los colombianos es que cada uno tiene en mente unas ideas diametralmente distintas de democracia, institucionalidad y pueblo. Y lo más grave es que cada construcción conceptual se aleja de los consensos que la academia ha logrado establecer en torno al sentido de cada una de esas categorías.

Imagen tomada de Youtube.com